Cuando AMLO propuso una amnistía o indulto para desarmar y pacificar a los violentos que se han apoderado del país, con participación de las víctimas, los señores de la guerra se escandalizaron y hasta el momento siguen gritando como hienas asustadas.

Cuando a estas alturas lo que propone la clase política gobernante en la Ley de Seguridad Interior es aumentar una vez más el presupuesto de guerra, supongo que no busca premeditadamente el asesinato de la juventud sino que, con su corta inteligencia, sólo se le ocurre que en el combate a la delincuencia hay negocio.

Ven trabajo para miles de soldados, presupuesto para los generales y jefes policiacos, oportunidades de corrupción ofreciendo protección a los “outlaws”, posibilidades de extorsión a los ciudadanos, etc. En fin, la burocracia y clase política mexicana que aplican la justicia así es como han vivido y quieren seguir viviendo; son peones del sistema y del capitalismo bárbaro que depende de la industria armamentística.

En enero de 2018 se cumplirán 10 años del inicio de una guerra que ha enlutado a miles de hogares juarenses y afectado la economía local; sólo se vivió una etapa de baja intensidad criminal entre 2013 y 2015, en 2016 otra vez se desataron los demonios y ahora en 2017 vuelven los altísimos índices de violencia que nos llevarán otra vez a ser la (nada envidiable) ciudad más violenta del mundo. En este tiempo se han acumulado casi 14 mil homicidios.

Cuando empezó a menguar la violencia, uno de los sicarios resumió así el porqué: “Es que ya no tenemos a quien matar”. Actualmente ese tipo está siendo enjuiciado y ha reconocido 900 asesinatos.

Durante el funcionamiento de la Mesa de Seguridad, y con la colaboración de los mejores investigadores en materia de seguridad, logramos hacer un diagnóstico del crimen y varias propuestas para impedir que regresara la barbarie, y pudimos haber desarrollado un modelo a seguir para alcanzar la paz en esta ciudad estremecida por la muerte.

Pero todas las propuestas de cambios cuantitativos y cualitativos, aunque aceptadas en un principio, acabaron abandonadas por los gobernantes incapaces de seguir una ruta de implementación que permita superar problemas sociales estructurales.

Ahora la violencia local, ligada al narcotráfico en México, se ha convertido en un problema estructural imposible de frenar sin la aplicación de medidas reactivas, de contención y preventivas; pero estas mismas no se pueden aplicar porque siempre repiten las mismas políticas públicas que han fracasado una y otra vez.

Ya sólo quedan dos opciones para enfrentar la ultraviolencia que afecta a todo el país, y no sólo a Ciudad Juárez como en 2010: Seguimos haciendo lo mismo, o buscamos forma de trabajar el fenómeno social.

Si continuamos haciendo lo mismo, y lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, la política de represión y enfrentamiento armado a la delincuencia acabará en el exterminio de miles de jóvenes que se metieron en un remolino de conductas y reacciones de las que ya no pueden escapar sino disparando a matar. Esas son las reglas de la guerra: gana el ejército que destruya al enemigo o, como lo dijo el sicario, cuando ya no quede a quién matar.

El Gobierno debe reconocer que la guerra no tiene fin. Los delincuentes se reproducen a través de generaciones de adolescentes sin secundaria y, con las diferencias sociales tan enormes, falta de opciones educativas y pobreza endémica, cada año estarán disponibles más manos desempleadas para tomar las armas.

Por eso este es el momento de cambiar la ruta y desarticular los cientos de grupos armados ofreciéndoles la posibilidad de romper el círculo vicioso de muerte, venganza y muerte, e históricamente eso sólo se ha logrado mediante las opciones jurídicas de la amnistía y el indulto.

Después de la revolución mexicana, y durante una década, pulularon grupos armados por todo el país que eran perseguidos hasta la extinción por el Ejército y sus rivales; tal vez el más difícil de vencer fue el grupo de Francisco Villa.

Pero aquellos gobernantes, incultos e ignorantes, fueron más inteligentes que nuestros doctorados en el extranjero, pues lograron establecer negociaciones, pláticas y encuentros con los grupos de levantados para que entregaran las armas y volvieran a la vida civil; sí cometieron homicidios y robos durante las batallas y después de ellas, pero el país no tenía más opciones que la paz o la continuación de la violencia.

Ciertamente que no se trata de salir a ofrecer indultos y pasaportes a la civilidad como si fueran volantes, no; AMLO propone un proceso largo, tal vez tan largo como la guerra misma, para que México vuelva a ser un país de paz y leyes.

El propósito es terminar con la violencia sin destruir al enemigo, porque el enemigo es ahora parte de nuestra juventud.

Gustavo De la Rosa

https://dev.sinembargo.mx/author/delarosa/

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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