#MemesMentirasYVideo | Las promesas de campaña incumplidas, los ataques, descalificaciones y guerra de declaraciones son una constantes durante los procesos electorales.
En el actual proceso, que se encuentra en periodo de intercampañas, los candidatos tienen prohibido realizar actividades que pudieran incitar al voto o convertirse en actos anticipados de campaña. Sin embargo, este lapso no ha sido impedimento para que los candidatos lancen una serie de acusaciones y descalificaciones.
En los últimos días los dos protagonistas de estas guerra de dimes y diretes fueron Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición “Por México al Frente” y José Antonio Meade Kubireña abanderado de “Todos Por México” quienes mantienen una disputa por los posibles desvíos de recursos.
Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– En los últimos años varios Gobernadores se han visto envueltos en una serie de escándalos al ser vinculados con casos de corrupción, desvío de recursos y lavado de dinero durante sus administraciones.
Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, Roberto Borge Angulo en Quintana Roo fueron detenidos por las autoridades mexicanas. En tanto, César Duarte Jáquez ex mandatario de Chihuahua es buscado por las autoridades.
Ahora, durante el proceso electoral, un nuevo caso de presunto desvío de recursos ha salido a la luz. Ricardo Anaya candidato de “Por México al Frente”.
Juniserra S.A. de C.V., una empresa propiedad de Ricardo Anaya está señalada de participar en un supuesto caso de lavado de dinero.
El abogado Adrián Xamán McGregor dio a conocer que entre 2016 y 2017, el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda contrató a sus clientes, de quienes se reservó su identidad, para simular la venta de una nave industrial de la empresa Juniserra S.A. de C.V. a la presunta empresa fantasma Manhattan Masterplant Development.
La empresa de Ricardo Anaya adquirió el inmueble en 10 millones de pesos, y lo vendió en 54 millones de pesos, según se explicó.
El litigante acusó que para ocultar el origen del dinero y al beneficiario final [Ricardo Anaya], el empresario queretano encargó a sus clientes construir un esquema en donde se utilizaran empresas fantasma o fachada en diferentes países. Y aseguró que sus representados han recibido amenazas.
Anaya negó las acusaciones y acusó que “nuevamente el PRI recurre a la guerra sucia para tratar de confundir a la opinión pública e intentar levantar la campaña en ruinas de su candidato. Y, nuevamente, no les va a funcionar”.
EL PRI SE DESLINDA
Ante los señalamientos de Anaya, quien asegura que las acusaciones en su contra fueron orquestadas por el PRI para colocar a José Antonio Meade en el segundo lugar de las encuestas, el partido tricolor se deslindó de los hechos.
En una conferencia, el equipo de José Antonio Meade reiteró que ni el candidato ni el partido están relacionados con las recientes acusaciones sobre supuesto lavado de dinero de Ricardo Anaya.
En tanto el abanderado tricolor José Antonio Meade, calificó de “francamente criminal” una transacción inmobiliaria en la que está involucrado Ricardo Anaya.
“El caso de Ricardo me parece gravísimo. Me parece que es una actividad francamente criminal”, dijo Meade durante una reunión con representantes de la prensa extranjera en Ciudad de México.
Consideró que “venderle un predio que costó 10 millones de pesos en 54 millones a la misma persona, y habérselo vendido a través de una empresa fantasma” no es una simple “irregularidad administrativa”.
“Me parece que en un contexto en que al centro del debate está la corrupción, no hay absolutamente ningún equilibrio moral, ni político ni periodístico en tratar el tema como algo diferente a algo grave, como algo distinto a un delito”, sostuvo.
EL FRENTE CONTRAATACA
Ante las acusaciones por presunto lavado de dinero en contra de su candidato, integrantes de la coalición «Por México al Frente» acusaron a José Antonio Meade de participar en los desvíos de recursos de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), los cuales alcanzarían, dijeron, los 500 millones de pesos.
Damián Zepeda Vidales, presidente nacional del PAN, señaló que, derivado de una revisión del informe de la cuenta pública de la Auditoria Superior de Federación (ASF) de 2015 y 2016, se encontraron al menos tres casos que demuestran que el candidato del PRI, entonces Secretario de Desarrollo Social (del 28 de agosto de 2015 al 6 de septiembre de 2016), no solo fue cómplice, sino que tiene responsabilidad de manera directa del desvío de los recursos.
En un primer caso se señala el desvío de 400 millones de pesos a través de la Universidad Politécnica de Chiapas en 2015, caso en el que, de acuerdo el informe, se mostró que la Sedesol no proporcionó evidencia que acredite en tiempo y forma los trabajos realizados por dicha casa de estudios.
El equipo del candidato de la coalición PRI-PVEM y Panal calificó de falsas las declaraciones de Ricardo Anaya al decir que de una auditoría realizada al Programa de Adultos Mayores de Sedesol no se derivaron suspensiones a servidores públicos.
El equipo de campaña de Meade aseguró que las acusaciones eran parte de una mentira, pues argumentaron que en su momento se hicieron públicas las bajas de más de 400 servidores públicos.
Ante los hechos, “Por México al Frente” retó al equipo de Ricardo Anaya a publicar la lista de los 468 funcionarios que fueron sancionados por los desvíos en la Sedesol.
Fernando Rodríguez Doval, Secretario de Comunicación del PAN aseguró que era falso que 468 fueran sancionados pues solamente 5 recibieron una sanción.
El panista indicó que de los funcionarios tres fueron sancionados por negligencia administrativa, uno por abuso de autoridad y otro por ambas causas.
El frente exigió a Meade dar la cara u asumir las consecuencias por no haber cumplido la ley y reiteró que sí es responsable de los desvíos.
También acusaron a la PGR por no actuar con celeridad para investigar los hechos luego de que la ASF presentara cuatro denuncias penales por dichas irregularidades.
“La PGR está al servicio de esta campaña electoral, persiguiendo a sus opositores y protegiendo a sus aliados, entre ellos, a su propio candidato presidencial”.
SEÑALAN A PGR POR NO ACTUAR
Ricardo Anaya aseguró que ni la PGR ni el SAT habían iniciado algún tipo de procedimiento en su contra pese a que lo han acusado de lavado de dinero.
“Si el 5 por ciento de lo que ha inventado el PRI en mi contra y han repetido hasta el cansancio en todos los medios de comunicación es cierto, ¿por qué no proceden en mi contra la PGR y el SAT? Aquí estoy, saben en dónde encontrarme, saben dónde vivo, me siguen todo el santo día con los vehículos del CISEN”, dijo Anaya Cortés a través de un comunicado.
Ricardo Anaya aseguró que dicho señalamiento es una cortina de humo creada por el PRI para desviar la atención de los supuestos desvíos realizados por su candidato, Meade Kuribreña, cuando era titular de la Sedesol.
“José Antonio Meade desvió 500 mdp cuando era Secretario de Desarrollo Social, eso es corrupción y, además, falta de vergüenza”, destacó.
Asimismo, aseguró que la versión de la PGR de que se negó a declarar también es falsa, pues el pasado domingo, cuando le entregó un escrito al encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, él sólo se acercó a preguntarle “si quería declarar algo más”, pero esa, dijo, no es una solicitud formal.
“Le dije: lo que tengo que decir está contenido en mi escrito y de manera facciosa, mentirosa, tramposa, emiten un boletín de prensa para decir que me negué a declarar. Eso es falso”, explicó Ricardo Anaya en el comunicado.
Luego de las acusaciones la PGR aseguró que, sin contravenir ninguno de los principios del debido proceso y salvaguardando la presunción de inocencia, trabaja conforme a ley en el caso de presunto lavado de dinero en el que se encuentra involucrado Ricardo Anaya.
La Procuraduría informó a través de un comunicado que tras haber recibido una denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, desde el 26 de octubre de 2017, se inició con una carpeta de investigación derivada de las pruebas presentadas.
Explica que gracias a los datos expuestos en la denuncia de referencia ha llevado a cabo acciones que responden a cateos autorizados por un Juez de Control a diversos inmuebles, aseguramiento de cuentas bancarias, inspecciones a varios inmuebles y solicitud de alertas migratorias a nivel mundial. Sin embargo, no ofrece nombres de los imputados.
También ha ordenado citar a diversas personas, quienes acudieron a rendir su entrevista. Detalla que dos de los citados pidió que le fueran aplicadas figuras jurídicas nuevas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, mismas que aún se encuentran bajo el análisis del Ministerio Público de la Federación.
RECLAMAN A «EL BRONCO» POR NO CUMPLIR SU PALABRA
Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, no se salvó y fue cuestionado por los ciudadanos del estado de Nuevo León quienes le reclamaron por no cumplir con su promesa de campaña de encarcelar al ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.
El 3 de junio de 2016 el Gobernador con licencia anunció la “Operación Tornado” la cual consistía en iniciar procesos penales en contra de alrededor 30 ex funcionarios, incluyendo a Rodrigo Medina. Sin embargo, lo único que logró fue el encarcelamiento por unas horas de Medina y un proceso penal en contra del Juez que ordenó privar de su libertad al ex mandatario.
El día de ayer, un Juez exoneró a Medina de la Cruz, de uno de los cuatro procesos que se le siguen, informó Reforma.
De acuerdo con el diario, tras una tercera revisión judicial, el Juez de Control Jaime Garza Castañeda tomó la decisión de no vincular a proceso al ex mandatario, por el delito de ejercicio indebido de funciones.
De éstas imputaciones, explicó Reforma, sólo por el ejercicio indebido de funciones será vinculado el ex Gobernador, tras una supuesta exención de impuestos, durante 20 años a Kia Motors.
Sin embargo, el Juzgado Quinto de Distrito le concedió un amparo, promovido por defensa de Rodrigo Medina, que fue apelado por la Fiscalía Anticorrupción y tuvo que ser turnado al Segundo Tribunal Colegiado, quienes sólo confirmaron la decisión que ya había tomado la Jueza de Distrito.
