La semana pasada, dos personas armadas arribaron al domicilio del activista Rodrigo Flores Peñaloza apenas un par de minutos después de que él llegara y permanecieron durante varios minutos al lado de una camioneta de su propiedad.
Después, el mismo día alrededor de las 14 horas se presentaron en su centro de trabajo y preguntaron por él al personal. Una hora más tarde, una camioneta blanca sin placas y un automóvil rodearon su casa, mientras tomaban fotografías a dicha propiedad, así como al vehículo del defensor de derechos humanos, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Cabe mencionar que el año pasado, Flores Peñaloza fue objeto de varias intimidaciones. Por ello, organizaciones de la sociedad civil responsabilizan a los tres niveles de Gobierno «de lo que le pueda suceder».
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Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– El profesor Rodrigo Flores Peñaloza, miembro de la coordinación de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio (APIIDTT), quien por años ha sido opositor de las empresas eólicas que se han instaurado en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, es víctima de criminalización, hostigamiento e intimidación, denunciaron grupos defensores de derechos humanos y ambientalistas.
Apenas hace un par de semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso del amparo contra la instalación del parque eólico de la empresa española Eólica del Sur para abrir paso a una consulta libre, previa e informada en la comunidad zapoteca de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, donde existen ya más de 20 parques eólicos.
Además, el Gobierno de Oaxaca, a cargo del priista Alejandro Murat Hinojosa, pretende criminalizar al defensor de los derechos humanos, dio a conocer José Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), en entrevista con SinEmbargo.
«Todo indica que es una orden de aprehensión fabricada sobre la resistencia que ha encabezado el profesor Rodrigo a las empresas eólicas en la zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Lo acusan de haber dañado la maquinaria de las empresas eólicas», informó.
De acuerdo con Lara Duque, a Flores Peñaloza le fue girada una orden de aprehensión por parte de un Juzgado estatal, por lo que en tanto su defensa legal logre conseguir un amparo para evitar su detención y encarcelamiento, el activista cuida su libertad oculto.
«Si lo notifican, lo detienen. Por esa razón, Rodrigo y su equipo de abogados optó por cuidar su libertad hasta que se inicie el juicio de amparo que combata esta orden de aprehensión. Jurídicamente vamos a hacer todo lo posible para que Rodrigo no pise la cárcel por la fabricación de un delito que evidentemente en ningún momento cometió», agregó.
Por si fuera poco, la semana pasada dos personas que portaban armas cortas y largas arribaron al domicilio del activista apenas un par de minutos después de que él llegara y permanecieron durante varios minutos al lado de una camioneta de su propiedad.
Después, el mismo día alrededor de las 14 horas se presentaron en su centro de trabajo, una escuela primaria en la que imparte clases, y preguntaron por él al personal. Una hora más tarde, una camioneta blanca sin placas y un automóvil rodearon su casa, mientras tomaban fotografías a dicha propiedad, así como al vehículo del defensor de derechos humanos, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Ante este panorama, APIIDTT y otras organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Resistencia Civil denunciaron «enérgicamente», a través de un comunicado de prensa, la agresión de la que el profesor Rodrigo Flores Peñaloza fue objeto el pasado 18 de enero.
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INTIMIDACIÓN POR FRENAR A EÓLICAS
No es la primera ocasión en que Flores Peñaloza es intimidado.
El año pasado, el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) denunció que por lo menos cinco veces fue blanco de hechos de vigilancia. Además sufrió un asalto con arma de fuego al salir de su empleo el 10 de febrero, días después un hombre armado llegó al mismo sitio preguntando reiteradamente por él y el 26 de abril, al partir de su domicilio halló una amenaza de muerte en el parabrisas de su automóvil.
Las intimidaciones, subrayan las organizaciones de la Red, son una forma de hostigar al activista, tras la respuesta de la SCJN que apenas hace dos semanas atrajo el amparo interpuesto por la APIIDTT contra la empresa española Eólica del Sur que pretendía instaurar el parque eólico más grande de América Latina.
«Esta acción, de obvia amenaza e intimidación no es la primera ocasión. En el 2017, sucedieron situaciones similares en por lo menos dos ocasiones y se enmarca en el contexto de la labor de defensa de derechos humanos que nuestro compañero está realizando junto con las comunidades integradas en la APIIDTT por la defensa del territorio contra las empresas trasnacionales que pretenden seguir despojando y saqueando en total impunidad con la complicidad de todos los niveles de Gobierno y el crimen organizado», expuso la red de organizaciones.
En el mismo sentido, Lara Duque afirmó que «él está muy involucrado en la defensa de la tierra y el territorio en esta zona del Istmo de Tehuantepec. Él es parte muy visible de la Asamblea [APIIDTT]. Lleva al menos 5 años de lucha muy intensa. Es a todas luces notorio que esta situación es derivada de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo los juicios de amparo que corresponden a toda la lucha legal que se está haciendo para la defensa del territorio en esta región contra las empresas eólicas».
Por ello, las ocho organizaciones que componen la Red, entre las que se encuentran Resistencia civil contra las altas tarifas de luz de Candelaria, el Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas, la Asamblea de pueblos indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del Territorio, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Puebla y Morelos, entre otras, expusieron:
«Hacemos responsables a los tres niveles de Gobierno: municipal, estatal y federal de lo que le pueda suceder», manifestaron.
Lara acusó «categóricamente» a Murat, titular del Gobierno de Oaxaca, a la empresa Eólica del Sur, y, «en un contexto amplio», a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de cualquier daño perpetrado en contra del profesor y su familia.
«Evidentemente señalamos al Gobierno estatal de Oaxaca y no podemos dejar de señalar a la empresa Eólica del Sur, que en conjunto, son quienes están realizando estas labores de amedrentamiento y de hostigamiento contra Rodrigo. Para el tema de la orden de aprehensión sí es el Gobierno del Estado de Oaxaca quien tiene las facultades legales para hacerlo», indicó.
Finalmente, declaró: «Es prudente plantearles [a las autoridades] que la ruta de la criminalización es una ruta que sólo acentúa un divorcio entre sociedad y Gobierno. Es importante que sepan que la intimidación y las amenazas no van a evitar que personas como Rodrigo se mantengan en la defensa de los derechos. El llamado es a que reconozcan que la única solución es un diálogo serio, respetuoso y en apego a derecho para que la construcción de la solución se haga en conjunto con las comunidades afectadas».
En reciente entrevista con SinEmbargo, Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea, advirtió que la decisión de la SCJN no sólo traería esperanza sino también amenazas para su pueblo:
«Casi siempre que hay una sentencia o algo a favor del movimiento que nosotros estamos haciendo, el Gobierno se dedica a denostarnos, el Gobierno se dedica a descalificarnos, a agredirnos y hostigarnos, entonces tememos por nuestra integridad física, psicológica y de nuestros bienes», dijo al abordar el tema de la decisión del máximo tribunal.
