De los cuatro principales aspirantes presidenciales (AMLO, Anaya, Meade y Zavala) hay quienes tienen propuestas más concretas que otros en materia de feminicidios (Anaya y Zavala). Pero ninguno de ellos plantea soluciones adecuadas a la magnitud del problema, coinciden especialistas consultados por SinEmbargo. En sus reflexiones plantean que las mujeres son un “botín” electoral y que, en general, hay un uso discursivo de la crisis de violencia que día a día, cobra la vida de siete u ocho mujeres, de acuerdo con cifras oficiales.
No basta con proponer, hace falta un compromiso real, afirman los expertos. No es suficiente la acción unilateral del Gobierno federal para y por la sociedad, y por ello es menester un trabajo en conjunto con ella. También consideran que antes que las grandes soluciones que proponen los candidatos, debe haber practicidad en primera línea o a corto plazo, pues a México le urgen garantías y no más leyes o instituciones.
Se debe aspirar, dicen, a tener diagnósticos legalmente vinculantes y medidas punitivas ejemplares más severas, no sólo para los feminicidas, sino también para las autoridades omisas. El primer paso es reconocer que hay una crisis, sin importar el costo político que ello tenga, concordaron activistas y académicos.
Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- En materia de propuesta de políticas públicas sobre feminicidios en México, los cuatro principales candidatos a la Presidencia de la República se quedan cortos, dijeron activistas y especialistas. Las más contundentes –y no las más adecuadas– son las de Ricardo Anaya Cortés y Margarita Zavala Gómez del Campo. En el caso de Andrés Manuel López Obrador y Jose Antonio Meade Kuribreña, más que una propuesta tienen un discurso “simbólico».
“Las mujeres somos un botín muy apetecible [para los candidatos] porque somos el 51 por ciento del padrón electoral. El problema no es que digan que van a solucionar el problema. El problema es que lo hagan, que se comprometan en verdad”, dijo en entrevista la maestra Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC).
La crisis de feminicidios en México es grave y urgente. De acuerdo con cifras difundidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) al corte del 21 de enero de este año, entre 2015 y 2017 fueron registradas 1 mil 640 carpetas de investigación por presuntos delitos de feminicidio a nivel nacional (389 en 2015, 580 en 2016 y 671 en 2017). Estas cifras arrojan que, en los últimos dos años, dicho delito aumentó en 72.5 por ciento.
Hasta la fecha, las alertas de género han sido declaradas en 13 de 32 entidades federativas. Y en el marco de esta crisis que cobra la vida de siete mujeres al día, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ONCEF), los candidatos presidenciales han desplegado una serie de propuestas para dar solución a esta expresión de las violencias de género.
“Destaca que, en general, hay un uso discursivo en contra de este lamentable hecho que sucede a nivel estatal y nacional; pero no encuentro una propuesta real de acción en el corto, mediano y largo plazo entre los candidatos, dijo a SinEmbargo el doctor Emanuel Rodríguez Domínguez, investigador del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
«No te dicen cuáles serían los protocolos; en qué momento se tendrían que declarar las alertas de género; cómo se construirían estadísticas viables para que las denuncias en los ministerios públicos sean consideradas y catalogadas como violencia feminicida y no se pierdan en el trámite burocrático. Tampoco mencionan la lógica de la justicia; porque muchas circunstancias que se denuncian no se consideran como feminicidio -aunque Margarita Zavala tiene una propuesta inicial-“, añadió Rodríguez.
Además, ninguno menciona en su estrategia al crimen organizado como uno de los factores esenciales del aumento de feminicidios en todo el territorio nacional. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por ejemplo, lo sugirió durante su arranque de campaña política en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero no hay una postura clara al respecto.
Son muchas las promesas y los analistas celebran que sea un tema de agenda. No obstante, desairan lo superfluo de las medidas anunciadas y urgen la necesidad de unir esfuerzos, más allá de los colores, en beneficio de la sociedad.
En su segundo día de campaña política, el 31 de marzo, el panista Ricardo Anaya presentó la campaña #NoEsNormal en apoyo a las mujeres que sufren de violencia. Por ello, se comprometió a realizar esfuerzos para favorecer la igualdad de género en condiciones laborales y a ser “implacable” en contra de los feminicidios.
Nueve días después, el candidato de la coalición “Por México al Frente” presentó ocho propuestas para generar equidad de género. Entre ellas, incluyó dos dirigidas a prevenir y perseguir el homicidio de mujeres: primero, una «estrategia nacional de prevención del feminicidio» con infraestructura de protección a las víctimas, capacitación a policías y ministerios públicos. Segundo, una «fiscalía especializada en materia de feminicidios”.
“El caso de Ricardo Anaya es muy interesante porque utiliza un discurso de equidad de género siempre que está con Alejandra Barrales o tratando de impulsar alguna candidatura local. Su plataforma sí manifiesta una fiscalía especializada y una estrategia nacional para prevenir los feminicidios, pero es muy endeble. Está mencionado de manera muy general”, dijo el doctor Rodríguez.
Para Yuritzi Hernández, integrante del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género en el Estado de México (Ocmexfem), “el problema, más allá de crear instituciones, es que las estructuras y las políticas públicas existentes en materia de prevención, persecución e impartición de justicia del delito, funcionen de manera práctica. Es decir, que puedan ser implementadas […]. Primero, es necesario homologar las leyes, acabar con la impunidad y con la falta de acceso a la justicia”.
Aunque Anaya propone capacitar a las autoridades, que es un buen primer paso, según Hernández, es necesario ir más allá. “Tienen que sensibilizar y capacitar permanentemente a las autoridades”, comentó Ulloa de CATWLAC.
LAS PROPUESTAS DE ZAVALA
La candidata independiente Margarita Zavala, por su parte, aseguró desde el primer momento de campaña política que en su gobierno «será prioridad nacional el combate al feminicidio”. A partir de entonces reiteró que se enfocará “en la prevención de los delitos”. Y el mismo día en que Anaya lanzó su campaña #NoEsNormal, la ex Primera Dama presentó cinco propuestas para hacer frente a los feminicidios:
1.- Un “sistema nacional de datos” cuya finalidad es “crear y realizar estrategias para detectar y prevenir el feminicidio” (ONCEF lo propuso en enero de este año).
2.- Un «área especializada” en los ministerios públicos “con abogadas, médicas, psicólogas y peritas especializadas”.
3.- Homologar la línea de investigación de asesinatos de mujeres, es decir, investigar «todos los asesinatos de mujeres» como casos de feminicidio (ONCEF lo propuso en enero).
4.- Asignar mayor presupuesto a las alertas de género a nivel nacional.
5.- Establecer un registro oficial de huérfanos por feminicidio, garantizando la “alimentación, educación, apoyo psicológico y jurídico a las pequeñas víctimas invisibles de este crimen”.
Para los analistas, las propuestas de Margarita Zavala son buenas pero laxas. Y “ninguno de los candidatos ha tocado la magnitud del problema”, señaló Teresa Ulloa.
La propuesta de homologar todos los asesinatos de mujeres como feminicidios, coincidieron, es elemental «para que no se pierdan pruebas”. Ya después, en el curso de la investigación, tendrían que descartarse los casos, siendo se tratara, por ejemplo, de un accidente, un homicidio doloso, o inclusive un suicidio.
Sobre el aumento de presupuesto a las alertas de género, opinaron que es una medida necesaria pero superficial. En ese sentido, señaló Ulloa, la alerta de género parte de un diagnóstico que puede generar soluciones. Sin embargo, “ha sido politizada en demasía”.
La activista concordó con el doctor Emanuel Rodríguez Domínguez de la UNAM, quien mencionó que “una propuesta concreta sería, de entrada, empezar a declarar y a ubicar los focos rojos […]. Si un diagnóstico denuncia que se tiene que promulgar una alerta de género, que se tienen que tomar medidas necesarias para acabar con estas situaciones de violencia, tiene que ser vinculante. El diagnóstico muchas veces se queda en eso: en una enunciación de denuncia y no se toman las medidas correspondientes”. «Deben haber castigos ejemplares para feminicidas y autoridades negligentes”, añadió Ulloa.
Estas observaciones aplican también a la propuesta del sistema de información, ya que aunque son importantes, “son herramientas que no van a transformar de tajo la realidad social. Tenemos que hacer una transformación día con día entre todos”. Y eso incluye actos de “voluntad política” y «medidas punitivas», dijo Yuritzi Hernández.
En cuanto a la especialización de las autoridades, la activista del Estado de México observó que es necesaria “una instrucción y que se dé seguimiento a esa instrucción. Es todo un trabajo metodológico que se tiene que hacer. No solamente es capacitar. Se tiene que supervisar que se haga correcta y permanentemente”.
Los especialistas concordaron en algo que ningún candidato aborda de manera adecuada: Urge “una corresponsabilidad entre las autoridades, los funcionarios y la sociedad organizada. Porque también, nosotros [como sociedad], nos quejamos pero no nos hemos hecho responsables. Hay que cambiar toda una estructura que sustenta la violencia contra las mujeres, que la aplaude y que la justifica todo el tiempo”, indicó Teresa Ulloa.
EL DISCURSO DE LÓPEZ OBRADOR
Andrés Manuel López Obrador no se quedó atrás en esta agenda de interés público. El 1 de abril, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el candidato de las izquierdas arrancó campaña diciendo que “aquí empezó el horror de los feminicidios que desgraciadamente sigue ocurriendo en todo el país”. No abundó más. Ese discurso lo arrastraba desde marzo, cuando visitó la ciudad de Colima.
En sus ponencias, hablar del tema significa mencionar la “discriminación y la desigualdad”; decir al pueblo que es una cuestión de “inclusión”, “atención especial”, “oportunidades”, “fomento”, “desarrollo integral”, “mayores ingresos” y muchos otros. Pero no hay mención de un plan, salvo quizá aquello que contiene su “Proyecto De Nación 2018-2024”.
En medio de un texto de 415 páginas, AMLO promete «respetar, promover y garantizar los derechos de las mujeres con políticas públicas incluyentes que aseguren la equidad efectiva entre mujeres y hombres y que atiendan las intolerables expresiones de violencia, abuso y acoso a las que están expuestas las mujeres en todos los entornos sociales, en todas las regiones del territorio nacional, a todas horas del día” (sic).
Propone objetivos como «eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres”; eliminar los obstáculos que enfrentan, «en todos los ámbitos”, para procurar su autonomía e integridad física, económica, política y emocional; “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”; incorporar una «perspectiva transversal de género» y atención a grupos vulnerables en la nueva política migratoria; programas para formar y educar a los jóvenes «en prevención de la violencia de género”; así como garantizar «oportunidades parejas” y darle herramientas a las mujeres para enfrentar «la violencia intrafamiliar, el abuso a la mujer y la cultura machista”. Sin embargo, no especifica una acción en concreto.
El único rayo de Sol, en ese sentido, quizá está mencionado en el apartado “Propuestas de solución y líneas de acción”, punto siete, donde propone la “aplicación de programas de testigos sociales y contralores ciudadanos con perspectiva de género”.
«El discurso de Andrés Manuel [López Obrador] es muy simbólico”, dijo a SinEmbargo el antropólogo social Emanuel Rodríguez Domínguez. Y como en el caso de los demás candidatos, dijo, sus apuestas son “muy discursivas” y «en las plataformas no se encuentran propuestas concretas […]. La violencia feminicida no se soluciona con acciones discursivas compensatorias. Es un problema que requiere de incluir a la sociedad y realizar foros de debate para concientizar y hacer cambios culturales”.
El tema central de los aspirantes presidenciables, concuerdan los analistas, ha sido desvanecer las desigualdades sociales entre hombres y mujeres. Para ello, sugieren la necesidad de instaurar “mecanismos de exigibilidad de derechos” para las mujeres, sobre todo en términos de igualdad de desarrollo y oportunidades, pues como dicen, “políticas hay muchas”.
“El feminicidio es la última etapa de una serie de violencias feminicidas”, explicó Rodríguez Domínguez. «Puede ser que se puedan rastrear estas violencias antes de que se llegue a ese clima [de asesinato]. Es decir, [rastrear] violencias de pareja, estructurales como la desigualdad socioeconómica, etcétera”.
López Obrador lo sugiere sin bases concretas y de modo discursivo. Pero la lucha contra las violencias hay que «articularla con una serie de medidas y políticas de paridad en otros campos. Una política integral de equidad de género, con acento especial en la seguridad y eliminar la violencia feminicida y la situación de feminicidios”, ahondó el académico de la UNAM.
“Tendría que haber programas que fomenten la sana relación entre hombres y mujeres, e incluso, que reconfiguren la masculinidad. No sólo es que las mujeres sean víctimas, sino que los hombres siguen reproduciendo ciertas formas de ser hombre, donde la violencia es un patrón de esta masculinidad. Entonces también se tiene que buscar el cambio sociocultural, pero ese es un proceso muy a largo plazo. Lo que hace falta son acciones inmediatas ante los problemas y los escenarios que ya son graves”. Eso no lo proponen, concordaron Rodríguez y Ulloa.
LA VISIÓN DEL “PRESIDENTE DE LAS MUJERES»
El abanderado priista, Jose Antonio Meade, ha pasado dos veces por el Estado de México sin proponer algo contundente. Allí, la crisis de feminicidios está arraigada a la tierra. El año pasado, la entidad lideró las cifras de homicidio de mujeres con 301 casos registrados (el 12 por ciento del total nacional), según cifras del SESNSP.
En diciembre del año pasado, Meade se presentó en el municipio de Ecatepec junto al Gobernador Alfredo del Mazo Maza. Tomó el micrófono para hablar de las mujeres, no de los feminicidios. Se comprometió a generar equidad de género y a tener ”cero tolerancia” para quien vulnere los derechos de las féminas. “No puede haber una sola niña o una mujer que siga saliendo preocupada de su casa, que le preocupe que su integridad sea vulnerada”, afirmó.
Algo parecido repitió el domingo 8 de abril. En esa ocasión, Ecatepec tampoco escuchó propuestas en materia de feminicidios. Sin embargo, en febrero de este año estuvo en Guadalajara. Allá dijo que “atrás de muchos fenómenos de violencia, empezando por el feminicidio, lo que hay es una raíz que tiene que ver con la ausencia de cultura de respeto en el hogar”.
Por eso, propuso fomentar el respeto en la casa y en las escuelas. Esta solución se suma a la que dio a conocer en noviembre de 2017, cuando explicó que “es un tema que va desde proteger su integridad hasta brindar oportunidades de igualdad”. Y señaló que, “desde el punto de vista institucional, esta protección se ha quedado corta”.
En la plataforma oficial del “Presidente de las mujeres”, como se autodenomina Meade, hay seis puntos sobre la “mujer mexicana”. En materia de violencia contra las mujeres, sólo propone «seguridad para que vivan sin miedo, protegidas del acoso y de cualquier tipo de discriminación”.
Para el doctor Emanuel Rodríguez Domínguez, la equidad de género, el salario rosa, la desigualdad socioeconómica, entre muchos otros temas, entran dentro del discurso del candidato para erradicar las violencias, incluido el feminicidio.
Sin embargo, de manera general, lejos de proponer solucionar todo con una “varita mágica”, los aspirantes presidenciales deberían, primero, establecer estrategias de atención inmediata. Esto empieza con reconocer que hay un problema, porque muchas veces, “las autoridades tratan de invisibilizar la situación con tal de no verse afectados políticamente”, coincidieron Rodríguez, Ulloa y Hernández.
Reiteraron que en prístino lugar, son indispensables los diagnósticos vinculantes y las sanciones ejemplares para feminicidas y autoridades negligentes (corto plazo). Luego estaría el rediseño estratégico de leyes y cambios institucionales (mediano plazo); y al final apostarle, en el transcurso de todo este proceso, a un cambio sociocultural en las relaciones entre hombres y mujeres (largo plazo), con programas educativos y de concientización en el que la sociedad y las autoridades vayan de la mano, como base para el cambio de la realidad nacional.
“Así como el Plan DN-3, que se junta el Ejército, los gobernadores, el Presidente de la República, los senadores, los diputados… y firman para que haya todo un operativo estratégico que sane, así debería existir un pacto entre todo el gobierno”, aseguró Yuritzi Hernández de Ocmexfem. “Tenemos que generar mecanismos que aseguren que los gobiernos tienen que darnos la seguridad a las mujeres. Pero también, es un trabajo en conjunto con la sociedad”, concluyó.
Las reflexiones de los especialistas consultados por este medio digital, nos dejan con un par de moralejas de fondo. Primero, «no estamos pensando en términos de una crisis”. Segundo, “tenemos la culpa como ciudadanos porque no exigimos. Hace falta una construcción de la ciudadanía social, cuando el problema es que las autoridades simulan y nosotros los dejamos simular”.
