¿Dónde está el dinero público y de donaciones privadas y extranjeras para la reconstrucción del país?, ¿Quiénes manejan esas bolsas millonarias? Esto y más se han cuestionado durante los seis meses los miles de damnificados que dejó el sismo del 19 de septiembre, y que golpeó fuertemente a cinco estados del país, incluida la Ciudad de México.
El CIDE realizó un estudio para detallar que los recursos públicos federales y estatales son administrados o vigilados por la Secretaría de Hacienda, el Gobierno federal, Sedesol, Sedatu y Banobras. Pero detectó que, en general, reportan falta de transparencia por lo que incluso hay riesgo de que queden en el limbo.
En la Ciudad de México, donde hubo señalamientos contra legisladores de la ALDF por el secuestro del presupuesto para los damnificados, ahora la Secretaría de Finanzas se encarga de asignarlos a las dependencias que lo requieren bajo la vigilancia de la Comisión de Reconstrucción. La instancia se ha comprometido a subir en línea a dónde va cada peso tanto del Fondo (5 mil millones de pesos) como de otras fuentes –como la de contingencia (2 mil 900 millones de pesos)–. «Como si fuera una auditoría», dijo Edgar Amador Zamora, Secretario de Finanzas de la capital del país.
Pero a seis meses de la tragedia persisten muchas dudas sobre cuánto es el monto total de la ayuda debido a un problema de comunicación y, por supuesto, a la falta de transparencia , afirmó el autor del estudio del CIDE, Jaime Hernández.
Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– Hace seis meses un temblor con intensidad de 7.1 grados sacudió a la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero. Murieron 471 personas, otros 12 millones resultaron afectados y más de 180 mil viviendas están dañadas. Para el proceso de reconstrucción, surgieron fondos públicos a nivel federal y estatal, así como privados. Sin embargo, la falta de transparencia en su administración lleva a «un riesgo de captura» de los recursos, advirtió el estudio «Reconstrucción 19S» del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE).
Las instancias que administran o vigilan los recursos públicos para asignarlos a dependencias que requieren ejercerlos son la Secretaría de Hacienda, de Gobernación, de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, así como Banobras, Fovissste, Secretaría de Finanzas de la capital del país y Protección Civil estatales. Respecto a los recursos privados, es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) la que debe vigilar a las instituciones bancarias, así como el Consejo Nacional de Protección Civil.
Luego de analizar la operación de estos tres tipos de recursos, «el diagnóstico arrojó falta de transparencia, y rendición de cuentas, lo cual lleva a un riesgo de captura de los recursos y que los principales afectados sean los que menos reciban el apoyo necesario», determinó el informe.
Las fallas son principalmente en el Fondo de Reacción Inmediata para la Ciudad de Puebla, el Seguro de Protección contra Riesgos Catastróficos para Oaxaca y el Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (Fogird) de Chiapas.
Jaime Hernández Colorado, uno de los autores del estudio del CIDE, dijo en entrevista que «si hablamos de peligro se deben englobar a todos los recursos aun cuando los estatales están todavía a merced de un conjunto de riesgos mayores por la naturaleza que tienen. No existe sobre ellos control de las instancias de la Secretaría de Hacienda».
En el caso de los fondos de Morelos y Chiapas se utilizan de la misma manera que los gastos ordinarios de los gobiernos estatales, «lo que abre un espacio para la discrecionalidad y limitan la transparencia» porque, explicó, la información llega a los ojos del ciudadano con «un desfase considerable» y ya no es posible ejercer ningún tipo de dirección.
Respecto a la Ciudad de México, donde hubo 5 mil 765 casas dañadas, el 22 de febrero el Pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó el dictamen que reforma la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para retirar la facultad al órgano legislativo de autorizar y vigilar el uso de 8 mil millones de pesos presupuestados para la reconstrucción.
Los diputados Leonel Luna Estrada, del PRD, y Jorge Romero Herrera, del PAN, ambos de la Comisión de Gobierno, así como el perredista Mauricio Toledo Gutiérrez, de la Comisión de Presupuesto, fueron señalados por Morena y la organización civil Nosotrxs de «secuestrar» esa bolsa de dinero. Luego de la reforma a la Ley de Presupuesto, la Secretaría de Finanzas, dirigida por Edgar Amador Zamora, y vigilada por la Comisión para la Reconstrucción, se encarga del manejo de ese fondo.
En entrevista con SinEmbargo, Amador Zamora dijo que en total cuentan con un presupuesto de alrededor de 6 mil 800 millones de pesos considerando las distintas fuentes. En concreto, el Fondo de Reconstrucción que está en la fracción primera del artículo 14 de la Ley de Presupuesto reformada son alrededor de 5 mil millones de pesos.
«La enmienda al artículo 14 del decreto de Presupuesto establece que lo administraría la Secretaría de Finanzas y requeriríamos el visto bueno de la Comisión de Reconstrucción para armar el plan, lo cual tiene todo sentido porque la Secretaría no es experta en temas técnicos. Preferimos el concurso de los especialistas de la Comisión para que nos validen que los proyectos que se proponen sean los adecuados», afirmó. «La Secretaría de Finanzas no ejerce, asigna presupuesto y da curso al ejercicio», reiteró.
El monto del presupuesto del Fondo de reconstrucción se encuentra en el artículo 14, en la fracción primera que es de 5 mil millones de pesos. En el artículo 2 hay cerca de mil 200 millones de pesos asignado a cuatro dependencias: a la Agencia de Gestión Urbana, a la Secretaría de Educación, al Invi y a la Secretaría de Desarrollo Social. Además, en el artículo tercero de esta Ley de presupuesto están los recursos con normas federales del FAIS para que sean utilizados para la reconstrucción de la CdMx.
El total de los 6 mil 800 millones es un presupuesto que se va asignando este 2018. Las dependencias que lo están ejerciendo son las encargadas de la reconstrucción: el Sistema de Aguas, la Agencia de Gestión Urbana, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Rural, enlistó el Secretario Amador.
Pero también les han ido repartiendo de otras fuentes.
«Se cuenta con un Fondo de Contingencia, que el año pasado se activó por 3 mil millones de pesos, de los cuales comprometieron cerca de dos mil 500 millones. Para este ejercicio 2018 se han activado 2 mil 900 millones de pesos, los cuales también han sido comprometidos y han comenzado a ser asignados», afirmó.
El Secretario de Finanzas se comprometió a que se subirá en la plataforma digital de la CDMX todo el trato presupuestal, incluyendo la asignación, la explicación de cada dependencia de por qué requiere el monto que está solicitando para la reconstrucción, y en qué actividades lo emplearán. También publicarán el pago al proveedor del servicio y pondrán incluso los contratos correspondientes.
«Como si fuera una auditoría, va a ser una revelación absoluta. Cualquier ciudadano podrá saber los montos pagados y a quién se les dieron», sostuvo. «En la plataforma de la CDMX habrá una sección especial para transparencia para el ejercicio 2017. Para el ejercicio 2018 está en curso y conforme vayamos teniendo se va ir divulgando en el mismo formato».
EL CAOS PERSISTE
Respecto a la iniciativa ciudadana presentada a la ALDF, Mónica Tapia, presidenta de Ciudadanía 19S, expuso vía telefónica que la Comisión de Gobierno ya la turnó para dictaminación a la Comisión de Desarrollo Urbano, a la de Administración, y a la de Presupuesto.
«Estamos a la espera. El Jefe de Gobierno (Miguel Ángel Mancera) mandó (el jueves) una iniciativa para reformar también la Ley de Reconstrucción. Pero tiene un punto mínimo porque la próxima semana se acabará la fecha límite para que la gente se registre en la plataforma y si no están no son sujetos de apoyo público. Se dio con muy poquito tiempo», dijo Tapia.
Destacó que además de discutir ese punto, también es urgente y necesario la conformación de la Comisión de Reconstrucción luego de las renuncias, los censos completos cuyo plazo terminó el 16 de marzo sin cumplirse, y la fiscalización de los recursos.
«El Secretario de Finanzas dijo que los 6 mil 800 millones de pesos están intactos. Pues según yo eran 8 mil 700 millones de pesos. Ahora ya bajaron. Millones van, millones vienen y no sabemos cuál es el monto real y cómo se está usando», afirmó Tapia a nombre de los damnificados.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, es porque además de los 5 mil millones del Fondo, cuentan con otras fuentes como el fondo federal FAIS y el Fondo de Contingencia que hacen los 8 mil millones de pesos. El investigador del CIDE, Jaime Hernández coincidió y agregó que la CDMX tambié cuenta con un fideiscomiso para donativos privado. Aunque hay más información respecto a otras entidades, aseguró que sigue faltando certeza y «es un problema de comunicación».
El Secretario de Gobierno de la capital del país, José Ramón Amieva, afirmó en entrevista que en algún momento tanto la ALDF como la Secretaría de Finanzas pueden sentarse para hacer una «conciliación númerica» porque el dinero «tiene que ser exacto». Documentó que la CDMX cuenta con 25 millones de pesos como donativos recibidos en 2017, de los cuales 20 millones se destinaron a la Fundación Slim para potenciar el dinero. El resto la Secretaría de Finanzas tiene pendiente de asignar.
Sin embargo, «sigue habiendo muchísimo caos, descontrol y son ya seis meses», acusó Mónica Tapia, de Ciudadanía 19S. «El gobierno es muy incapaz de llevar a cabo una reconstrucción plural, con participación, efectiva y limpia».
El investigador del CIDE, Jaime Hernández, agregó que no existe un proceso ni estrategia de reconstrucción, sino «acciones aisladas que no tienen coherencia entre sí».
MEZCLA DE FONDOS
El estudio del CIDE «Reconstrucción 19S» alertó que tener fondos públicos y privados operando de manera paralela levanta «una señal de alerta», pues sin una adecuada coordinación, se correo el riesgo de duplicidad de esfuerzos, opacidad en el ejercicio de los recursos y poca efectividad y eficiencia en la resolución de los problemas ocasionados por el fenómeno geológico.
A eso se suman los recursos de partidos políticos nacionales que quisieron «donar» y que se han reintegrado a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Dado que han sido reingresados a las arcas públicas federales tendrán el destino que les asigne la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con los fondos públicos nacionales existentes.
Los rubros de atención previstos por estos fondos públicos y privados son para los damnificados (apoyos productivos, fuentes transitorias de empleo, salud, entre otros); infraestructura y bienes públicos (caminos, puentes, agua potable, saneamiento, alumbrado, estructuras gubernamentales, entre otros), infraestructura y bienes privados (vivienda, menaje, estructuras privadas, entre otros), zonas naturales y zonas productivas.
Ante las irregularidades detectadas por los investigadores del CIDE, el estudio pide que el ejercicio de los recursos públicos y privados se haga de manera eficaz con planeación sustentada; se apegue a un modelo participativo en labores de vigilancia y control; se haga de forma transparente; contenga mecanismos de rendición de cuentas para limitar los espacios de discrecionalidad y el mal uso de los recursos; e introduzca estrategias de comunicación y buenas prácticas en el manejo de la información.
Sobre la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, luego de la renuncia de tres de sus miembros por señalamientos de opacidad en el uso de los recursos, sigue sin reunirse.
Mónica Tapia, de Ciudadanía 19S, llamó a reconformarla con nombramientos de convocatoria abierta; que no «sean cuates» de la Secretaría de Finanzas o del Jefe de obras o «premios de consolación» con fines políticos. También urgió a que se haga cargo de la asignación de recursos con prioridades, las cuales no están claras porque no hay un censo terminado ni un Atlas de riesgo actualizados.
Sobre el censo retardado, el Secretario de Gobierno, José Ramón Amieva, explicó que la Ley habla de una plataforma que debe referir un censo de inmuebles, de mercados públicos y empresas, de infraestructura urbana (escuelas y hospitales), actividades agrícolas y cultural, los cuales «están en proceso de integración».
El censo que ya se concluyó es el socioeconómico levantado por la Sedesol, el cual arrojó a 27 mil personas en situación de vulnerabilidad, dijo Amieva.
«Lo que nos han dicho las áreas es que se tuvieron que realizar los censos con el personal que ya se contaba porque no hubo contrataciones adicionales. (Se hizo) de acuerdo a la capacidad operativa que cada Secretaría tenía y fue retrasando un poco», aseguró. Aunque destacó que el gobierno capitalino envió otra iniciativa a la ALDF para que el límite para tener el censo se amplíe y con ello ningún afectado se quede sin apoyo.
FONDOS PÚBLICOS FEDERALES
Estos fondos se han diseñado como una herramienta de apoyo monetario directo o en especie (materiales, alimento, recursos humanos, entre otros) y se clasifican como un subsidio o como crédito. Actualmente se mantienen en operación cinco fondos:
1 Fondo de Desastres Naturales (Fonden) – SHCP y Segob
El Fonden es financiado por medio del ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Primero se genera un comité de evaluación de daños para su correcta implementación y al autorizarse los recursos, la Segob y la SHCP firman un convenio de coordinación con los gobiernos estatales o dependencias. Finalmente, Banobras se responsabiliza de transferir los recursos autorizados directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y servicios, y proveedores contratados por los gobiernos estatales o dependencias.
Las acciones de control, vigilancia y evaluación de los recursos del Fonden corresponden a la SHCP, a la Segob, a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Este órgano fiscalizador ha señalado problemas en la ejecución del Fonden por falta de mecanismos de control y evaluación de la ejecución de los recursos, además de acciones incompletas o nulas, y falta de evidencia sobre la información recopilada.
2 Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda – Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)
A través del Programa emergente de reconstrucción y rehabilitación de vivienda operado por las Agencias Productoras de Vivienda (APVs) de la banca del gobierno SHF, los damnificados pueden acceder a un crédito hipotecario de hasta 100 mil pesos, recursos que pueden ser un complemento al Fonden. Para ello, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) debe generar el padrón de viviendas afectadas.
Dependiendo de los daños de las casas podrán acceder a facilidades para adquisición y reconstrucción con tasas de interés y plazos preferenciales del 7 por ciento y hasta 120 meses, respectivamente. Uno de los requisitos es contar con el documento que acredite la posición de la tierra.
No obstante, las evaluaciones oficiales sobre su implementación y resultados han señalado fallas importantes. La Auditoría Superior ha detectado en diversas auditorías un inadecuado control y casi nula transparencia y rendición de cuentas de las relaciones entre la SHF, dirigida por Jesús Alberto Cano Vélez, y los responsables directos de atender las necesidades de vivienda de los afectados.
3 Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado – Fovissste
Los trabajadores activos del Estado tienen acceso a créditos preferenciales mediante préstamos con garantía hipotecaria, ente ellos el tradicional que puede ser utilizado para la adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en terreno propio, acciones de ampliación, reparación o mejoramiento de vivienda o para la redención de pasivos.
El monto máximo del crédito por otorgar está en función del salario básico mensual del derechohabiente; el plazo máximo para el pago es de 30 años; el pago es mensual vía nómina y la tasa de interés se calcula con base en el sueldo básico de cotización. En el caso del sismo, se creó el Programa inmediato de reconstrucción de vivienda (Pire) que cuenta con 15 mil millones de pesos. De acuerdo con las convocatorias 2017 y 2018 se dieron 3 mil y 5 mil créditos, respectivamente.
Se estableció que el monto total de los créditos para los afectados se entregaría en tres pagos: del 50, 40 y 10 por ciento; se otorgarían 35 mil pesos para quienes su inmueble esté inhabitable; se concederían pagos de hasta un millón de pesos por pérdida total del bien raíz y se mantendrán sin cambio las tasas de interés vigentes otorgadas por el Fovissste. En caso de daño parcial de la propiedad, se planteó el otorgar una mensualidad de 5 mil pesos por seis meses para pago de renta.
Pero respecto a transparencia, el estudio del CIDE observó que la información necesaria para ser sujeta a revisión se acumula, se registra y se publica en términos cuantitativos, lo que obstaculiza el rastreo específico de las actividades, de los beneficiarios y de los logros obtenidos.
4 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) – Sedatu
El Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV) de este fideicomiso apoya a los hogares en situación de pobreza patrimonial, mediante la entrega de subsidios para su aplicación en materia de vivienda. El requisito es que no deben tener acceso a ningún tipo de crédito bancario o laboral y para activarlo se debe emitir la Declaratoria de Desastre y poner primero en marcha el Fonden.
No obstante, el PAV no ha sido identificado por el Gobierno Federal como un medio de ayuda para la reconstrucción actual, expuso el estudio. Asimismo, las fallas detectadas por la ASF en su uso previo señalan que no se cumplieron sus objetivos y, como en el resto de la operación de los fondos públicos federales, una vez que son entregados a los ejecutores de gasto se disuelve la línea del seguimiento y la evaluación. Los administradores se convierten en meros dispersores del recurso y ante la corresponsabilidad se ganan espacios para evitar la responsabilidad.
5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) – Sedesol
Se responsabilizó a la Sedesol como coordinadora del fondo y fue clasificado en dos: el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF). Mediante el FISE pueden ejecutarse obras y acciones orientadas a beneficiar a las poblaciones con mayor rezago social.
La Sedesol propone el monto por repartir y la Cámara de Diputados analiza y en su caso, aprueba para su publicación oficial en el PEF. Una vez publicado el monto, la SHCP lo distribuye entre los estados conforme lo señala la Ley de Coordinación Fiscal. Los gobiernos estatales por su parte deben enviar el 50 por ciento de los recursos a las denominadas zonas de atención prioritaria y el resto a los municipios con los dos mayores grados de rezago social o en pobreza extrema.
Sin embargo, «se han detectado casos en los que los recursos del fondo se traspasan a otras cuentas para cubrir otros gastos, se ejecutan acciones y obras fuera de los rubros establecidos por su normativa o bien que no benefician a la población objetivo, no se cuenta con la documentación comprobatoria de los gastos, se efectúan pagos en exceso, conceptos de mala calidad, e identifican obras pagadas no ejecutada», enfatizó el informe del CIDE.
FONDOS PÚBLICOS ESTATALES
También son bolsas de dinero público, que en su mayoría operan con los fondos que se transfieren de la federación, pero que suman también recursos de la entidad. Son seis en total:
1 Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (Foref) – Banobras
La Segob, en conjunto con la SHCP, integró el Foref como un fideicomiso con Banobras por medio del cual ofrecieron a los estados afectados un esquema crediticio a largo plazo por 20 años.
A diferencia del Fonden y dada su naturaleza financiera, el Foref no plantea tiempos específicos para su contrato debido a que para ello previamente los estados deben solicitar permiso al Congreso estatal. Banobras, dirigido por Alfredo Vara Alonso, es el responsable de realizar las inspecciones que considere pertinentes para verificar el cumplimiento de las acciones asociadas al crédito.
Pero la información que se publica es la que por obligación incluyen los gobiernos estatales en sus cuentas públicas como deuda, lo que afecta a la rendición de cuentas de este fondo, determinó el CIDE. Asimismo, el fondo representa riesgos tanto financieros como de desempeño por parte de los acreedores que se molestan ante la falta de mecanismos claros y oportunos de supervisión, evaluación, transparencia y rendición de cuentas.
2 Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México (Fonaden) – Secretaría de Finanzas
Para poder acceder a los recursos de este fondo la Secretaría de Salud o de Protección Civil debe solicitar al Comité de Evaluación de Daños la propuesta del monto necesario, acompañado de la documentación que la instancia en cuestión considere suficiente, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera.
Como mecanismo de seguimiento para la estrategia de recuperación se creó la Comisión para la Reconstrucción, cuyo primer director, Ricardo Becerra, decidió renunciar al señalar que la ALDF los puso al margen de las decisiones sobre el uso de los recursos. Actualmente Raúl Esquivel, el Jefe Vulcano, es el subcomisionado para la Reconstrucción. «Tiene una trayectoria impecable al servicio de la comunidad, pero no sé si sepa de censos y de fiscalización de recursos», aseguró Mónica Tapia, de Ciudadanía 19S.
La rendición de cuentas del Fonaden CDMX recae en la Secretaría de Finanzas, dirigida por Edgar Amador, la cual está encargada de informar sobre aspectos relevantes de su ejercicio y las obligaciones deben cumplirse por medio de la ventana de transparencia del gobierno de la CDMX.
Adicionalmente, se creó la plataforma Reconstrucción CDMX, en donde se encuentran los documentos de declaratoria e informes de afectación. Estos mecanismos, si bien son una base mínima para la transparencia y rendición de cuentas de los recursos que se ejerzan en la estrategia de reconstrucción, requieren de mayor puntualidad y actualización permanente, urgió el CIDE.
3 Fondo de Reacción Inmediata para la Ciudad de Puebla
Este fondo se creó en el marco de los sismos de septiembre de 2017. Su objetivo es la atención inmediata con una bolsa de hasta 50 millones de pesos, alimentada de recursos estatales y del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
La Contraloría Municipal, donde el panista Luis Banck es Alcalde, es la instancia encargada de la vigilancia en el ejercicio de los recursos. Sin embargo, eso no permite afirmar que las reglas del fondo establecen mecanismos de transparencia, rendición de cuentas o participación ciudadana, observó el CIDE.
4 Órgano desconcentrado Unidos por Morelos – Infonavit y Fovissste
Creado luego del 19 de septiembre, este órgano desconcentrado de Morelos ha planteado como mecanismos de identificación de estrategias y planeación la instalación de mesas de trabajo con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Pero carece de mecanismos de seguimiento.
El Comité Técnico del órgano desconcentrado debe garantizar la transparencia y rendición de cuentas de las acciones y recursos ejercidos. El manejo y disposición de los recursos económicos serán transparentados y publicados en Internet con el formato de datos abiertos y la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social es la encargada de llevar a cabo el monitoreo y la evaluación de la estrategia estatal y las acciones de órgano.
5 Seguro de Protección contra Riesgos Catastróficos para Oaxaca – Protección civil estatal
Este Seguro de crédito cuenta con una bolsa de 60 millones de pesos, pero solo se activan sólo una vez que se han aprobado los recursos del Fonden para la atención de desastres en Oaxaca, que a su vez se tarda. Este seguro tiene vigencia a julio de 2018 y está respaldado por Agroasemex.
El seguimiento de los recursos es responsabilidad de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), dependencia que también asegura su vigencia. No obstante, el estudio no encontró evidencia acerca de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a los que están sujetos los recursos del seguro.
6 Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (Fogird) – Protección civil de Chiapas
El Fogird es un fideicomiso constituido a partir del Presupuesto de Egresos de Chiapas de 2017, basado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. La Secretaría de Protección Civil será la encargada de llevar el control de los recursos asignados y tiene la obligación de informar sobre el avance en el ejercicio de éstos. Sin embargo, no se encontró evidencia de que existan mecanismos específicos de transparencia y rendición de cuentas del fideicomiso.
FONDOS PRIVADOS
Empresas nacionales e internacionales, gobiernos extranjeros, celebridades y personas físicas donaron a través de instituciones bancarias, fideicomisos privados, organizaciones de la sociedad civil y plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding).
La transparencia en estos fondos se complica, dijo el investigador del CIDE, Jaime Hernández Colorado. «Existe un volumen de recursos sobre el que no hay información de ningún tipo», aseguró.
Se han identificado dos fideicomisos privados relacionados con la reconstrucción con registro de donatarias autorizadas, que han reportado información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) al 31 de octubre de 2017: el Fideicomiso Fuerza México que constituyó el Consejo Coordinador Empresarial y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México.
De acuerdo con datos reportados por Transparencia Presupuestaria de la SHCP y por el reporte de transparencia de donatarias autorizadas al 31 de octubre del SAT, el Fideicomiso Fuerza México recibió en total 51 millones de pesos de gobiernos extranjeros y 64.7 millones de pesos de donantes mexicanos.
Además están los fondos para la reconstrucción de aseguradoras y empresas; de organizaciones de la sociedad civil con un total de 942 millones de pesos; y de instituciones bancarias. Al menos se concentraron 2 mil 864 millones de pesos en instituciones bancarias. Además hay otros 2 mil 25 millones que recibieron organizaciones registradas ante el SAT, de acuerdo con el estudio “Reconstrucción 19s” del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (Pirc) del CIDE.
La opacidad fue por parte de Scotiabank, Ayuda Santander, Intercam Banco, Multiva y HSBC. En contraste, Banorte, Bancomer, Banamex, Banco Azteca e Inbursa ofrecen la información.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es la instancia responsable de vigilar y se asegurar de la correcta ejecución de todos los servicios y esquemas de apoyo que ofrecen las instituciones bancarias a los damnificados.
Por parte de dos de los hombres más ricos de México, Fundación Azteca –de Ricardo Salinas Pliego– recaudó 63.5 millones de pesos, y Fundación Slim –de Carlos Slim Helú– reportó una recaudación de 2 mil 467 millones de pesos, los cuales administrará directamente y ejecutará en proyectos de ayuda humanitaria para los damnificados.
