Grupos civiles organizados exigieron a la Procuraduría General de la República informar sobre los avances en la investigación del espionaje del que fueron objeto, pues acusan que la dependencia federal no ha hecho su trabajo y, además, no tiene interés en de dar con los responsables de este espionaje.
El Gobierno mexicano espió entre enero de 2015 y julio de 2016 a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas a través del malware “Pegasus”, que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas, reveló el diario estadounidense The New York Times el 20 de junio de 2017.
Esa misma tarde, el Gobierno de México respondió con una escueta hoja sin membrete a periódico neoyorquino. Y, entonces, sólo pidió a los afectados denunciar ante la Procuraduría General de la República. Además, dijo sin dar más explicación, que había pruebas sobre estos señalamientos.
Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil exigen a la Procuraduría General de la República (PGR) informar sobre los avances en la investigación del espionaje del que fueron objeto dos activistas y un investigador en temas de salud el año pasado.
El Poder del Consumidor, la Red Contrapeso, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC acusaron que la dependencia federal no ha investigado, ya que es el principal sospechoso de haber utilizado el malware «Pegasus» para espiar a los activistas Alejandro Calvillo Unna, de EPC y Luis Manuel Encarnación, de ContraPESO, además del investigador Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), quienes han impulsado el aumento del impuesto en las bebidas azucaradas.
«Estamos pidiendo a la PGR que dé a conocer los avances de la investigación […] No hay interés de dar con los responsables de este espionaje», acusó uno de los blancos de espionaje: Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor (EPC).
En su oportunidad, Luis Fernando García, de la R3D, aseguró que la PGR no lleva a cabo investigación alguna al respecto y manifestó que sólo se trata de una «simulación», por lo que calificó «es una institución de pacotilla».
«La PGR no trabaja para los ciudadanos, no trabaja para combatir la delincuencia, ni la corrupción, ni las violaciones a los derechos humanos. Trabaja para mantener el pacto de impunidad y para mantener los privilegios de los que algunos gozan en este país […] Ha llevado a cabo una investigación que solo puede ser calificada como una simulación», recriminó a las afueras de la dependencia ubicada sobre la Avenida Reforma.
Y agregó que «la propia Agencia de Investigación Criminal de la PGR ha aceptado haber adquirido el software «Pegasus» y añade a la falta de confianza el hecho de que el principal sospechoso de haber llevado a cabo el espionaje, es el mismo que está llevando a cabo la investigación».
Ante este panorama, exigió -como lo han hecho las organizaciones reiteradamente- la instauración de un grupo de expertos independientes que realicen la investigación. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son los organismos que los activistas proponen para llevar a cabo dicha tarea.
Hace un año, expertos y organizaciones especialistas en salud pública del mundo eviaron una carta pública dirigida al presidente Enrique Peña Nieto a fin dr exigir una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de los casos de espionaje a activistas y promotores de políticas públicas contra la obesidad y diabetes.
¿QUÉ OCURRIÓ EL AÑO PASADO?
Alejandro Calvillo Unna, director de EPC, el doctor Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y Manuel Encarnación, de la Coalición Contrapeso fueron espiados mediante el malware «Pegasus».
Calvillo, Barquera y Encarnación han tenido en común la postura de aumentar el gravamen a las bebidas azucaradas. Entre el 13 de julio y el 17 de agosto de 2016, los defensores de la salud recibieron mensajes que los redireccionaban a alguna página web, con lo que al ingresar –sin saberlo– permitían el acceso a la información de su dispositivo móvil, a la cámara, localización por GPS, entre otros.
Barquera fue quien más mensajes de texto recibió, con nueve, mientras Calvillo un par y Encarnación, uno. Las ligas de dichos mensajes llevaban a una página web de la funeraria Gayosso, por lo que Calvillo lo consideró incluso como una amenaza de muerte.
Un informe de Citizen Lab y la Red de los Derechos Digitales, SocialTIC, Access Now y Amnistía Internacional demostró que los tres impulsores del derecho a la salud fueron víctimas de espionaje ilegal, dio a conocer The New York Times en febrero del año pasado.
