En agosto de 2016, Dilma Rousseff fue destituida del cargo de Presidenta de Brasil tras un juicio político de seis días por señalamientos de violación a la Ley fiscal. En diciembre de 2017, el Congreso del Perú aprobó destituir al Presidente Pedro Pablo Kuczynski por vínculos con el caso Odebrecht, pero faltaron ocho votos.
Este día, los senadores del PAN anunciaron que perfilan sumarse al frente opositor en la Cámara de Diputados y, como ellos, solicitar a la Cámara de Diputados un juicio político contra el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, a quien acusan de usar la institución con fines electorales.
Sin embargo, la Subcomisión de Examen Previo tienen 270 procesos pendientes contra más de mil funcionarios públicos que datan desde 2003 hasta diciembre del año pasado, que incluyen al Presidente Enrique Peña Nieto, al candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña, a Secretarios de Estado, ex Gobernadores, y a otros ex Procuradores. También se han desechado 171, entre ellas 12 acusados que ya fallecieron. El analista político Enrique Toussaint expuso que esta figura sólo es un juego de simulación e intercambio de favores.
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Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– La Cámara de Diputados tiene atoradas más de 270 solicitudes de juicio político contra más de mil funcionarios públicos, y apenas hace unos días, diputados opositores al PRI presentaron una más en contra de Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), por la presunta injerencia de ese órgano de justicia federal en el supuesto caso de lavado de dinero relacionado con Ricardo Anaya Cortes, candidato presidencial de la coalición «Por México al Frente».
Los legisladores del PAN en la Cámara de Senadores dijeron hoy que pretenden sumarse a la petición de los integrantes del frente opositor en la Cámara de Diputados para que Elías Beltrán sea sometido a juicio político por usar de manera «facciosa y electoral» a la dependencia en contra del panista Anaya Cortés.
Sin embargo, el proceso que permitiría inhabilitar del cargo o retirar el fuero a los señalados de delitos o de traicionar la confianza de los ciudadanos es sólo una simulación e intercambio de intereses por impunidad, aseguraron el Diputado perredista Rafael Hernández Soriano y el analista político Enrique Toussaint.
La lista incluye a funcionarios públicos de todos los colores y tamaños, entre ellos, al ex Gobernador del Estado de México y Presidente Enrique Peña Nieto (desde febrero 2009 y junio de 2014), los ex Presidentes Felipe Calderón Hinojosa (desde noviembre de 2006) y Vicente Fox Quesada (desde noviembre de 2007), los Secretarios Rosario Robles Berlanga y Gerardo Ruiz Esparza, al ex Secretario de Hacienda y candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña (desde septiembre 2011), al ex Secretario de Hacienda y Canciller Luis Videgaray Caso; y a los ex gobernadores priistas Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo León), Javier Duarte de Ochoa (Veracruz) y Roberto Borge Angulo (Quintana Roo), compartió en entrevista el Diputado Hernández Soriano, Secretario de la Comisión de Gobernación.
Sin embargo, acusó, las Comisiones de Gobierno y Justicia son las facultadas para llamar a sesionar y luego resolver el proceso en el Pleno. Pero al ser presididas por los priistas Mercedes del Carmen Guillén y Álvaro Ibarra Hinojosa no han convocado desde marzo del año pasado «porque saben que ahí están señalados varios peces gordos del PRI». No han dado ninguna explicación que sea válida desde el punto de vista jurídico o político por lo que «la inacción de ambos es complicidad con la corrupción de los funcionarios señalados, lo que acredita una obstrucción de la justicia».
El pasado 22 de marzo, la Subcomisión de Examen Previo desechó, por unanimidad, 58 expedientes de juicio político. En aquella ocasión, Guillén Vicente, presidenta de la Comisión de Gobernación, declaró que el siguiente paquete estaría integrado por expedientes que requieren mayor atención. “Ahorita es estar poniéndonos al día de un rezago de 10 años, con toda la intención de no generarlo para la siguiente Legislatura”. Hasta el momento no ha ocurrido.
Días antes, el Poder Judicial de la Federación multó por 7 mil 549 pesos a los integrantes de la subcomisión por incumplir su obligación de resolver las demandas de juicio político pendientes. La resolución del Juez federal derivó de un amparo interpuesto por un ciudadano que interpuso uno de los juicios políticos que pesan sobre el ex Gobernador de Chiapas Juan Sabines, hoy cónsul en Orlando.
El analista Enrique Toussaint determinó que el papel más importante del Congreso no es generar leyes, sino controlar al gobierno y ser su contrapeso número uno. «Una herramienta fundamental son los juicios políticos, pero dependen mucho más de quién tiene la mayoría, de qué intereses están en juego, de los pactos en el Congreso para taparse los unos a los otros, que realmente con los expedientes que llegan a las Comisiones. Son un juego de simulación y cuando llegan a juzgarse las sanciones o penas son bajísimas», afirmó.
«Es muy natural que el PRI, que tiene la mayoría en el Congreso y encabeza las comisiones vinculantes a los juicios políticos, lo utilice para impedir que se puedan desahogar. Para que el juicio político tenga posibilidad de resolver y tenga penetración en la rendición de cuentas, tendría que ser un órgano independiente», agregó. «Sólo se van contra peces muy débiles. Es imposible que alguien como un ex Presidente pueda enfrentar este procedimiento».
Por el contrario, en países de América del Sur se han enjuiciado políticamente a funcionarios públicos. El 31 de agosto del 2016, Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia de Brasil tras un fallo histórico en el Senado del país sudamericano como resultado de un juicio político de seis días. Bastaban 54 votos, pero 61 Senadores votaron por el sí al impeachment al acusarla de violar reglas fiscales al maquillar el déficit presupuestal. Ella y sus simpatizantes lo consideraron un golpe de Estado. Fue sustituida por Michel Temer.
En un caso más reciente, en diciembre de 2017 el Congreso del Perú, dominado por la oposición fujimorista, aprobó que el 21 de diciembre se debatiera la destitución del Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), acusado de haber recibido pagos por más de 4.8 millones de dólares de la constructora Odebrecht a dos de sus empresas de asesoría. El ex Presidente Fujimori además cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, robo y corrupción. Sin embargo, el jueves pasado sólo 79 votaron a favor de los 87 necesarios, apoyado por los que se negaron a sufragar y un grupo de 10 fujimoristas decidió abstenerse.
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SE HAN DESECHADO 171 SOLICITUDES
El Diputado priista y ex Alcalde de Minatitlán, Veracruz, quien es el número uno de la lista, está pendiente del juicio político desde el 3 de octubre de 2003. También destacan los ex gobernadores Mario Marín Torres (Puebla); Ulises Ruiz Ortiz (Oaxaca); Fidel Herrera Beltrán (Veracruz); Ángel Aguirre Rivero (Guerrero); Guillermo Elías Padrés (Sonora); Eruviel Ávila Villegas (Edomex); Gabino Cué Monteagudo (Oaxaca) y Graco Ramírez Abreu (Morelos).
Así como los ex Procuradores Eduardo Medina Mora, Marisela Morales Ibañez, Jesús Murillo Karam y Arely Gómez González; y el ex Procurador de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera Espinosa; el ex Ministro de la Suprema Corte Guillermo Ortiz Mayagoitia; los ex ombusman Emilio Álvarez Icaza y Raúl Plascencia Villanueva; el ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Cascaubón; los ex Senadores Carlos Navarrete Ruiz, Layda Sansores Sanromán, Ricardo Monreal Ávila y Santiago Creel Miranda; el ex Secretario de Seguridad Genaro García Luna; el ex Secretario de Hacienda Agustín Carstens Carstens; los ex Secretarios de Trabajo Javier Lozano Alarcón y Alfonso Navarrete Prida; el ex Secretario de Comunicaciones y Transportes Dionisio Pérez-Jacome; el ex Secretario de Función Pública Virgilio Andrade Martínez; el ex titular de Pemex Emilio Lozoya Austin; el ex Secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer; y el ex Director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio.
Además de las 270 solicitudes de juicio político, se han desechado 171. El Diputado perredista Rafael Hernández explicó que 12 de los señalados ya han fallecido, entre ellos, el ex Secretario de Educación, Alonso Lujambio Irazábal. Además, como la Cámara solo tiene la facultad de atender juicios contra funcionarios federales se desechan los que corresponden a los Congresos estatales. Respecto al límite de tiempo para procesarlos, dijo que aunque se determinó que se podrán emitir durante el ejercicio del cargo de los señalados o hasta un año después, el PRI lo interpreta como un año tras interponer el juicio aunque siga en funciones y los desecha.
«Es tramposo, protege al demandado y afecta a la víctima, es decir, el ciudadano que interpone el juicio», dijo.
El analista político Toussaint explicó que, a diferencia de un juicio a nivel jurídico, dado que el Congreso de la Unión no es un Tribunal ni Ministerio Público, sus sanciones son la inhabilitación durante años del cargo a los acusados o quitarles el fuero.
«El fuero se aplica para proteger la ineficiencia con impunidad a los funcionarios y representantes populares corruptos», expuso el Diputado Rafael Hernández. «Por eso hay que cambiar esa figura y volverla a sus orígenes: cuando Belisario Domínguez fue perseguido por manifestar sus ideas, el fuero se volvió un tema de reflexión para defender las ideas en contra de los poderosos. Pero se desvirtuó su origen y lo que hacen es escudarse».
El 21 de febrero, el legislador urgió a la Cámara de Diputados a aprobar la reforma constitucional en materia de fuero y evitar que el Congreso sea “cueva de pillos” y cobije a personajes como el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, quien enfrenta la demanda de juicio político luego del socavón en Morelos que provocó la muerte de dos personas. Su iniciativa lanzada desde marzo del año pasado propone que el fuero no sea impedimento para que las autoridades investiguen presuntos delitos cometidos por representantes populares y servidores públicos.
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