#ANUARIO2017 | La corrupción mató y arrasó con patrimonios este 2017. Luego del temblor del martes 19 de septiembre pasado, 38 edificios se cayeron en ocho delegaciones de la Ciudad de México y 24 más serán demolidos por presentar daños severos. Hasta el momento se han detenido a tres responsables de dos obras en la Delegación Benito Juárez, pero los dueños de las inmobiliarias siguen libres al igual que la dueña y directora del Colegio Enrique Rébsamen en Tlalpan, sobre quien gira una orden de aprehensión por construir un nivel más sin licencia legal.
A tres meses del terremoto del 19 de septiembre pasado, aún hay seis albergues y damnificados esperando el dictamen de Protección Civil. Más de mil personan han solicitado créditos a la Secretaría de Finanzas, lo cual solo beneficia a las inmobiliarias, consideran los afectados. Dolores Franco, del Colegio de Urbanistas de México, expuso que dado que la tendencia en lo inmobiliario, en la reposición de viviendas las desarrolladoras han privilegiado zonas socioeconómicas de la Ciudad de México donde hay más plusvalía para ellas.
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Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– «Esto es lo que causa la corrupción entre el gobierno y las constructoras», dice un letrero colgado del edificio de 12 niveles ubicado en Insurgentes Norte, construido hace cuatro años y comercializado por Dekah Inmobiliaria en la Delegación Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México. Tras el sismo del 19 de septiembre presentó daños superficiales y sus habitantes tuvieron que desalojarlo durante un tiempo.
Este año los movimientos telúricos en el centro del país desnudaron las prácticas fraudulentas del sector de la construcción, uno de los más propensos a la corrupción, así como la irresponsabilidad de los funcionarios públicos encargados de otorgar permisos ilegales para obras.
Aquel martes posterior a las fechas patrias colapsaron 38 inmuebles en ocho delegaciones de la Ciudad de México y 228 personas fallecieron, mientras que 69 personas fueron rescatadas con vida. Sumado a ello, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) comenzó los trabajos de demolición de 24 edificios con riesgo de colapso, incluyendo Génova 33, que había paralizado la actividad comercial en esa calle de la céntrica Delegación Cuahtémoc. También se retiraron 43 casas ubicadas en la zona chinampera de Xochimilco, delegación sureña en principio abandonada.
«Esto es parte del fenómeno de corrupción que no sólo está inmerso en el sector de la construcción, es una cadena que cobró la vida de personas inocentes que ahorita estarían vivas si se hubiera hecho de manera correcta y cumpliendo los estándares establecidos», dijo Dolores Franco, del Colegio de Urbanistas de México.
Aunque destacó que la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México aprobada a finales de noviembre contempla sanciones penales si no se cumple el reglamento de construcción, Federico Taboada, arquitecto y urbanista, aseguró en entrevista a parte que también se aprueba que la potencialidad de los edificios se pueda aumentar 35 por ciento, y se sigue sin controlar a las inmobilarias.
Durante el proceso de reconstrucción, que implicará un periodo mayor a un sexenio, han sido capturados algunos responsables de dos obras que registraron daños estructurales y, además, nueve personas están imputadas, pero los dueños de Canada Building, una de varias inmobiliarias manchadas, están desaparecidos al igual que la dueña y directora del Colegio Enrique Rébsamen.
El diario estadounidense The New York Times días posteriores a la hecatombe publicó que «la revisión de construcciones ha quedado en manos de una red de ingenieros o arquitectos que son contratados y pagados por los desarrolladores inmobiliarios y por las constructoras, lo que genera conflictos de interés que pueden socavar hasta los mejores estándares».
En entrevista, José Armando Arias de la Cruz, Secretario General del Sindicato Nacional de Construcción, dijo que «se tendría que apretar» a los Directores Responsables de Obra que otorgan la firma y a los que verifican el tipo de proyecto y la calidad de los materiales, los cuales deben ser independientes para evitar esos conflictos de interés.
«Pero como vivimos con una corrupción permanente se lo pueden brincar, siempre hay alguien que hace mal las cosas y por eso hay obras mal hechas o con estructuras ineficientes», expuso.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) tiene abiertas 200 carpetas de investigación entorno al siniestro. A inicios de octubre, un grupo de líderes de la sociedad civil, académicos, empresarios, abogados y activistas presentaron una demanda ante esta instancia. En caso de que la tragedia sea causa de ilegalidades, actos de corrupción, omisiones o faltas de servicios públicos o constructores, se debe exigir la responsabilidad por los delitos de homicidio culposo, fraude y uso ilegal de atribuciones, alegaron.
Tras el dictamen pericial que arrojó irregularidades en la cimentación y estructura, el 26 de octubre se detuvo a Jaime Ríos, uno de los arquitectos implicados en la construcción del edificio que colapsó en Zapata 56, Colonia Portales, en la delegación Benito Juárez, y que provocó la muerte de dos mujeres. El inmueble de 24 departamentos se había entregado un año antes. Alrededor de 20 familias, quienes invirtieron más de 2.5 millones de pesos, se quedaron sin nada.
No obstante, Arturo Ceballos, accionista de la inmobiliaria que lo edificó Canada Building Systems, y Rosa Silvestre Aguilar, apoderada, no se han presentado a las audiencias y el Director Responsable de Obra, Juan Duay Huerta, sigue libre. Agustín Liñán Salinas, representante legal de la firma, argumentó que fueron las autoridades de Benito Juárez las que firmaron documentos y emitieron su visto bueno para la construcción. Además, dijo, no fue un error humanos al tratarse de un evento «fortuito».
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene 36 expedientes contra 18 constructoras. Tan solo 13 quejas son contra Canada Building.
Luego, el nueve de noviembre, la PGJCDMX detuvo al Director Responsable de Obra y al Corresponsable en Seguridad Estructural de un edificio en Eje Central Lázaro Cárdenas 418, colonia Portales, delegación Benito Juárez que sufrió daño en 90 por ciento de su estructura. El inmueble de 21 departamentos tenía un año, por lo que hay 10 denuncias por fraude de las personas que los habían adquirido por 2 millones de pesos.
Fue construido por Yesod Construcciones, cuyos dueños no han salido a la luz pública.
En el caso del Colegio Enrique Rébsamen, donde más de 20 niños dejaron de vivir, se giró una orden de aprehensión contra la dueña y directora Mónica García Villegas, quien construyó sin licencias su departamento sobre la escuela ubicada en Tlalpan, lo cual dañó la estabilidad del edificio. Pero se desconoce su paradero. Su abogado Javier Coello, el mismo que representa al ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, dice que su cliente dará la cara cuando la situación jurídica sea la adecuada.
La Delegada Claudia Sheinbaum también la denunció penalmente, así como a Miguel Ángel Guerrero López y Alejandro Zepeda Rodríguez, dos ex directores jurídicos de la delegación por aprobar modificaciones irregulares e ignorar la orden emitida desde 2010 para demoler el cuarto piso del inmueble. La morenista ofreció comparecencias luego de señalamientos en su contra.
Mientras tanto, en época de frío, todavía hay damnificados de otros inmuebles que no han recibido dictamen de Protección Civil por lo que siguen refugiándose en campamentos, como es el caso de Bryan Monteverde, habitante de un edificio de varias décadas de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en la Delegación Benito Juárez.
Además, todavía hay seis albergues en las delegaciones Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza; así como 2 mil 661 fugas que están afectando el abasto de agua en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.
LOS CÁRTELES INMOBILIARIOS
Para encontrar precios preferenciales, el gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera Espinosa firmó un convenio de colaboración con las Cámaras Nacional del Cemento (CANACEM), Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda Valle de México (CANADEVI) y Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), así como con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).
SinEmbargo reportó en octubre que a esta Asociación pertenecen, entre otras inmobiliarias, Fibra Danhos, Grupo Ideal, Grupo Gigante Inmobiliario y Grupo Copri, protagonistas del denominado boom inmobiliario que, por un lado construye viviendas y por el otro arrebata el agua y árboles a colonias aledañas.
El sector de la construcción tiene participación dentro del 3.2 por ciento del crecimiento económico que registra la capital del país. De acuerdo con el Diputado José Alfonso Suárez del Real de la ALDF, existe un cártel inmobiliario en la ciudad.
La inmobiliaria Reurbano de Rodrigo Rivero-Borrell se ha centrado en la colonia Juárez oriente, de Insurgentes a Bucareli y Grupo Danhos, en Reforma y las Lomas, ejemplificó. Este último edificó Parque Delta, Lindavista y Reforma 222.
El urbanista Federico Taboada expuso que hay un grupo de inmobiliarias que está tratando de controlar que la regulación hacia su sector sea «muy laxa», y el Estado es omiso y negligente ante la especulación inmobiliaria.
«Hay un grupo de interés y la consecuencia es que en la Ciudad de México expulsa a las familias que no pueden pagar una vivienda aquí. El metro cuadrado habitacional en la CDMX es el más caro en América Latina y eso contrasta con el ingreso real y los niveles de informalidad», documentó.
Las mobiliarias que hacen viviendas para gente muy pobre son muy pequeñas y, agregó, el gobierno no hace las suficientes: 4 mil viviendas al año frente a la demanda de 70 mil.
El Secretario General del Sindicato Nacional de Construcción, José Armando Arias, afirmó que «el problema es dónde desarrollar departamentos que no causen problemas a las personas ni sobrecarguen la ciudad con más habitantes: o hacemos mega torres o nos vamos a las afueras, pero para eso se necesita buen transporte».
Asimismo, dijo que es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de asegurar las propiedades, para que el costo lo absorban las aseguradoras y no el dinero público.
La urbanista Dolores Franco coincidió. Dijo que se necesita una política pública crediticia que se oriente dependiendo del sector socioeconómico y su vulnerabilidad para que el monto de reposición de vivienda sea menor, por ejemplo, en las delegaciones Xochimilco o Iztapalapa.
Pero si se tiene la oportunidad económica, si se dedica toda la vida laboral para adquirir un patrimonio, como propietario el ciudadano debe hacerse responsable de su espacio privado y pagar previamente el seguro de vivienda sobre todo en una ciudad con riesgo sísmico.
LEY DE RECONSTRUCCIÓN
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El viernes 24 de noviembre, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley para la Reconstrucción y Recuperación de la Ciudad de México. El presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, destacó que garantiza el financiamiento al 80 por ciento de las personas damnificadas sin que tengan que pagar por ello al emplearse recursos públicos de fondos.
No obstante, los afectados por el sismo –que han marchado y protestado– se quejan contra la tasa de 9 por ciento de interés que deben pagar a 20 años por obtener un crédito de 2 millones de pesos. La Secretaría de Finanzas ha recibido mil 949 solicitudes para créditos rojos y el Instituto Nacional de Vivienda (Invi) entregó 2 mil 117 cheques para apoyo en renta por 3 mil pesos, monto que consideran insuficiente.
Ante la ALDF, antes de la aprobación, víctimas del sismo acusaron que estos créditos benefician «sólo a las inmobiliarias y no garantizan la recuperación del patrimonio perdido y busca la impunidad de los responsables». El Sindicato Nacional de Construcción difirió al afirmar que en estos momentos la gente tiene temor a comprar departamentos, por lo que han bajado las ventas de los pequeños constructores.
El urbanista Federico Taboada dijo que esta Ley era una oportunidad para hacer un plan de urbanismo serio que involucre la desigualdad y para que el gobierno capitalino priorizara la vivienda.
Para damnificados de bajos recursos, basado en estudios socioeconómicos, el Invi da créditos para reparación de viviendas de entre 71 mil y 133 mil pesos. Además la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) entregó mil paquetes con material a las familias que llevarán a cabo la autoconstrucción de sus vivienda con la instrucción de manuales especializados.
Asambleístas de Morena cuestionaron durante la aprobación de la Ley de Reconstrucción que no hay un monto específico sobre el costo de la reconstrucción en la capital del país. Solo el retiro de escombros vale alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, de acuerdo con el Jefe capitalino, Miguel Ángel Mancera.
La Ley creó el Fondo para la Reconstrucción que se integrará con los recursos destinados por el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México y otras instancias.
Del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), 3 mil 371 millones de pesos son para vivienda, cultura y la reestructuración de áreas de educación, forestal, hidráulica, salud y deportes. Se entregarán directamente a los proveedores por lo que no llegan a las arcas de la ciudad, aclaró el Jefe capitalino Miguel Ángel Mancera.
Asimismo, la Ciudad de México recibirá 300 millones de pesos provenientes del Fondo de Reconstrucción Federal (FONREC), que estará disponible en el primer trimestre de 2018, y luego de potencializarlo por medio de un bono a 20 años se obtendrán unos mil 500 millones de pesos.
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