En México se mata y asesina a quienes defienden sus tierras, sus bienes comunes y derechos. Los pueblos, comunidades y colectivos que se organizan para resistir los embates de privatización y mercantilización de sus territorios y recursos que les pertenecen se ponen, sin quererlo, en la primera fila de la guerra que existe en el país. Sólo por defender lo que es suyo, sólo por tratar de impedir que los despojen de sus bienes comunes y tierras, cientos de miles de mexicanos han estado expuestos a una serie de tácticas represivas echadas a andar ya sea por el mismo Estado, corporaciones privadas a través de cuerpos de seguridad o por sicarios del crimen organizado.

Así lo acaba de registrar la organización no gubernamental (ONG) Global Witness al publicar su informe sobre las agresiones a defensores del territorio en todo el mundo. Según esta ONG internacional, el año pasado 207 personas fueron asesinadas por defender su territorio y sus derechos; 60 por ciento de esas muertes ocurrieron en América Latina, destacando Brasil con 57 asesinatos, seguido de Filipinas con 48, Colombia con 24 y en cuarto lugar mundial, México con 15 asesinatos de defensores. Pero la guerra por despojo contra los defensores del territorio es mucho más violenta y atroz que lo que alcanza a registrar Global Witness.

Otra ONG internacional, Front Line Defenders registró el asesinato de 312 defensores del territorio el año pasado (casi 50 por ciento más que Global Witness), de los cuales, 31 ocurrieron en México. Esta ONG registró el doble de defensores mexicanos asesinados el año pasado por defender sus tierras y recursos como bosques, aguas, playas o incluso a periodistas asesinados por denunciar en sus publicaciones a empresas, políticos o criminales dedicados al despojo de territorios para diferentes negocios lucrativos.

Las estrategias de guerra contra los pueblos, comunidades y organizaciones que defienden sus territorios y derechos han ido en aumento, en concordancia con la intensificación de los negocios extractivos que se han implementado en México en el contexto de la acumulación por despojo, que ocurren en el paraíso de políticas neoliberales que es México.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), ha documentado las agresiones contra los defensores de derechos ambientales en la pasada década y sus reportes confirman un aumento de las estrategias de represión contra los defensores del territorio y los bienes comunes. Desde el año 2010, Cemda ha registrado en total 391 agresiones contra defensores de derechos ambientales, pasando de las diez agresiones en el año 2010 a 89 casos en 2015. Las agresiones contra los defensores de tierras y bienes comunes son una constante de tácticas que van desde el hostigamiento personal, la división comunitaria, hasta la desaparición o asesinato de los defensores más activos del territorio. En 2017, Cemda registró 48 agresiones, de las cuales 29 fueron asesinatos.

Pero ninguna de estas ONG’s globales o nacionales tiene un registro completo de las víctimas de la represión estatal-privada en los casos de despojo que ocurren en el país. Juan Luis García Hernández publicó aquí en Sin Embargo (3 enero 2018) que al menos 34 activistas fueron asesinados el año pasado por defender sus territorios y derechos. En este mismo reportaje, Juan Luis García mostraba un incremento en el número de activistas asesinados en el Gobierno de Enrique Peña Nieto: en 2013 fueron 14 activistas asesinados, 14 en 2014; 15 en 2015; 30 en 2016 y 34 en 2017 para un total de 107 activistas asesinados en el sexenio.

Como en todas las cifras de la guerra en México, siempre hay una lista negra. Las cifras de los caídos en esta guerra de defensa de la tierra y los bienes comunes son mayores a las documentadas por las organizaciones citadas.

El Comité Cerezo y la Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos tienen cifras mucho más altas, al incluir los casos de violaciones de derechos humanos a defensores, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición de personas activistas y participantes en movimientos y organizaciones que defienden derechos, territorios y bienes comunes.

Estas organizaciones registraron 3 mil 374 detenciones arbitrarias de 2006 a 2017, de los cuales al menos 11 por ciento denunciaron tortura y dos terceras partes ocurrieron en el Gobierno de Peña Nieto. Al mismo tiempo, se registraron al menos 190 ejecuciones extrajudiciales, es decir, asesinatos cometidos por fuerzas estatales de personas que no fueron llevadas ante la justicia.

Si estos cientos de personas fueron asesinadas por aparatos estatales, pero fuera de ley, hay que considerar que miles más fueron víctimas de algunas de las distintas tácticas de hostigamiento y represión que se diseñan para tratar de aplacar y contener las resistencias ante los casos de despojos.

Estas tácticas incluyen maniobras de desprestigio de los defensores y disidentes de las políticas estatales favorables a los intereses de las corporaciones privadas. Forman parte de esas tácticas la fabricación de delitos que terminan en encarcelamientos costosos y extenuantes para los pueblos, comunidades y organizaciones que defienden territorios y recursos naturales.

Estas estrategias represivas imponen un altísimo costo para muchas comunidades. Pueblos como Ostula (nahua), o Cherán (purépecha) de Michoacán o Ayotitlán (nahua) de Jalisco han pagado una altísima cuota de sangre para defender su territorio.

La lista de perseguidos, desaparecidos y asesinados en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas en defensa de tierras, bosques, aguas, playas, diversidad y fauna es altísima en México. Miles han sido asesinados o desaparecidos por defender las tierras y recursos que han servido ancestralmente para reproducir su vida y que ahora, mediante negocios extractivos como minería, petróleo, gas, turismo, inmobiliario, embotellaras, automotrices, se convierten en proyectos de muerte.

Los responsables de esta guerra conforman una troika, según revelan en sus reportes las ONG’s citadas. La troika la conforman agentes estatales, corporaciones privadas y grupos criminales. Ya sea actuando por su cuenta persiguiendo sus intereses, o en asociación con el mismo propósito, esta troika es la responsable de la guerra desatada contra los defensores del territorio y los bienes comunes en México. En esos territorios no solo existen abundantes recursos naturales que el Estado y el capital pretenden enajenar y privatizar al servicio de distintas dinámicas de acumulación de capital y de este modo procurar lucrativos negocios privados. En esos territorios se reproducen relaciones sociales distintas y antagónicas a las predominantes en el capitalismo neoliberal hegemónico. A las formas sociales explotadoras, expoliadoras, colonialistas, autoritarias, patriarcales del capitalismo neoliberal, los pueblos y comunidades oponen relaciones sociales contrarias: comunitarias, solidarias, comunes, asamblearias, matriarcales.

De modo que esta guerra por despojo no solo es por la defensa de los territorios, y los bienes y recursos comunes. Es a la vez una confrontación civilizatoria en la que nos jugamos el destino: a favor de los intereses privados, o a favor del interés común.

Rubén Martín

https://dev.sinembargo.mx/author/ruben-martin/

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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