Don Ramón Miranda vive en el municipio sonorense Aconchi desde hace más de tres décadas. Él y su familia fueron afectados por el derrame de 40 millones de metros cúbicos de sulfato de cobre y metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi, provocado por una mina del consorcio Grupo México en 2014.
A cuatro años del desastre ecológico que afectó siete municipios de Sonora, el hombre de 60 años afirma que la empresa no ha cumplido con reparar el daño ambiental y atender las problemáticas de salud que dejó a su paso.
Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer dos casos relacionados con el derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi causado por Grupo México, por el que 24 mil personas resultaron afectadas en 2014.
El 6 de agosto de ese año, la mina Buenavista del Cobre –subsidiaria de Grupo México– derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, que afectaron a siete municipios: Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Arizpe.
Grupo México es propiedad de Germán Larrea Mota-Velasco, un multimillonario mexicana que también participa en empresas y organizaciones como Grupo Financiero Banamex, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Grupo Televisa. El dueño de ese consorcio minero es considerado una de las personas más ricas de México y tiene, de acuerdo con la revista Forbes, una fortuna que supera los 18 mil millones de pesos.
Don Ramón Miranda vive en Aconchi desde hace más de tres décadas. Él y su familia fueron perjudicados por el desastre ambiental que hasta hoy no ha sido atendido.
El hombre de 60 años afirma que la empresa que opera en territorio nacional, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y España no ha cumplido con la reparación del daño ambiental y la atención a las problemáticas de salud que dejó a su paso.
«Todo está peor que cuando pasó el derrame por tres sencillas razones: No se ha atendido para nada la cuestión ambiental que incluye el tema de la contaminación del agua, tampoco las afectaciones que hubo para los jornaleros que se dedican al campo, ni la salud de los miles de habitantes que fuimos afectados», recrimina en entrevista para SinEmbargo.
«No tenemos ninguna certeza de la calidad del agua, lo que sí tenemos es incertidumbre, es que se nos ocultan información. Yo dudo de mi salud, no me siento bien […], No hubo un monitoreo de la salud como se prometió al principio del derrame», denuncia.
En el mismo sentido, Luis Miguel Cano, abogado de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), critica que los años han transcurrido y las personas afectadas aún continúan sin ver mejorías, por el contrario, su producción agropecuaria se encuentra en detrimento, igual que sus actividades comerciales, además, dice, no han recuperado la tranquilidad por el agua y no sienten que su salud esté asegurada.
Ante este panorama, informa que el hecho de que el máximo tribunal haya atraído la demanda sugiere que el Fideicomiso Río Sonora «es susceptible de ser cuestionado con un juicio de amparo», ya que, señala, existió intervención del ingeniero Rodolfo Lacy Tamayo, un funcionario público, en el Comité Técnico, designado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El representante legal explica que el fideicomiso se constituyó con fondos privados provenientes de Grupo México, luego de que provocara «el peor desastre ambiental» con el derrame de 40 millones de litros de solución de cobre acidulado a los ríos Bacanuchi y Sonora, provenientes de las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre SA de CV en agosto de 2014.
Sin embargo, abunda, los fondos del fideicomiso –que ascienden a dos mil millones de pesos– fueron utilizados como «apoyos electoreros» que no necesariamente cubrieron los gastos en salud y/o en las actividades económicas de las personas afectadas y mucho menos los perjuicios ambientales.
Don Ramón recibió de 18 mil pesos de ese fideicomiso, no obstante, manifestó que no fue suficiente, toda vez que el negocio familiar –una tienda de abarrotes– desde entonces dejó de vender con normalidad debido a que la gente de los alrededores prefiere no acercarse.
«La solución de fondo es que nos hubieran remediado totalmente el río. Ese dinero sirvió en un principio, pero el problema del agua, ¿cómo lo solucionamos? Ninguna autoridad se atreve a decirnos si es apta para consumo humano», acusa.
Además, acusa, los campesinos fueron olvidados en el reparto del fideicomiso, a pesar de que, a su parecer, podrían ser quienes más sufrieron daños que hasta la fecha no terminan: «[las tierras] ya no dan como antes, las cosechas ya no son las mismas, el tamaño del maíz se ha reducido a la mitad».
Ante ello, el abogado Cano acusa que «Grupo México es una empresa opaca que busca evadir su responsabilidad y las autoridades de Gobierno se cruzan de brazos, se hacen de la vista gorda. En el peor de los casos, el subsecretario de Semarnat de plano trabaja para favorecer los intereses de la empresa. Ese señor estaba trabajando para los intereses del Fideicomiso, no de la población».
Y agrega: «El fideicomiso responde a un asunto de interés público y que dentro de su Comité Técnico está un funcionario público, el subsecretario de la Semarnat, que está dedicando tiempo de su función pública a trabajar para un privado y eso sí debe ser cuestionado en el juicio».
De acuerdo con la página oficial del fideicomiso, sus objetivos correspondían a fungir como «fuente y medio de pago» para remediar, reparar y/o compensar los daños ambientales y a la salud causados por el derrame. Además, atendería reclamaciones por afectaciones materiales causadas a los habitantes como consecuencias del desastre ambiental.
No obstante, el litigante afirma que «los objetivos no fueron cumplidos, las personas no han recuperado su tranquilidad ni sienten que se les haya reparado el daño. El tema es muy sensible».
A través de un comunicado de prensa, PODER señaló que el manejo de recursos del fideicomiso «se caracterizó por su opacidad» y dejó sin cumplir una serie de promesas que le hizo a la población poco tiempo después del derrame, entre ellas:
-Asegurar tranquilidad en el consumo de agua de calidad, ya que el fideicomiso prometió instalar 36 plantas potabilizadoras, aunque solamente quiso construir nueve, de las cuales apenas hay ocho instaladas y no todas operan con regularidad.
-Atender los problemas de salud, pues el fideicomiso prometió construir una unidad médica sin precedentes en el país para tratar las intoxicaciones por metales pesados, pero el edificio destinado a ese propósito quedó en obra negra y el fideicomiso cerró sin haber abierto la unidad de salud. De hecho, se gastó más en una estrategia de comunicación para limpiar la imagen de la empresa, 24 millones de pesos, que en acciones de atención y seguimiento médico, poco más de 21 millones, según datos del propio fideicomiso.
-Apoyar la reactivación agropecuaria en la región, que mueve la economía de la zona. El fideicomiso se limitó a repartir una serie de indemnizaciones a los productores sin hacer un análisis económico para definir ese reparto, lo que provocó que los montos repartidos fueran ínfimos comparado con las pérdidas ocasionadas a corto, mediano y largo plazo para los productores agrícolas y ganaderos.
Además, el grupo civil comunicó que el máximo tribunal busca definir si los habitantes de los alrededores de Río Sonora y las instalaciones de la mina en Cananea cuentan con la posibilidad de cuestionar el funcionamiento de la nueva presa de jales construida por Grupo México, pues temen, podrían verse afectados por su operación.
En 2016, apenas dos años después del derrame, Grupo México edificó una presa de jales, que es a donde van los desechos tóxicos, y omitió consultar a la comunidad. Es obra, de acuerdo con información de PODER, se encuentra en el municipio de Cananea y su área de influencia llega hasta el municipio de Arizpe, su polígono general supera las 6 mil 535 hectáreas.
El representante legal explica que los pobladores que demuestren tener sus domicilios en los lugares donde se desarrollan las obras que afectan el medio ambiente están en condiciones de cuestionar la construcción, sin embargo, quienes solicitan opinar sobre dicha presa se encuentran en un municipio distinto al afectado, en este caso en Bacanuchi.
«Lo importante de este caso es reconocer que las empresas no operan en el limbo, sino dentro de un entorno y, cuando su operación contamina el medio ambiente, quienes habitan ahí deben poder opinar. No tenemos que esperar a que ocurra un evento catastrófico para reconocer esto.
Deberíamos tener un sistema que considere esa participación para que haya más posibilidades de prevenir tomando en cuenta a las personas y no verlas solamente como si fueran parte del paisaje», apunta Cano, quien subraya la relevancia de que en México «existan mecanismos efectivos para cuestionar lo que las empresas hacen, siempre que sus actividades afecten derechos humanos […]. No es posible que el Gobierno permita que toda nuestra riqueza se vaya a manos privadas, sin ningún beneficio para la población, por el contrario, con afectaciones al medio ambiente, a la salud y a los derechos humanos».
Ante este panorama, don Ramón Miranda pide a la Suprema Corte actuar con la mayor imparcialidad posible, ya que «nos han negado la justicia en Sonora».
