Verónica Centeno, trabajadora Sector Salud, señaló que sus compañeros criminalizados están acusados por la Fiscalía General del Estado del delito de motín en agravio de la sociedad.
Y dicha criminalización, sostuvo, es consecuencia de «denunciar la corrupción y crisis del sistema de salud» que actualmente vive el estado gobernado por Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Trabajadores y trabajadoras del Sindicato del Sector Salud de Chiapas denuncian que la lucha por evitar la privatización de los servicios de salud y por exigir el abasto suficiente de equipo e insumos para atender a la población, solo les ha traído represión, persecución y criminalización, no obstante, advierten no pararán hasta que las autoridades respeten sus derechos laborales y los de los pacientes.
Emma Escobar, enfermera Sector Salud, denunció en entrevista para SinEmbargo que tras dos huelgas de hambre llevadas a cabo el año pasado, han sido criminalizados. Hasta el momento, el trabajador Limbano Rodríguez Alegría se encuentra preso y se han girado tres órdenes de aprehensión en contra de los compañeros Jesús Espinosa de los Santos, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz y Humberto Gutiérrez Medina.
Además, durante la conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), recriminó:
«Resulta que por protestar nos reprimen, nos criminalizan y nos persiguen. No hay ni aparatos de rayos X ni otros materiales para realizar estudios de laboratorio. Ni algodón ni jeringas ni medicamentos. Es un acto criminal. En México no hay salud digna. El presupuesto de salud se lo han robado».
Verónica Centeno, trabajadora Sector Salud, señaló que sus compañeros criminalizados están acusados por la Fiscalía General del Estado del delito de motín en agravio de la sociedad.
Y dicha criminalización, sostuvo, es consecuencia de «denunciar la corrupción y crisis del sistema de salud» que actualmente vive el estado gobernado por Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En su oportunidad, Rafael Soto, enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), rescindido político quien se solidarizó con la lucha de los empleados chiapanecos, afirmó que las autoridades llevan a cabo la «represión» de quienes levantan la voz por el «genocidio legal» que realizan en las instituciones de salud por el desabasto de insumos y el robo de recursos destinados al sector.
«La represión contra los trabajadores de salud por parte de autoridades institucionales y sindicatos, así como la venganza política que viven las compañeras de Chiapas de orden política, no son exclusivas del IMSS, de salubridad o del ISSSTE, es ya un esquema generalizado y permitido por el Gobierno federal y local en contubernio con los sindicatos charros para llevar adelante la privatización de la salud, el robo de las afores y el desmantelamiento de la seguridad social: un genocidio legal, no es otra cosa», apuntaló.
Por ello, tanto él, como compañeros de lucha de otros sindicatos, exigen al Gobierno de Enrique Peña Nieto y de Velasco Coello el retiro de las órdenes de aprehensión en contra de sus compañeros y la liberación inmediata de Domínguez Alegría.
Chiapas es el estado de la Republica Mexicana en donde más del 70 por ciento de la población vive en situación de pobreza, recordaron las trabajadoras en lucha. Afirmaron, además, que unicamente el 27 por ciento de los habitantes cuentan con seguridad.
Al leer el comunicado, Escobar destacó que Chiapas «a pesar de ser el estado con más apoyo a la salud en el presupuesto federal, durante las últimas dos administraciones este sector ha sido saqueado por quienes lo administran, obligando a los trabajadores de la salud a manifestarnos en varias partes del estado».
