Chihuahua fue el estado que menos recibió del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) del Ramo 23, al obtener 61 millones de pesos hasta septiembre de 2017 frente al promedio nacional de mil 023 millones de pesos, documentó el think tank México Evalúa.
Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público de esa organización civil, aseguró que este ramo no está regulado a diferencia del Ramo 28 [participaciones)] y el Ramo 33 [aportaciones] por lo que existe el riesgo de un uso político del dinero.
El Gobernador Javier Corral Jurado acusó una represalia económica del Gobierno federal por una investigación anticorrupción –que incluye al ex mandatario priista César Duarte Jáquez y al recientemente amparado Manlio Fabio Beltrones, también integrante del PRI– por lo que interpondrá una controversia ante la SCJN. El mandatario de Chihuahua puso de ejemplo a los fondos de desarrollo regional, los de fortalecimiento a la gestión legislativa y los de fortalecimiento financiero financiados justo por este opaco Ramo 23.
Ante el control de Hacienda sobre ese dinero, México Evalúa exige que sea regulada con la Ley de Coordinación Fiscal y destaca el diseño de la dependencia en la que los encargados del presupuesto son asignados por el Presidente, contrario al 68 por ciento de los países de la OCDE.
Ciudad de México, 11 enero (SinEmbargo).– En las transferencias de recursos a entidades que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hace en el Ramo 23 y en convenios, al no estar regulados por la Ley de Coordinación Fiscal como los ramos 28 y 33, existe un riesgo de que haya un uso político del dinero, así como actos de corrupción, alertó México Evalúa. Estos recursos no regulados y discrecionales enviados a Chihuahua bajaron de 2016 a 2017, cuando el Gobernador Javier Corral Jurado sustituyó al hoy prófugo de la justicia César Duarte Jáquez (2010-2016) sobre el que pesan 11 órdenes de aprehensión.
En las estadísticas oportunas de finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda muestra que a las entidades federativas, además de participaciones [Ramo 28] y aportaciones [Ramo 33], les envía dinero por otros subsidios, convenios descentralizados, convenios SEP, convenios Sagarpa, convenios Semarnat y convenios de reasignación. En todos hubo una baja en las transferencias a Chihuahua de 2016 hasta noviembre de 2017, como se ve en la tabla.
Sólo en el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) del Ramo 23, documentó México Evalúa, hasta septiembre de 2017 en promedio los estados recibieron alrededor de mil 23 millones de pesos y el que menos obtuvo fue justamente Chihuahua con 61 millones de pesos. El Estado de México fue el que más recibió con 5 mil 291 millones de pesos.
Considerando el nivel poblacional con transferencias per cápita, Chihuahua, al recibir 16 pesos, también es el que menos obtuvo y el Estado de México recibió 300 pesos, detalló en entrevista Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público del think tank. Los datos del cierre de año, que hacen referencia a diciembre, mes en que Chihuahua no recibió 700 millones de pesos por un fondo, estarán disponibles el 31 de enero.
En 2016 este Fortafin tuvo un presupuesto aprobado de mil 560 millones de pesos para los estados, pero se ejerció 65 mil millones de pesos. Es decir, 64 mil millones de pesos más (4104 por ciento más).
«En el presupuesto de egresos y las distintas bases trimestrales que da a conocer la SHCP no se conoce a qué estados se les aprobó recibir los recursos de Fortafin. Esto significa que la Cámara de Diputados aprobó ese presupuesto sin saber a qué gobiernos locales iría dirigido. Debido a que la mayor parte de los recursos del Fortafin se ejercen sin haber sido aprobados por la Cámara de Diputados, la decisión sobre dichas asignaciones la toma el Poder Ejecutivo a través de la SHCP», expuso México Evalúa.
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Luego de que el mandatario panista acusó al Gobierno federal de «represalia económica» por detener a Alejandro Guitérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional y acusado de peculado por 250 millones de pesos con fines partidistas, la SHCP emitió un comunicado.
Durante 2017, expuso la dependencia hacendaria, en el Ramo 28 de participaciones federales, Chihuahua recibió 23 mil 387 millones de pesos, 3 mil 41 millones de pesos más de lo recibido en 2016, un 14 por ciento más. En cuanto a las aportaciones federales correspondientes al Ramo 33, recursos dirigidos a salud, educación y seguridad, la entidad obtuvo 19 mil 669 millones de pesos, 911 millones de pesos más que en 2016, un 4.8 por ciento más.
Sin embargo, la investigadora Mariana Campos destacó que la dependencia omitió documentar las otras vías de transferencias que, a diferencia de los ramos 28 y 33, no son reguladas: el opaco Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, que financia los fondos de desarrollo regional; fortalecimiento a la gestión legislativa y fortalecimiento financiero referidos por el Gobernador Javier Corral.
A través de este último Ramo se financian programas con objetivos diversos que van desde el manejo de fondos relacionados con provisiones salariales y prestaciones de seguridad social; administración de fondos asociados al control presupuestario y al uso de ingresos excedentes hasta la distribución del gasto federal en entidades federativas y municipios para impulsar obras de infraestructura y programas de desarrollo regional. En 2016, al Ramo 23 se le aprobó un presupuesto de 146 mil millones de pesos, pero ejerció 74 por ciento más.
El 14 de diciembre, dijo Corral en conferencia de prensa, el Gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda «suscribieron varios convenios en los que la dependencia le entregaría recursos para varios programas de desarrollo regional por 44 millones 777 mil pesos; de fortalecimiento para obras diversas de gestión legislativa por 35 millones 304 mil pesos; y un convenio de fortalecimiento financiero que implica la transferencia de 700 millones de pesos a fin de que el estado cuente con recursos suficientes para concluir el ejercicio fiscal 2017».
Estos 700 millones de pesos convenidos, acusó, no fueron depositados. Ante ello, interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Secretaría de Hacienda por incumplir un convenio.
«El motivo por el que nos dejaron de depositar los recursos convenidos a nuestra entidad es el desarrollo de esta investigación [triangulación de recursos de Hacienda al Gobierno de César Duarte Jáquez y al PRI] que ocurre en las instancias judiciales en búsqueda de combatir la corrupción política […] En suma, el gobierno de Chihuahua ha actuado contra la corrupción y el Gobierno de [Enrique] Peña Nieto actúa contra el pueblo de Chihuahua. No quieren detener a César Duarte, pero nos detienen los recursos que necesitamos», expuso el lunes Corral Jurado en compañía del Grupo Encuentro Chihuahua e integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.
Contra Duarte Jáquez, quien dejó una entidad con una deuda pública de más de 50 mil millones de pesos, giran 10 denuncias presentadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por el desvío de mil 200 millones de pesos del erario público y otra orden, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), lo señala del desvío de 79 millones de pesos de las arcas estatales. El ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, se amparó para no ser investigado al respecto.
José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda, dijo en entrevista radiofónica que el Gobernador Javier Corral se queja de que no se han pagado cuatro convenios, pero, afirmó, el 29 de diciembre se entregó una ayuda adicional al gobierno de Chihuahua y otra no se dio por un error en la cuenta bancaria.
«Uno se pagó el 29 de diciembre, otro nos dieron una cuenta de banco equivocada, entonces no lo pudimos depositar. Nos dieron la cuenta adecuada ayer», aseguró. Sobre el convenio de los 700 millones de pesos, el Secretario argumentó que no fue pagado debido a que no hay suficiencia presupuestaria. «La cláusula dos del convenio dice que estos recursos están sujetos a suficiencia presupuestal», aclaró.
A diferencia de Corral, quien aseguró que Chihuahua fue la única entidad en no recibir los fondos, el titular de Hacienda aseveró que hubo otros estados a los que tampoco se pagaron, pero no especificó cuáles.
CONTRA EL CONTROL DE SHCP EN RAMO 23
La Ley de Coordinación Fiscal establece en el ramo 28 y ramo 33 las fórmulas de cómo se debe entregar el dinero a cada estado, por lo que la Secretaría de Hacienda no determina el monto. Pero en el ramo 23 y en los convenios no está obligada a darle a todos los estados «y eso da la oportunidad de que diga cuándo sí y cuándo no, por lo que al no quedar definido puede prestarse a motivos que no están relacionados con el desarrollo o necesidades del estado», afirmó Mariana Campos, de México Evalúa.
Al no estar regulados, dijo Campos, no hay un objetivo oficial o reconocido de estas asignaciones, por lo que son discrecionales y «genera un riesgo de que haya un uso político del dinero».
Una de las razones por las cuales el Ramo 23 es propenso al uso político, es que a través de él se crean programas que otorgan subsidios a los gobiernos locales para financiar proyectos de inversión física, entre otros apoyos, programas que la propia Auditoría Superior de la Federación ha señalado estar caracterizados por la falta de transparencia en cuanto a sus objetivos y uso de recursos, así como por la carencia de lineamientos.
Ante ello, México Evalúa desde 2014 ha alertado que es importante disminuir la discrecionalidad existente en este ramo, por lo que debe ser parte de la Ley de Coordinación Fiscal o debe emitirse una Ley para regular el objetivo de esta caja, aseguró Mariana Campos.
También es necesario monitorear en tiempo real las asignaciones que se hacen a las entidades para fortalecer la rendición de cuentas y transparentar todos los convenios. Los datos disponibles, por ejemplo, no muestran diciembre, justo el mes en que hubo el desencuentro entre Hacienda y el gobierno de Chihuahua.
Asimismo, «hace pensar» en el modelo de gobernanza de la Secretaría de Hacienda porque los encargados del presupuesto son nombrados por el Presidente. En el 68 por ciento de los países de la OCDE, contrastó Campos, son personal de carrera que no cambian entre administraciones.
El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, expuso en la conferencia de que «estamos conscientes de que hemos tocado el modus operandi de la corrupción en México de la que toda la nación habla con la diferencia de que nosotros la hemos acreditado técnica y documentalmente», por lo que no va a ceder «ni por 700 millones ni por todo el presupuesto de Chihuahua porque a la larga todo México pierde».
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