En el huracán de inseguridad en el país, la violencia política es más «cruda» contra las mujeres, alertó el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Además de los asesinatos y agresiones, las candidatas deben enfrentar obstáculos estructurales que incluyen violencia psicológica o verbal, cuidar su tipo de vestimenta, ser cuestionadas por su capacidad para ejercer el cargo o lidiar con su vida familiar-laboral.
Aunque el protocolo del Tribunal Electoral determina que la violencia política de género se debe denunciar ante la Fepade, las víctimas también han presentado señalamiento en otras instancias por lo que las cifras de casos no son exactas, precisó el ILSB, el cual llamó a las autoridades a ser estrictas en sanciones y no revictimizar.
«La idea es que esta igualdad pase a dejar de ser numérica y pase a ser sustantiva en términos de liderazgos femeninos, posturas en los puestos, y toma de decisiones en los cargos de alto nivel», aseguró Ana Joaquina Ruiz, del ILSB.
En el caso de las mujeres aspirantes con vínculos familiares o sentimentales, el organismo civil no lo considera violencia política ya que el nepotismo se registra en ambos géneros, pero urgió a usar los recursos en capacitación de liderazgo para formar a las candidatas que estén interesadas en el cargo.
Ciudad de México, 10 junio (SinEmbargo).– Este proceso electoral ha sido el más violento de la historia del país, de acuerdo con el indicador de la consultora Etellekt. Del inicio hasta el 2 de junio, 110 políticos y candidatos han sido asesinados, y las 382 agresiones globales se han registrado en 31 entidades y 252 municipios, sobre todo en Guerrero (23), Oaxaca (19), Puebla (13), Veracruz (8) y Estado de México (7). Sin embargo, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) destacó que la violencia política es particularmente «cruda» contra las mujeres por lo que urgió a las autoridades a no permitir la impunidad ni doble victimización.
El viernes pasado por la noche, además, Fernando Purón Johnston, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Diputado federal por el Distrito 1 de Coahuila, fue asesinado con un balazo en la cabeza, luego de asistir a un debate en la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
Las cifras de la consultora Etellekt revelan que 15 mujeres han sido asesinadas durante estas elecciones y del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril de este año han ocurrido 33 casos de agresiones contra mujeres políticas, la mayoría de ellas (24) aspirantes y candidatas. El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que de diciembre de 2017 a la fecha se han registrado 19 asesinatos (13 hombres y 6 mujeres) de precandidatos y candidatos. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) reporta que de 2016 a la fecha se han denunciado 200 casos de violencia política contra mujeres.
La investigadora Ana Joaquina Ruiz precisó que las cifras varían porque las denuncias se presentan en distintas instancias como la Procuraduría General de Justicia (PGR), gobiernos estatales o Consejos locales, a pesar de que el protocolo del Tribunal Electoral en matera de violencia política de género señala que debe ser ante la Fepade.
«Si las mujeres consideran que hay una violencia política por razón de género deberían ir a la Fepade, pero el contexto de violencia en el país ha ido escalando contra hombres y mujeres, por lo que también procede la PGR», dijo. «Ahí está el vacío de las instituciones que deben de seguir estos casos».
Además expuso sobre el riesgo de doble victimización al cuestionar a las mujeres sobre su denuncia en razón de género y no procederlas. «Cuando las instancias que deberían tomar acción para evitar la violencia contra las mujeres no les creen, las revictimizan; son doblemente enjuiciadas», advirtió. Ejemplificó con Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado, señalada de «secuestradora» reiteradamente por el candidato priista José Antonio Meade a pesar de haber sido absuelta de los cargos y existir un informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria que concluye que el Estado mexicano violó sus derechos humanos.
En el caso de la identidad de género y orientación sexual de las mujeres candidatas, también hay doble victimización cuando en el discurso público deben luchar contra los señalamientos y mostrar su valía, agregó Ruiz.
En mayo, 17 de 19 aspirantes para ser candidatas a cargos de elección popular en Oaxaca simularon tener la identidad trans para lograr la paridad de género que la ley electoral exige a los partidos. En el estado sureño las mujeres muxe «el tercer género» son parte de la tradición. Luego de la denuncia, la autoridad electoral estatal suspendió las 17 candidaturas registradas.
LA CUOTA DE GÉNERO
Con el fin de evitar el predominio de un solo género en la esfera política, las leyes electorales determinan que es obligación de los partidos políticos promover la paridad de género en candidaturas, destinar el 3 por ciento de su gasto ordinario para capacitar a mujeres y el Consejo General del Instituto está facultado para rechazar el registro de las candidaturas que no respeten el principio de paridad de género. «Las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones», determinó el Instituto Nacional Electoral (INE).
No obstante, «la idea es que esta igualdad pase a dejar de ser numérica y pase a ser sustantiva en términos de liderazgos femeninos, posturas en los puestos, y toma de decisiones en los cargos de alto nivel», aseguró Ana Joaquina Ruiz, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).
Esta organización feminista ha enfatizado con anterioridad que al contexto de violencia en México se suman los obstáculos para que las mujeres accedan a cargos públicos y a la vida política. Estos no solo son de autoselección (ellas mismas deciden no hacerlo), sino también estructurales: hay barreras institucionales y sociales que impiden que las mujeres accedan al poder.
«En México, a pesar del avance normativo para que cada vez más mujeres formen parte de la vida pública nacional, las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres han generado graves obstáculos para que las mujeres puedan ejercer su derecho a la participación política. Muestra de ello es la poca representación en los puestos de mayor nivel de decisión nacional», manifestó la organización en un comunicado.
A nivel federal, sólo cinco mujeres han participado en cargos de Secretarias de Estado durante este sexenio. Es el caso de Claudia Ruiz Massieu Salinas (SRE), Rosario Robles Berlanga (Sedesol/Sedatu), Arely Gómez González (SFP), Mercedes Juan López (Salud) y María Cristina García Cepeda (Cultura). En las gubernaturas de las entidades federativas, sólo Claudia Pavlovich de Sonora es Gobernadora, y en los últimos 20 años sólo se han registrado seis mandatarias estatales.
Ana Joaquina Ruiz del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir afirmó que hay «muchos estereotipos y juicios» en torno a las mujeres en donde se les exige más que a los hombres. Entre esas barreras figuran la forma de vestir, el poner en duda su capacidad para ejercer un cargo, así como tener que probar mucho más su valor y conciliar la vida familiar y laboral.
«Las mujeres tiene que probar mucho más su valor frente a los cargos a los que se enfrentan. Además las mujeres se enfrentan a cuestionamientos dentro de su propio partido y si denuncian o construyen agenda, puede ser que ya no les permitan ascender», dijo Ruiz. «A esta violencia estructural, que se transforma en violencia simbólica o en violencia en el discurso, estamos muy acostumbradas y es difícil que nosotros la veamos e incide en nuestra autopercepción para el ejercicio de un cargo; muchas no se sienten capaces».
El ILSB ha detectado que si las mujeres políticas luchan por la igualdad y equidad de género «se les etiqueta» y relega, pues deben estar en la línea de su partido político, aseguró la investigadora Ana Joaquina Ruiz.
NEPOTISMO PAREJO
En el caso de las mujeres aspirantes que tienen vínculos familiares o sentimentales con políticos, Ana Joaquina Ruiz del Instituto explicó que no es violencia política de género, porque el nepotismo y compadrazgo ocurre en toda la esfera política, pero es necesario invertir en capacitación y formación de liderazgos femeninos para evitar que se crea que no hay mujeres capacitadas «y poner a la primera que se nos pase en frente» o colocar «más afines» a la dirigencia.
«Es importante que las mujeres accedan a los cargos políticos. Nos parece terrible que los partidos políticos no estén gestionando sus presupuestos para la formación de liderazgos en el sentido de que deberían estar invirtiendo en ello», expuso. «Esta figura de que primas, esposas están ascendiendo a cargos no es excluyente de las mujeres. En el caso de los hombres también hay nepotismo y compadrazgos de grupos».
Entre los casos mediáticos está la ex candidata presidencial independiente Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, o la candidata del Frente a la gubernatura de Puebla, Martha Erika Alonso, esposa del ex mandatario Rafael Moreno Valle.
Otro ejemplo es Melissa Torres Sandoval, licenciada en administración y tenista profesional postulada como Diputada local por la vía plurinomal en Morelos. Es la esposa del candidato a la gubernatura de Morelos por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rodrigo Gayosso, a su vez hijastro del Gobernador Graco Ramírez Abreu.
En Jalisco, reportó la prensa local, los líderes partidistas aseguraron que se elegirán a las mujeres mejor capacitadas, con trayectoria y que estén interesadas en participar en los procesos.
VIOLENCIA PSICOLÓGICA O VERBAL
En Oaxaca, un grupo de mujeres de diferentes partidos políticos conformó un bloque para defenderse de la violencia de género sin importar su color de militancia. Destacaron que la violencia política contra ellas también es un asunto del Estado, llamaron a acudir a las instancias a denunciar y demandaron a las autoridades que vigilen y sancionen.
La organización feminista ILSB explica que existe violencia política psicológica y verbal contra las mujeres en razón de género cuando el acto u omisión tiene un impacto diferenciado y desventajoso y/o las afecta desproporcionadamente; cuando tiene por objeto menoscabar o anular el reconocimiento de sus derechos político-electorales; cuando ocurre en el ejercicio de derechos político-electorales o en el ejercicio de un cargo público; o cuando es perpetrado por integrantes o aspirantes de partidos político, servidores públicos, autoridades gubernamentales, representantes de medios de comunicación, el Estado o sus agentes.
«Ojalá que las instituciones se pronuncien y sean estrictas; que hagan cumplir los protocolos de igualdad de género y violencia política del Tribunal Electoral. Lo que nos preocupa es que estos discursos se empiezan a hacer naturales y las mujeres deben de luchar no solo por el acceso al poder sino por probar su valía», dijo Ana Joaquina Ruiz, también integrante del ILSB.
Durante este proceso, entre otros, han ocurrido los casos de las aspirantes Violeta Lagunes y Nancy de la Sierra, en Puebla; Susana Harp en Oaxaca (que interpuso una denuncia ante la Fepade), y Patricia Azcagorta Vega, en Sonora.
El periodista Fabián Gómez Fernández atacó a la precandidata de Morena a la Alcaldía de Puebla, Violeta Lagunes, en una videocolumna publicada en febrero. La calificó como «golfa», «violenta» por aventar una lata de refresco contra un Diputado del Congrero y «promiscua» por militar en diversos partidos políticos. La señaló por «vomitar estupideces» y dijo que «tiene nombre de fichera de antro de mala muerte».
«Hoy esa golfa se tiene que conformar con lo que le tiran sus eternos enamorados. Le dicen: ‘empínate al suelo'», concluyó el comunicador.
Además del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, la Red Plural de Mujeres también alertó que se trató de violencia política de género. Consultado por SinEmbargo, el periodista poblano respondió por Twitter: «Me pronunciaré cuando la autoridad emita su fallo final, gracias por tu interés».
Asimismo, este comunicador local ha señalado a Nancy de la Sierra, candidata de «Juntos haremos Historia» al Senado de la República. A finales de abril, Nancy y su esposo el político de Cholula José Juan Espinoza acudieron al cine. Cuando ella salió del baño, narró a la prensa estatal, vio a tres hombres jaloneando a José Juan, entre ellos el periodista Fabián Gómez que alegó el robo de un celular.
«Qué se puede esperar de quien es ahijada de Mario Marín [ex Gobernador de Puebla], esposa de un cobarde y candidata de un ser enfermo de poder! Hace política barata porque no tiene argumentos. En Fiscalía que demuestre lo contrario q yo demostraré el robo q hizo Juan (sic)», tuiteó Gómez.
En abril, la candidata al Senado por Morena y cantante Susana Harp interpuso una denuncia por violencia de género ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional Electoral (INE) contra dos personas que la atacaron en redes sociales por ser mujer: el politólogo Guillermo Pérezpeña y Jorge Alfredo Brena Jiménez, consejero del INE en el distrito ocho. Pérezpeña tuiteó que «en México hay tres clases de basura: orgánica, inorgánica y electoral», frase que fue acompañada con la imagen de Harp, y que el Consejero retuiteó.
En enero, la precandidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Caborca, Patricia Azcagorta, acusó que fue víctima de violencia política de género, luego de ser vinculada en un video con la imagen de una actriz porno. Pidió investigar el origen de las imágenes.
