Más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes padecen exceso de peso en el país. De acuerdo con cifras de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), 3 de cada 10 menores viven con esa condición.
Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- En el marco del Día del Niño, El Poder del Consumidor (EPC) afirmó que la obesidad y sobrepeso infantiles se han vuelto problemas que deben atenderse de manera urgente en México. Por ello, denunció al Estado mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y hoy presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la violación de los derechos de la infancia.
Cabe mencionar que en noviembre de 2016, el Gobierno federal, a cargo de Enrique Peña Nieto, emitió una declaratoria de emergencia por obesidad y diabetes.
Más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes padecen exceso de peso en el país. De acuerdo con cifras de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), 3 de cada 10 menores viven con esa condición.
La organización civil citó datos del Registro Nacional de Peso y Talla 2016 en escuelas: Cuando los alumnos entran a primero de primaria el 26 por ciento padece sobrepeso u obesidad, cifra que se dispara hasta 39 por ciento cuando llegan a quinto grado.
El aumento en el peso de los niños, dijo Fiorella Espinosa, coordinadora de investigación en nutrición en EPC, está relacionado con la existencia de un ambiente llamado obesogénico que se ha extendido en México desde hace décadas.
La especialista en nutrición señaló que el ambiente obesogénico al que los infantes se encuentran expuestos día con día está compuesto por una alta disponibilidad de alimentos y bebidas ultraprocesados, la millonaria publicidad con que cuentan las grandes compañías de comida no saludable y la ausencia de herramientas informativas que permitan realizar elecciones saludables en una amplia oferta de productos alimenticios, como es un etiquetado entendible.
«La falta de políticas y regulaciones efectivas para garantizar entornos saludables a los niños es la causa central de la declaratoria de emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes en México y esta omisión representa una violación a los derechos fundamentales de la infancia», apuntaló Espinosa.
Asimismo, advirtió que «un niño con obesidad corre el riesgo de ser un adulto obeso […] También aumenta la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares». Además, estimó, 1 de cada 2 niños nacidos a partir de 2010 desarrollara diabetes a lo largo de su vida.
En su oportunidad, Javier Zúñiga, coordinador en el área legal de EPC, explicó que este día El Poder del Consumidor presentará una queja ante la CNDH por la violación del Estado a los derechos a la salud y a la alimentación de la infancia mexicana. Con ello, dijo, buscan que la Comisión emita recomendaciones a distintas instancias del Gobierno de México a fin de que ofrezcab ambientes más saludables a los menores.
Hace algunas semanas, las omisiones en las que ha incurrido el Estado mexicano al violar los derechos de los niños, incluidos en los tratados internacionales, fueron denunciadas por varias organizaciones civiles ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante la presentación de un Informe Sombra, el cual será cotejado con la información que presente el Estado mexicano ante este Consejo.
El abogado informó que EPC espera que en la sesión que se celebrará en Ginebra en noviembre de este año, se emitan «recomendaciones severas hacia las regulaciones deficientes que el Estado Mexicano ha implementado en los últimos años».
De no ser así, advirtió, la infancia mexicana seguirá siendo rezagada mientras se favorecen los intereses económicos de las empresas, quienes, denunció una vez más EPC, han sido los principales causantes de la epidemia de obesidad y diabetes en el país.
Cabe recordar que el pasado 21 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el amparo en revisión 7/2017, en el que EPC, en representación de la sociedad en general, denunció que el etiquetado nutrimental frontal mexicano que forma parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, fue establecido sin tomar en cuenta la evidencia
científica, además resulta difícil de comprender por la población mexicana, cuenta con un criterio de azúcar que representa un riesgo a la salud y viola los derechos de los consumidores.
En marzo de 2015, la organización civil presentó un amparo contra el sistema de etiquetado frontal de alimentos y para el 28 de diciembre de 2016, el Juez Octavo en materia Administrativa en la Ciudad de México decidió conceder el amparo, reconociendo la violación a estos derechos por parte del Estado mexicano. Actualmente, el juicio continúa en proceso.
