La devastación dejada por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017 fue enorme: casi 100 mil viviendas dañadas en Chiapas, y Oaxaca; en la Ciudad de México 3 mil 500 edificios con daños de los cuales 500 debieron demolerse; en Morelos hubo 19 mil 407 fincas con daños, en Puebla 12 mil 500, y 6 mil 787 en el Estado de México. Cientos de miles de escuelas, hospitales e iglesias sufrieron daños parciales o totales.

Los saldos de los sismos de septiembre de 2017 fueron devastadores: 489 muertos, cientos de heridos, 12 millones de afectados, de los cuales dos millones fueron damnificados, en más de 400 municipios de ocho estados. El daño patrimonial no tiene precedente en la historia: más de 250 mil personas sin casa; 180,731 viviendas con daños, de las cuales 50,610 sufrieron daño total, esto es, 28 por ciento, en tanto que 127 mil 497 viviendas tuvieron daños parciales.

Además del daño patrimonial a las personas, hubo severas afectaciones a los servicios públicos: 16 mil planteles educativos dañados que obligaron a reubicar a 463 mil alumnos del sistema educativo nacional; a un mes del segundo sismo, 5 por ciento de la población del país (seis millones personas) no tenía agua potable o padecía cortes en el abasto, en tanto que hubo 4.8 millones se quedó sin electricidad.
En suma, los sismos de hace un año dejaron millones de mexicanos sin casa, sin hogar, sin servicios o con afectaciones severas a su patrimonio y a su vida. Podríamos hablar casi de 5 por ciento de la población afectada severamente. Probablemente nunca en la historia del país tantos mexicanos estuvieron damnificados al mismo tiempo.

¿Cuál fue la respuesta inmediata y ahora a un año? Si bien hubo una respuesta de genuina solidaridad con los damnificados por una parte de la sociedad mexicana, la respuesta de la clase política fue tardía, y caracterizada por la chabacanería, el reparto partidista de despensas y el espectáculo o el lucro político. Todavía los pueblos más afectados no habían enterrados a sus muertos, cuando los gobernantes comenzaron a lucrar miserablemente con el dolor de los damnificados por el terremoto.

La clase gobernante mexicana dio varias muestras de este tipo de solidaridad hipócrita o instrumental. Por ejemplo, los senadores abrieron una cuenta bancaria para recibir donativos sin hacer ellos una donación; o el anuncio de los 500 diputados informando sobre la aportación de un día de su salario, equivalente apenas a 0.01 por ciento de su presupuesto anual (7 mil 620 millones de pesos).

No sólo ofrecieron donaciones miserables, también hicieron un miserable uso electoral de la ayuda, como el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes poniendo propaganda en las despensas entregadas a damnificados; o el proselitismo que hizo la coordinadora de los diputados federales de Morena, Rocío Nahle (ahora propuesta para la Secretaría de Energía del próximo Gobierno federal), presumiendo que la ayuda era de su partido.

Muchos funcionarios usaron la tragedia para buscar su propia promoción en redes sociales o medios convencionales. Fue el caso de Angélica Rivera, pareja del Presidente Enrique Peña Nieto, quien apareció con otras esposas de funcionarios ataviada con el outfit que sacaron del armario para aparecer bellas y con estilo organizando las despensas; o la esposa del gobernador de Chiapas, la ex cantante Anahí, lamentándose de que no estaba peinada ni maquillada mientras visitaba a los damnificados.

El dolor de millones de mexicanos damnificados por el sismo también fue aprovechado para el lucro privado: medios comerciales y empresas pidieron donativos y víveres a través de sus fundaciones mediante las cuales dedujeron impuestos, lavaron su imagen y ganaron publicidad.

Fue una solidaridad tipo selfie, podríamos decir, porque se otorgó siempre y cuando se apareciera en la foto y se obtuvieran beneficios políticos o personales. La lista del lucro con el dolor de los damnificados fue interminable e intolerable.
Pero como en 1985, la respuesta de la sociedad mexicana fue generosa y solidaria con los damnificados. En las primeras semanas de la tragedia, la sociedad civil mexicana parecía tener claro que en este momento no había mayor prioridad que atender y ofrecer respuestas a los damnificados.

Pero esa no fue la prioridad para el gobierno de Peña Nieto, si uno ve sus discursos y las medidas que tomó. Para empezar, el gobierno subestimó el tamaño de los daños de una manera criminal. El miércoles 27 de septiembre del año pasado Peña Nieto convocó a su gabinete, gobernadores, funcionarios federales y empresarios (sin sociedad civil) y dijo que el costo de la reconstrucción sería de 37 mil millones de pesos.

Con esas primeras estimaciones se calculó en 65 mil pesos la indemnización de casa por pérdida total en Chiapas y Oaxaca, aunque luego se estimó en 120 mil pesos el monto de indemnización por pérdida total de vivienda. Fue una respuesta estatal indignante: es obvio que no se puede reconstruir una vivienda en pérdida total, con 120 mil pesos. Pero el Estado mexicano dejó solos a los damnificados con sus daños y sus pérdidas.

Otra medida desastrosa fue el modo de organizar y repartir la ayuda. El gobierno decidió que la ayuda la repartiera las agencias estatales de desarrollo social, mediante monederos electrónicos, sin tomar en cuenta a la propias comunidades afectadas y sin respetar una reconstrucción de acuerdo a su cultura arquitectónica.

Por el monto y formas de reconstrucción decididas por el gobierno de Peña Nieto pareciera que se decidió dar una “despensa” de materiales de construcción y no un proceso de reconstrucción y recuperación dignos para las comunidades que perdieron vidas y patrimonio familiar.

Peña Nieto tenía prisa por pasar de página de la tragedia de los sismos para tratar de asegurar un control político-electoral y que la economía volviera a funcionar “regularmente”. Es decir, le importaba el capital y despreciaba la vida o su reconstrucción. Así lo demostró con su anuncio de poner en marcha las zonas económicas especiales justo en las entidades afectadas por el sismo.

Ante la devastación y dolor producidos por los sismos, el gobierno de Peña Nieto respondió con una ayuda miserable a los damnificados, especialmente a quienes perdieron su patrimonio. En Oaxaca y Chiapas se ofreció 120 mil pesos a quienes perdieron sus casas y 30 mil pesos para daños parciales. A todas luces fue insuficiente.

Además, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), ofreció préstamos hasta de 100 mil pesos a la población de Chiapas y Oaxaca que resultaron con daños en sus viviendas. En la Ciudad de México la ayuda que se ofreció a quienes perdieron sus casas fue una deuda de dos millones de pesos a pagarse en 20 años con un crédito hipotecario, a tasa de 9 por ciento anual, que producirá una mensualidad de 15 mil pesos para las siguientes dos décadas. La “ayuda” que el gobierno ofrecieron a los damnificados fue endeudarse.

Quizá algunos pensaron que el gobierno no tenía el deber de pagar la casa de una persona damnificada por un fenómeno natural. Pero el Estado está obligado a responder ante emergencias de gran envergadura, como la de hace un año. El Gobierno pudo ofrecer hasta diez tantos más la ayuda que ofreció; es decir, destinar hasta 1.2 millones de pesos (mdp) por cada casa destruida y hasta 300 mil por casa dañada. Eso implicaría que el costo de la reconstrucción pasaría de 48 mil mdp a 480 mil mdp.

Gobierno y tecnócratas dirían que no habría ese dinero en el presupuesto federal, pero entonces surge este pregunta. ¿Por qué sí hubo dinero suficiente de más 800 mil mdp en 1997 para rescatar a los bancos privados (deuda que seguimos pagando) y no hubo dinero suficiente para reparar las casas dañadas de los damnificados por los sismos?

Con solidaridad genuina y voluntad política, se habrían hecho reasignaciones presupuestales recortando el gasto público oneroso y excesivo de la alta burocracia, haciendo un fondo de reconstrucción con los recursos que generan las explotaciones mineras, petroleras, gaseras o las ganancias en la bolsa y la banca. Y se podrían obtener recursos recortando el pago de 700 mil mdp que destinamos a la deuda pública cada año.

A un año de los sismos de septiembre de 2017 el saldo para los damnificados es devastador. El gobierno no sólo ofreció recursos indignos para los damnificados por su vivienda, sino que los escasos recursos ofrecidos para la reconstrucción fueron manipulados electoral o políticamente o desviados para beneficios personales.

A un año de los sismos se echa de menos, también, todas las manifestaciones de solidaridad tan vivas en septiembre y octubre del año pasado identificadas con el lema “fuerza México”.

Lamentablemente esa fuerza no siguió acompañando a los miles de damnificados que se vieron obligados a aceptar una indemnización indigna para la reconstrucción y vigilar el reparto de los escasos recursos distribuidos a los damnificados.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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