La democracia en el mundo, más que ser amenazada por regímenes autoritarios, está siendo destruida por el poder de las grandes corporaciones, por la llamada corporatocracia. Los funcionarios sirven a los intereses de las grandes corporaciones y no al bien común. Las consecuencias están ahí, de frente, en la destrucción ambiental, el deterioro de la salud y el aumento de las desigualdades.
El poder económico se convierte en poder político y se somete a los gobiernos que no tienen controles democráticos directos, es decir, donde los ciudadanos no ejercen la vigilancia y evaluación del ejercicio administrativo. Trump en Washington, en uno de los países que suelen llamarse democráticos, ejerce el poder a favor de las corporaciones que se han convertido en sus aliadas. Para ello, el objetivo central está en combatir la ciencia, la evidencia, para ello se desmantelan los organismos regulatorios, para quitarles ese papel de exponer la evidencia. Para su administración la evidencia de la relación del consumo de combustibles fósiles con el cambio climático y del consumo de alimentos y bebidas no saludables con la obesidad, no existe.
Aunque la postura de Trump nos puede parecer extremadamente radical, estamos en una situación muy similar. En México el poder de las grandes corporaciones incrustado en COFEPRIS y en parte de la Secretaría de Salud, en especial, durante la primera administración de esta Secretaría, negó la evidencia científica para favorecer a las grandes corporaciones de los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, de la comida chatarra y de los refrescos.
La Coporatocracia dictó la política contra la obesidad y, por tanto, la secuestro. Se estableció la Gran Simulación. COFEPRIS y la Secretaría de Salud de Mercedes Juan expulsó de toda consulta al Instituto Nacional de Salud Pública, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, a la Academia Nacional de Medicina y a la propia Organización Panamericana de la Salud. Ignoró las reacciones en contra del etiquetado que COFEPRIS estableció en contubernio con ConMéxico, organismo que representa a las grandes corporaciones de la chatarra y las bebidas azucaradas. No respondió a las críticas y observaciones que de manera escrita, en teleconferencias y talleres, le expresó la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ignoraron las denuncias que presentamos desde la sociedad civil.
Los funcionarios al servicio de la Corporatocracia hicieron oídos sordos. Sin embargo, la evidencia por acceso a la información, por cartas confidenciales de la OMS/OPS hechas públicas, por investigaciones, de que la regulación del etiquetado y de la publicidad dirigida a los niños se realizó con la industria excluyendo a los institutos y organismos del Estado creados para dar la evidencia científica y la base para las políticas de salud pública, puso en alerta a la Corporatocracia.
Al tiempo que esto sucedía en México, en Canadá avanzaba la comunidad de salud pública y un ministerio de salud, realmente al servicio del bien público, en el diseño de un etiquetado frontal de advertencia para los alimento y bebidas no saludables, un etiquetado que advierta al consumidor si un producto es alto en azúcar, grasas, sodio, calorías.
Al panorama, se suma que en México, la comunidad científica, investigadores de institutos de salud, de universidades y miembros de las academias de ciencias han presentado una propuesta de un etiquetado frontal de advertencia a la propia Secretaría de Salud.
Como los documentos internos de Coca Cola lo establecen, estas políticas deben de ser contratacadas y así ha sido. El consumidor no puede recibir ninguna información que le advierta que un producto es alto en azúcar, grasas, sal. Hay que mantener la ignorancia, hay que contratacar.
Como lo denunciamos hace un par de semanas y lo ha hecho posteriormente el New York Times, estas corporaciones, a través del gobierno estadounidense, en acuerdo con negociadores mexicanos, han presentado una propuesta en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que propone prohibir a cualquiera de los tres países establecer un etiquetado frontal de advertencia para este tipo de productos.
La iniciativa parece ser que fue propuesta por las corporaciones al gobierno estadounidense a través de su principal cabildero en México, Jaime Zabludovsky, presidente de ConMéxico, exjefe de negociación del TLCAN en 1992-94 y uno de los representantes de la iniciativa privada mexicana en las renegociaciones del TLCAN, actualmente.
Sin embargo, la iniciativa puede resultar contraproducente para la propia industria. Las primeras evaluaciones jurídicas en los tres países por grupos de expertos señalan que esta iniciativa no puede ser parte de un acuerdo comercial, que los etiquetados frontales son una regulación recomendada como una política de salud y que los acuerdos comerciales no pueden estar por encima ni limitar una política nacional de salud.
En los Estados Unidos la propuesta de introducir un etiquetado frontal de advertencia que pueda simplemente decir que un producto es alto en azúcar, grasas, sodio, calorías, era algo impensable frente a la fuerza que tienen las corporaciones en el Congreso. Trump acababa de echar para atrás la ya aprobada medida para que los productos, en su parte posterior, informaran en gramos la cantidad de azúcar que se les había añadido. Es decir, la propuesta de que tuvieran sellos de advertencia en el frente del producto no se había considerado por estar extremadamente lejana.
La iniciativa de la Corporatocracia estadounidense, apoyada por su parte mexicana, especialmente por los negociadores, está llevando esta discusión a los medios y los especialistas estadounidenses en salud pública y derecho. Podría lograr lo que no era posible, pensar que esta debería ser una alternativa en ese país que presenta una de las mayores incidencias de obesidad en el mundo, justamente por el alto consumo de estos productos.
La Corporatocracia quiere actuar a escala trinacional buscando secuestrar las políticas contra la mayor epidemia de salud pública que se vive en la región: la obesidad. Se espera una clara y firme reacción del Ministerio de Salud de Canadá, esperaríamos una similar de la Secretaría de Salud del Dr. Narro, ahora integrante de la Comisión Mundial de Alto Nivel sobre Enfermedades No Transmisibles. Hay que recordar que la Secretaría de Salud que preside el Dr. Narro recibió recomendaciones de retirar el etiquetado frontal que COFEPRIS estableció por parte de la propia OMS, Además, la OMS, a través de su oficina regional de la OPS recomienda los etiquetados frontales de advertencia para enfrentar las epidemias de obesidad y diabetes, el tipo de etiquetado que la iniciativa en la renegociación del TLCAN prohibiría.
Hay que preguntarnos, hay que preguntarle al Dr. Narro, si nos quedaremos en la Corporatocracia que heredamos en materia de combate a la obesidad o pasaremos a una política verdadera de salud pública, donde el interés esté en el bien común y la política se diseñe con ese fin.
Desde Trump en Washington, hasta los fujimoristas en Perú, pasando por Piñera en Chile, hay muchas expresiones del poder de las corporaciones y cómo diferentes gobiernos sirven a esos intereses.
