Sergio Madrid Zubirán, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), calificó que la iniciativa de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable implica un «retroceso» para los derechos de indígenas y campesinos en materia de manejo forestal comunitario, ya que deja abierta la posibilidad de que los bosques sean perjudicados, debido a que el manejo y aprovechamiento de los ecosistemas les sería arrebatado de las manos.
Además, dijo, recientemente María Hilaria Domínguez Arvizu, Senadora por el Partido Revolucionario Institucional, promovió un párrafo a la Ley, el cual «tendrá enormes impactos en el desarrollo forestal».
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Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado al Senado de la República a realizar una consulta sobre la iniciativa de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y a implementar mejoras, ya que, señalan, tal y como se encuentra permite el saqueo y la privatización de recursos naturales, además de arrebatar el cuidado y conservación de las manos de las comunidades.
Faltan algunas semanas para que finalice el último periodo ordinario y ya transcurrió casi año y medio desde que la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó la iniciativa, pero no ha existido la consulta que la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y otras organizaciones han exigido reiteradamente.
En entrevista para SinEmbargo, Sergio Madrid Zubirán, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), calificó que la Ley implica un «retroceso» para los derechos de indígenas y campesinos en materia de manejo forestal comunitario, ya que deja abierta la posibilidad de que los bosques sean perjudicados, debido a que el manejo y aprovechamiento de los ecosistemas les sería arrebatado de las manos.
Además, indicó, recientemente la Senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) María Hilaria Domínguez Arvizu promovió un párrafo a la Ley, el cual «tendrá enormes impactos en el desarrollo forestal».
En el Capítulo I, Artículo 48, se lee: «Las autorizaciones y actos previstos en la fracción I del artículo 62, fracciones I, II, III, V, VI, VII y VIII del artículo 63 de esta Ley, serán susceptibles de transmisión».
Con ello, dijo, Madrid Zubirán, «se abre la puerta a que una empresa privada pueda negociar con el ejido el derecho a hacer el aprovechamiento forestal […] Un privado puede negociar la transmisión de derechos de titularidad por décadas, de tal manera que los ejidatarios no podrán hacer aprovechamiento durante el periodo que acuerden a cambio de una regalía o un pago, pero eso representa un enorme retroceso en el fortalecimiento de las capacidades de los ejidos y comunidades para aprovechar sus recursos naturales, como una estrategia para promover el desarrollo local y el desarrollo de la conservación».
También agregó que «este sencillo párrafo está abriendo la puerta para que los ejidatarios en los próximos 10, 15, 20 ó 30 años queden excluidos del aprovechamiento forestal».
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ALERTAN POR CORRUPCIÓN EN CONAFOR
En septiembre de 2016, la iniciativa para derogar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y promulgar una nueva, fue presentada en la Cámara de Diputados. Dicha propuesta, han acusado los ambientalistas, fue elaborada sin transparencia.
Hace un año, con modificaciones mínimas, la propuesta fue aprobada por los diputados y turnada para su revisión a la Cámara de Senadores, donde fue turnada a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat), de Estudios Legislativos Primera y a la de Desarrollo Rural.
En septiembre pasado, mientras la población de la Ciudad de México estaba concentrada en apoyar a los damnificados por el terremoto ocurrido el día 19, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó un dictamen que aunque incluyó algunas propuestas de las organizaciones civiles, mantenía retrocesos importantes.
Un par de meses después, recordaron las organizaciones, concluyó el periodo de sesiones y quedaron pendientes los resolutivos de las comisiones de Estudios Legislativos y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; al iniciarse el periodo de sesiones, esta comisión aprobó el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con adiciones.
«Las organizaciones firmantes queremos llamar la atención de los senadores para hacer una revisión cuidadosa del proyecto de dictamen, dado que existen cuestiones de peso que requieren discusión y enmienda: Hacemos hincapié en que el Senado de la República no ha dado respuestas a las reiteradas solicitudes de consulta sobre la reforma a la Ley Forestal aún cuando ha habido tiempo de sobra para hacerlo», manifestaron en un comunicado.
Por lo anterior, CCMSS, Cemda y Red Mocaf enlistaron una serie de «importantes deficiencias» dentro de la Ley Forestal que los Senadores aún están a tiempo de modificar:
Como primer punto, las ONG señalan la existencia de un «retroceso inaceptable» en la Ley vigente por el tema de la falta de participación de la sociedad.
En específico resaltaron que el dictamen aprobado le quita facultades al Consejo Nacional Forestal (Conaf), a los consejos estatales les suprime la potestad para conocer los cambios en políticas públicas y ejercer un papel de vigilancia y supervisión, mientras le otorga mayores facultades a la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Por ello, los inconformes destacaron que la transferencia de atribuciones de autoridad «requiere, al menos, de una reflexión abierta que no ha tenido lugar, mientras que diversos actores del sector forestal han señalado riesgos e inconvenientes de concentrar los actos de autoridad en la Conafor». Esos riesgos, subrayaron, debilitarían al sector forestal, que carece de capacidad para dirigir la política en temas de agua, pesca e hidrocarburos.
«Nos preocupa que esta concentración de funciones de la Conafor va a generar una condición forestal que se ha caracterizado por ser muy corrupta. Ahora, con funciones adicionales, se va a potenciar enormemente esa corrupción», alertó Madrid Zubirán.
También recriminan que aún no se incluyen distintas medidas para la mejora regulatoria y la gestión de los recursos forestales, por ejemplo, una regulación adecuada de los aserraderos móviles, clarificación de la prohibición de cambio de uso forestal, medidas para alcanzar la tasa cero de deforestación, manejo de acahuales o vegetación secundaria, definición de preferencia forestal en razón de la fragilidad de los ecosistemas y muchos otros conceptos que han sido descartados debido a la falta de comprensión.
Finalmente, las ONG insistieron en «la necesidad de revisar abierta y cuidadosamente los aspectos, mediante una consulta pública abierta, incluyente y de altura técnica y conceptual, que conduzca a una mejor Ley que demanda un sector con grandes potenciales, pero que enfrenta múltiples y graves carencias».
