Por Edith Martínez

La sesión del 14 de diciembre en la Cámara de Senadores marcó  la historia reciente de México, no solo porque en ella se impuso la Ley de Seguridad Interior pese al rechazo de la ciudadanía, académicos y organismos nacionales e internacionales, sino porque en esa sesión negra también se aprobó el dictamen de la Ley General de Biodiversidad, que pone en riesgo el patrimonio natural del país.

Las amenazas que representa esta ley se han advertido desde hace el primer momento en el que la senadora Ninfa Salinas presentó esta propuesta con el objetivo de que quedara aprobada fácil y rápido para presumirla en la conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) que se llevó a cabo en diciembre de 2016.

Afortunadamente, ese primer intento de ley no pasó y ha sufrido modificaciones, incluyendo algunas de las observaciones de la sociedad civil, pero han ignorado otras de suma importancia como son prohibir explícitamente la operación minera en Áreas Naturales Protegidas y realizar un marco legal por separado para los recursos genéticos.

Ambos temas representan focos rojos para la protección de la biodiversidad, pues en los dos se abre la puerta a la extracción intensiva de recursos con graves implicaciones sociales como hemos visto que sucede en México y el mundo con la minería que además de los impactos ambientales afecta también a las personas que viven alrededor.

En tanto, al hablar de recursos genéticos en el dictamen aprobado, los senadores dejan la puerta abierta a la privatización de éstos y del conocimiento tradicional de pueblos y comunidades indígenas a quienes no se ha consultado, violentando así su derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

Es alarmante que la ley que fue enviada a la Cámara de Diputados para su aprobación, se vuelque a la explotación comercial de los recursos genéticos y sus conocimientos asociados sin tener mecanismos reales para evitar su apropiación por particulares, y de conservación que impidan su erosión genética y cultural en un país megadiverso y pluricultural como lo es México.

En ese sentido es que la sociedad civil, académicos e investigadores se han sumado una vez más para hacer un llamado a los diputados para que corrijan las aberraciones del Senado y se discutida ampliamente la forma en la que se creará un marco legal que permita proteger la biodiversidad mexicana de los intereses comerciales que saldrían beneficiados si se aprueba la ley como está ahora. Esperamos que tengan el valor de hacerlo.

Greenpeace

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