En estos últimos días los legisladores han aprobado no sólo la Ley de Seguridad Interior contra la que se han manifestado el grupo de expertos en desaparición forzada y el Alto Comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los obispos del país y las organizaciones de la sociedad civil mexicana, las protestas generalizadas contra una ley que nos encamina a escenarios de represión y autoritarismo no fueron suficientes, pero no sólo esa ley ha sido aprobada; al mismo tiempo, y aprovechando el escándalo provocado por esta Ley de Seguridad Interior, se aprueban reformas a la Ley Laboral para dar libre entrada a la contratación generalizada por outsourcing que no tiene otro propósito de liberar a los patrones de proporcionar a sus trabajadores lo que por ley les corresponde, esto dejará sin acceso a antigüedad, indemnización, jubilación y prestaciones sociales a millones de empleados de nuestro país, en una nación con una de las mayores desigualdades sociales y donde más de la mitad de la población vive en pobreza por salarios y condiciones laborales de explotación.

Además, de manera simultánea se aprueba en diputados, como lo comunicó el PRI en su cuenta institucional “una reforma al Código Civil Federal para precisar que “se considerara como hecho ilícito la comunicación, por cualquier medio, de un hecho cierto o falso que pueda causar deshonra, descrédito, perjurio o exponer al desprecio de alguien”, es decir, pretende que ya no puedan exponerse a los corruptos y criminales porque ésto puede ir en perjurio de estas mismas personas, es decir, se puede robar del erario público pero no se pueden denunciar estos actos en los medios de comunicación porque los corruptos políticos pueden ver dañada su honra ;  y, por si lo anterior no fuera suficiente, se realizan reformas a la Ley de Biodiversidad que entrega la posibilidad de la explotación minera hasta en las zonas de amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas, en una nación que gran parte de su territorio ha sido entregada a las mineras que no pueden realizar este tipo de extracciones en sus propios países, permitiendo una de las prácticas más terribles de destrucción ambiental, permitiendo también el acceso a los recursos genéticos del país a las grandes empresas farmacéuticas y biotecnológicas pasando por encima de los derechos comunitarios, entregando la riqueza genética generada en la gran diversidad biológica del país e, incluso, aprovechándose y apropiándose del conocimiento herbolario indígena.

De manera estratégica dejan en la ambigüedad la protección de los manglares, es protección que conserva la riqueza biológica de importantes regiones costeras y que significa un obstáculo a los intereses de las grandes corporaciones hoteleras.

En unos días los legisladores del PRI y el PVEM, acompañados de otros del PAN, han realizado estos cambios a diversas legislaciones que dan un poder profundamente discrecional al presidente que le permitiría llegar a usar a las fuerzas armadas para reprimir a movimientos opositores, o para la protección de industrias extractivas y, porque no, argumentando inestabilidad social, apoderarse de las urnas, como el PRI lo hizo durante varias elecciones, en especial en San Luis Potosí, cuando López Mateos envió el ejército a reprimir el movimiento navista y se apoderó de las urnas. Ni el PRI ni el PAN se han pronunciado en contra de esta Ley. Por su parte, AMLO pide tranquilidad diciendo que él no actuaría contra el pueblo, millones de sus seguidores estarán convencidos de que así será, pero incluso a ellos se les puede preguntar: ¿y si no gana?, ¿y si decide usarlo contra un movimiento opositor?. En las redes circula una imagen de Pinochet con la leyenda de que se horroriza a la población con la idea de que AMLO nos llevara a la Venezuela de Chavez pero que el PRI ya nos está llevando al Chile de Pinochet.

Se van, dejan el Congreso y, muy posiblemente, dejarán el poder. Sin embargo, se resisten a dejarlo, maniobran para en su último año tener el derecho a ejercer el poder de forma más centralizada e, incluso, por qué no, con la posibilidad de quedarse por la fuerza en él, cometer el fraude teniendo al ejercito de su lado.

Por otro lado, les abren el camino a las corporaciones mineras, a las corporaciones hoteleras, a las corporaciones farmacéuticas y de la bioingeniería.

Estos legisladores, y quienes les mandan, venden la democracia y los recursos como se vende el alma al diablo, entregan todo en busca de mantener el poder, la riqueza y la pretendida eternidad, que en sus miserables vidas es su motivo, no importan los cadáveres y la destrucción que dejan en su camino.

Queda la posibilidad de detener estas reformas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como en otras naciones, parece que la esperanza para los ciudadanos, que la han perdido totalmente de los partidos políticos, sólo queda en los fiscales y los magistrados. Exijamos que estén a la altura.

Los cambios en la legislación van más allá de lo que un personaje tan detestable como Trump podría querer para hacerse de más poder personal y darle a los ricos un mayor acceso a la riqueza   de la nación. Legislar para debilitar la protección ambiental.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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