Cientos de mineros en Cocula, Guerrero, mantuvieron un paro laboral contra las actividades de la minera Media Luna, propiedad de la firma canadiense Torex Gold, y también exigían que sus derechos fueran protegidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Minas y no por la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM). La noche del 18 de noviembre, dos de los mineros fueron asesinados a balazos, supuestamente por afiliados a este sindicato cercano a los gobiernos priistas. «La CTM no es un sindicato, es un brazo del gobierno mexicano […] no está cuidando los intereses de los trabajadores sino los de las empresas», aseguró Jerry Dias, líder sindical de Canadá.
El grupo de académicos y activistas Democracia Deliberada ha expuesto que los sindicatos corporativos en México no representan los intereses de los empleados ante la falta de autonomía y opacidad de sus líderes, lo cual ha impedido que los incrementos en la productividad se trasladen a un salario mínimo que abarque las necesidades básicas. Durante la renegociación del TLCAN, los sindicatos de EU y Canadá también han exigido mejoras salariales en el país.
ADEMÁS
Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Las condiciones actuales del salario mínimo son consecuencia del «arreglo y la colusión» entre sindicatos corporativos y organizaciones-empresas patronales, con el apoyo «entusiasta» del Gobierno, expuso Democracia Deliberada, un grupo de académicos y activistas de la sociedad civil cofundada, entre otros, por los economistas Gerardo Esquivel y Diego Castañeda.
«No transformar los elementos institucionales que han impedido que los incrementos en la productividad se trasladen al salario, lo que ha aumentado la desigualdad social, significa condenar a los trabajadores a tener siempre minisalarios», sentenciaron.
Diego Castañeda, por la London School of Economics, afirmó que la creciente desigualdad en el país está relacionada con inestabilidad económica, política y social por lo que incluso grupos como la Coparmex parece que «finalmente se están dando cuenta que está en su interés tener un mercado interno más dinámico», por lo que han promovido un mayor aumento al salario mínimo.
El martes pasado, durante un encuentro entre el sector campesino, social y sindical, respecto a la seguridad social para los trabajadores del campo y ciudad, acusaron el debilitamiento de los derechos laborales por «el control corporativo» que mantiene el gobierno sobre las organizaciones gremiales. Ante esto, exigieron una representación sindical legítima y autónoma, y pidieron un sistema integrado de seguridad social de cobertura universal, así como eliminar de la Ley Federal del Trabajo las disposiciones que legalizan el trabajo terciarizado que facilitan los despidos.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) anunció para este diciembre un aumento de 10 por ciento al salario mínimo de 80.04 a 88.36 pesos diarios. David Kaplan, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destacó que tomando en cuenta el salario, impuestos y el subsidio para el empleo, se trata de un monto de 96.82 pesos, aún por debajo de la línea de bienestar.
Sin embargo, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), uno de los más grandes de México e históricamente cercano a los gobiernos priistas, aplaudió la creación de 3 millones de empleos formales durante el sexenio, aunque omitió que de ese total 45 por ciento tiene ingreso menor a dos salarios mínimos.
El líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, aseguró que –salvo los jornaleros– «en México no hay nadie que, en su sano juicio, crea que con 80 pesos cuatro centavos puede vivir persona alguna con su familia; una persona con dos hijos y la esposa, no podrían vivir. Lo que quiere decir que solamente es un referente».
Quien ha sido dos veces Diputado federal y Senador de la República por el PRI omitió que dos millones de trabajadores informales ganan eso. Asimismo, rechazó que se esté violando el Artículo 123 de la Constitución respecto al derecho a un salario que cubra las necesidades básicas del trabajador.
La mirada internacional es distinta. Durante las rondas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los sindicatos de trabajadores de Estados Unidos y Canadá han exigido mejoras salariales en México para equiparar la competencia.
Martín Moreno, autor de Los demonios del sindicalismo, explicó en entrevista que la estructura del sindicalismo corporativo creció a la par del PRI en la década de los 40 y esa «complicidad» se ha mantenido. Como resultado, determinó, las empresas no son obligadas a pagar utilidades y contratan a los trabajadores a través de terceros que no reconocen sus derechos laborales.
«Una cosa son los sindicatos, que buscan beneficiar a la base trabajadora, y otra los líderes sindicales que se sirven de eso», aseguró. «Si bien durante los 70 y 80, cuando era el auge del priismo, se salpicaba el beneficio a la base trabajadora, cuando el PRI dejó de ser partido único empezó a reflejarse en los ingresos».
ADEMÁS
LOS MINEROS Y LA CTM
El caso de la minera Media Luna en Guerrero evidenció el panorama completo de las condiciones laborales y cómo las compañías extranjeras, aprovechando ese vacío de derechos, firman acuerdos con sindicatos mexicanos «de protección» que dejan indefensos a los trabajadores.
El sábado 18 de noviembre, luego de días de tensión, los hermanos mineros Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña fueron asesinados a balazos por un grupo armado, supuestamente afiliado a la CTM. El precandidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña, acudió a su sede durante el día de su destape. También recibió el respaldo de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), que es el Sector Popular del PRI y de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
El viernes Mikel Arriola, el candidato priista al gobierno de la Ciudad de México, también fue apoyado por la CTM. El líder sindical Carlos Aceves lo calificó de «mago» por haber hecho magia con las finanzas del IMSS.
«No ha pasado el tiempo en el PRI. Son formas de hacer política de ese partido. La CTM y la CNC no son las mismas de los 80 que te llenaba el Zócalo, pero tratan de revivir cadáveres y es un tanto patético», dijo el periodista y analista político Martín Moreno. «Buscan el voto y dinero, pero más allá de eso es mandar el mensaje de que el PRI está tan fuerte como en los 80, al tener al sector obrero, popular y campesino, cuando son la sombra de lo que fueron».
Junto con sus compañeros, los mineros mantenían un paro laboral contra las actividades de la minera Media Luna –propiedad de la firma canadiense Torex Gold– ubicada en Cocula, Guerrero. También exigían que sus derechos fueran protegidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Minas dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, y no por la CTM.
“Está bien claro que la CTM es un sindicato patronal que solamente ha velado por los intereses de la empresa y de sus propios intereses», acusó el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de Minas, Indalecio Pérez Morones.
En el mismo sendero, Jerry Dias, líder de Unifor –el sindicato privado más grande de Canadá–, aseguró que «los mineros creen y entienden perfectamente que fue consecuencia de su intento por dejar la CTM y unirse al (sindicato de) de los Mineros». Al percatarse de que los mineros guerrerenses tienen salarios muy bajos, no reciben capacitación y son reemplazados por empleados sin preparación, planteó su rechazo a esa agrupación sindical en México.
«La CTM no es un sindicato, es un brazo del Gobierno mexicano […] no está cuidando los intereses de los trabajadores sino los de las empresas», dijo Dias.
AUTONOMÍA EN SINDICATOS
El grupo de la sociedad civil Democracia Deliberada explicó que los salarios deben establecerse mediante una negociación entre empresarios y trabajadores, mientras que el papel del gobierno es el de vigilar que se lleven de forma equitativa. No obstante, las instituciones actuales no garantizan la verdadera representación de los intereses de los empleados.
Además, la consabida corrupción y poca transparencia de muchos dirigentes sindicales tiende a deslegitimar a estas organizaciones frente a la sociedad, por lo que DD pidió que se transparente y democratice a los sindicatos y se permita el surgimiento de nuevas organizaciones de trabajadores.
«El sindicalismo mexicano parece que tiene una Ley no escrita, pero sí que se practica: opacidad obligatoria, prohibida la transparencia. Cuando alguien les pide cuentas claras, alegan violación a su autonomía», afirmó el analista político Martín Moreno.
Aseguró que ante la falta de rendición de cuentas y fiscalización, eso le ha redituado un beneficio económico a los líderes sindicales como Carlos Romero Deschamps del sindicato petrolero, a los Gómez Urrutia en el sindicato minero y como ocurre en el sindicato del ISSSTE, donde los hermanos Francisco y Fermín García Culebro manejan la Comisión Nacional de Auxilios de la que reciben 900 millones de pesos anuales como cuota sindical sin rendir cuentas, documentó.
Agustín Rodríguez Fuentes, del STUNAM, se ha eternizado en el poder por 20 años y recibe 63 millones de pesos anuales de parte de la UNAM sin especificar el uso de los recursos, agregó Moreno.
Menos del 10 por ciento de la población económicamente activa pertenece a sindicatos. La conformación de los sindicatos es un derecho avalado en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, cuyo objetivo es defender los derechos laborales y mejorar las condiciones salariales y de prestaciones.
Ante la legislación ambigua, la gran mayoría de los sindicatos en México son de carácter corporativo o de “protección patronal” y autoritarios, por lo que los trabajadores no están realmente representados. Muchos sindicatos tienen dirigentes vitalicios que no fueron elegidos ni reelegidos de forma democrática e impiden la formación de otros sindicatos.
«En Democracia Deliberada llamamos no sólo a discutir el salario mínimo, sino también a discutir cómo fortalecer los medios de representación y organización de los trabajadores, para que tengan el poder para negociar sus salarios con los patrones, sin tener que ser reprimidos por clientelas, por el gobierno, o incluso por grupos de choque pagados por los patrones», expusieron en un comunicado. Entre sus miembros también están el sociólogo Andrés Lajous, el economista Luis Ángel Monroy, el periodista Antonio Martínez y el politólogo José Merino.
«Se ha limitado el poder de negociación de los sindicatos ante las empresas y el gobierno por medio de reducir al mínimo la autonomía sindical», resumieron.
LA OBSCURA CONASAMI
La «obscura» Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) no incluye una auténtica representación de los intereses de los trabajadores porque los sindicatos presentes en las negociaciones son grupos clientelares del gobierno en turno.
Su titular, Basilio González fue nombrado desde 1991 por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari. Percibe al mes 173 mil 620 pesos brutos, lo que un trabajador con el mínimo alcanzaría sólo si laborara mil 486 días, publicó la Unidad de Datos de SinEmbargo.
Es una incógnita si ha adquirido casas, automóviles, obras de arte, joyas o relojes en las casi tres décadas en que ha ocupado el cargo porque en el cúmulo de declaraciones patrimoniales que está obligado a presentar ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) siempre ha suscrito que no está de acuerdo en hacer público su patrimonio.
Por ello Democracia Deliberada expone la urgencia de que sea un órgano que recomiende con base en criterios técnicos, claros y transparentes, el aumento de los salarios mínimos. Asimismo el comisionado debe renovarse cada cierto tiempo ya que el actual, Basilio González, lleva más de 20 años en el cargo. La Acción Nacional Frente a la Pobreza, compuesta por más de 60 organizaciones, incluso ha exigido la desaparición de esta Comisión.
«La Consami debe desaparecer o transformarse para que deje de ser el yugo del salario de los trabajadores, ya que hasta ahora sólo parece obedecer a los intereses patronales y a las posiciones más dogmáticas de nuestros tecnócratas», determinó.
Democracia Deliberada propone también que el poder legislativo pueda aprobar, modificar o rechazar los cambios para que los partidos políticos representen directamente los intereses de los trabajadores no sindicalizados, que son la mayoría.
ADEMÁS
