La Amnistía propuesta por Andrés Manuel López Obrador para desactivar la violencia generada por el crimen organizado, no tuvo gran impacto electoral en el estado de Guerrero, particularmente en el distrito federal sexto –conformado por trece municipios– donde los dueños del poder absoluto son los jefes de Los Ardillos y Los Rojos, principales cárteles que operan en esa región.

En esas demarcaciones, el poder político y criminal quedó repartido entre el PRI, el PRD y los cárteles de Los Ardillos y Los Rojos, respectivamente, quienes controlan el tráfico de drogas, los secuestros y tienen el monopolio de la violencia criminal. Ahí sólo impera una ley: la del gatillo. Y el Ejército y la Policía Federal, se afirma, decidieron aliarse ante el poderío del crimen.

Ambos grupos criminales se han adueñado del poder mediante el uso de la violencia y taladrando conciencias mediante la corrupción. No existe autoridad que funcione con libertad. En esos municipios gobierna la delincuencia. Y quien se opone, se muere. Ambos cárteles son altamente poderosos porque el negocio de la siembra de amapola –de donde sacan la goma de opio –es una de las actividades más rentables.

El radio de acción que tienen Los Rojos y Los Ardillos es amplio. Y es todo un botín. Lo conforman 13 municipios, geográficamente muy bien ubicados, donde el PRI y el PRD –con candidatos financiados por el crimen — se repartieron el pastel. A nivel político, ambos partidos son controlados por Los Ardillos y Los Rojos. El poder criminal también es político y viceversa. Este es un claro ejemplo del llamado Estado fallido, controlado por la delincuencia, donde el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que actuar no solamente con amnistía sino desmantelando la red patrimonial del crimen organizado, tan perniciosa no sólo en Guerrero sino en todo el país.

Hasta ahora, el equipo que estará a cargo de combatir la delincuencia el próximo sexenio no ha dado a conocer ninguna medida que tienda a desactivar el patrimonio del crimen organizado. El próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, no ha planteado el desmantelamiento de la red patrimonial del crimen organizado –que incluye a políticos de varios partidos –como medida central para debilitar el poderío de la delincuencia. Esta ha sido una medida central en Italia y Colombia, por ejemplo, para combatir a la delincuencia.

En el equipo de AMLO –y esto llama la atención cuando el combate al crimen será una política prioritaria de su Gobierno –nadie ha dicho hasta ahora que debilitar las finanzas de los cárteles vaya a ser una de las acciones claves en el combate a la mafia frente a un escenario donde los miembros de la delincuencia gozan por igual de libertad física y financiera. Esto es tener todo el poder.

La red patrimonial –y política –del crimen está intocada y lejos de debilitarse sigue fortaleciéndose.

Un ejemplo ilustra lo anterior. En el distrito federal sexto de Guerrero, Los Ardillos y Los Rojos –o PRI y PRD, como quiera vérsele –ganaron las elecciones mediante la violencia, comprando votos e imponiendo su ley. Se asegura que los responsables de las casillas estaban controlados y los jefes del narco recibieron información puntual de la votación antes que el órgano electoral. Así se afianzó la hegemonía criminal y política de estos grupos.

Los municipios del distrito sexto de Guerrero quedaron en manos del crimen y en este territorio AMLO fue derrotado por dos cárteles. En Ahuacotzingo, por ejemplo, ganó el PRI y en Atlixtac el triunfo lo obtuvo el PRD. En Copanatoyac y Chilapa de Álvarez se impuso el PRI. En Mártir de Cuilapan ganó el PRD.

En Mochitlán se impuso el Partido Verde Ecologista de México, extensión del PRI. En Quechultenango la hegemonía criminal y política es del PRD. De esta demarcación son originarios los hermanos Celso y Bernardo Ortega, jefes del cártel de Los Ardillos. Para no perder el poder político, el brazo armado de este cártel asesinó al candidato del partido Movimiento Ciudadano, quien tenía a su favor las preferencias electorales. Una lluvia de balas, disparadas por sus gatilleros, abrieron el camino político para el candidato del PRD y de ese cártel.

En Tixtla también se impuso el PRD y/o Los Ardillos. En Tlacuapan ganó el PRI y/o Los Rojos. En Zitlala y Acatepec ganó el PRD. Zapotitlán quedó en manos del Partido del Trabajo, también operado por estos cárteles. Y en la demarcación de José Joaquín de Herrera el triunfo lo obtuvo el PRI. En todos los casos, los municipios quedaron en manos del crimen organizado.

A nivel local, López Obrador también fue derrotado por el crimen organizado en los distritos 24, 25 y 26. El primero lo ganó el PRD. Su candidato fue Bernardo Ortega, jefe del cártel de Los Ardillos y hermano de Celso, la otra cabeza de ese cártel. Al amparo del PRD y del cártel, Bernardo ha escalado en la política. Ya fue líder del Congreso de Guerrero cuando Ángel Aguirre Rivero fue gobernador de esa entidad.

El distrito local 25 lo ganó el PRI y/o el cártel de Los Rojos. La candidata fue Alicia Zamora, ex Presidenta municipal de Chilapa, quien ya ha sido diputada federal y local. Se afirma que esta mujer es muy cercana al gobernador Héctor Astudillo, tanto, que un día después de la elección del 1 de julio le salvó la vida tras ser atacada por un comando armado en el municipio de Chilapa. En el tiroteo ella salió ilesa. Sólo resultó herido su escolta.

Cuando Héctor Astudillo se enteró el percance, de inmediato la rescató. Ordenó que un helicóptero del Gobierno del estado fuera por ella y así fue como salvó la vida. Se presume que el crimen organizado –un bando contrario con el que no tiene líneas de entendimiento –la quiso asesinar, pero el intento fue fallido. La cuenta por pagar sigue pendiente, se asegura.

El distrito 26 lo ganó el PRD. La candidata fue Fabiola Rafael Dirsio, a quien se le identifica con la corriente política que representa Bernardo Ortega y/o el jefe de Los Ardillos. A este grupo también pertenece Raymundo García, aliado de Ortega.

De acuerdo con una revisión histórica, en las campañas presidenciales de 2006 y 2012, López Obrador ganó en los municipios que conforman tanto los distritos locales como federales controlados por el narco. Cabe decir que hasta el 2012 se ignoraba la presencia de Los Ardillos y Los Rojos, cuya irrupción en el escenario criminal fue posterior al 2012.  Morena tampoco ganó ningún Ayuntamiento en esa zona controlada por el narco.

Pero desde que aparecieron estos cárteles cobijados por el PRD y el PRI, la violencia se ha recrudecido principalmente en Chilapa, Zitla y Tixtla, lugares de asiento de ambos cárteles.

Es precisamente en esta zona criminal donde el obispo de la Diócesis Chilapa-Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, ha llevado a cabo una labor de negociación con los cárteles para pacificar el territorio.

Su tarea ha sido duramente cuestionada debido a que, para las autoridades, esta función implica incurrir en un delito de presunta asociación delictuosa. Sin embargo, el prelado de la Iglesia Católica ha dicho que el Gobierno ha fracasado en el combate al crimen y que es momento de intentar otras medidas para detener la oleada de violencia que aterra a pueblos enteros.

Hace un año, aproximadamente, López Obrador tenía un fuerte operador político y activista social que le significaba mucha fuerza en la zona del narco. Su nombre: Ranferi Hernández Acevedo, pero fue asesinado el 14 de octubre de 2017 presuntamente por grupos políticos que utilizaron al narcotráfico como brazo armado. El crimen sigue impune como muchos otros.

Ranferi no era un hombre cualquiera. Fue uno de los más aguerridos impulsores del esclarecimiento de la matanza de Aguas Blancas, perpetrada el 28 de junio de 1995, presuntamente por efectivos de la policía motorizada de Guerrero.

Las personas acribilladas pertenecían a la Organización Campesina de la Sierra Sur. Ranferi fue un aguerrido luchador que exigió el esclarecimiento de estas muertes. Al descubrirse las evidencias de que la policía de Guerrero había participado en la matanza –los videos que aparecieron despejaron las dudas –de manera estrepitosa fue defenestrado Rubén Figueroa Alcocer como gobernador del estado. Todo indica que a partir de este hecho Ranferi Hernández pasó a formar parte de la lista negra. El ajuste de cuentas vendría más tarde.

Estas acciones tuvieron un alto costo personal y político para el activista, quien tuvo que refugiarse por varios años en Francia, pues su vida corría peligro. Sin embargo, le guardaron la factura y el 14 de octubre de 2017 –tenía poco más de un año de haber regresado al país — se la cobraron: fue asesinado junto con su esposa, una anciana de más de noventa años y el chofer de la familia.

Después de ser torturados, los cuerpos fueron quemados. La saña no tuvo límites. Se asegura que este fue un crimen político y que el crimen organizado fue el brazo ejecutor.

Hasta la fecha el crimen de Ranferi y de sus familiares sigue sin aclararse. La Fiscalía de Guerrero no investiga. Exige a los familiares que ellos aporten las pruebas. Tanta desconfianza pesa sobre el Gobierno de Astudillo que los cuerpos fueron enterrados sin que se les practicara la autopsia. En próximas fechas es probable que este trámite de rigor se cumpla para continuar las investigaciones.

Es claro que a Ranferi Hernández la narcopolítica lo quitó de en medio. Era el operador de López Obrador en la zona del narco. Un año atrás, cuando comenzó oficialmente el proceso electoral federal, Ranferi organizó un grupo político –ProAMLO –para apoyar la candidatura presidencial del actual Presidente electo.

El grupo estaba encabezado por exmiembros del PRD, entre ellos, Félix Salgado Macedonio, exalcalde de Acapulco, quien ganó la elección y será senador de la República. Cuando Salgado Macedonio gobernó en Acapulco el cártel de los Beltrán Leyva se adueñaron del territorio.

Ranferi Hernández se iba a postular como candidato a diputado federal por Morena, pero las balas se atravesaron. El fuego también porque los criminales los quemaron a todos en el vehículo en el que viajaban. Las autoridades de Guerrero tardaron 30 días en entregar los cuerpos a sus familiares.

Actualmente el caso de Ranferi Hernández está en manos del abogado Vidufo Rosales, quien lleva los 43 expedientes de igual número de estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

Muerto Ranferi, el narco se apoderó del territorio para derrotar a López Obrador y mantener así el control de la zona más próspera en la siembra de amapola y producción de goma de opio.

El territorio está en manos de Los Ardillos y Los Rojos –PRD y PRI –, quienes se distribuyeron el poder político y criminal. Se asegura que en esa zona ni el Ejército puede entrar. No se sabe si por miedo o por complicidad. Parece más lo segundo que lo primero.

–¿Cómo se atacará al crimen organizado en esa zona de guerrero? ¿Habrá voluntad para desmantelar el patrimonio de Los Ardillos y Los Rojos ahora que sus jefes están identificados y ostentan el poder político? ¿Habrá amnistía para ellos?

Las preguntas todavía no tienen respuesta .

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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