El paraíso de los gobiernos locales para el año electoral 2018 se está sembrando desde el Congreso federal. El 16 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios. Si el Senado las aprueba, además de hacer «más laxas» las obligaciones del pago de la deuda estatal, relaja los límites al gasto corriente en un año de elecciones presidenciales y de nueve gobernadores, alertaron grupos civiles.
Mariana Niembro, politóloga de la organización Borde Político, expuso que llama la atención que después de la atropellada aprobación del Presupuesto 2018, pasó en fast track esta modificación a la Ley. «Aunque hubo varias iniciativas de modificación de varios partidos, la enviada en octubre por el Ejecutivo fue la única que se tomó en cuenta», dijo.
Los diputados de oposición que votaron en contra también advirtieron que estas modificaciones tienen fines electorales, pero la Comisión de Hacienda alegó que es para permitir más crecimiento económico a las entidades.
Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– Tras una serie de modificaciones a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios por parte de la Cámara de Diputados, se propuso aumentar el gasto corriente en el 2018, un año electoral «vulnerable» al gasto con fines políticos. Si el Senado también le da luz verde, desarmará la norma e incrementará el riesgo de discrecionalidad en su asignación, alertaron organizaciones civiles y diputados de oposición.
Uno de los objetivos originales de esta Ley publicada en abril del año pasado era contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas en los estados, así como controlar sus niveles de endeudamiento y mejorar los costos de financiamiento a los que acceden. Pero en 2018 se renovarán los gobernadores de Tabasco, Yucatán, Chiapas, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Veracruz.
La organización México Evalúa destacó que los cambios legislativos que considera más graves son el de hacer «más laxas» las obligaciones del pago de la deuda estatal; dar incentivos en la propia Ley para aumentar el gasto corriente, ya de por sí excedido; y relajar los límites al gasto corriente en un año electoral.
«Es evidente que los intereses que ya se cocinan ante la elección 2018 están echando su primer hervor. Promover mayor gasto corriente fuera del presupuesto aprobado en los estados durante el año electoral permitirá ampliar los márgenes de la discrecionalidad. Será el paraíso para nuestros gobernadores; lo que todo político anhela en una contienda electoral. Es lamentable ver cómo los ímpetus electoreros tienen la capacidad de erosionar y desarmar nuestras instituciones sin recato alguno. La pena está dejando de jugar a nuestro favor y el descaro es cada día más frecuente», criticó.
La politóloga Mariana Niembro, de la organización Borde Político, afirmó que puede intuirse que el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ya opera como candidato a la presidencia, primero con la operación del Presupuesto para 2018, «muy atropellado en las formas y procedimientos», y ahora con los cambios sugeridos a la Ley de Disciplina Financiera.
«La Ley de Disciplina Financiera se pactó para el Presupuesto 2018. Fue la moneda de cambio para que los otros partidos accedieran a votarlo. Llama la atención que después del Presupuesto pasó en fast track esta modificación a la Ley antes de que se vayan y tomen licencia tanto los diputados como senadores que se irán a periodo electoral. Aunque hubo varias iniciativas de modificación de varios partidos, la enviada en octubre por el Ejecutivo fue la única que se tomó en cuenta», expuso.
Niembro destacó que la Comisión de Presupuesto tenga más de 70 iniciativas pendientes de dictamen y solo ha aprobado las enviadas por el Poder Ejecutivo, lo que muestra la debilidad del Poder Legislativo, el cual nos cuesta demasiado para lo que ha hecho.
«Ser diputado de oposición debe ser lo más frustrante del universo porque no han podido hacer nada, solo subirse a la tribuna y tratar de proponer, pero sus propuestas nunca son aceptadas a discusión», agregó.
El think tank México Evalúa observó que en el artículo 4 transitorio se establece que durante 2018, las 23 entidades federativas con un nivel de deuda “sostenible” (pero no en cero) podrán gastar 100 por ciento de sus ingresos excedentes en gasto corriente. Aumentar este gasto permite discrecionalidad en su asignación alertó.
Un análisis de Moody’s a mitad de este año reveló que 10 estados cumplían con entre el 62 y el 79 por ciento de los requerimientos de la Ley, mientras que 14 cumplían con menos del 61 por ciento.
MANGA ANCHA A ESTADOS EN 2018
La Cámara de Diputados aprobó las reformas el jueves 16 de noviembre. La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Diputada panista Gina Andrea Cruz Blackledge, argumentó que para generar mejores condiciones para el crecimiento económico, y en el marco de la reconstrucción, se dota a las entidades federativas de un mayor grado de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes.
Pero Mariana Campos, investigadora de gasto público de México Evalúa, dijo que esto daría una «manga ancha» a los gobiernos locales durante las elecciones 2018, por lo que la prioridad de las reformas no parece ser disciplinar los erarios locales, sino lo contrario.
El Diputado de Encuentro Social Justo Federico Escobedo Miramontes coincidió. El gasto corriente a menudo no tiene impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos, por lo contrario, dijo en el Pleno, se presta a abusos y sobre todo en el tiempo de campañas electorales. La Diputada morenista Ariadna Montiel Reyes fue por la misma línea cuando afirmó: «Conocemos las finanzas y estamos dándonos cuenta de que el frente está operando esta Ley para beneficiarse electoralmente en el 2018″.
Además, documentó México Evalúa, el gasto corriente ha sido excesivo en relación al gasto en la inversión física en los estados, sin importar su nivel de endeudamiento, lo que no permite mejorar los ingresos y productividad de las entidades federativas. En promedio, en los estados los montos de inversión física cayeron en 49 por ciento real de 2009 a 2016, mientras que el gasto en servicios personales se incrementó en 28 por ciento real en el mismo periodo.
En los mismos años el gasto que disminuyó en inversión pública (2 mil 545 millones de pesos) parece haberse transferido al incremento (promedio de 3 mil 096 millones de pesos) en servicios personales.
Vidal Llerenas Morales, Diputado de Morena, criticó que “le da más manga ancha a los gobernadores para que sigan haciendo lo que se les pegue la gana con las finanzas públicas, para que no amorticen deuda, no inviertan en obra pública y para que puedan contratar más personal. Esto lo hace un Congreso irresponsable, que hace dos años votó una Ley y hoy la modifica sin diagnóstico».
«Lo que queremos es impedir que los gobernadores ladrones nos sigan endeudando», agregó.
Su compañero de bancada Juan Romero Tenorio lo calificó como una «irresponsabilidad» de la Cámara de Diputados porque este dictamen «relajará» este sistema de disciplina financiera «en un año de procesos electorales como es el 2018, ya que se permitirá que los estados contraten deuda sin restricción y sin rendir informes».
OBLIGACIÓN LAXA PARA PAGAR DEUDA
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Otra modificación a la Ley de Disciplina Financiera que prende las alarmas es que en el artículo 14 se otorga a las entidades federativas mayor margen de maniobra para utilizar los ingresos adicionales o excedentes que reciben durante el ejercicio para fines distintos al pago de su deuda, detectó México Evalúa.
De acuerdo con el sistema de alerta, en el caso de los estados con un nivel de endeudamiento «elevado» la obligación se queda igual, tendrán que destinar el 50 por ciento de sus ingresos excedentes al pago de deuda. Pero hasta el segundo trimestre de este año no hay ninguno en esta alerta.
Para los nueve estados con un nivel de endeudamiento clasificado como «en observación», según el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda, es diferente. Anteriormente la Ley establecía que los estados como Chihuahua, cuyo nivel de endeudamiento representa el 169.4 por ciento de sus ingresos de libre disposición y se clasifica como un estado “en observación”, debían destinar el 50 por ciento de sus ingresos excedentes a la amortización de su deuda. Las modificaciones a la ley proponen que este porcentaje se reduzca a 30 por ciento.
«Esto suaviza la disciplina financiera de los estados, objetivo inicial de esta ley que pretendía reducir la presión que ejerce la deuda en las finanzas públicas estatales», explicó la organización.
Adicionalmente, en la nueva Ley se plantea eliminar, para los 23 estados con una deuda clasificada como “sostenible”, la restricción de destinar un porcentaje de sus recursos excedentes para pagar deuda.
Colima, Baja California, Durango y Zacatecas gozan de un nivel de deuda sostenible, según SHCP. Sin embargo, gastan más de lo que se les aprueba en el rubro de servicios generales y gastan menos de lo que se les aprueba en el rubro de inversión, documentó la economista Mariana Campos.
Un golpe más a la disciplina financiera es que se aumenta la flexibilidad para aumentar el gasto corriente en los estados. En el mismo artículo 14, ahora se incluye una disposición que permite a los estados cuya deuda se considere «sostenible» utilizar hasta 5 por ciento de sus ingresos excedentes totales para gasto corriente, cuando anteriormente sólo se permitía destinarlo a la amortización de la deuda, inversión productiva y fondo de estabilización o ahorro, expuso México Evalúa.
«¿Cómo es posible que se esté proponiendo que hasta ese 5 por ciento se vaya al gasto corriente y no al de inversión? La caída en el nivel de inversión pública actual se ha venido reflejando en el bajo nivel de crecimiento», cuestionó el Diputado Justo Escobedo del PES.
