Pymes reclaman trato igual que el de súper ricos: damos 72% del empleo, y nos castigan más y más

El Consejo Mexicano de Negocios, la élite empresarial del país compuesta por unas 50 empresas, se reunió en directo con los cuatro candidatos presidenciales para exponerles su agenda de seguridad, justicia, igualdad, gobiernos eficientes y transparentes, y un México sustentable.

Pero las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan 7 de cada 10 empleos formales y aportan el 52 por ciento del PIB, también tienen demandas. En entrevista, los representantes de la Asociación Latinoamericana de MiPymes y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes expusieron la urgencia de que el siguiente gobierno les garantice un trato igual que a los grandes empresarios en cuanto a créditos, fondos o contratos públicos y pago de impuestos, así como combatir la corrupción para destrabar el estancado crecimiento económico.

«Todos esos miles de millones de pesos que existen en programas públicos –hay más de 90 mil millones de pesos al año por el servicio fiscal– que realmente se derramen a la micro y mediana empresa, al esquema de emprendedores, a aquel estudiante o profesional que acaba de salir y no tiene dónde trabajar. Que se le incentive para crear negocio y tenga su propio sustento en lugar de que esos programas se los lleven a fondos públicos los grandes empresarios», requirió el representante de la Alampyme, Alejandro Salcedo Pacheco

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– Las micro, pequeñas y medianas empresas exigieron al nuevo gobierno, que administrará al país de 2018 a 2024, un trato equitativo respecto al recibido por la cúpula empresarial con el reparto de fondos públicos, contratos del gobierno, acceso a créditos y el pago de impuestos para que la planta productiva nacional pueda reactivarse. Además, pidieron garantizar el poder de compra de los ciudadanos para reactivar el consumo interno, así como el de ventas en un clima de violencia, corrupción y extorsión a negocios.

Las más de 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas generan el 72 por ciento del empleo formal y aportan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En México hay más de 4.1 millones de microempresas que aportan el 41.8 por ciento del empleo total. Las pequeñas suman 174 mil 800 y representan 15.3 por ciento de empleabilidad, y las medianas llegan a 34 mil 960 y generan 15.9 por ciento del empleo.

«Todos esos miles de millones de pesos que existen en programas públicos –hay más de 90 mil millones de pesos al año por el servicio fiscal– que realmente se derramen a la micro y mediana empresa, al esquema de emprendedores, a aquel estudiante o profesional que acaba de salir y no tiene dónde trabajar. Que se le incentive para crear negocio y tenga su propio sustento en lugar de que esos programas se los lleven a fondos públicos los grandes empresarios», requirió el representante de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme), Alejandro Salcedo Pacheco. «Eso no lo dicen. Son beneficiados de programas públicos que son destinados para las micro y pequeñas empresas. Mañosamente con las reglas de operación reciben millonarios fondos», reiteró.

Los organismos de la élite empresarial, que enviaron desplegados sobre reflexión del voto durante mayo, representan el resto de generación de empleos y aportación a la economía. Estos hombres de negocios se aglutinan en el Consejo Coordinador Empresarial, dirigido por Juan Pablo Castañón Castañón. Uno de sus asociados es el Consejo Mexicano de Negocios, compuesto por 50 empresas, cuyos miembros se reunieron en privado con los cuatro candidatos presidenciales y les expusieron su agenda «Visión 2030» sobre seguridad, legalidad, justicia, prosperidad, innovación, igualdad, gobiernos eficientes y transparentes, y un México sustentable.

Hablaron, de acuerdo con un comunicado, sobre la necesidad  de combatir a la corrupción, acelerar el crecimiento económico y generar empleos. Celebraron las reformas que han atraído inversión en las dos últimas décadas y requirieron a los abanderados crear condiciones de certeza jurídica para sus operaciones. Finalmente llamaron a un voto libre e informado.

Por su parte, el dirigente de Alampyme afirmó que enviaron a los candidatos presidenciales sus propuestas para reactivar la planta productiva empresarial, pero solo el equipo de Andrés Manuel López Obrador (Morena-PT-PES) les respondió a través de sus asesores el empresario Alfonso Romo y la coordinadora de campaña Tatiana Clouthier. A Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, no se lo mandaron porque en ese momento el Instituto Nacional Electoral (INE) aún no lo validaba como candidato.

«Los otros ni sus luces, ni siquiera una llamada para ver cuáles eran las inquietudes de las pymes», recriminó. Cuando la cúpula empresarial emitió los desplegados en mayo, este organismo que aglutina 16 mil empresas aseguró que no los representaban.

«Ellos representan un grupo que su tema es de control, son los hombres más ricos del país, pero sus empresas no tienen un mecanismo de integración con el trabajador de manera directa ni socialmente responsables como ellos se denominan», dijo vía telefónica Salcedo Pacheco. «Esto de mandar a llamar a sus trabajadores a no votar por el socialismo y meter terror no va tener una reacción en el empleado porque esas empresas no tienen una responsabilidad social con ellos. Grupo Walmart [parte de la ANTAD del Consejo Coordinador Empresarial] subcontrata a través de outsourcing, no tiene prestaciones directas con el trabajador. Así lo hace Herdez, Cinépolis», acusó.

En el caso de Grupo México, minera del segundo hombre más rico del país, Germán Larrea Mota Velasco, además de la falta de vigilancia y regulación a sus actividades de extracción, en este sexenio de Reformas Hacendaria y Fiscal «pelearon» para que tuvieran un 8 por ciento de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a diferencia de los micro y pequeños empresarios. La tasa de ISR corporativo es de 17.4 por ciento. Asimismo, «están coludidos con la misma autoridad, hacen y deshacen, explotan nuestras tierras y minerales preciosos, pero no pagan impuestos», señaló el presidente de Alampyme.

La minera Buenavista de Grupo México provocó un derrame de tóxicos sobre los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014, lo que afectó el agua y salud de municipios aledaños. Años antes, en febrero de 2006, la mina de Pasta de Conchos también registró un accidente y 69 mineros quedaron enterrados.

El líder empresarial también destacó que el proveedor de estos grandes consorcios es «manipulado» y «manejado a su conveniencia», pues denunció que no les pagan a tiempo si no entre 60 y 90 días a líneas de crédito.

«Como pymes industriales les vendemos, maquinamos o automatizamos algunas líneas de producción, pero las condiciones de pago y trato son voraces. Ellos sí nos exigen que cuando vamos a hacerles mantenimiento a sus grandes consorcios tengamos a los trabajadores con seguridad social porque ellos no quieren cargar si hay un accidente laboral dentro de la empresa, pero ellos no lo hacen con sus propios trabajadores», dijo Salcedo Pacheco.

«Hay condiciones desiguales en el trato comercial, de vinculación con las cadenas de proveeduría, de outsourcing y eso es algo que no lo plantean», afirmó. «Ellos pueden hablar, pero las condiciones reales en una intermediación con sus trabajadores es muy distinta a la que ellos están planteando».

Frente a la actual desigualdad entre el sector empresarial, como pymes también exigió que las derramas de compra del Gobierno federal no sean «a los amigos», sino que haya una integración a las pymes. «Si el gobierno federal y los estatales le invierten a este proyecto con un 15 por ciento de su presupuesto en compras, la reactivación local y nacional sería otra», dijo. SinEmbargo publicó esta semana que Grupo México de Germán Larrea ha recibido 333 concesiones para actividades mineras, de ferrocarriles e infraestructura del sexenio de Carlos Salinas al actual. Su filial Ferromex también contó con contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los pequeños empresarios, añadió Salcedo, necesitan incentivos fiscales como bajar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de manera progresiva, proporcional y equitativa. Por el contrario, existe el esquema de «consolidación», acusó, el cual hace que los grandes empresarios en lugar de pagar impuestos, se los regresen porque declaran «en quiebra» a sus compañías satélite.

«Esas son las desigualdades que necesitamos que se regulen para que la planta productiva local pueda reactivarse», concluyó.

LAS «RENTAS» A NEGOCIOS

Giovanni Medina, pequeño empresario del sector restaurantero en la Ciudad de México, consideró que la administración actual le deja al sector empresarial «una deuda enorme», porque han sido afectados «como nunca antes» por diversos factores como son la inseguridad, la corrupción y la Reforma Fiscal. Eso se suma a la depreciación de un 60 por ciento del peso frente al dólar en este sexenio y los efectos del gasolinazo.

Esa situación, acusó, genera una gran carga que casi imposibilita su labor, al generar pérdidas y desempleo.

«No obstante el aumento en la carga fiscal a este sector, debemos sumar las famosas ‘rentas’ que muchos de nosotros padecemos por parte de la delincuencia organizada, sumado a las distintas extorsiones de las que somos víctimas por parte de las autoridades de todo el país, pero en especial de la CDMX, en donde se ha desatado la corrupción en los últimos cuatro o cinco años, y encima el incremento de los costos debido al precio del dólar y la gasolina», expuso Medina.

Por ello, dijo, la prioridad en el país debe ser terminar con la corrupción. «Es imposible generar condiciones de seguridad para el libre mercado, condiciones de competitividad o de transparencia si no se termina con la corrupción», determinó.

Al igual que la Alampyme, consideró que es importante combatir la corrupción en las asignaciones de recursos públicos y fiscalización. «En lo personal lo considero el remedio a todos los males», afirmó el restaurantero.

UNA NUEVA REFORMA FISCAL

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cifra de personas que viven en situación de pobreza aumentó a 53.4 millones de personas, el salario mínimo mensual está en 2 mil 650 pesos frente al costo de la canasta básica de 2 mil 985 pesos, han habido más de 100 mil homicidios, 35 mil desaparecidos y al menos 40 periodistas asesinados, y el país se ubica entre los países más corruptos de América Latina, destacó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) que genera 2 millones de autoempleos, mantienen a 5 millones y abastecen a 48 por ciento del mercado local.

«Se debe revisar la política económica que operó el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es el que se ha seguido viniendo siguiendo en los últimos 30 años en nuestro país, y cuyo resultado fue llevar a la miseria a más de 60 millones de mexicanos», afirmó Andrei Rivera, uno de sus miembros.

La Reforma Fiscal de 2013 no logró sus objetivos planteados en un ambiente de corrupción que destruyó la confianza del contribuyente, ha reiterado la ANPEC conformada por 95 mil afiliados. La informalidad aumentó de 28 a 30 millones de trabajadores (57 por ciento de la población ocupada) por lo que la base de contribuyentes sigue concentrada en una parte, la evasión fiscal anda en el 2.6 por ciento del PIB y el sistema de facturación electrónica solo digitalizó la burocracia.

«Con el modelo del RIF [Régimen de Incorporación Fiscal] ha habido menos recaudación fiscal al poner más trabas y trámites burocráticos para este régimen, y eso desalienta: aleja al pequeño comerciante para pagar impuestos y no solo hay desigualdad (en pago de impuestos), sino que no logran su objetivo deseado. Veo un divorcio de la idea central de la política con la implementación», afirmó Andrei Rivera.

Cuauhtémoc Rivera, dirigente de la ANPEC, alertó en entrevista que es urgente marcar claramente la agenda económica a los aspirantes a la Presidencia, ya que «México está pasando por una curva muy peligrosa y no podemos estar improvisando; debemos estar muy bien coordinados».

Además de la nueva Reforma Fiscal, el plan debe mejorar las condiciones de seguridad para el traslado y comercialización de productos, así como dirigir la mirada a garantizar el consumo y el poder de compra de los ciudadanos, en el marco de un encarecimiento de bienes y servicios sin un aumento al salario mínimo.

«En el país se ha desatado una ola de inseguridad generalizada. Han habido hackeos bancarios, descarrilamiento de trenes de carga, asaltos a transporte… Esto ha afectado el abasto nacional y lo que ocurre es que se encarecen los precios de los productos», expuso Cuauhtémoc Rivera. «Pedimos al próximo Presidente que garantice el abasto en todo el territorio nacional, es decir, que tengamos condiciones mínimas de seguridad en el traslado de los productos».

También pidió tomar nota que en el último sexenio el poder adquisitivo ha caído 37 por ciento. «Eso se debe subsanar con un incremento al salario [actualmente el mínimo diario está en 88.36 pesos]. Se le debe volver el valor al trabajo, darle poder de compra a las amas de casas y que traigan en sus monederos lo suficiente para comprar lo que sus familias demandan para una vida digna», dijo. «Hemos entendido que si a nuestros clientes les va bien, a nuestros negocios también».

Rivera aseguró que «el que gane nos va a tener que escuchar». Advirtió que el gabinete propuesto por el candidato puntero, Andrés Manuel López Obrador (Morena-PT-PES), se integra por académicos por lo que cuestionó su falta de experiencia en la administración pública.

«Estamos trayendo a gente de la academia que no está en el ejercicio del poder y va a tener una curva de aprendizaje muy larga y vamos a perder tiempo muy valioso en un tiempo muy crítico. Eso nos preocupa», manifestó.

La ANPEC se reunió con la Secretaría de Economía que propone López Obrador, la investigadora del Colegio de México Graciela Márquez Colín, y «está a un año luz de la realidad», consideró su director.

Finalmente Andrei Rivera destacó que la presidencia de Enrique Peña Nieto prometió un crecimiento económico de 5 por ciento, pero hemos crecido en promedio un 2 por ciento. La principal asignatura para salir del estancamiento económico es transparentar y hacer eficiente el gasto público, así como impulsar al Sistema Nacional Anticorrupción.

«El tema de [Donald] Trump sí influyó, pero empezando por la casa el problema de la corrupción no ayudó al crecimiento económico que planteó el Presidente Enrique Peña Nieto y por ende sigue el trabajo mal remunerado con salarios bajos. La política económica a las que estuvo sujeta esta administración tampoco fueron de éxito. El IEPS no llegó a los recursos planteados. Además le prestaron mucha atención a la macroeconomía y descuidaron mucho la microeconomía», consideró en entrevista.

«Hay una desigualdad de percepción muy grande. Los capitanes de empresas están en el esquema de la ganancia y el salario mínimo se discute de forma pero no de fondo, cuando la inflación ya va en aumento y no da para aguantar», agregó. Además criticó que se sigue formando más mano de obra para el sector manufacturero, en vez de apostar por capital humano más actualizado para competir en las nuevas industrias.

Todos los candidatos han hablado de la seguridad y de sacar de la pobreza a la gente, pero Rivera llamó a que no solo sea demagogia «por los tiempos sensibles que estamos viviendo».