Especialistas en diversas disciplinas en Ciencias de la UNAM, así como el Relator de la ONU sobre el Manejo de Sustancias Peligrosas coincidieron en que fue a partir de 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en México detonó la proliferación de industrias extractivas y con ello se instauró también la laxitud de la normatividad para permitirles operar con impunidad, lo que ha puestos sus recursos naturales, principalmente el agua, en un verdadero riesgo.
Raúl García Barrios, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, alertó que el 70 por ciento de los ríos mexicanos está contaminado gravemente por las industrias extractivas, privadas y también por parte de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, lo que tiene al país en una «catástrofe».
Las industrias extractivas son aquellas que se dedican a extraer y explotar los recursos del subsuelo: minerales, gas y petróleo.
Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).– Las industrias extractivas en México, tanto las que administra el Estado como las privadas, han provocado una situación «catastrófica» en los cuerpos de agua, ya que alrededor del 70 por ciento de los ríos presenta contaminación grave, denunciaron especialistas en materia y organizaciones civiles. Además, todo ese deterioro lo han realizado con el permiso y la omisión de funcionarios del Gobierno federal y de las autoridades estatales y municipales, explicaron.
Para el Relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Manejo de Sustancias Peligrosas, Baskut Tuncak, la contaminación es un problema de derechos humanos y en México se ha tornado de graves consecuencias particularmente para los más débiles.
Las industrias extractivas son aquellas que se dedican a extraer y explotar los recursos del subsuelo: minerales, gas y petróleo.
Esas industrias, afirmó el Relator de la ONU, ejercen violencia contra las comunidades, en su mayoría indígenas, al contaminar con químicos tóxicos, ya que las víctimas carecen de acceso a medidas de remediación, con lo que se incurre en injusticias en México y alrededor del mundo. Las empresas, manifestó, siguen contaminando aire, agua y tierra con toda impunidad.
Por ello, destacó, la industria extractiva no es sostenible, pues no existe solución para los problemas que provoca y, especialmente en el tema del agua, la situación es ya de crisis por el rápidos agotamiento de los mantos hídricos.
El doctor Raúl García Barrios, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que el 70 por ciento de los ríos mexicanos está contaminado gravemente por estas industrias, incluyendo a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que tiene tiene al país en una «catástrofe».
El especialista mencionó los factores que han permitido esa contaminación, y enlistó la violación sistemática de las leyes mexicanas, la debilidad del Estado de derecho, la corrupción, la omisión en consistencia normativa y la insuficiencia de presupuesto.
«México tiene la Constitución más manoseada del mundo», afirmó. «En México, las fallas del Estado son endógenas al sistema económico», agregó.
IMPACTO Y DETERIORO SOCIAL
Para Omar Arellano Aguilar, biólogo y doctor en Ciencias de la UNAM, los impactos hacia las comunidades humanas por la contaminación en los cuerpos de agua se manifiestan en la pérdida de actividades económicas por los daños a la biodiversidad, además de que también están presentes en el tema de salud, pues la situación provoca enfermedades renales, leucemia y alergias, principalmente. Pero, a pesar de ello, recriminó, la Norma ambiental 001 permite la contaminación provocada por descargas industriales.
La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 es la encargada de establecer los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
El especialista y profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la UNAM, aseguró que a partir de 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se detonó la proliferación de empresas trasnacionales y con ello se instauró también la laxitud de la normatividad para permitirles operar con impunidad y explotar –y contaminar– el agua a placer.
«[México] se está convirtiendo en una sociedad de alto riesgo socioambiental que provoca un descontento social generalizado», destacó el especialista.
José Luis Pablos Hach, ingeniero Agrónomo, maestro en Ciencias, doctor en Estadística y profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, dijo que el país cuenta con 446 mil 777 metros cúbicos de agua dulce al año que sufre variaciones en su cantidad y desigual distribución territorial. En la República Mexicana, mencionó, hay 51 ríos principales por los que fluye el 87 por ciento del escurrimiento superficial.
“De las 731 cuencas hidrológicas que hay, 104 muestran problemas de disponibilidad que se debe a la sobreexplotación, sobreconcesión y contaminación que venimos arrastrando desde hace muchos años y en temas de agua subterránea, de 653 acuíferos, 105 se encuentran en situación de sobreexplotación”, afirmó.
Una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública reveló que el 89.7 por ciento de los mexicanos está de acuerdo en que debería existir una Ley que prohíba la explotación de minerales e hidrocarburos en las áreas naturales protegidas, tanto por parte de Pemex como de empresas privadas.
Otro ejercicio realizado por mismo centro de estudios de la Cámara de Diputados plantea que uno de cada dos mexicanos considera que el mayor índice de afección hacia él o su familia se encuentra en la contaminación del agua (51.0 por ciento). Además de que a cuatro de cada 10 ciudadanos le preocupa «mucho» la sobreexplotaciónde los recursos
naturales.
Para ejemplificar esa situación de crisis, Francisca García, representante de los comités de Cuenca de Río Sonora, recordó que el 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre –subsidiaria de Grupo México– derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, que afectaron a 22 mil personas de siete municipios: Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Arizpe.
La activista manifestó que los derechos al agua, a un medio ambiente sano y a la salud se han visto violentados, pues aunque Grupo México se comprometió a desarrollar una clínica para la atención de los afectados y plantas de tratamiento de agua, a cuatro años del derrame, no cumplió al asegurar que ya no existen personas afectadas por el desastre ecológico.
Los habitantes, indicó, tienen desconfianza del agua y los alimentos que producen, ya que se desconoce si son aptos para el consumo humano o se encuentran contaminados.
Cabe mencionar que Grupo México es propiedad de Germán Larrea Mota-Velasco, un multimillonario mexicano que también participa en empresas y organizaciones como Grupo Financiero Banamex, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Grupo Televisa. El dueño de ese consorcio minero es considerado un
a de las personas más ricas de México y tiene, de acuerdo con la revista Forbes, una fortuna que supera los 18 mil millones de pesos.
García alelantó que seguirán luchando hasta asegurar la remediación y la no repetición del daño.
Sobre la misma línea, la maestra Mayeli Sánchez, experta en Ecotoxicología y Ecología Acuática de la organización PODER, denunció que en el caso del Río Sonora aún no está clara la magnitud del daño en más de 200 kilómetros afectados, pues, dijo, hubo irregularidades en la toma de muestras del agua contaminada.
«El ecocidio dejó en la incertidumbre a las comunidades», criticó.
También destacó que la normatividad mexicana es laxa, ya que según las leyes, la empresa estaba obligada a determinar el nivel de daño y a implementar un plan de remediación, el cual se limitó a un plan de remediación de suelos y no ecológica. «Nuestras normas son bastante laxas», declaró.
Las dependencias que permiten la actividad minera en el país son la Secretaría de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener); también las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha exhibido la falta aplicación de sanciones ante incumplimientos de las mineras, irregularidades sobre el cobro de derechos, padrones desactualizados, así como el incumplimiento de informes de los concesionarios que no han explotado territorios avalados.
Las recomendaciones que hizo el órgano fiscalizador en su segundo paquete de auditorías a la Cuenta Pública 2016 se dirigieron a la Secretaría de Energía, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
AGUAS RESIDUALES Y CONTAMINACIÓN
De acuerdo con Agua.org.mx. cada año se vierten a los cuerpos de agua millones de metros cúbicos de aguas residuales, descargas municipales, industriales y agrícolas tratadas de forma inadecuada o sin tratamiento alguno. La contaminación del agua tiene un severo impacto en los ecosistemas y en la salud. Es preciso reducir los volúmenes y mejorar los procesos de tratamiento, no sólo para procurar el bienestar social y la protección ambiental, sino también por razones económicas y de seguridad nacional.
En México, las descargas de aguas residuales se clasifican en municipales (abastecimiento público urbano y rural) y no municipales (otros usos como industria autoabastecida). Según cifras oficiales, se trata el 52.7% de las aguas municipales que se generan, y el 32% de las aguas no municipales.
Aunque hay avances es aún insuficiente y existe un volumen indeterminado de aguas contaminadas que no son colectadas, que se pierden en las redes de desagüe o que se descargan de forma ilegal directamente al medio. Se calcula que en 2015 el costo económico de la contaminación causada por aguas residuales no tratadas fue de 57 403 millones de pesos, equivalentes al 0.3% del producto interno bruto.
La reducción de la contaminación del agua requiere una fuerte inversión en infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales y representaría un ahorro en cuanto a la atención médica que debe darse al tratamiento de enfermedades diarreicas provocadas por agua y productos agrícolas contaminados. En 2015 murieron en México 3 mil 754 personas debido a enfermedades infecciosas intestinales.
–Con información de Agua.org.mx
