Durante los alegatos finales ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica, las once mujeres de Atenco que acusaron tortura sexual portaron una playera morada con la leyenda «Rompiendo el silencio». Sus representantes pidieron que la sentencia les ofrezca verdad, justicia y garantía de no repetición al tratarse de un caso no aislado que refleja los problemas estructurales del país: uso excesivo de la fuerza pública, tortura e impunidad.
Sin embargo, los representantes del Estado aseguraron que han consignado a 52 funcionarios públicos (sin sentencia condenatoria) y ofrecieron medidas de reparación rechazadas por las víctimas. Justificaron que la falta de cooperación de los testigos ha abonado al lento avance, además de que las víctimas fueron cubiertas de los ojos durante los ataques.
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Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- El caso Atenco ejemplifica los problemas estructurales de México: la tortura, el uso excesivo de la fuerza pública, la discriminación de género y la impunidad, sostuvieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) las representantes de las 11 mujeres que acusaron tortura sexual durante el operativo policiaco de mayo de 2006.
Once años después, no hay ninguna persona condenada por las acusaciones declaradas por las víctimas, dijeron. La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también refirió en su turno que aunque las autoridades mexicanas han tenido más de una década para actuar, en el caso Atenco la impunidad «es total» ante la falta de sentencias debido a los «mínimos esfuerzos» para que las investigaciones avancen.
Los representantes del Estado mexicano, aunque reconocieron la ineficiencia al inicio de sus investigaciones, afirmaron que las diligencias posteriores permitieron la consignación de 52 funcionarios públicos imputados por el delito de tortura e incubrimiento de tortura. Pero ninguno ha sido condenado, lo cual fue calificado como grave por parte del Juez de la Corte, Humberto Antonio Sierra Porto.
Al término de la audiencia que duró dos días, la CoIDH pidió información adicional a los representantes del Estado mexicano para posteriormente emitir una sentencia.
Ayer las víctimas exigieron investigar la cadena de mando del operativo. El Estado aseguró que ya lo hizo al presentar acusaciones contra un subdirector regional de la entonces Agencia de Seguridad Estatal, pero descartó identificar a los mandos individualmente ya que se violarían los derechos humanos de los policías.
El Estado argumentó que dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no identificó a los más altos responsables políticos y policías de la cadena de mando, la Corte Interamericana no puede hacerlo en su sentencia.
El Centro Prodh alegó que aunque la Corte no tiene las facultades para determinar responsabilidades penales individuales, puede identificar las omisiones de la cadena de mando policial y política para pedir que se investigue.
Aracely Olivos, del Centro Prodh, dijo que «las mujeres le han dicho a la Corte que su sentencia será un gran paso hacia la justicia y la verdad».
«Ellas se reconstruyeron solas, pero no olvidan que la responsabilidad es del Estado. No piden nada extraordinario: sólo justicia y verdad», reiteró.
Durante los alegatos finales ante la Corte en Costa Rica, las once mujeres portaron una playera morada con la leyenda «Rompiendo el silencio».
Marcela Martino, de CEJIL, destacó que la tortura sexual de la que fueron blanco reflejan realidades persistentes en la policía mexicana y representan a miles de víctimas más.
«Contar su historia una y otra vez tiene consecuencias para ellas y sus familias, pero el Estado no les ha dejado otra opción», declaró.
Aracely Olivos, del Centro Prodh, subrayó que el Estado mexicano ha rechazado todas las medidas de reparación demandadas por las sobrevivientes de tortura sexual: verdad, justicia y no repetición, lo cual permite más impunidad.
«Este caso ejemplifica que el Estado mexicano frecuentemente reconoce violaciones a derechos humanos en sedes internacionales, pero ante el país muestra otra cara al minimizarlas», expuso.
El Estado mexicano pidió a través de sus representantes en la Corte que no se ordenen nuevas reparaciones, incluyendo las garantías de no repetición, porque afirma ya haber realizado medidas al respecto.
Florencia Rihiano, también de CEJIL, documentó que luego de que el entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, mandó desplegar un operativo policiaco en Atenco para «restablecer el orden», más de 200 personas fueron ilegalmente privadas de su libertad, dos jóvenes fueron ejecutados y más del 90 por ciento de los detenidos presentaron lesiones.
«La tortura sexual parece reflejar conductas aceptadas por el modelo policiaco en México», determinó.
Bajo custodia de la policía, recordó basada en las declaraciones de ayer de las víctimas, las mujeres sufrieron golpes, manoseos y penetración con los dedos mientras eran insultadas.
Los agentes estatales, acusó, actuaron de forma intencional y las humillaron por salirse de los roles asignados a las mujeres con el fin del sometimiento.
También enfatizó que no solo el cuerpo policiaco pisoteó sus derechos humanos, pues personal médico y de los ministerios públicos no les dieron atención ni les aclararon su situación legal.
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OPERATIVO PARA DESBLOQUEAR CARRETERA
Por parte de los representantes del Estado, se expuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya han reconocido las violaciones a las once mujeres respecto a su privación de libertad, tortura sexual, tratos denigrantes y falta de atención médica adecuada durante el operativo en San Salvador Atenco ocurrido hace once años.
«El operativo tenía como fin el desbloqueo de una autopista y liberar a policías detenidos», leyó un representante estatal.
Los responsables de esta grave violación de garantías son funcionarios públicos cuyos nombres han sido identificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dijo. Pero se alegó que dado que las víctimas fueron tapadas de los ojos con sus prendas ha sido complicado identificar a los culpables.
Sin embargo, rechazaron que haya pruebas de que el operativo con uso excesivo de la fuerza se debió a una estrategia estatal con planeación previa ni estuvo dirigido con la intención de violar los derechos humanos. Justificaron que influyó la psicología y la subjetividad de los policías estatales y federales.
Finalmente aseguró que es falso que no se hayan ofrecido medidas de reparación basadas en recomendaciones internacionales, pero las víctimas decidieron no aceptarlas.
En contraste, las representantes de las mujeres de Atenco determinaron que el reconocimiento del Estado es «limitado» y enfatizó que ha aceptado que no hubo una preparación de prevención de los policías para el despliegue masivo.
Asimismo añadieron que pese a los funcionarios consignados, diez médicos han sido absueltos y diez órdenes de aprehensión contra policías estatales están en riesgo.
