El crimen organizado y en particular el narcotráfico, su expresión más violenta, serán decisivos en las elecciones del 1 de julio próximo.

Así ha sido siempre. El dinero de la mafia circula en todas las campañas políticas, no existen controles por parte de los partidos y ni el INE, en este caso, tiene facultades para auscultar los recursos que manejan los partidos políticos y sus respectivos candidatos.

Desde tiempos lejanos, el narcotráfico ha decidido, como gran elector, quienes serían los gobernadores en estados como Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, por citar solo algunos de los territorios donde los partidos y el narcotráfico han sellado alianzas inseparables.

En Tamaulipas, por ejemplo, fueron entronizados en el poder, con la venia del narco, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. El primero fue financiado con dinero del cártel del Golfo; el segundo, con recursos de Los Zetas. Y a cambio entregaron el control territorial del estado, libre para el tráfico de drogas; también entregaron las prisiones. Fue en el gobierno de Hernández que Los Zetas manejaron todos los penales y ese control se extendió, tiempo después, a una veintena de entidades.

En Veracruz la historia no ha sido diferente. Muchos candidatos a presidentes municipales son miembros de Los Zetas y los actuales candidatos a gobernadores no lo ignoran. Pactan con ellos aunque sepan que son narcos. Es el caso también de Morelos, donde medio estado es gobernado por alcaldes narcos y Graco Ramírez –quien se asume impoluto aunque sea un vil corrupto –lo sabe y de sobra. El gobierna con el narco enquistado en el poder.

Nadie debe dudar de que el crimen organizado será el gran elector. Incluso desde el proceso electoral del 2012 este tema era un escándalo, sobre todo porque era un secreto a voces que el narcotráfico ha pagado las campañas de muchos candidatos, incluidos los abanderados a la presidencia de la República.

El doctor Edgardo Buscaglia, por ejemplo, uno de los expertos internacionales en la materia, dijo en 2012 que el 55% de las campañas en México estaban infiltradas por el narcotráfico. Y en la actualidad ese porcentaje subió y puede rayar en el 80%.

Lo dijo con estas palabras:

“La delincuencia organizada es una amenaza al sistema democrático y en la medida en que las bandas criminales imponen y capitalizan a candidatos, el problema de la espiral de violencia no termina”.

Y dijo más:

“Ante la situación de crisis política y de gobernabilidad que enfrenta México se debe actuar en cuatro ejes centrales: promover un modelo de prevención social del delito integral y adecuado; que la sociedad civil juegue un papel más serio y las leyes se generen por consenso y de acuerdo al beneficio social, no al interés político particular.

“Otro cara de la moneda de la delincuencia, que ha sometido a México en crisis de inseguridad humana, es el poderío de los cárteles de la droga legales, las empresas e instancias públicas y privadas que también generan beneficios a los líderes de la delincuencia y ante los que la voluntad ciudadana cede”.

Pero en México el narcotráfico es una de las actividades que se ha introducido en la vida política y en los partidos. En Guerrero, por ejemplo, familias completas cuyos miembros ya fueron alcaldes o regidores y que pertenecen a algún partido, son criminales: o son miembros del cártel de Sinaloa o bien de Los Rojos o Guerreros Unidos, las organizaciones que operan dentro y fuera de esa entidad.

Ellos imponen su ley –la del gatillo –y a sangre y fuego imponen a sus candidatos, ganan elecciones porque disponen de todo el dinero de la mafia para ello.

Ninguna autoridad hace nada para frenar este problema que devora al país, pues no les conviene desmantelar el andamiaje que han construido en décadas y que les permite mantenerse en el poder.

Bien lo afirma Edgardo Buscaglia: en México no existe la democracia ni se está construyendo, como se afirma. En México lo que existe es una mafiocracia, un Estado mafioso que sirve a los intereses de la llamada mafia del poder y a los grandes empresarios, otra ala del crimen organizado legal.

El poder criminal está tan presente en la vida pública que el obispo de la Diócesis de Chilpancingo, Guerrero,  Salvador Rangel, está dialogando con el crimen organizado para que ceda la violencia y para que no maten a los candidatos a puestos de elección popular.

Por ahora, el gobierno federal no ha dado a conocer ningún plan de acción para frenar la oleada de violencia y evitar que el 1 de julio se incendie el país. Lo que ordenaron fueron varios operativos –eso y nada es lo mismo –para contener la inseguridad en al menos veinte estados del país.

Pero como siempre ocurre, el gobierno deja hacer al crimen organizado su voluntad y nadie se apresta a amarrarles las manos a los mafiosos que, sin duda, influirán casi de manera decisiva en la elección presidencial del 1 de julio próximo.

La que viene será, sin duda, la gran narcoelección.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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