En Veracruz hay dos gobiernos, dos estructuras de poder: el que encabeza Miguel Ángel Yunes desde el 1 de diciembre de 2016 y el de la delincuencia organizada que también impone su ley: mata, secuestra, roba, trafica con drogas y humanos sin que autoridad alguna lo impida.
A poco más de un año de su gestión, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ya superó en muertes, secuestros y desapariciones forzadas a los gobiernos que encabezaron sus dos inmediatos antecesores: Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.

El de Yunes ha sido un gobierno ineficaz para enfrentar al crimen organizado, no obstante que ocupó cargos relevantes en las áreas de seguridad pública durante los aciagos gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Los propios detractores políticos de Yunes, a pesar de no estar de acuerdo con sus formas de gobernar, alimentaban cierta esperanza de que pudiera resolver el problema de inseguridad pública en el estado. Pero por desgracia eso no ha ocurrido, al contrario, el exsecretario de Gobierno de Patricio Chirinos ha ocupado más tiempo en “hacer justicia” encarcelando a exfuncionarios duartistas –y de paso ejercer venganza –que en resolver la violencia atroz que azota al estado cual campo de batalla donde no hay tregua.

Las cifras son alarmantes y por ello no se puede dejar de considerar que en Veracruz priva la ingobernabilidad y está por demás decir que el gobierno de Yunes y toda su estructura policiaca está totalmente rebasada. En resumen, el gobierno del estado no le puede garantizar a nadie ni la vida ni el patrimonio. Esto en cualquier parte del mundo se llama gobierno fallido, aunque el propio Yunes justifique sus yerros aduciendo que la violencia es entre criminales y que se están matando entre ellos.

Volvamos a las cifras. Hasta noviembre de 2017, es decir, en once meses de gobierno, en Veracruz se habían cometido 2 mil 420 crímenes. Dos meses después las cifras de secuestros, según datos oficiales y no oficiales, se había disparado en un 550 por ciento: se han perpetrado en un año 167 plagios. Esto quiere decir que la delincuencia organizada Veracruz opera en un paraíso: existe toda la posibilidad de asesinar, desaparecer, traficar con drogas de todo tipo y ejecutar a personas tanto de día como de noche sin que haya ningún riesgo de ser encarcelado. Esta oquedad legal, conjuntamente con la ingobernabilidad, es un verdadero escenario de bonanza para el crimen organizado y es la mejor promoción para que las mafias se asienten en la entidad.

Esto también quiere decir que el gobierno de Yunes manda un mensaje constante al mundo del hampa –nacional e internacional –en el sentido de que en el estado sólo se aplica la ley para los enemigos políticos, pero narcotraficantes, secuestradores, traficantes de personas y otros delincuentes pueden hacer y deshacer a sus anchas sin ser molestados.

Todo este desastre de inseguridad ocurre a pesar de que en el estado está toda la artillería pesada de la Federación: La Policía Militar arribó a Xalapa, Coatzacoalcos y Minatitlán. Estos dos últimos municipios, dese hace unos veinte años, han sido considerados un verdadero corredor de la muerte. Aquí matar es un deporte y los policías son meros espectadores de la desgracia.

La Gendarmería Nacional está patrullando la zona de Córdoba-Orizaba, otro corredor de la delincuencia organizada, pero ni así se puede frenar la violencia, los asesinatos y secuestros.

Y cuando la gente se pregunta por qué no se frena la violencia en Veracruz, la respuesta es obvia: porque el gobierno de Yunes, en coordinación con las fuerzas federales, están llevando a cabo una limpieza de la plaza. Por eso nadie se opone a que entre los propios criminales se ejecuten, por eso ninguna corporación local ni federal está implementando operativos eficaces, pues es claro que al gobierno ya no le interesa detener a los delincuentes sino matarlos. A eso en Tamaulipas y en Sinaloa se le ha denominado “Operación Barredora”.

Y es que después de un largo periodo de dominio por parte del cártel de Los Zetas, que arribaron a Veracruz a finales de la década de los noventa con Osiel Cárdenas a la cabeza del cártel del Golfo, lo que está ocurriendo ahora en Veracruz es una guerra entre cárteles por el control de la plaza. Y tanto el Ejército como la Marina están supervisando el reacomodo de fuerzas para que finalmente sea uno sólo grupo o dos los que se queden con el territorio y con el amplio portafolios de negocios que incluyen unas veinticinco tipologías delictivas. Cuando esto ocurra el estado podría comenzar a pacificarse. Pero mientras tanto la violencia, es muy probable, puede aumentar en los próximos meses.

Actualmente son seis los cárteles que a sangre y fuego se disputan el territorio: Los cárteles de Jalisco Nueva Generación y del Golfo; Los Zetas, Cárteles Unidos, Jarochos Unidos y Gente Nueva. Algunos llevan varios años operando en el estado; otros arribaron con el gobierno de Yunes Linares, como fue el caso del Cártel de Jalisco, antiguo brazo de Sinaloa, cuyo asiento es el estado de Jalisco, bastión, en otro tiempo, de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

El anuncio de la limpieza de narcos en el estado no es nuevo. En abril de 2016, un nuevo cártel apareció en la entidad. Se autodenominó Jarochos Unidos e irrumpió en el escenario estatal con una “narcomanta” en la que se podía leer: “Empieza la limpieza. Venimos por todos los pinches mugrosos del CJNG, que son los mismos que Los Zetas: rateros, secuestradores y mugrosos que matan inocentes… pero siguen cobrando cuotas”.

Horas después, en Tierra Blanca otra manta apareció con un nuevo narcomensaje: “Aquí estamos aún y no permitiremos que ninguna lacra venga a robarles la tranquilidad (a la población), como ya lo vieron, no jugamos. El viernes fue El Tigrillo, un delincuente dedicado al tráfico, robo y secuestro y que forma parte de los mugrosos Zetas. Les recuerdo: aquí estamos y no descansaremos hasta exterminarlos de la región. Tierra Blanca es de los terrablanquenses. No se equivoquen, lacras. Somos (Ciudadanos Unidos C.U) y estamos aquí para limpiar de basura, secuestradores, ladrones, extorsionadores. Los conocemos a todos. La lista es larga”.

Era la guerra, sin duda, guerra que aún continúa sin que autoridad alguna intervenga, pues la policía, como ya se dijo, es mera espectadora de esta ola de masacres y secuestros.

Y es que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no ha realizado la depuración de los cuerpos policiacos. Son los mismos policías infiltrados por el crimen organizado los que siguen operando. El único cambio que hizo Yunes fue geográfico: rotó a los principales mandos. Los que estaban en Tierra Blanca los mandó a Pánuco y los de Córdoba se fueron a Coatzacoalcos. Sin mayores filtros, sin depurar, sin exámenes de confianza.

De esta forma, la policía del estado –igual que ocurre en Tijuana, Tamaulipas o Coahuila –se ha convertido en un brazo operativo de la delincuencia organizada, por decir lo menos, pues en realidad en muchos otros estados las estructuras policiacas se transformaron en cárteles pagados por el Estado.

Todo el estado de Veracruz está en llamas. Xalapa, la capital, donde están los poderes, es un campo de batalla. Frente a los ojos de la policía el narcotráfico ejecuta y desaparece. El gobernador Yunes sólo justifica la violencia: es guerra entre delincuentes – dice –como si no le importaran las vidas humanas.

En la zona sur del estado –Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y Jáltipan, por citar sólo cuatro demarcaciones –la vida no vale nada. De acuerdo con datos consultados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública esa región lleva veinte años de violencia y en los últimos diez ésta se ha recrudecido. Todos los días –tanto de día como de noche –hay secuestros, asesinatos, levantones, desapariciones y robos.

El tráfico de drogas es un negocio legal: opera abiertamente y con el respaldo de la policía municipal. No hay autoridad que haga algo frente a ese flagelo del narcotráfico ni de la violencia.

En los últimos dos años y medio –se asegura –la gente ha optado por refugiarse en sus casas y las calles principales empiezan a quedarse vacías cuando cae la noche. Es evidente que el miedo penetra entre la gente. Solo en la zona del Malecón los bares y cantinas siguen abiertos, dan servicio a jóvenes que a deshoras de la madrugada siguen la parranda aún con todo el riesgo de enfrentarse a una balacera o a los secuestros que ejecutan las bandas de criminales incluso en el interior de restaurantes y bares. Esto no es vida, pero así es el día a día en un estado sin ley.

Cuando era un opositor político, Miguel Ángel Yunes emprendió una abierta campaña en contra de Fidel Herrera Beltrán, a quien acusó de todo y por todo. Le recriminó la inseguridad, los secuestros, los homicidios; a Javier Duarte le pidió incluso que dejara el cargo si no podía con la inseguridad. Cuando fue candidato a gobernador, en 2016, Yunes ofreció, entre otras cosas, que resolvería la inseguridad del estado y que encarcelaría a quienes habían defraudado a los veracruzanos.

Cumplió con lo segundo, pero no lo con lo primero. El crimen organizado campea impune por toda la entidad sin que el gobernador haya resuelto, a un año de gobierno, el problema que se comprometió a solucionar. Hoy que su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez es el precandidato al gobierno del estado muchos veracruzanos le recriminan que no hay vida posible ni desarrollo sin paz social.

Pero resulta muy claro que el objetivo de Yunes sólo fue cobrar venganza “haciendo justicia” y trabajar para que su hijo sea el nuevo gobernador. De esa forma Yunes Linares gobernaría ocho años. Se asegura que el gobernador tiene toda la estructura electoral bien aceitada por concretar su proyecto por encima de lo que se oponga. Dispone del dinero suficiente para asegurar el triunfo de la coalición PAN-PRD.

Mientras tanto, no se ve cómo el PRI –y su ala mafiosa –puedan superar este escenario, sobre todo porque Yunes –en medio de esta guerra y limpieza de plaza –se ha encargado de romper las estructuras del crimen organizado, aliadas del PRI, con lo cual ese partido se queda sin brazos y sin operadores que puedan sustentar un posible triunfo en las elecciones venideras.

De ahí que tenga sentido la “operación barredora”.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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