Este fin de semana en el estado de Chihuahua se presentaron dos acontecimientos contradictorios: la instalación del Congreso con una mayoría progresista opuesta al partido del Gobernador, y la liberación de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, responsable de desviar 250 millones de pesos de recursos públicos a las arcas del PRI. Mientras se preparaba y discutía la conformación de los órganos directivos del próximo Congreso entre la coalición Juntos Haremos Historia y el PAN, llegó la mala noticia de que la PGR desistió del proceso contra Gutiérrez Gutiérrez.

Nunca antes en el Estado la negociación para determinar al presidente del Congreso y al presidente de la junta de coordinación parlamentaria se había dado entre dos partidos de extremos ideológicos opuestos; aunque finalmente el PAN se quedó con la Presidencia de la mesa directiva, nosotros ocupamos su mayoría, además de que la junta de coordinación parlamentaria (la gerencia del Congreso) quedó en manos del coordinador de Morena, Miguel Colunga. El Congreso de Chihuahua ahora tendrá que discutir cada una de sus iniciativas y acuerdos.

Aunque el gobernador faltó a este momento clave para el futuro del Estado y desairó así al Legislativo, para quienes tenemos luchando desde 1968 para que las fuerzas progresistas dirijan desde el interior del Gobierno la guerra contra los privilegios esto es un hito histórico.

Por eso preferí tomar protesta simbólica como diputado ante dos manifestaciones civiles, una de exbraceros insatisfechos y otra de los habitantes del pueblo de Sacramento que exigen el derecho de visitar a sus vecinos sin pagar en la caseta que lo parte en dos; estos ciudadanos son descendientes de quienes, en 1848, enfrentaron con lo que tenían a la mano a los norteamericanos que invadieron la patria. Ellos defendieron la nación, y ahora son tratados como extranjeros.

Hora y media después, y ya legalmente diputados, celebramos el inicio de una nueva época que termina con el monopolio PAN-PRI que legislaba a favor de la élite política y económica del Estado y el país; pero cuando apenas veíamos la luz al final del túnel el estertor del dinosaurio moribundo nos sorprendió y regresó a la triste realidad: en un acto de increíble cinismo jurídico, la PGR decidió desistir de la acción penal en contra de Alejandro Gutiérrrez Gutiérrez.

Él fue acusado de desviar 250 millones de pesos de la Hacienda Pública de Chihuahua, con evidencia de que lo hizo a través de la contratación de empresas que no prestaron servicios pero sí facturaron la recepción del dinero; este capital fue después canalizado a las campañas electorales del PRI en Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Durango, implicando también a Manlio Fabio Beltrones. No se agotó la investigación ni se reconoció la falta de pruebas, sino que fue un acto de complicidad para proteger la impunidad de los grandes políticos priistas.

El PRI usó la fuerza institucional y mostró a los mexicanos que, como ellos sí pueden hacerlo, así lo hacen: pueden perseguir a cualquier adversario político y liberar a cualquier delincuente sin importar lo pernicioso que sea para el país y para la democracia. La lucha directa, eficaz y permanente contra la impunidad es fundamental para enfrentar la corrupción, porque los corruptos necesitan contar con cómplices dentro del sistema para poder violar la ley y ganar con ello.

Este es el país que recibe Morena, hoy como grupos parlamentarios y en diciembre como poder Ejecutivo; y en seis años deberá transferir la estafeta a otro grupo de Gobierno que recibirá a un México en mejores condiciones. Porque eso fue lo que movió a los mexicanos a votar por el Movimiento de Regeneración Nacional.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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