Para el IMCO, la propuesta de construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía «es un proyecto de imaginación», por lo que invitó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a continuar con la construcción de la nueva terminal en Texcoco.
El think tank expuso que el megaproyecto es necesario y urgente ante la creciente demanda aérea de pasajeros y la sobrecarga del actual aeropuerto Benito Juárez. Aunque dijo que será necesario la construcción de vías de transporte. El estudio del IMCO no tomó en cuenta el impacto ambiental de la obra.
Pese a considerar al NAIM como la mejor opción, recomendó a las autoridades entrantes reforzar la vigilancia de las siete obras más importantes: edificio terminal, torre de control, dos pistas, losas y subestaciones. Incluso llamó a colocar una cláusula de cancelación en caso de identificar actos de corrupción.
Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- De cara a la consulta pública planteada por el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador que ser realizará en octubre, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) determinó, basado en un estudio, que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en proceso de construcción en Texcoco es la mejor opción y debe continuar con urgencia.
Cancelar el megaproyecto implicaría 120 mil millones de pesos, por contratos y liquidación de trabajadores.
«La consulta es un falso dilema. Santa Lucía es un proyecto de imaginación», determinó el director Juan Pardinas basado en el estudio de la agencia MISTRE sobre industria aeronáutica civil. «Manda impresión negativa a inversiones, no contribuye al clima de negocios».
Pardinas dijo que la demora desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, por la resistencia del pueblo de San Salvador Atenco, ha tenido efectos económicos por obstaculizar el flujo de comercio, turismo e inversiones, y en la seguridad de las operaciones.
«No es por falta de recursos, es postergar por decisiones políticas», aseguró en conferencia de prensa.
El think tank expuso que el megaproyecto es necesario y urgente ante la creciente demanda aérea de pasajeros y cargas que ya sobrepasó la capacidad del actual aeropuerto Benito Juárez: en 2017 fueron 44 millones de usuarios y 449 mil vuelos frente a su capacidad de 32 millones de pasajeros y 365 mil operaciones anuales, documentó.
Pardinas aclaró que el estudio no abordó el impacto ambiental por ser un tema muy especializado para el área de sus investigadores.
Para el IMCO, alternativas como la base de Santa Lucía es «poco óptima» por elevar los costos y tiempo de desplazamiento de pasajeros y no alcanzar la frecuencia de vuelos necesarios.
El NAIM, en contraste, prevé tener en la primera etapa capacidad para 70 millones de pasajeros y 550 mil operaciones anuales.
Sin embargo, el IMCO planteó que está opción no está absuelta de inundaciones y carece de un plan de movilidad para transportar a los millones de pasajeros y 50 mil empleados hacia las instalaciones en Texcoco.
El World Resources Institute advirtió sobre la insuficiencia del Tren Exprés del metro Observatorio al aeropuerto.
Sobre el costo, IMCO documentó que ha aumentado 11 por ciento al pasar de 169 a 285 mil millones de pesos hasta 2018, por el tipo de cambio.
Pero, agregó el think tank, este fenómeno es común en la obra pública y sigue siendo socialmente rentable; el 90 por ciento es inversión privada. Además, no detectan retrasos en el avance físico planeado para 2020.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN
El IMCO reconoció la transparencia del Grupo Aeroportuario durante el proyecto del NAIM mayor a la del Tren México-Toluca, otra obra de infraestructura clave del sexenio saliente.
Pero advirtió sobre riesgos de corrupción sobre todo en la etapa de poscontratación y llamó a la Secretaría de la Función Pública a reforzar la vigilancia a las siete obras más importantes del nuevo aeropuerto: edificio terminal, torre de control, dos pistas, losas y subestaciones.
Max Kaiser y Ana Martínez, investigadores de IMCO, expusieron que el 90 por ciento del monto analizado se adjudicó a través de licitación pública, pero 157 de 320 contratos se asignaron por adjudicación directa: un 3 por ciento por 3 mil 825 millones de pesos de 130 mil millones.
Además, de 216 procedimientos analizados sólo el 19 por ciento de los procedimientos que no se asignaron por licitación pública cuenta con una justificación adecuada sobre hacerlo directamente. Un 10 por ciento de ello ni siquiera tuvo un argumento.
Kaiser lo calificó como «una mala práctica» en la obra pública en el país, la cual no es verificada por autoridades fiscalizadoras.
Otro 29 por ciento de procedimientos de compra pública carecen de verdadera competencia.
De los 34 procedimientos con una sola propuesta solvente, IMCO destacó un contrato por mil 114 millones de pesos para construcción de subestaciones.
Asimismo, hubo sobrecosto en 11 contratos por 44 millones 21 mil pesos, esto es el 11 por ciento.
Ante ello, el IMCO recomendó agregar, en la cláusula de contratos, la cancelación del acuerdo en caso de corrupción.
