Resendes Macías, ex director general del Sistema Penitenciario de Guanajuato, fue señalado por una médico de haberla tocado inapropiadamente y de haberle mostrado sus genitales con la supuesta intención de ser revisado, pese a que ella no se encontraba en horario laboral.
León, Gto/Ciudad de México, 18 de abril (Zona Franca/SinEmbargo).- No obstante que el Gobernador Miguel Márquez presume que en su administración hay cero tolerancia contra la violencia hacia las mujeres, un alto funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, inhabilitado tras la denuncia de una subordinada, fue liquidado con un finiquito de casi un cuarto de millón de pesos, mientras que la víctima y su pareja perdieron su empleo sin compensación alguna.
Víctor Hugo Resendes Macías, señalado por acosar sexual y laboralmente a una empleada del Cereso en León, recibió de finiquito 246 mil 275 pesos tras su renuncia; mientras la víctima y su esposo fueron despedidos y no han recibido compensación por ello. La compensación económica del ex funcionario es vista como un premio por defensora de los derechos de las mujeres.
Resendes Macías, ex director general del Sistema Penitenciario de Guanajuato, fue señalado por una médico de haberla tocado inapropiadamente y de haberle mostrado sus genitales con la supuesta intención de ser revisado, pese a que ella no se encontraba en horario laboral.
Después de que la doctora iniciara una serie de denuncias penales y procedimientos administrativos por los acosos que ella y su marido vivieron, Resendes Macías renunció a su cargo el 12 de enero de 2017 y recibió como finiquito 246 mil 275 pesos, tras cuatro años de trabajo, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Mientras tanto, el matrimonio acosado por el funcionario, se quedó sin trabajo, él fue despedido después de laborar 26 años en la Secretaría de Seguridad Pública, por “falta de lealtad a la institución”; ambos salieron sin recibir compensación económica.
Resendes fue inhabilitado por un año para trabajar en gobierno a partir del 8 de febrero de 2018. Seguridad Pública explicó que tomó esta decisión debido a que en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato no existe la falta “acoso sexual” ni “acoso laboral”, así que lo equipararon a “ejercer o realizar coacción física y psicológica” y “violentar derechos laborales”.
La Secretaría de Seguridad Pública, respondió a pregunta expresa realizada vía la Unidad de transparencia, en el folio 00543518, que “en cuanto a si se encuentra fuera de la función pública, reporta que lo desconoce”, pese a que fue establecida la sanción por el Órgano de Control Interno de la SSP el 7 de febrero de 2018 a través del procedimiento PRA-06/2017.
Para Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, el proceso que ha tendido la doctora víctima de acoso “simplemente no es justicia y el mensaje que se manda, es de tolerancia hacia la violencia contra las mujeres. Y peor aún: si los agresores son funcionarios públicos del más alto nivel. Por un lado se manda el mensaje de vamos a inhabilitarlos y por el otro, se les encuentra responsabilidad administrativa y jurídica y encima, estas compensaciones económicas parecieran más bien un premio”. La activista considera que esta es violencia institucional contra las mujeres.
La gran falla del Estado en este caso tiene que ver que “justo ahí es donde pueden mandar una sanción ejemplar para mandar un mensaje ejemplar, de evitar la violencia, de prevenir la violencia contra las mujeres, desde sus propios integrantes de la administración pública”.
El 16 de abril el gobernador, Miguel Márquez, aseguró en un evento que hay compromiso “para dar continuidad a los programas de prevención y sanción que permitan garantizar el acceso de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Dijo que “en Guanajuato tenemos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas, hoy y siempre”. Sin embargo, funcionarios del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, dijeron sólo le han brindado asesoría a la doctora y que sabían que la SSP había “cumplido” con las recomendaciones, pero no conocen el documento y no le han dado seguimiento.
Hoy participamos en la 2da. Reunión de Instancias
Municipales de Atención a las Mujeres. Se da continuidad a los programas de prevención y sanción que permitan garantizar el acceso de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. pic.twitter.com/I6ZL5RQ7rw— Miguel Márquez M. (@miguelmarquezm) 17 de abril de 2018
DOCTOR SIN CÉDULA
Según el currículum entregado por la Secretaría de Seguridad Pública vía la Unidad de Transparencia, Resendes Macías cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades otorgado por la EPCA; sin embargo, en el Registro Nacional de Profesionistas (RNP) no aparece que cuente con cédula profesional. La cédula más reciente es de 2004, por una maestría en Fiscal con especialidad en defensa fiscal por la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias.
Antes de llegar a la Dirección General de los Ceresos en Guanajuato, Resendes fue maestro en la Universidad de la Salle por un año. Antes de eso, había fungido como asesor jurídico de los alcaldes de León, Luis Ernesto Ayala y Ricardo Alanis, del 2000 al 2005. Según el RNP, Resendes se tituló como abogado de la Universidad de León en 2001.
Después de su trabajo en el Municipio de León, fue director de área en la dirección de Medidas en Externación, cuyo trabajo se realiza con adolescentes con el objetivo de fomentar “la convivencia armónica, el civismo y el respeto de las normas y derechos de los demás”.
VÍCTIMAS SIN JUSTICIA
Aún cuando el Tribunal del Contencioso Administrativo dictó sentencia a favor del marido de la denunciante y ordena que se le paguen sus salarios caídos y prestaciones y le dan nulidad a su cese, desde el 23 de enero de 2018, esto aún no sucede, pues aún no se ha hecho el estimado del monto a pagar. El despido de él se justificó con una captura de pantalla de una mujer, quien aseguró que el esposo de la denunciante le escribió para pedirle que hablara mal de Resendes. Nunca se hizo ningún tipo de peritaje para determinar la veracidad de la prueba. Tampoco se tomaron en cuenta audios en los que se les avisa a ambos, que hay “órdenes” de presionarlos para que renuncien.
El proceso de ella en el TCA está parado y las denuncias por acoso ante la Procuraduría General de Justicia, fueron archivadas, “por haber prescrito los delitos” aún cuando no había pasado un año.
