En 2017, los defensores de derechos humanos pagaron un alto costo: alrededor de 31 fueron asesinados. Pero los homicidios no es el único flagelo que siguen a los activistas en medio de un país en crisis, pues las criminalización, persecución, y hostigamiento están a la orden del día. El año que corre tampoco augura buenas noticias: los opositores a la cervecera Constellation Brands fueron golpeados y detenidos por policías en Mexicali, y este viernes, además, uno de los abogados del movimiento de resistencia a la planta de la trasnacional fue detenido…
John Joseph Moreno Rutowski, abogado y activista, encarcelado por oponerse a un proyecto relacionado con un familiar del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, denuncia que en medio de este clima «[los gobernantes] se están enriqueciendo a través del detrimento del bien común y del bienestar público. Se están vendiendo al mejor postor en todos los sentidos: en detrimento del medio ambiente y de la economía mexicana. Estamos en un franco retroceso».
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Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La represión, el hostigamiento, la criminalización, los ataques y hasta los asesinatos se han vuelto parte de las acciones a las que gobiernos de diversas partes de la República Mexicana han acudido para silenciar y disipar la lucha que realizan activistas y pueblos enteros que protegen los recursos naturales, aseguró John Joseph Moreno Rutowski, abogado y defensor de los derechos humanos y el medio ambiente.
El activista señaló que los gobiernos que reprimen, criminalizan y atacan son los mismos que abren la puerta a grandes empresas e intereses económicos. Moreno Rutowski lo vivió en carne propia, pasó 95 días tras las rejas sin pruebas de que haya cometido ilícito alguno, por enfrentar la lujosa villa de la inmobiliaria Mira Companies, vinculada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente de México Carlos Salinas de Gortari.
El defensor se ha encargado de visibilizar las afectaciones al suministro de agua de la zona, el despojo a los pescadores de sus tierras y los daños al ambiente que la obra provocaría en Todos Santos, en el estado de Baja California Sur, gobernado por el panista Carlos Mendoza Davis. Esa defensa, no duda, fue el motivo de su encarcelamiento.
El litigante de profesión lamentó y criticó que en México, la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente sea motivo de ataques y aseguró que la situación es generalizada en el país.
Un ejemplo reciente de lo que plantea Moreno Rutowski son los ataques contra los activistas y ciudadanos opositores a la cervecera Constellation Brands en Baja California, donde gobierna Francisco Vega de Lamadrid quien, igual que Mendoza Davis, pertenece al Partido Acción Nacional (PAN).
La semana pasada un enfrentamiento entre policías y ciudadanos que luchan contra la instalación de la planta cervecera norteamericana en Mexicali, Baja California, dejó un saldo de al menos 10 personas heridas y 5 más detenidas.
La detención derivó del incumplimiento de la medida cautelar y de protección que lo prohibía acercarse o interferir en la obra de construcción de la planta de la empresa trasnacional.
Moreno recriminó que en el enfrentamiento haya existido un “franco abuso de autoridad perpetrado por los policías estatales y municipales», además, expone, «es un afrente por parte del Gobernador y todos sus subalternos”.
Asimismo, apuntaló: «[Vega de Lamadrid y Mendoza Davis] pertenecen al mismo partido, arropan y abanderan las causas de los empresarios y comerciantes por encima de los derechos humanos y del marco jurídico de cada Estado. No responden a los reclamos, al contrario, mandan grupos antimotines como si fueran los guardaespaldas personales de intereses privados».
“Nuestros servidores públicos deben estar representándonos y velando por los intereses de los ciudadanos, quienes son las personas que están reprimiendo actualmente, quienes vienen reclamando un derecho humano y certeza jurídica en el tema del agua. Esto es un claro ejemplo de cómo el sistema político está severamente dañado. El sistema jurídico se encuentra dando prioridad a los intereses comerciales de empresas trasnacionales por encima de los derechos de los residentes», manifestó.
Hoy, el abogado del colectivo Comunidad Baja California Resiste, Armando Salinas, fue arrestado por la mañana en la capital del estado. El también activista a sido crítico de los proyectos de asociaciones público privadas del Gobierno de Baja California y de Constellation Brands.
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El activista, quien vivió en carne propia la criminalización, opinó que cada vez más se pierde la distinción entre los grupos políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PAN.
«[PRI y PAN] gobiernan a través de la represión, de simulaciones, de la ejecución de actos que exceden sus facultades, sin consulta popular y en evidente detrimento de los intereses comunes de la ciudadanía y de los pobladores del país», afirmó.
Los actos de represión y de persecución, dijo, son un «reflejo fiel» de las problemáticas que se viven actualmente en la Nación: «Es un fiel reflejo de las tácticas que se están empleando en todas las partes de la República Mexicana».
Mientras tanto, dijo, el hostigamiento y la criminalización son «la regla» en el país, pues «parece que no hay autoridad ni servidor público que salga en defensa de los derechos humanos y los recursos naturales, lo cual es muy lamentable y abona a un clima de persecución de las personas que no están de acuerdo con algún proyecto».
«[Los gobernantes] se están enriqueciendo a través del detrimento del bien común y del bienestar público. Se están vendiendo al mejor postor en todos los sentidos: en detrimento del medio ambiente y de la economía mexicana. Estamos en un franco retroceso. No estamos avanzando en nuestro proyecto democrático como país», agregó.
Alrededor de 30 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2017, de acuerdo con diversos conteos de grupos civiles. Moreno consideró que «México no es un lugar seguro para los activistas ni para los periodistas ni para la gente que busca hacer un cambio real y levanta la voz. Estamos en una situación crítica, en una emergencia nacional. No me siento seguro. Estamos viviendo un clima de hostilidad y persecución».
Ante este panorama, externó su preocupación sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 21 de diciembre. «No serán únicamente policías estatales y municipales quienes repriman la protesta, ahora contarán con el respaldo de fuerzas armadas que podrán emplear la fuerza letal para reprimir reclamos legítimos y moralmente correctos».
Y agregó que con ello «se legitima la fuerza en contra de la protesta y la criminalización y la resistencia ante la imposición de cuestiones que van en contra de los derechos humanos».
Sin embargo, John pidió a los defensores no claudicar, por el contrario, los exhortó a continuar con la lucha. Y a las autoridades y servidores públicos hizo un llamado a que «recapaciten y reflexionen verdaderamente acerca de sus actos y hacia dónde pretenden conducir el país».
La ciudadanía, advirtió, «está despertando y su enfado se convierte en enojo y en resistencia. No velen por los intereses de unos cuantos, velen por el bien común. No nada más busquen despacharse con la cuchara grande».
