Hace 20 semanas que la Procuraduría General de la República se quedó sin titular.

Raúl Cervantes, acusado en el pasado de violencia doméstica, de proporcionar una dirección que no era la suya para tramitar las placas de un auto de lujo en el estado de Morelos, y –entre otras cosas- pretendiente del “pase automático” de Procurador a Fiscal General de la República, renunció el 16 de octubre de 2017 y el presidente Enrique Peña Nieto no ha enviado una propuesta al Poder Legislativo para la elección de un nuevo Procurador.

La PGR sin titular, solo cuenta con un encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, quien antes del encargo fue subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, y que siendo esa su responsabilidad, desde septiembre de 2017 conoció de las solicitudes de órdenes de extradición contra César Duarte Jacques, el ex gobernador de Chihuahua, y a la fecha no las ha logrado.

Si con titular fueron escasos los resultados positivos de la procuraduría, sin un liderazgo firme avalado por el poder legislativo, poco se puede esperar. Solo que quienes encabezan las áreas de investigación continúen cavando el hoyo de la guarida en la que se ha convertido la institución.

En los últimos días una secretaria de estado y un candidato a la presidencia de la República han acudido a las instalaciones de la PGR, no porque sean investigados luego que públicamente se les señala de conductas irregulares, sino porque ellos piden ser investigados. En el colmo de una institución que parece estar más para la promoción de la impunidad que para la procuración de justicia, son los ciudadanos los que acuden para solicitar ser indagados y no cosa contraria.

En efecto, Rosario Robles Berlanga, la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, acudió a la PGR luego que el periódico Reforma informara de los resultados de indagaciones financieras de la auditoría superior de la federación, que dan cuenta de desvíos por arriba de los tres mil millones de pesos (más de mil 100 millones en SEDESOL, más de mil 400 en SEDATU) durante su gestión, para ver si alguien la estaba investigando. En el colmo de la impunidad política, la ex perredista solicitó que la investigaran, también pidió fuese auscultada su información financiera y fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “se lo pedí a Pepe”, dijo en el programa de Carlos Loret, refiriéndose al ahora candidato del PRI a la presidencia de la república, José Antonio Meade.

Pero ni la PGR ni la SHCP han investigado a Robles a pesar de las peticiones que ella ha realizado. Ni considerando las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, de dinero público no localizado, y transacciones con universidades y empresas fantasmas, la PGR ha iniciado una averiguación.
El segundo en apersonarse en la PGR “porque el que nada debe nada teme”, fue Ricardo Anaya, el joven candidato de la coalición encabezada por el PAN a la presidencia de la república.

Luego de explicar en un video, según él con peras y manzanas, la transacción que está siendo investigada por lavado de dinero, Anaya también solicitó saber si es o no investigado en el caso de Manuel Barreiro Castañeda, un empresario señalado de haber ayudado a Anaya en transacciones inmobiliarias para hacerse de millones de pesos.

Otro caso: José Antonio Meade, el abanderado priísta, dijo en su defensa que había investigado y despedido a más de 400 personas de la SEDESOL, luego que se enteró de las malas prácticas cuando entró a la Secretaría de Desarrollo Social precisamente en sustitución de Rosario Robles. Sin embargo, ninguno de esos despidos o investigaciones llegaron a la Procuraduría General de la República, o al menos no ha sido informado de esa manera.
Uno más. A pesar que en su momento declaró Raúl Cervantes, de hecho pocos días antes de renunciar a la PGR, que en los días posteriores se tendrían resultados en el caso Odebrecht, este no ha tenido movimientos de alto impacto. Emilio Lozoya Austin, el principal señalado de haber recibido más de 10 millones de dólares en sobornos por parte de la compañía brasileña mientras fue colaborador de Enrique Peña Nieto en la campaña, y posteriormente en Petróleos Mexicanos, tampoco es investigado por la PGR.
Como se anticipó, a pesar del acuerdo que el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrate, hizo con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de acelerar los procedimientos para obtener las órdenes de extradición contra el ex gobernador César Duarte, esto no ha sucedido.

Y un caso de casa: de los agentes de investigación criminal, Alfonso Hernández Villavicencio y Octavio Martínez Quiroz, quienes fueron levantados por presuntos miembros del cártel Jalisco nueva generación, videograbados bajo amenaza, y después asesinados, en la PGR, ni ha acelerado las investigaciones para dar con los asesinos, ni han informado a la sociedad sobre el avance de un caso que más que una afrenta a la institución, lo es al gobierno y a la sociedad, por parte del narcotráfico.

Pero nada. La PGR no resuelve los casos de narcotráfico y crimen organizado, e ignora a los criminales políticos, convirtiéndose en una guarida de la impunidad para corruptos y delincuentes.

De la misma forma que no investiga los desvíos de dinero de los funcionarios públicos, ni indaga los delitos financieros de ex gobernadores o los sobornos a funcionarios, tampoco lo hace con los dineros ilícitos del narcotráfico y el crimen organizado.

Sin embargo, para el presidente de la República parece que ejercer el Estado de Derecho no es una de sus prioridades. No solo se ha negado a nombrar un titular para la PGR, sino que ha aplazado hasta pasadas las elecciones del 1 de julio de 2018 la transición hacia la Fiscalía General de la República. Consecuencia de ello, en el poder legislativo están aplazando también las reformas a la creación de la Fiscalía, el nombramiento del Fiscal, así como del Fiscal Anticorrupción.

Para felicidad de los corruptos, no hay en estos momentos quien tenga el compromiso, la responsabilidad y el ánimo de perseguirlos legalmente.
Lo que sí persiste, es el ánimo tricolor de nombrar un procurador/fiscal carnal.

Hace unos días solicitó licencia al senado de la república el aun panista Roberto Gil Zuarth. No simpatizante de las actuales causas del Partido Acción Nacional, y más propenso al oficialismo priísta, dijo que se retiraba de la cámara precisamente porque no “coincide con las decisiones y propuestas” de su partido. Que regresaría a impartir clase al Instituto Tecnológico Autónomo de México y a litigar como abogado que es. Además advirtió: “los políticos sabemos cuándo nos vamos, pero no sabemos cuándo vamos a regresar”.

En ese limbo se activaron los cabilderos del PRI y del gobierno de la república, para empezar a deslizar una idea: Roberto Gil Zuarth como procurador. Se lo han comentado a algunos de los grupos que desde la sociedad civil pugnan por una fiscalía autónoma, independiente, eficiente, profesional, científica, que sirva pues.

El mismo día que solicitó su licencia, Gil Zuarth dijo que no buscaría ser fiscal general, aunque no refirió cuál sería su postura si se lo pidieran, justo cuando inició el periodo ordinario de sesiones del poder legislativo, cuando aún era parte del mismo, declaró a propósito: “la Fiscalía General está más atorada que un semáforo de la Ciudad de México”.

Por su parte el líder de la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gambo Patrón, declaró por esos mismos días que había iniciado pláticas con los partidos representados en la cámara, para buscar acelerar la transición hacia la fiscalía general y por tanto el nombramiento de fiscal. Pero a pesar que fue un compromiso del presidente, no se han realizado los cambios a la legislación para eliminar el pase automático de quien ocupe la Procuraduría a Fiscal General.

Ese entramado legislativo es el escenario ideal para el fiscal carnal que buscan los priístas y sus aliados, así sea en un todavía panista. Sumando la actitud de un presidente que aplaza la toma de decisiones, y una PGR sin titular, lo que impera es la impunidad. Y la institución se convierte en eso, en guarida de corruptos y criminales.

Adela Navarro Bello

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