Los sectores sindical, campesino y social discutieron y propusieron una serie de medidas para recuperar la autodeterminación económica, resolver la crisis del campo, restituir la seguridad social, combatir la violación a derechos humanos y la falta de credibilidad de la clase política, así como implementar una nueva política exterior.
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Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Organizaciones del sector sindical, campesino y de la sociedad civil se reunieron este día– cuando el Senado discute la Ley de Seguridad Interior–, de cara a las elecciones de 2018 y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para articular sus respectivas agendas y presentar un Proyecto Alternativo de Nación anti neoliberal.
La iniciativa presentada en el encuentro celebrado en la Biblioteca de México, en la capital del país, busca transformar las instituciones gubernamentales y, con ello, combatir las crisis de desapariciones, tortura, criminalización, violación a los derechos de comunidades indígenas para imponer megaproyectos, abandono del campo, corrupción, impunidad, desconfianza en el sistema electoral y de partidos, salarios indignos, desigualdad, informalidad y falta de soberanía alimentaria y energética.
El ex perredista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, celebró– a nombre del proyecto Por México Hoy– que el proceso de unidad de los sectores sindical, campesino y social está en marcha.
«Para lograr la transformación de acuerdo a este Plan Alternativo de Nación debemos llegar a construir una mayoría ciudadana, social y política que sea la que, con democracia, lo imponga y permita rescatar nuestra soberanía, revertir las reformas constitucionales, tener una democracia participativa y tener una economía creciente que logre un mejor reparto de la riqueza y combata la desigualdad», dijo.
Max Agustín Correa, del Movimiento El Campo es de Todos, afirmó que la pugna que se debate hoy en México es la continuación del modelo neoliberal mediante las reformas estructurales o la recuperación del Estado, así como el autoritarismo -evidenciado con la Ley de Seguridad Interna que coloca a las fuerzas armadas amenazado a la ciudadanía – o el Estado de Derecho y la democracia.
Francisco Hernández Juárez, del Sindicato de Telefonistas, aplaudió el frente unitario porque, dijo, vienen «tiempos difíciles» por las elecciones de 2018.
«Desde el poder operarán todo tipo de alimañas para mantenerlo. La Ley de Seguridad Interior tiene el propósito de contener la lucha social ante un fraude electoral», aseguró.
Martín Esparza Flores, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), declaró que «la imposición del modelo económico neoliberal ha causado el desastre nacional», por lo que llamó a revertir las reformas estructurales aprobadas este sexenio mediante este frente unitario porque el sector eléctrico solo no podrá.
Luis Meneses Murillo, del Movimiento El campo es de Todos, acusó que donde se produce alimento es donde más sufren hambre.
Ante el abandono al campo que ha provocado dependencia alimentaria al exterior, predominio de compañías agroindustriales trasnacionales y la expulsión de mano de obra a Estados Unidos y Canadá, Meneses pidió financiamiento a pequeños productores, programas transparentes y manifestó el rechazo del sector campesino al TLCAN que «subordina el interés de nuestro país frente a los grandes monopolios agroalimentarios».
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PROPUESTAS DEL PLAN ALTERNATIVO
Los sectores sindical, campesino y social discutieron y propusieron una serie de medidas para recuperar la autodeterminación económica, resolver la crisis del campo, restituir la seguridad social, combatir la violación a derechos humanos y la falta de credibilidad de la clase política, así como implementar una nueva política exterior.
Exigieron revertir la Reforma Energética, construir infraestructura para impulsar la industria eléctrica y petrolera nacional, así como implementar la consulta libre, previa e informada a comunidades indígenas frente a los megaproyectos y el fracking.
«El modelo económico de mercado sin regulación además de ser incapaz de sustentar el desarrollo e implementar drásticos recortes al gasto público, aviva la amenaza creciente de recesión asociada con la agudización de las tendencias proteccionistas en Estados Unidos y Canadá, lo que hace necesario reorientar e impulsar el mercado interno y recuperar la soberanía alimentaria y energética del país», expusieron en su manifiesto.
También, dijeron, es necesario lanzar una Reforma Fiscal que erradique la evasión en paraísos fiscales y aliente la redistribución del ingreso.
Los dirigentes, entre los que se encontraban miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), exigieron abrogar la Reforma Educativa para consolidar un proyecto educativo que contemple la diversidad regional y étnica con respeto a los derechos laborales del magisterio.
Respecto a la seguridad social para los trabajadores del campo y ciudad, acusaron el debilitamiento de los derechos laborales por el control corporativo que mantiene el gobierno sobre las organizaciones gremiales.
Ante esto, promueven una representación sindical legítima y autónoma, y exigieron un sistema integrado de seguridad social de cobertura universal, así como eliminar de la Ley Federal del Trabajo las disposiciones que legalizan el trabajo terciarizado que facilitan los despidos.
Ante la violación constante de derechos humanos, feminicidios y en el marco de la Ley de Seguridad Interior, los dirigentes exigieron castigo a la tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
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Con la presencia de Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, pidieron un cambio de fondo en el combate al narcotráfico y castigar a los responsables de Tlatlaya y Nochixtlán.
Sobre la crisis en el sistema de partidos, que atribuyen a la subordinación del poder legislativo y judicial al ejecutivo, pidieron introducir preceptos como la revocación del mandato, el plebiscito o la iniciativa ciudadana.
También enfatizaron la importancia de aplicar las políticas de transparencia y rendición de cuentas, y eliminar el fuero de funcionarios públicos por delitos de corrupción.
Finalmente, bajo el umbral de la discusión del TLCAN y el gobierno «conservador y racista» de Estados Unidos, demandaron impulsar la soberanía alimentaria y energética; diversificar los intercambios comerciales; y defender a los migrantes tanto mexicanos como los que pasen por el país.
