El análisis “Bio (in) seguridad en México» fue realizado a partir del permiso de siembra de soya genéticamente modificada otorgado a la empresa Monsanto en el escenario que se vivió en los municipios de Campeche y Hopelchén, también en la entidad campechana, y en el contexto de la siembra ilegal de dicha semilla en el ciclo agrícola 2016.
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Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– Las medidas de bioseguridad de los transgénicos han fallado o son ineficaces para salvaguardar la salud humana, el medio ambiente, la diversidad biológica y la sanidad animal, vegetal y acuícola en el país, denunció María Colín, campañista legal de Greenpeace México al presentar el reporte “Bio (in) seguridad en México».
El análisis, informó la activista y abogada, fue realizado a partir del permiso de siembra de soya genéticamente modificada otorgado a la empresa Monsanto en el escenario que se vivió en los municipios Campeche y Hopelchén, en el estado de Campeche y en el contexto de la siembra ilegal de dicha semilla en el ciclo agrícola 2016.
En 2012, Monsanto solicitó un permiso a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para la liberación de soya genéticamente modificada resistente al herbicida glifosato, en fase comercial, para 253 mil 500 hectáreas para siete estados, incluyendo Campeche.
El permiso fue otorgado el 5 de junio de 2012 y contó con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a pesar de las opiniones contrarias de sus órganos técnicos, que desaconsejaban el otorgamiento del permiso por las afectaciones ambientales que implicaría dicha siembra en la Península de Yucatán, recapituló la organización civil.
Colín aseguró que a pesar de que México cuenta con una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) desde el año 2005, el estudio de caso revela que las medidas de bioseguridad en el país «han fallado o resultan ineficaces para garantizar la salvaguarda de la salud humana, el medio ambiente y los ecosistemas».
También comprobaron que la siembra de soya ilegal en los municipios de Hopelchén y Campeche ha sido una realidad.
«Se confirmó la presencia de soya transgénica en polígonos que no habían sido autorizados a Monsanto», afirmó.
«Lo que nosotros vemos son nulos, escasos o insuficientes mecanismos de inspección y vigilancia, así como laxitud en la aplicación de sanciones penales y administrativas, tanto a funcionarios que se abstienen de aplicar la Ley como a aquellos que la emplean ‘a modo’, o a los agricultores que han admitido sembrar cultivos genéticamente modificados de manera ilegal, lo que permite que se extienda la contaminación transgénica en nuestro país», añadió la especialista.
Además, dijo, hay carencia de información pública y las autoridades agrícolas se han manejado con «gran opacidad» en conjunto con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), por lo que resultó «muy difícil» acceder a toda a la información finalmente presentada en su reporte.
«Esencialmente lo que hemos encontrado es opacidad y falta de información en el tema», manifestó.
Colín recordó que el pasado 15 de septiembre, mediante el oficio B00.-282, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) tomó la decisión de revocar el permiso de liberación al ambiente de soya transgénica para Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ya que Monsanto incumplió con la obligación de establecer los controles necesarios, lo que provocó que se sembrara y cultivara en miles de hectáreas fuera de los polígonos autorizados.
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Pero, casi dos meses después, los pueblos mayas no tenían idea de la decisión tomada por las autoridades agrícolas.
También recordó y recriminó que pese a que directivos de la empresa Monsanto han señalado que solamente venden semillas transgénicas, eso no es así.
«Ellos son los titulares de un permiso que les otorgó la autoridad agrícola y negamos rotundamente que Monsanto sea sólo vendedor de semillas transgénicas. Es titular de un permiso y tiene obligaciones de bioseguridad que hoy reniega de cumplir», dijo la abogada Colín.
En ese sentido, hizo un llamado al Estado mexicano «a que las fallas del sistema de bioseguridad sean corregidas cuanto antes».
En su oportunidad, el doctor José Antonio Serratos, experto en temas de bioseguridad de OGM expuso que lo que ocurre con el sistema de bioseguridad en México es que el país «se ha convertido en un expedidor de permisos de solicitudes para la cuestión de productos biotecnológicos, en este caso, de OGM, porque ya no se cumple con el principio in dubio pro natura, un principio precautorio en favor de los recursos naturales.
«Nos vemos envueltos en una serie de laberintos burocráticos que impiden que la sociedad pueda tener una defensa real de sus intereses, en realidad, en la sociedad estamos con el árbitro en contra, hay un sesgo muy marcado en el sentidos de favorecer a las empresas biotecnológicas; ellos van detrás del negocio y no hay por qué criticarlos, a quien sí hay que criticar es al Gobierno que debe proteger nuestros intereses no los protege», remarcó.
«El juez, el réferi no está siendo parejo con los jugadores y en este caso son la sociedad y las empresas. Es favorecer a unos cuantos, en contra de los intereses de la sociedad, de la biodiversidad, de la salud humana y sobretodo del ambiente. Son derechos que deben ser protegidos desde el Estado», agregó.
En el mismo tenor, Leydy Pech, apicultora maya, integrante del Colectivo Apícola de los Chenes, Campeche, criticó que la siembra de soya transgénica ha provocado impactos en la vida de las comunidades mayas y violación a sus derechos humanos. La líder indígena sostiene que el haber otorgado los permisos fue «lamentable».
Afirmó que existieron recomendaciones por parte de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) «donde señalaron que no era viable otorgar esos permisos para sembrar transgénicos en la Península de Yucatán por las afectaciones que podía provocar a la biodiversidad».
«Nosotros los mayas nos relacionamos mucho con nuestro medio ambiente y ese permiso que se otorgó cambió nuestra vida porque actualmente Hopelchén es el municipio más deforestado a nivel nacional», lamentó.
La apicultura, su sustento desde hace varios años, también se ha visto afectada, pues la actividad económica ha disminuido, al igual que las familias, las colmenas y el volumen de producción de miel.
Esos daños a las abejas han sido causados por la deforestación y el esparcimiento de plaguicidas altamente tóxicos, entre ellos, el glifosato, considerado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS); otro de los daños por la misma situación se traduce en el agua contaminada que provoca daños a la salud.
«Estamos hablando de que el agua de toda la península de Yucatán está contaminada con glifosato y otros pesticidas […] Las comunidades del pueblo maya no estamos de acuerdo con esos permisos que otorgó la autoridad para la siembra de soya transgénica porque no tomaron en cuenta nuestro derecho […] Hemos dado un cuidado a nuestros recursos naturales y esto desafortunadamente se ve en riesgo», expuso.
Y añadió: «Estamos llevando una lucha contra el modelo de desarrollo que el Gobierno federal está impulsando. Está engañando con decir que el modelo de agricultura industrial o a gran escala va a resolver el problema de la pobreza de los pueblos porque no es así. Ese modelo no va encaminado para nosotros, no es para nosotros los pueblos, es para las grandes empresas».
«Estamos pagando el precio de ese modelo de desarrollo, de tecnificación al campo. Estamos librando una batalla legal contra el Gobierno federal que otorgó estos permisos, pero también contra la empresa porque andan engañando y andan diciendo que los transgénicos no hacen daño», continuó.
Expresó que pese a que desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una suspensión del permiso para el cultivo de soya transgénica en esas comunidades hasta que se hiciera una consulta pública, la siembra ilegal continuó, así como las amenazas e intimidación ante la omisión de las autoridades federales.
«La consulta no se ha podido llevar a cabo porque no hay voluntad del Gobierno para dialogar», comentó. Entre 2016 y 2107 subió la producción de soya transgénica, con lo que han habido violaciones a los derecho humanos de las comunidades, indicó.
«¿Dónde están las autoridades encargadas de ver por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas? Parece que a las autoridades se les olvida que los pueblos tenemos una forma diferente de vivir y de relacionarnos con nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente», afirmó.
