Como el aire que revive una brasa de carbón, la esperanza ha resurgido en la región carbonífera de Coahuila. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la queja en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación del derecho a la vida de 65 mineros que se vieron atrapados después de la explosión de la Mina 8 de Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México, el corporativo que encabeza el empresario Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México.

Doce años después, el pueblo herido en el corazón por la extracción siderúrgica y los megaproyectos de energía, no tiene un reclamo diferente al que en 2006 le hiciera al panista Vicente Fox Quesada, entonces Presidente de México: rescaten sus cuerpos, rescaten a nuestros hermanos mineros.

PRIMERA DE UNA SERIE

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– Elvira levanta la vista. Abre un poco más los párpados. Un cálido brillo emerge de sus redondos ojos negros que minutos antes lloraban al recordar a su esposo muerto el 19 de febrero de 2006. Lleva las manos a su rostro. Suspira.

–No lo podíamos creer. El que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya aceptado nuestra queja contra el Gobierno mexicano es una puerta que se abre; significa que nosotros tenemos la razón. Esperamos ocho años para esto y vamos a seguir luchando por el rescate –dice, con una apacible sonrisa.

En abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja presentada por Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de 65 mineros fallecidos, la integridad de quienes ahí laboraban y el acceso a la justicia para los parientes de las víctimas en la explosión de la Mina 8 de Pasta de Conchos, la madrugada del 19 de febrero de 2006.

Pasaron ocho años para que el organismo internacional tomara la decisión. La queja fue interpuesta el 19 de febrero de 2010 por 235 familiares de los 65 mineros sepultados en la mina y la  Organización Familia Pasta de Conchos, que en ese momento representaba a más de 600 familiares.

Pasta de Conchos se encuentra en la llamada “zona carbonífera” conformada por los municipios de Múzquiz, y San Juan Sabinas, los cuales, agrupan las ciudades de Nueva Rosita, Palaú, La Agüita y La Florida, en Coahuila, al norte de México. Cinco horas por carretera las apartan de Saltillo, la capital de la entidad, y 135 kilómetros de la ciudad de Piedras Negras, frontera con Estados Unidos.

Nombrar en 2018 a Pasta de Conchos no remite a una región; sino a una tragedia que lejos de llegar a su punto final, se reproduce como si deseara permanecer.

Cristina Auerbar Benavides, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, lo resume: “Pasta de Conchos visualiza la tragedia de la minería del carbón: las malas condiciones de seguridad de sus trabajadores, los salarios bajos, la pobreza en la que viven los mineros y la brutal indolencia del Estado mexicano y de los empresarios”.

La mina pertenece a Industrial Minera México (IMMSA), del Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México. Con una fortuna estimada en los 17 mil 300 millones de dólares, Larrea Mota Velasco se ubica en el número 72 del ranking global de los hombres con mayor fortuna del mundo, según la lista Forbes 2018.

La compañía del multimillonario, quien semanas atrás acaparó la atención de los medios de comunicación porque –al igual que otros empresarios– llamó a sus empleados a votar contra Andrés Manuel López Obrador y contra un modelo económico populista, recibió la concesión para Pasta de Conchos en 2009, durante el Gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa.

I

ELLA NO SABÍA LLEGAR A LA MINA

Elvira Martínez arribó confusa y desorientada a las afueras de la mina de Pasta de Conchos ese sábado negro. Era la primera vez que visitaba el lugar. La joven madre no tenía ni el más mínimo conocimiento sobre minería. Jorge Bladimir Muñoz Delgado, su esposo, jamás le platicó acerca del trabajo. Él, ganaba 95.30 pesos por jornada  laboral, al menos así estaba registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2016. Ella no sabía siquiera el nombre de la mina, ni cómo llegar. Habían procreado tres hijos.

«Como él decía que yo no iba a entender, no me platicaba. Pero teníamos un grupo de amigos que nos juntábamos en matrimonios y a ellos sí les narraba que adentro hacía mucho calor; que les faltaba el aire; que las cuestiones eléctricas estaban muy mal, sobre todo lo de los alambres: que los cables no estaban cinteados. Todo eso lo platicaba a sus amigos y ellos -ya después- me lo contaron a mí”, refiere.

Recién pasó el siniestro, Elvira pensaba que sería cuestión de horas o días para que sacaran a su esposo: “Empezó la primera semana, y como seguían dando información de que se hacían los trabajos, nosotros teníamos una esperanza del rescate. Era sólo cuestión de esperar. Para mí sólo era cuestión de esperar. Sí veía que la gente lloraba, que muchos se preocupaban, pero no entendía por qué, yo decía: ‘simple y sencillamente es cuestión de esperar’.

La tragedia y la batalla por el rescate han convertido a Elvira en una mujer que ahora conoce bien de minas. Sus días pasaron de ser un ama de casa que sólo atendía a su esposo y juntarse con matrimonios, a trámites y pugnas legales, investigación y documentación sobre la tragedia; capacitación de términos de minería y derechos humanos; todo ello al grado, de que hoy es una de las autoras de “Carbón Rojo”, estudio emitido este año por Familia Pasta de Conchos.

El informe documenta y expone las negligencias de la empresa, las inspecciones que mostraban la falta de seguridad, y cómo la Secretaría de Trabajo toleró que la mina siguiera en función arriesgando a sus trabajadores, y cómo el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia meses antes había emplazado a la mina por las malas condiciones de seguridad.  Y cómo dejó pasar la negligencia después de “vender” a sus representados.

En 2006, después de la explosión en Pasta de Conchos, Gómez Urrutia fue acusado de desviar 55 millones de dólares, dinero del sindicato minero, para fines personales, durante los sexenios de los ex Presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Pidió exilio en Vancouver, Canadá, donde permanece.

Elvira Martínez Espinoza, acompañada legalmente por la defensora Cristina Auerbar Benavides, solicitó copia del expediente de la investigación de Pasta de Conchos en 2006. Claudia Maricela Escobar Pacheco, María de Lourdes Zapata Rodríguez y Rosa Riojas Hernández, todas viudas, se unieron a la petición. Pero la Contraloría Interna de la Secretaría del Trabajo clasificó como “confidencial” el expediente.

Elvira promovió el Juicio de Amparo 1233/2006, mismo que fue otorgado el 23 de enero de 2007 por el Juzgado Quinto en materia Administrativa en el Distrito Federal.

La demandante –esa mujer que hacía unos años no sabía nada de minas– recibió un total de 1,343 fojas del expediente. Así es como OFPC tiene acceso a las Actas de Inspección Periódicas y Extraordinarias; los Emplazamientos del Sindicato Minero; Actas de Comprobación de Medidas Emplazadas; Actas de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, así como Actas y Asambleas Ordinarias y Extraordinarias desde que Grupo México llegó como Asarco a la región carbonífera.

Elvira ha luchado a contracorriente todo este tiempo, incluso – recuerda- familiares directos le han recomendado claudicar.

–Al principio mi suegro, que en paz descanse, me decía: ‘Nunca les vas a ganar, Elvira, nunca les vas a ganar. Ellos son los del poder, los del dinero. Ya déjate de andar ahí’ .  Y yo le decía: ‘No, porque lo poco que pueda hacer, al menos no me voy a callar, si no voy a poder ganar, ni modo pero yo tengo que luchar’. Yo luché y voy a seguir luchando”–

II                       

LA TRAGEDIA QUE NO ENCUENTRA FIN

19 de febrero de 2006. 02:30 horas: una explosión en la Mina 8 de Pasta de Conchos, de Industrial Minera México (IMMSA), filial del Grupo México, deja a 65 mineros atrapados.

El dolor y la desesperanza se apersona a las afueras de la mina. Ahí se quedará. Pasará un año y los familiares de los obreros se quedarán a dormir alrededor de la mina a la espera del rescate.

La mina cuenta con una plantilla de 487 trabajadores en tres turnos: 45 empleados de confianza; 282 trabajadores sindicalizados y 160 trabajadores de la contratista General de Hulla. De las víctimas mortales, cuatro son empleados de confianza; 25, sindicalizados y 36, trabajadores de la contratista.

El siniestro deja 160 huérfanos de padre, 65 familias destrozadas y 63 viudas, [un minero es soltero y otro viudo, se conocerá pronto].

Vicente Fox Quesada, Presidente de la República y Humberto Moreira Valdés, Gobernador de Coahuila, se deslindan.

La filial de Grupo México promete a los familiares pagar el triple del salario de los trabajadores atrapados.

Es viernes el 24 de febrero de 2006 y Xavier García de Quevedo, presidente de IMMSA y el Secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, anuncian que ya no hay condiciones de vida en la mina y declaran a los trabajadores muertos.

Los meses pasan. Nadie queda conforme. Así, llega el 23 de junio cuando encuentran el cuerpo de Felipe de Jesús Torres Reyna. Luego, en el Año Nuevo de 2007, hallan a José Manuel Peña Saucedo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emite la primera recomendación al respecto el 17 de julio de 2006. El organismo concluye que existen violaciones a los derechos humanos ya que funcionarios de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social permitieron a la empresa trabajar en condiciones de riesgo para la vida y salud de los empleados.

Un año después de la explosión, Grupo México suspende el rescate bajo el argumento de que era riesgoso continuar porque el agua podría tener “Sida”:

«Explorar y rehabilitar esta área expone al personal de la mina a patógenos infecciosos, resultando como mínimo graves problemas gastrointestinales. No obstante, dependiendo de la salud de las víctimas, los trabajadores de rescate pueden estar expuestos a infecciones crónicas incluyendo hepatitis, VIH, patógenos entéricos y tuberculosis. Esta exposición puede suponer severos riesgos para su salud, no solo al personal de la mina, sino a sus familias o en último de los casos, a la comunidad entera”, señala el estudio «Una evaluación de las operaciones de recuperación en la Mina Pasta de Conchos y Resultado de los futuros esfuerzos de recuperación”, decreta uno de los dos peritajes pagados por la empresa, y entregados a las familias la noche del 4 de abril del 2007. Un miércoles Santo.

Las familias son desalojadas de Pasta de Conchos de manera violenta por elementos policiacos enviados por el entonces Gobernador Humberto Moreira el 1 de agosto de 2009.

Acompañados por la defensora Cristina Auerbach Benavides, los familiares de las víctimas emprenden una lucha legal contra la minera y el Estado mexicano. Ha nacido la Organización “Familia Pasta de Conchos”.

III

¿QUIÉN VA A PAGAR POR ESTO?

Y entonces, ¿quién va a pagar por los 65? ¿Quién va a tomar un poco de la responsabilidad? Los nombres de los actores están ahí, a disposición de la opinión pública, como lo estuvieron antes, como lo han estado siempre.

Desde la explosión, tres hombres han ocupado la Presidencia de la República. Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), postulados por el Partido Acción Nacional, y Enrique Peña Nieto (2012-2018), emanado del Partido Revolucionario Institucional. Ninguno llamó a los deudos a Los Pinos. Ninguno incluyó la tragedia en sus discursos. Ninguno mostró ánimo de querer dar un poco de alivio a la región carbonífera de Coahuila que sobrevive en duelo.

Cuando ocurrió la tragedia, el Gobierno mexicano encargó atender la emergencia a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Desde entonces, el encargo prosiguió en esa dependencia. Por tratarse de un desastre, bien pudo haber sido atendido por Gobernación o en Economía que son las carteras que regulan la concesión minera.

Francisco Javier Salazar Sáenz era el Secretario del Trabajo en febrero de 2006. Había sido nombrado después de una breve carrera política que inició como líder de los profesores universitarios de San Luis Potosí. No pasaron ni siete días cuando anunció el fin del intento de rescate con vida de los trabajadores. Su dependencia dictaminó que la mina había sido destruida por un estallido de gas metano, asociado a la explotación carbonífera, y que todos los mineros habían muerto en el primer minuto.

Cuando Felipe Calderón Hinojosa asume en diciembre de 2006 como Jefe del Ejecutivo, nombró en esa Secretaría a Javier Lozano Alarcón. Un nuevo hombre en la dependencia significaba ante los deudos de Pasta de Conchos abrir rendijas para que los cuerpos pudieran ser rescatados. Él los recibió en su despacho y asumió como compromiso un peritaje que permitiera conocer las condiciones de la estructura de la mina y saber así si los restos de los mineros podrían ser recuperados.

El peritaje se hizo, pero no condujo al rescate. En su informe de 2018, la organización “Familia Pasta de Conchos” asienta: “Todo el peritaje se fundó en supuestos porque se trata de “dichos de la empresa”, sin soporte ni fundamento técnico. No entrevistaron a los trabajadores, ni fueron convocados los dos trabajadores mineros que debían participar representando a las familias, pero les dedicaron su investigación”.

Elvira explica que antes que el Gobierno, Grupo México, la empresa dueña de la mina, ordenó dos peritajes cuya conclusión indicó que había riesgos en la mina. Sin embargo, en esa misma evaluación, existe un párrafo que señala  que era posible revertir tal peligrosidad con trabajos y obras adecuados.

Lozano Alarcón renunció a la dependencia en 2011 para contender por una Senaduría por Puebla. En su carrera, ha pertenecido al PRI y al PAN. Su gestión quedó envuelta en controversia. Mientras los deudos de Pasta de Conchos le reclamaban reactivar la posibilidad del rescate, fue señalado de supuesto narcotráfico. Zhenli Ye Gon, empresario mexicano de origen chino lo acusó de narcotráfico y de obligarlo a esconder dinero que habría sido destinado para la campaña de Felipe Calderón.

Elvira refiere que Javier Lozano Alarcón se aferró a la teoría de que las condiciones de la mina no eran propicias para realizar el rescate. “… La verdad es que ni tenemos fundamento legal, por un lado, ni tampoco un fundamento ético para arriesgar nuevas vidas en la búsqueda de cadáveres”, expuso el funcionario en un comunicado en 2011.

Con esta determinación, la esperanza porque el Gobierno ordenara el rescate de cuerpos concluyó.

IV

MINA, SIEMPRE UN RIESGO

Han pasado cuatro mil 513 días desde la explosión. La Organización Familia Pasta de Conchos sostiene lo dicho desde un principio: “la muerte de los 65 mineros es el resultado de la no contención de los riesgos por parte de la avaricia de la empresas que no quieren invertir en seguridad y por la negligencia del Estado”.

La organización cuenta con un dictamen del Instituto Mexicano del Seguridad Social (IMSS) sobre un programa de seguridad para Pasta de Conchos, en 1999, donde advertía que la alta tasa de accidentes en la mina era muy alta, explica Cristina Auerbar.

Además, las inspecciones realizadas en el año 2000 evidenciaban que la seguridad e higiene en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, ponían en riesgo la salud y la vida de los trabajadores. La empresa no hizo nada al respecto.

“Pasta de Conchos no explotó por una caprichosa acumulación de gas sino porque el sistema de ventilación era insuficiente y sólo necesitaba una chispa de los equipos eléctricos utilizados en la mina”, asevera Familia Pasta de Conchos en el informe Carbón Rojo publicado a inicios de 2018.

El estudio muestra testimonios de mineros del segundo turno y de sobrevivientes del tercer turno, quienes ese día reportaron problemas técnicos y la acumulación de mucho gas. Pero sus avisos fueron ignorados.

Héctor Leija, uno de los trabajadores del segundo turno narró a la OFPC: «Ese día estaban dañados el malacate y los telesillas, así que bajamos a pie hasta nuestro lugar de trabajo. [….]el shuttle car, que estaba ponchado. […] Las locomotoras 1 y 2 estaban dañadas (una dentro de la mina y la otra afuera), así que no había como sacar el carbón. Cuando terminó mi turno y salí de la mina, reporté verbalmente a los mecánicos del turno de tercera todos los problemas que habíamos tenido y que, además, se había reportado que había mucho gas. Me fui seguro de que no bajarían. Fue la última vez que los vi”.

Hervey Flores, un sobreviviente, confirmó: “ese día todo estaba mal. Bajamos a pie porque ni los telesillas servían. Habíamos acordado con los compañeros que nos saldríamos a las 4 de la mañana si no ponían remedio. No llegamos, la explosión llegó antes”, muestra el testimonio recogido por OFPC en el análisis de este año.

La primera vez que un contingente de familiares de Pasta de Conchos acudió a la Ciudad de México se registró el 3 de marzo de 2006, días después de la explosión. Los parientes entregaron una Reclamación a la sede de la Organización Internacional del Trabajo en donde acusaban al Gobierno de violar convenios internacionales.

V

CUANDO LA ESPERANZA SE AVIVA

El veterano minero Jesús Cárdenas González por un momento pensó que la enfermedad de su hijo Antonio Cárdenas Limón, quién estaba incapacitado por altos niveles de ácido úrico en una de sus piernas, lo habría salvado de la tragedia. Pronto se daría cuenta de lo equivocado que estaba.

Ese domingo rojo en Coahuila, el minero jubilado desayunaba cuando escuchó en las noticias sobre la explosión de la mina de Pasta de Conchos. Le dijo a su esposa, la señora Paula Limón que iría a avisar a su hijo de lo ocurrido.

Salió de su casa, caminó unos metros hasta la vivienda de su vástago -el menor de tres-, tocó la puerta y su nuera le abrió. El padre expresó que quería notificarle a su hijo del estallido en la mina cuando, para su sorpresa, la mujer le respondió que Toño estaba allí.

El joven operador de mina tenía tres hijos: dos niñas y un niño. La pobreza y la necesidad lo orilló a desobedecer las recomendaciones de su padre, y la noche del sábado se fue a trabajar pese a la incapacidad.

“Como tenía a las chamacas en la escuela se me fue de tercera, yo no sabía, ni mi señora. Se fue a trabajar. Y ahí se quedó mijo», explica el adulto mayor.

Don Jesús perdió a uno de sus dos descendientes y por poco se quedaba sin los dos. Su hijo mayor trabajó en el segundo turno y le ofreció a Toño doblar; pero su hermano no se lo permitió.

***

Las manos huesudas y rasposas de Don Jesús tiran de las riendas de la yegua que jala la carreta de madera color verde que lo lleva a los poblados aledaños de El Naranjo Sauceda, a la ciudad de Palaú o a Nueva Rosita, en Coahuila.

El veterano minero recién llega de comprar despensa y desde su carreta se dispone a platicar.

El padre de José Antonio Cárdenas, uno de los 65 mineros atrapados, trabajó 37 años en las minas. Ahí sufrió tres accidentes graves. Explica que la escasez de opciones y oportunidades obligaba a los pobladores sin estudios a laborar en el sector metalúrgico sin detenerse a considerar los riesgos.

–En la mina tienes que ir a trabajar a donde te manden; donde hay peligro o no hay. Cuando hay un accidente, pues si te toca … ni modo, porque la ley de la vida es así: por delante va la necesidad– expresa convencido.

Los rayos de sol se escabullen entre las hojas de los árboles y alcanzan la frente de Don Jesús. El viejo se levanta la cachucha y se seca el sudor de la frente. Se vuelve a colocar su gorra gris desgastada y añade:

–Yo me jubilé hace muchos años, pero sigo trabajando en la labor de mi hijo. Cuando comenzaron las minas aquí yo empecé a trabajar ahí. Iba a pie, a caballo; en bicicleta, no importaba si estaba lloviendo tronando; pero ¿qué hacía? uno tiene que trabajar – dice.

Para don Jesús sus días de minero terminaron desde años.

El hombre de voz alta y oído gastado, hace una pausa. Con su mano se señala la pierna derecha.

–Aquí traigo unos tornillos, aquí tengo un 47 marcado.

Luego enseña su brazo izquierdo:

–Acá traigo unos clavos– Y acá atrás me pusieron quién sabe qué– agrega mientras da un ligero giro para mostrar la espalda.

Ninguna de las heridas que muestra le duele tanto como la pérdida de su hijo. El recuerdo lo mantiene vivo, trabajando la tierra que era del joven minero y que espera que algún día pueda recuperar.

El viejo minero mira al horizonte. Su mirada se ensombrece.

–Yo me hago cargo de la  tierra de Toño […] ahí tengo su montura, tengo sus caballos, todavía tenemos unos animalitos; tenemos la labor que dejó mijo, que era de él. Nunca he vendido nada de lo de él–
Doña Paula, la esposa de Don Jesús, se sienta en una silla de madera bajo un árbol.

La madre del obrero señala que el único deseo es que rescaten a su descendiente. “Para tener donde llevarle flores. Donde llorarle”, dice.

La admisibilidad de la CIDH ha dado un nuevo respiro a las familias y una ligera esperanza.

Aunque saben que es un proceso largo asocian el logro con la posibilidad de que sus parientes les sean entregados.

– Ojalá que haya el rescate. Sí quisiera saber dónde se quedó mijo. Cuando menos que nos lo regresen sus restos enteros o hechos pedazos, pero primeramente queremos que haiga (sic) rescate porque nosotros no tenemos ninguna misión de nada, no queremos dinero, los padres no queremos dinero sólo queremos saber dónde está- afirma Don Jesús.

***

Don Jesús y su familia viven en el Ejido Sauceda del Naranjo, una pequeña localidad en Palaú, municipio de Sabinas, Coahuila, con una población de 220 habitantes.

La ranchería cuenta con no más de sesenta casas construidas con trozos de madera, troncos de árboles, cartones, y con techos de lámina cubiertos con plástico.
Sólo con carretas, bicicletas, automóviles ó a caballo se puede acceder al caserío ubicado a espaldas de un pasivo ambiental del lavadero de Palaú. Para llegar, hay que circular por una brecha lodosa entre “montañas” de desechos tóxicos de carbón.

En temporada de lluvias, los ejidatarios quedan casi incomunicados: los charcos negros se acrecientan e impiden que puedan cruzar. Sólo los camiones de volteo de la mina o camionetas 4×4 -a las que evidente no tienen acceso los ejidatarios- pueden transitar por el fangoso camino.

La compañía Altos Hornos de México abrió una mina cielo abierto cerca del Ejido Sauceda del Naranjo, donde vive Don Jesús. La mina ha provocado  afectaciones en el poblado. Ejemplo de ello: la pérdida de agua en las norias de los ejidatarios, entre ellas, la que dejó Toño y que ahora cuida su padre.

Los pobladores  denunciaron a la empresa ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa) tras las afectaciones en sus fincas por los explosivos que utiliza la mina. Sin embargo, la empresa se ha negado a  resarcir los daños.

De acuerdo al informe Carbón Rojo de OFPC, la compañía  –en una carta remitida el 29 de julio de 2014– condicionó el pago de daños a cambio de que la Asamblea del Ejido Sauceda del Naranjo reconozca a la compañía como “avecinados del ejido”. La Asamblea se negó y “entonces la empresa no asume la responsabilidad de los daños en las viviendas”

Sobre la denuncia interpuesta, la Profepa abrió la investigación, pero hasta el momento no hay avances.

Además, la  población de La Sauceda junto con los habitantes de Palaú tienen que enfrentar el desgaste que dejan los desechos de la Lavadora de carbón.

Esa planta fue instalada a inicios del siglo pasado con la finalidad de  proporcionar energía eléctrica a la población.

Sin embargo con el paso del tiempo su  propósito cambió al giro siderúrgicos, es decir, que dejó de prestar un servicio al poblado y los habitantes solo se quedaron con las consecuencias, las afectaciones –en sus  patrimonios y salud– por el pasivo ambiental.  Además, son los ciudadanos quienes subsidian el negocio porque son ellos los que tienen que  pagar con su dinero las consultas al doctor,  medicamentos, tienen que invertir horas de su tiempo en limpiar y limpiar el polvo, explica Cristina Auerbach Benavides, coordinadora de Pasta de Conchos.

VI

A LA ESPERA DEL RESCATE

«Tú eres fuerte y tú vas a seguir adelante hasta que rescaten a nuestro hijo. Yo quisiera irme y saber que me lo rescataron; pero no”, fueron las palabras de Raúl Villasana a su esposa Trinidad Cantú Cortés, una tarde de 2017, poco antes de morir.

Raúl Villasana era un minero jubilado en Coahuila que se destacó desde 2006 por luchar, junto con decenas de familias, por el rescate de los mineros. Allí, en ese socavón que se tragó a 65 hombres, sigue su hijo Raúl Villasana Cantú.

Don Raúl murió esperando el rescate.

Trinidad Cantú, esposa y madre, es una mujer adulto mayor de voz serena y trato afable. Sus pequeñas y gruesas piernas dan pasos cortos y lentos, pero no han dejado de caminar buscando justicia desde 2006.

«Mi esposo nunca asimiló la pérdida. A él le dolió tanto que en 2010 le pegó un infarto. Él quería que se rescatara de una vez a su hijo, que se lo entregaran para que él pudiera estar tranquilo. Después del infarto se desató una bola de enfermedades que ya no se pudieron parar”, comenta.

“Doña Trini”, como le dicen de cariño familiares y activistas, estaba dedicada a sus hijos y a su casa, ubicada en la colonia Rovirosa de Nueva Rosita, Coahuila, antes de la tragedia. Justo cerca del pasivo ambiental de Nueva Rosita.

“Yo no salía a nada, porque mi esposo es el que todo acarreaba”.

Trinidad comenta que el día de la explosión, ella y su marido creían que en ese mismo momento iban a rescatar a los mineros: “Pero pasaron las horas, los días… Nosotros seguíamos ahí plantados, sin movernos. No queríamos movernos porque decíamos que si los recataban no nos vamos a dar cuenta. Entonces los días fueron pasando y no teníamos nada”.

Los afectados confiaron en que  Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos iba hacer todo lo posible por rescatarlos. Esa fue justo una de sus primeras decepciones: pasaron los días, meses, un año; el rescate se suspendió y el sindicato no los defendió, relata la mujer.

A viudas, padres y hermanos de las víctimas les argumentaron que la explosión de Pasta de Conchos fue tan grande que los restos estaban totalmente desechos, pero la versión no tenía ningún sustento, dice Doña Trini. Ella y Don Raúl no lo aceptaron. Menos cuando sacaron a los dos únicos mineros rescatados: sus cuerpos no estaban calcinados.

“Yo sé que fueron muchas mentiras de la empresa porque mi esposo, que permanecía ahí en boca mina, se empezaba a dar cuenta que todo el material que sacaban de abajo de la mina no salía quemado. Yo le decía a mi esposo, ‘si no están quemados los tablones, las tablas y todo..¿ entonces que es lo que pasó, y porque no nos dicen?’”.

Cerca de 30 familias continuaban a las afueras de la mina cuando recibieron la noticia de la suspensión del rescate. Trinidad cita las palabras que escuchó en esa ocasión: “Aquí no hay rescate. Suban, brinquen, súbanse a la chimenea, pataleen, hagan lo que ustedes quieran; aquí no hay rescate”.

La madre, entre lagrimas, enfatiza: “Eso nos dolió tanto porque ¿cómo para trabajar la empresa, para hacerla rica como sí los exponen a tanta inseguridad y para sacarlos no?”.

El 30 de diciembre de 2008, la CNDH emitió la segunda recomendación en donde resuelve que se violaron los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica. Además se violentó el ejercicio indebido de la función pública atribuible a servidores públicos de la Procuraduría General de la República y en perjuicio de las familiares.

VII  

LOS MALDITOS 12 AÑOS

El pago de pensiones a las viudas de los mineros fue tramitado por el entonces Gobernador Humberto Moreira Valdés y Javier Lozano Alarcón antes de cumplirse el primer año del siniestro.
Moreira emitió las actas de defunción por “politraumatizado súbito, explosión en interior de mina súbito y derrumbe en interior de mina súbito”, como causa de muerte – aún sin saberla.

La fecha de muerte declarada en las actas que tramitó Moreira es el 19 de febrero. Esto provocó que el salario triple que dieron a las familias desde el siniestro no fuera válido a la otra de determinar la pensión, pues al declarar la muerte en esa fecha, se estableció la pensión con base al salario que tenían el día de la explosión.

Jorge Bladimir, esposo de Elvira, era los 25 sindicalizados, tenía un salario de 93.50 pesos. Sin embargo los 36 obreros que estaban bajo el contratista General de Hulla recibían solo 80 pesos por jornada laboral. Por lo tanto, las pensiones que recibieron las viudas fueron diferentes y con el ese pago mínimo.

Cristina Auerbar Benavides cuenta que la empresa minera entregó a viudas la  cantidad 750 mil pesos bajo el concepto de “ayuda humanitaria”. Ese dinero, si bien ayudó a las mujeres, y –aunque podría pensarse que es una fuerte suma, en contraste con la pobreza de las víctimas–, realmente no cubría el costo de una indemnización ni reparación del daño como marcaría la ley, según explica la activista.

La organización Familia Pasta de Conchos también lucha porque a las familias las  indemnicen y se les repare del daño como lo marca la Ley, porque es  responsabilidad de la empresa, advierte su directora.

La  compañía se encargó de dividir a familias y rescatistas a lo largo de los doce años. Fermín González,  superintendente de la mina Pasta de Conchos de Grupo México, entregó a los rescatistas la cantidad de 50 mil pesos bajo el concepto de “compensación”. A los rescatistas se les dijo que era un “reconocimiento”, pero Grupo México corrió la voz de que les pagaron a los rescatistas y ellos ya no  quisieron seguir el con el rescate, expone uno de los testimonios recogidos en el informe Carbón Rojo de OFPC 2018.

Los pobladores reprocharon y criticaron a los rescatistas. Algunos, que eran amigos y vecinos, les retiraron el saludo e incluso no faltaba quien los  insultara.  Las relaciones se fragmentaron.

Los rescatistas, quienes también son pobres como los mineros, trataron de regresar el dinero  “maldito”, como lo llamaban, pero la empresa no  aceptó.  Con el paso del tiempo, la directora de OFPC ha promovido la reconciliación.

En 2013, Cristina Auerbach Benavides fue reconocida por Secretaría del Trabajo como experta en minería. El  nombramiento le dio facultades a la  defensora para entrar a las minas en las inspecciones de la Secretaría del Trabajo.

Desde que la directora de OFPC entra a las inspecciones, las defunciones de mineros cayeron 84 por ciento, pues pasaron de 25 fallecidos reportados en el 2012, -año en que Javier Lozano renunció al cargo para buscar una candidatura, – a 4 muertos. Esta cifra se ha mantenido como promedi desde el 2013,  salvo en el 2014 que subió a cinco mineros fallecidos. En el 215, 2016 y 2017, la OFPC reporta cuatro fallecidos por año.

Grupo México jamás ha sido sancionada por la muerte de los 65 trabajadores en Pasta de Conchos. “El caso permanece impune, pues ningún funcionario ha sido sancionado penalmente, aun cuando el propio Estado omitió garantizar que diversas fallas de seguridad detectadas en la mina antes del siniestro se subsanaran, como lo documentó la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Recomendación 26/2006”, explicó la CIDH en febrero de 2018 al admitir el caso.

 

VIII

POR EL RESCATE 

Cristina camina entre los negros parajes del carbón para llegar a las oscuras montañas de los pasivos ambientales. El cúmulo de los desechos asemeja a uno de los oscuros paisajes descritos por J. R. R. Tolkien.

Asertiva y muy directa, la activista conoce la carbonera como la palma de su mano. Lo demuestra al responder y describir la región tan rápido y preciso como un experimentado vaquero del viejo oeste desenfundando su pistola en un duelo a muerte.

La defensora de derechos humanos, integrante de la Pastoral Laboral, da acompañamiento y coordina la Organización Familia Pasta de Conchos desde el 2006, tras el siniestro.

En el 2011 se mudó a Barroterán,- un pueblo de no más de 8 mil habitantes, ubicado en el municipio de  Múzquiz –  para dedicarse de lleno a defender a las familias no solo de Pasta de Conchos, sino a la región por  el alarmante  incremento de obreros fallecidos en minas en ese tiempo.

Al menos 28 trabajadores fallecieron en minas de la región  carbonífera  durante el 2011,  9 personas más que en el 2010 –con 17 decesos–, y 20 más que en el 2009, -con 8 muertos- y 24 más que en el 2008, -que registró 4 muertos-.

Se estima que en los pueblos de la región Carbonífera se mueven alrededor de 9 mil millones de pesos al año, tan sólo del carbón que se vende a la CFE; sin embargo, sus pobladores no ven esos beneficios del “desarrollo”.

El trato de la defensora con las viudas es efusivo, franco y dicharachero. Los doce años han fincado firmes amistades. Con jovialidad y bromas, Cristina aborda la tragedia del carbón. No queda de otra, la risa irónica es necesaria para liberar la tensión del funesto tema per sé.

Cristina explica la importancia del rescate de los mineros para sus familias.

«En la cultura está la idea de que el carbón es de las empresas o del Estado, la riqueza es para los dueños de las empresas y para el Estado. Lo único que tienen las familias es al propio familiar, entonces para ellos es inadmisible, ¡inadmisible! -recalca- que la empresa se quede con los restos […], Entonces, la disputa desde el primer día hasta hoy, mañana y siempre van a ser los restos de Pasta de conchos”.

En la región carbonífera han ocurrido 310 eventos mortales desde 1900. La organización Familia Pasta de Conchos ha documentado 3 mil 103 muertes. Casi todos los cuerpos han sido rescatados, solo en dos explosiones no. Las dos son minas Grupo México.

El tema de los muertos de las minas es muy sensible en la cultura de la región, expone.

Para la defensora, Pasta de Conchos no sólo simboliza la tragedia de la minería del carbón, sino que  también muestra el resultado de las Reformas -Laboral y Energética- y la desprotección en la que quedan los trabajadores a través de éstas: las malas condiciones de seguridad, de seguro social, entre otros.

“Refleja todo. Yo creo que Pasta de Conchos en un crisol: por donde te asomes ves parte del drama nacional”, apunta.

Sobre la admisibilidad de la CIDH, Auerbach Benavides comenta que tanto las familias, la empresa y el mismo Estado entraron en shock.

“Todos estamos en pausa, asimilando la noticia. Evidentemente  hay reacciones en Facebook, por la cantidad de gente que nos está buscando, que no firmó [cuando se presentó la petición], y ahora están enojada, temen que se vayan a quedar fuera. Eso te habla de que va haber un boom aquí, solo se necesita tiempo para irlo asimilando”, detalla.

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Grupo México dejó Nueva Rosita y la región el año pasado:  “En  diciembre anunciaron que van apagar las plantas y se van de aquí.  Entonces ahora ya se van a dejar y van a dejar todo el tiradero. A ver, ¿cómo  que se van?,  ¿Dónde están las autoridades para decir, no se pueden ir así nomás, sin resarcir el daño”, cuestiona la derechohumanista.

Las familias visualizan y asocian el rescate con la entrega de sus cuerpos, en cambio, para la activista “el rescate” va más allá:

Auerbach Benavides  busca que el Estado mexicano sea juzgado, y que se le obligue a castigar a las empresas, a que estas detengan y establezcan una solución a los pasivos ambientales.

En Nueva Rosita y Palaú,  la basura ecológica  se encuentran entre las casas, parques deportivos y lugares de esparcimiento, que dicho sea de paso, fueron colocados por las autoridades en conjunto con la empresa y todavía, los anunciaron, con bombo y platillo.

Pobladores de la  carbonífera enfrentan enfermedades respiratorias, entre las más comunes asma; pero en la región no hay ningún especialista en la materia.

La postal es irrisoria pero real: la cancha de beisbol en Nueva Rosita es dividida del pasivo ambiental, a menos de 30 metros, sólo por una pequeña barda con la leyenda “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Cristina dice que la gente de Palaú “normalizó” esta violencia ambiental puesto que ya estaba desde que nació. Sin embargo una de las metas de OFPC es abatirla.

«Lo único ‘bueno’ –por así decirlo– de que no se hicieran el rescate de Pasta de  Conchos, es que los medios han volteado a ver la región. Si se hubiera hecho el rescate –como  debió haber sucedido– posiblemente nosotros no estaríamos aquí. No habría organización Familia Pasta de Conchos y la sociedad no  hubiera volteado a ver lo que pasa en la carbonífera. Yo creo que  lo que empezó como un no rescate en una mina terminó siendo el rescate de toda una región”.

La asociación civil tendrá que entregar, para finales de julio, observaciones y un informe detallado sobre Pasta de Conchos para que la Comisión Interamericana elabore  el Informe de Fondo.

La activista detalló el Informe de la CIDH marcará un precedente, pues será la primera vez que se enjuicie al Estado por daños de la minería.

“Así como Pasta de Conchos se volvió una ventana para la región carbonífera creo que este informe de fondo de la CIDH va a servir de ventana para lo que han vivido y sufrido los mineros en México”, añade.

Y finalizó: “Van a tener que hacer ese rescate,  tarde o temprano lo van a tener que hacer, pero van a tener que rescatar ahora toda la  zona  carbonífera  porque se le ha dado un uso social a esta región  dejando en  condiciones infrahumanas a miles de personas enfermas, mutiladas y muertas en las minas sin derecho a nada”.