En el periodo 2013-2017, es decir en los años que lleva el Presidente Enrique Peña Nieto, el gasto ejercido y acumulado del Gobierno federal superó el presupuesto que se le aprobó para esos cinco años en 1.46 billones de pesos. Esto significa que, en promedio, en cada uno de esos años se gastaron alrededor de 293 mil millones de pesos más de lo aprobado.
De ese monto, ha destinado recursos públicos para el Ramo 23, los cuales se han transferido a las entidades en función de «la simpatía» entre el partido político en el Gobierno federal y el de los gobiernos.
Hacienda ha transferido sin contrapeso más de 375 mil millones de pesos a estados de 2009 a 2017 a través de tres programas de subsidios del Ramo 23 sin ley que lo regule.
Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- Los recursos públicos del Ramo 23 transferidos a las entidades han variado de 2009 a 2017 en función de «la simpatía» entre el partido político en el Gobierno federal y el de los gobiernos de Nuevo León, Estado de México, Sonora, Veracruz, Durango, Chiapas, Chihuahua y Jalisco, reveló un estudio de México Evalúa.
Hacienda ha transferido sin contrapeso más de 375 mil millones de pesos a estados de 2009 a 2017 a través de tres programas de subsidios del Ramo 23 sin ley que lo regule. Son el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, Programas Regionales y Contingencias Económicas.
Mariana Campos, coordinadora de gasto público del think tank, dijo durante la presentación del informe que el patrón en las transferencias tanto en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa como del priista Enrique Peña Nieto se refleja en año previo a elecciones y en periodos regulares.
Pero la gestión panista ejerció menos de estos tres programas que el priista. De 2009 a 2012 se gastó 56 mil 922 millones de pesos, mientras que entre 2013 y 2017 subió a 318 mil 465 millones, equivalente al 30 por ciento de recaudación tributaria por gasolinazo, ISR e IVA en los últimos tres años. Esto pese a haberse aprobado por el Congreso solo 22 mil millones de pesos.
Cuando el PAN estaba en el gobierno federal, Nuevo León (PRI) en 2011 no recibió nada de estos recursos del ramo 23, pero en 2015, ya con el PRI en el Ejecutivo y previo a elecciones, obtuvo casi el doble del promedio nacional de este ramo.
Cuando el panista Calderón gobernaba el país, el estado de Veracruz (PRI) de 2010 a 2012 recibió cero pesos. Sin embargo, en 2015 con Peña Nietoobtuvo 4,129 millones de pesos y, en 2017 con el PAN de regreso a la entidad, sus transferencias bajaron.
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En Durango (PRI), en 2016 la entidad recibió 3,080 millones de pesos del ramo 23, su cifra histórica. Pero en 2017, cuando arribó el gobierno local blanquiazul, bajaron a 1,456 millones.
En estos casos, expuso Campos, se observa que los cambios en los montos transferidos coinciden con afinidades políticas.
Pero en Sonora (PAN), acotó, puede interpretarse como negociaciones de las reformas estructurales, ya que en 2011 recibió 2,059 millones, más que cualquier otro estado. En 2016, ya con Peña Nieto, el PRI le siguió transfiriendo.
La investigadora Mariana Campos determinó que «es muy delicado» que la Secretaría de Hacienda sea quien decida estas transferencias y el Congreso de la Unión no funja como contrapeso.
«Es toda una arquitectura para gastar así, no es un accidente», afirmó.
Al enfatizar que este mecanismo no está regulado por una Ley, sino por lineamientos que «controla» Hacienda, urgió a regular el objetivo y funciones del ramo 23, así como regular los ingresos excedentes de los cuales se conforma esta bolsa opaca de dinero público.
«No estamos garantizando que el dinero de estos ingresos excedentes se vaya a resolver los problemas identificados. La toma de decisión en asignación de recursos debe orientarse a objetivos institucionales para atender la lista enorme de necesidades», aseguró Mariana Campos.
La Senadora Martha Tagle reconoció el papel «omiso, sumiso y cómplice» del Congreso en el control y contrapeso en la designación del gasto público.
Este estudio del Ramo 23, sin ley ni criterio de desarrollo e inversión pública, llama a discutir las bases por las que se gestó «este pacto hacendario» para el uso de recursos públicos obtenidos de impuestos, dijo Tagle.
Casos como el de Chihuahua, donde hubo corte de transferencias por castigo político, afirmó la Senadora, muestran el riesgo de premiar o castigar a los gobiernos locales con la omisión del Congreso. Esto, agregó, permite que los gobiernos reciban dinero y generen daño al erario público.
La politóloga Denise Dresser concluyó que este informe revela que los ciudadanos no saben cómo ni en qué se gasta a través del ramo 23.
