Montes Azules es una de las áreas de mayor importancia en el país, en términos de captación de agua es uno de los principales pulmones de México y de América Latina, es hogar de altos índices de biodiversidad, tanto de flora como de fauna. Además, allí conviven pueblos y comunidades indígenas, principalmente choles, sotsiles, tojolabales y tzeltales.
Grupos civiles denuncian el hostigamiento del Ejército Mexicano en contra de las comunidades que habitan en esa reserva de la zona de Chiapas, quienes se organizaron para evitar el saqueo de los bienes en la Selva Lacandona, así como todos los proyectos extractivos de biodiversidad.
«La gente teme por su integridad debido a la historia de amenazas y desalojos que ha habido en la zona, sobre todo porque la actuación del Ejército se ha caracterizado por darse en un clima de hostigamiento, asesinatos, quema de casas y desalojos», explicó Claudia Ramos, integrante de la organización Otros Mundos Chiapas/ Amigos de La Tierra México.
Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Grupos civiles denuncian el hostigamiento del Ejército Mexicano en contra de las comunidades de los Montes Azules, en el estado de Chiapas. Los habitantes se organizaron para evitar el saqueo de los bienes naturales en la Selva Lacandona y rechazan los proyectos de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques, así como todos los proyectos extractivos de biodiversidad.
La Selva Lacandona es conocida por albergar la más alta diversidad biológica de América Septentrional, señala el Programa de Manejo de la reserva decretada como tal el 12 de enero de 1978, hace exactamente 40 años.
A través del portal de la organización «Reddeldia», los afectados denunciaron que el pasado martes 9 de enero, el Ejército llegó a su territorio «usando la fuerza para provocar y asustar a la población».
Entre la 1 y las 4 de la tarde, narran, dos aviones del Ejército sobrevolaron la zona de Amador Hernández, conformada por los ejidos Amador Hernández, Pichucalco, Nuevo Chapultepec, El Guanal, Plan de Guadalupe y Candelaria del municipio de Ocosingo, en la Reserva de la Biósfera de los Montes Azules, en Chiapas, gobernado por Manuel Velasco Coello, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En el testimonio sostiene que un helicóptero militar intentó aterrizar «cerca de una casa dentro del Ejido Amador Hernández, desprendiendo su techo. Finalmente, aterrizó a un lado de la pista a la que llegan servicios médicos de emergencia, cuando, por ejemplo, una mujer va a dar a luz.
Y continua: Nueve militares descendieron del helicóptero y autoridades de la comunidad los cuestionaron sobre qué hacían en su territorio, a lo que los miembros del Ejército respondieron que se encontraban en busca de una avioneta que había caído en la zona. Los uniformados pidieron permiso para revisar el perímetro y afirmaron no saber dónde se encontraban.
La autoridad ejidal, aseguran, les explicó que no podían ingresar, ya que existe un acuerdo comunitario que prohíbe la entrada del Ejército a la comunidad. Cerca de 300 habitantes se congregaron «con la mujeres en primera fila» y guiaron a los uniformados a la carretera, a fin de que regresaran al 38º Batallón de Infantería, situado en San Quintín, Ocosingo.
El Ejército no se dio por vencido, de acuerdo con la información: el piloto del helicóptero volvió con refuerzos. En total, 18 elementos se encontraban en la comunidad. Nuevamente las mujeres insistieron en que se retiraran y solicitaron a un camión de volteo que pasaba por la carretera que regresara a los elementos a su Batallón.
«La población se quedó asustada y preocupada, pero también organizada, al pendiente de un nuevo intento del Ejercito de invadir su territorio», se lee en el boletín firmado por el Movimiento Reddeldía de los Montes Azules, Otros Mundos AC/ Amigos de la Tierra México y por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
Los afectados consideran que la explicación ofrecida por los uniformados «no justifica un despliegue tan importante del Ejército». Incluso, sospechan, fue «una operación de vigilancia y de control» en contra de sus comunidades en el contexto de la implementación de la Gendarmería Ambiental, proclamada en 2016.
De acuerdo con el sitio oficial del Gobierno federal, dicha ese cuerpo de seguridad está constituidp por la Policía Federal y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y tiene como trabajo «prevenir los delitos y faltas administrativas en materia ambiental». No obstante, los miembros de la comunidad consideran que otra de sus misiones es «controlar y reprimir a la población para conservar los intereses del Gobierno y las empresas».
En entrevista para SinEmbargo, Claudia Ramos, de Otros Mundos Chiapas/ Amigos de La Tierra México, destacó que «las comunidades luchan principalmente por sus derechos agrarios, el no paso a la brecha, por el respeto a su forma campesina de vida, en un contexto en donde han sido hostigados y acorralados. Su lucha esta formalmente organizada desde hace más de 40 años contra el proceso de la brecha lacandona».
Recordó también que Montes Azules es el segundo macizo forestal de importancia en el país, en términos de captación de agua es uno de los principales pulmones de México y de América Latina, es hogar de altos índices de biodiversidad, tanto de flora como de fauna. Además, allí conviven pueblos y comunidades indígenas, principalmente choles, sotsiles, tojolabales y tzeltales.
Históricamente, rememoró la activista, fue un área de saqueo de madera, para los grandes aserraderos desde 1822, cuando se dio «el gran auge de extracción de madera» en el área. Otros intereses por parte del Gobierno y empresas, afirmó, podrían encontrarse en el desarrollo de proyectos de turismo, como el que propuso Natura Mexicana al Ejido Zapata.
Además, explicó por qué las comunidades rechazan los proyectos de Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación (REDD+) porque «no respeta los derechos de Pueblos Indígenas consagrados tanto en declaraciones y acuerdos internacionales como en el propio marco constitucional nacional. Las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas afectadas no han sido previa ni suficientemente informadas, ni consultadas ni este programa prevé la pertinencia cultural de sus objetivos y medios».
Sostuvo que el mecanismo «no soluciona de raíz el problema del cambio climático. No se enfoca en la urgente disminución de gases de efecto invernadero que se producen en los países industrializados que más contaminan; y permite que sigan contaminando mediante la llamada compensación, como el mecanismo REDD+ suscrito entre California (Estados Unidos), Acre (Brasil) y Chiapas (México), desarrollado en la Selva Lacandona durante el período del Gobernador Juan Sabines Guerrero!».
Además de que «responsabiliza a las comunidades indígenas y campesinas de los países del sur intertropical de ser los sumideros del dióxido de carbono que los países del norte industrial emiten, obligándolas, entre otras acciones, a constituir reservas boscosas, o las criminaliza si se oponen. Bajo el esquema de REDD+, la amenaza de que pueblos indígenas y campesinos estén siendo desalojados de sus tierras -para poder arrasar las selvas y dar lugar a plantaciones- se está materializando».
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En el comunicado, los inconformes subrayan: «Bien sabemos que somos una molestia para el Gobierno, ya que estamos organizados contra el saqueo de nuestros bienes comunes naturales, en el Movimiento Reddeldía de los Montes Azules, en rechazo a los proyectos de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) y todos los proyectos extractivos de biodiversidad».
La defensora ambiental reveló que «la gente teme por su integridad debido a la historia de amenazas y desalojos que ha habido en la zona, sobre todo porque la actuación del Ejército se ha caracterizado por darse en un clima de hostigamiento, asesinatos, quema de casas y desalojos».
Por ello, hizo un llamado a los tres órdenes de Gobierno a cesar el ingreso de las fuerzas armadas al territorio que las comunidades defienden legítimamente. Asimismo, exigió que el Estado «deje de negociar con los territorios campesinos, ahora bajo la fachada de la economía verde que no es más que una nueva forma de especulación y negocios para los países e industrias del Norte Global que no están preocupadas por la crisis climática y que la utilizan como nueva forma de comerciar con la vida».
El mes pasado, la polémica Ley de Seguridad Interior fue promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, en medio de las críticas de organizaciones civiles, activistas, ciudadanos y políticos de la oposición.
Incluso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch y Amnistía Internacional han alertado que dicha Ley garantizará más violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales.
En ese contexto, las comunidades señalan que la Ley «favorece» la militarización de los territorios mexicanos, además, indican, «prevé que el Estado solicite la intervención del Ejército mexicano en situaciones de amenaza o riesgo a la seguridad interior sin definir en qué contextos», con lo que las fuerzas armadas podrían intervenir en situaciones «que no les incube» y así vulnerar los derechos de quienes se manifiesten, incluidos los pueblos campesinos.
«Rechazamos rotundamente la política mexicana que consiste en otorgar cada vez más poder a las fuerzas armadas y cada vez menos a nosotros los pueblos que defendemos legítimamente los territorios y nuestros derechos», exponen en el testimonio de la página Reddeldía.
