Quienes claman por el encarcelamiento de Enrique Peña Nieto debieran tener presente que para enjuiciar a cualquier persona se requiere que haya una demanda penal en su contra  y tener pruebas de su presunta culpabilidad. No basta con el señalamiento público ni las denuncias de activistas o políticos en los medios. Un caso típico es el de Carlos Salinas de Gortari, que fue acusado de mil infamias. Se hizo célebre su imagen pública en la caricatura de un pelón que huía con un costal  de dinero sobre el hombro.  Y 30 años después de dejar el cargo el ex presidente vive en libertad y tan campante: nunca se probó nada en su contra.

En el caso del todavía Presidente de la República,  los que serían supuestos motivos para llevarlo a prisión, algunos de los cuales rayan en el absurdo, se han convertido en lugares comunes que no tienen ningún sustento legal para enjuiciarlo. Tampoco se ha presentado hasta ahora denuncias en su contra.

Le achacan como culpas, entre otras, la llamada  Casa Blanca, la Estafa Maestra, los supuestos sobornos de Odebrech, la matanza de 43 normalistas en Ayotzinapa, la casa de  Malinalco, los muertos y desaparecidos de la guerra del crimen organizado, el socavón de Cuernavaca, los lujos y despilfarros de su familia y hasta el avión presidencial que compró Felipe Calderón Hinojosa, su antecesor. Ninguno de tales “cargos” tiene hasta ahora un sustento jurídico.

Molesta y hasta decepciona a esos acusadores la postura de Andrés Manuel ante el caso de Peña Nieto. Lo dijo al final de su campaña y lo ha reiterado como Presidente electo: “No meteré a Peña Nieto a la cárcel”. Esta decisión abona inclusive a la sospecha de un pacto secreto entre ambos, que comparten algunos de los más radicales otrora promotores del tabasqueño.

En primer lugar, no estará entre sus atribuciones como titular del Ejecutivo federal  “meter a la cárcel” a nadie: eso compete a la autoridad judicial. En segundo lugar no tiene en sus manos las evidencias como para hacer una denuncia formal. Seguramente sabe que lo más grave es que las acusaciones sin fundamento tangible y sin pruebas se convierten a la postre en bonos de impunidad. Los ejemplos abundan.

Hasta ahora, el único caso documentado que podría conducir a un enjuiciamiento de Peña Nieto es el desvío al PRI de casi 250 millones de pesos, dispuesto por la Secretaría de Hacienda en 2016, para financiamiento de las campañas del tricolor en Chihuahua y otras entidades.  El asunto involucra directamente al ex gobernador chihuahuense César Duarte Jáquez, pero también a personajes del más alto nivel. La SHCP estaba encabezada entonces por el hoy canciller Luis Videgaray Caso. El PRI nacional era presidido nada menos que  por el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera. Una operación de tal magnitud tuvo que tener la anuencia del Presidente de la República.

Así lo confirma la descarada protección que el gobierno federal ha dado hasta ahora al ex gobernador Duarte Jáquez, escondido en El Paso, Texas. El gobierno de Chihuahua encabezado por el panista Javier Corral Jurado ha presentado ya 14 solicitudes de extradición en su contra, fundamentadas en sendas demandas penales con sus respectivas órdenes de aprehensión, a la que se suma otra de origen federal. La PGR ha entregado sólo ocho de ellas, las que corresponden a delitos menos graves, a las autoridades estadunidenses, que no han actuado.

Hay que considerar el tema que directamente toca a uno de los políticos más poderosos de este país, Beltrones Rivera, y a un funcionario clave en el equipo más cercano de Peña Nieto como es el canciller Videgaray Caso. El involucramiento de ambos lleva irremediablemente a la casona de Los Pinos.  Por eso Corral Jurado ha afirmado que él sí puede tener pruebas para encarcelar a Peña Nieto

El gobernador de Chihuahua acusó colusión entre el Presidente y su actual secretario de Relaciones Exteriores, para bajar de la solicitud de extradición la orden de aprehensión por el desvío de 250 millones de pesos en la cual participó Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (entonces secretario general del CEN del PRI y principal operador de Beltrones Rivera), recursos que fueron a parar al partido.

Corral Jurado, que ha sufrido presiones y represalias del gobierno federal por no ceder en su afán de llevar el asunto hasta sus últimas consecuencias, detalló que en la investigación de Gutiérrez Gutiérrez, actualmente preso en una cárcel de la entidad norteña, conduce en términos objetivos no sólo al secretario Videgaray Caso, sino también al presidente Peña Nieto. “No pudo (EPN) permanecer ajeno a los desvíos del Fondo de Fortalecimiento Financiero para las campañas del PRI”, aseguró. Precisó que la estrategia del Mandatario es quitarle los cargos más pesados a Duarte Jáquez  porque involucran a funcionarios de su administración y de su partido. ¿Y a él mismo? “Si traen a Duarte, Duarte se lleva a Peña», dijo el gobernador al atribuir “directamente” al Presidente la responsabilidad de este caso.

El asunto pone al descubierto, además, un modus operandi común en el sistema político priista desde hace muchos años. El valor de la denuncia de Corral Jurado es precisamente que por primera vez se documenta y prueba esta práctica perversa de canalizar de manera subrepticia recursos públicos a las campañas electorales del tricolor. Este tema reviste enorme trascendencia y  se convierte así en oportunidad única y cierta de llevar a juicio al mandatario actual. Es el caso clave. Válgame.

 @fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

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Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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