La tortura sexual busca destruir la lucha social, dijo Italia Méndez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una sesión celebrada en Costa Rica. Ella, Norma, Claudia y Angélica acusaron haber sido víctimas de detención arbitraria y tortura sexual durante el operativo policiaco en Atenco, Estado de México, hace once años. Eso provocó que dejaran de estudiar o trabajar y vivieran encarceladas durante años acusadas de presunto ataque a las vías de comunicación. Claudia tuvo problemas con el alcohol.
Han acudido a una instancia internacional para exigir que sean consignados los responsables a nivel municipal, estatal y federal, ya que las autoridades mexicanas las han llamado «mentirosas» y las han revictimizado. «Usan todos sus recursos para hacernos sentir pequeñas, inválidas, rotas, sin valor», declaró Italia.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Exigen verdad y justicia. En compañía de representantes de la organización Centro Prodh y del Estado mexicano, este jueves cuatro mujeres víctimas de Atenco declararon ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José, Costa Rica, haber sido víctimas de tortura sexual en un operativo policiaco ocurrido en mayo de 2006, durante la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México.
Destacaron la importancia de la perspectiva de género en la investigación ya que la tortura sexual es una práctica particular de control social contra las mujeres.
Ante la ineficacia de las investigaciones y ausencia de sanciones en México, en 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó el caso y en octubre de 2015 resolvió a favor y declaró que 11 mujeres en Atenco habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades. Lo turnó a la Corte.
Aunque en marzo de 2013 el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiacas, las declarantes exigieron este día que se esclarezca el caso detectando la cadena de mando, ya que las autoridades mexicanas las llamaron «mentirosas» y hasta el momento, a pesar de haber sido un operativo grande, no han sido consignados los responsables a nivel estatal y federal.
En contraste, las víctimas estuvieron presas durante años acusadas del presunto delito de ataques a las vías de comunicación. Fueron liberadas por falta de pruebas.
Por ello, en su condición de sobrevivientes, pidieron un Centro de documentación y reparamiento para mujeres víctimas que atienda sus necesidades médicas, psicológicas y jurídicas para generar un espacio de confianza, así como un mapeo de tortura sexual en el país.
«LA TORTURA SEXUAL DESTRUYE VIDAS»: NORMA
Norma Aidé Jiménez Osorio fue el 4 de mayo de 2006 a San Salvador Atenco. Tenía 23 años, era estudiante de artes plásticas en el INBA y colaboraba para una revista independiente, por lo que trató de documentar lo que había ocurrido un día antes como «un profundo acto de solidaridad». Un policía había disparado a un niño en Texcoco luego de un enfrentamiento con comerciantes floristas.
Después de ser golpeada y víctima de acoso sexual, no pudo terminar la carrera porque los dedos de sus manos quedaron afectados. Ahora es profesora de arte en una escuela y dedica todo su tiempo para acompañar a las víctimas de tortura sexual.
«Mi papá no nos habla y cree que estoy equivocada por estar denunciando aquí», ha declarado llorando.
Ante la Corte narró que esa noche había un clima de miedo y había sangre en las banquetas. La gente, vio, no quería regresar a sus casas porque temía que llegaran las policías.
Sin embargo, ella pensaba que ante la presencia de la sociedad civil y los medios «era imposible» que los policías que los tenían sitiados podían hacerles daño.
Cuando ya regresaba a la Ciudad de México, donde estudiaba, se escucharon detonaciones y comenzaron a caer cartuchos de gas lacrimógeno. «La gente corrió para todos lados, no podíamos respirar ni ver», recordó.
Mientras corría hacia el pueblo de Texcoco alguien la golpeó en la espalda y cabeza con un tolete. Cayó al piso, alrededor de 10 policías vestidos de negro y escudos se acercaron, la patearon y le quitaron la mochila. Aunque les dijo que estaba documentando, se burlaron y la arrastran entre camiones.
«Por qué estás aquí, deberías estar en casa lavando trastes. Eres una puta, por eso te pasa esto», le dijeron los policías mientras la manosearon dentro de su blusa y le pusieron su suéter en la cabeza.
Después de la trasladaron a un autobús, un policía metió su mano por debajo de su ropa interior y con los dedos penetró su ano y vagina, aseguró Norma.
Posteriormente la llevaron a otro autobús que estaba detenido y vacío. En el último asiento más de tres policías le arrancaron el pantalón, se le echaron encima, metieron su mano debajo de su blusa, ropa interior, la mordieron, y con los dedos penetraron su vagina. Tomaban turnos para hacerlo. Después llegaron más personas y pudo escuchar cómo torturaban a otras mujeres.
«Nos dijeron que nos iban a matar, a desaparecer y que nuestra familia no podría vernos nunca más», afirmó la víctima.
En el penal estuvieron durante horas en un comedor, pero no les dieron agua, ni les respondieron preguntas. Por la noche un doctor le revisó los golpes. Tenía rotos los dedos de la mano, pero no fue atendida.
A pesar de que acusó violación ante el Ministerio Público, fue ignorada. Mientras que su cuerpo estaba morado y rojo, la acusaron de ataques a las vías de comunicación, por lo que podía alcanzar fianza, pero el delito era en modalidad de agravante. Estuvo un año en prisión hasta que la liberaron por falta de pruebas.
Once años después, declaró este jueves, sigue sin poder dormir y le cuesta trabajo entablar relaciones personales sobre todo con hombres.
«La tortura sexual destruye vidas y familias. A las sobrevivientes nos ha tocado repararnos solas», aseguró Norma.
Como medidas de reparación, exigió esclarecer lo que ocurrió, ya que las han llamado mentirosas y dijo merecer que se reconozca que dicen la verdad.
«Nadie ha sido consignado en un operativo tan grande, queremos justicia», acusó. «Encontré falta de sensibilidad y de perspectiva de género en las instancias del Estado mexicano».
«QUISE AVENTARME DE LA VENTANA»: CLAUDIA
Claudia Hernández Martínez era estudiante de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su investigación de tesis era sobre los movimientos sociales, por lo que estaba documentando el tema de San Salvador Atenco.
Cuando caminaba por la carretera aquel mayo vio granaderos arrojando gas lacrimógeno, por lo que corrió. Los policías vestidos de negro y gris la detuvieron, le cubrieron el rostro y la golpearon en la cabeza y costillas. Finalmente la llevaron al patio de una casa, donde había más gente detenida. Ahí los golpearon más. La sangre abundaba. Ella estaba contra la pared y escuchaba amenazas de muerte.
«Me hicieron tocamientos en el cuerpo, en el pecho y los glúteos. Me abrían las rodillas para golpearme entre las piernas», narró ante la CIDH.
Luego de tomarles datos personales frente a una cámara, los condujeron a una banqueta para esperar un camión. Claudia escuchaba un helicóptero sobrevolando al pueblo de Atenco. Luego de subir a la unidad vio en los pasillos una pila de personas.
«Había ríos de sangre y la gente se quejaba por no poder respirar. Había inconscientes», evocó la mujer. «Nos decían que no valíamos nada».
Un policía llamó a sus compañeros para golpearla dentro del autobús. «Esta perra es de Tepito. Hay que hacerle calzón chino», dijeron. Ella estaba en su ciclo menstrual. «Vamos a ensuciar más a esta perra», gritaron. Le bajaron la pantaleta e introdujeron sus dedos en la vagina.
Entre exigencias de clemencia y amenazas de muerte los trasladaron al penal durante unas tres horas. Si hubieran estado en su casa haciendo tortillas no les hubiera ocurrido, les contestaban los policías.
Estuvo bajo proceso penal durante cinco años. Dijo que eran cientos de personas declarando tras las rejas ante el juez. Primero estuvo encarcelada y después, ya libre, tenía que ir a firmar semanalmente hasta que se definió que no era culpable de ataques a las vías de comunicación.
«Ha sido un camino muy difícil porque no pude retomar mi vida. No quería regresar a la universidad. Me sentía sucia, humillada y que no tenía ningún valor. No pude volver a escribir. Me pude titular hasta 10 años después», contó.
«Quise aventarme de la ventana de mi cuarto para acabar con mi vida y el dolor. Ya no podía soportarlo», agregó.
Se sentía culpable y responsable por no haber auxiliado a las personas que también torturaron. Comenzó a tomar alcohol para llorar.
Once años después sigue teniendo pesadillas sobre los policías. No quiere tener hijos por temor a que lleguen y lo lastimen.
Ante ello exige castigo a los responsables de toda la cadena de mando desde los que diseñaron y autorizaron hasta los que ejecutaron el operativo. También busca garantías de no repetición para que otras personas no sufran lo que ellas.
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«LA TORTURA ES CONTROL SOCIAL»: ITALIA
Bárbara Italia Méndez Moreno en 2006 colaboraba con una fundación que atiende a menores en vulnerabilidad social y pretendía documentar el caso de Javier Cortés, el niño asesinado en la carretera Lechería. Pero al llegar a San Salvador Atenco vio un cerco de policías alrededor del poblado.
«¿Por qué me detuvieron arbitrariamente y me torturaron sexualmente?», cuestionó once años después ante la CIDH en Costa Rica.
Desde una casa, aquel día comenzó a escuchar muchos pasos, detonaciones y percibió gas lacrimógeno. Golpearon la puerta y la policía entró al domicilio. La detuvieron y la sometieron a interrogatorio. Por las insignias sabe que eran de la Policía Federal Preventiva.
Al sacarla del domicilio la manosearon y le metieron dedos dentro de los glúteos y su boca. En un camión, donde la violaron, la trasladaron a un penal. La bajaron arrastrando. No sabía dónde estaba.
«Toma tus porquerías», le dijeron sobre su ropa interior. Luego de los golpes, interrogatorios y que la desnudaron para el cacheo, la llevaron a un salón.
Ella acusó que tenía mucho dolor en los senos y tenía lastimada la vulva por la violación, pero no la atendieron.
Ya ante el Ministerio Público hizo lo posible por denunciar. Se sometió a prueba de semen, pero no fue suficiente para la Fiscalía y pasó por un tercer peritaje, lo cual consideró una revictimización. Estuvo dos años detenida señalada de ataques a vías de comunicación hasta que fue absuelta.
«Actualmente hay una investigación en el Estado de México, pero tras 11 años no hay una sentencia contra ninguna autoridad y se limita a elementos de bajo rango», declaró Italia ante la CIDH. Las autoridades mexicanas las han hecho sentir pequeñas.
Dijo que ha tenido que sobreponerse luego de sentir que su vida «estaba destrozada». Ha luchado contra desórdenes del sueño y de alimentación.
«El estrés y el miedo me llevaban a dormir muy tensa y me amolé las muelas. Tuve una depresión muy profunda», afirmó. «No sé si sea posible recuperar mi vida por completo».
También dejó su trabajo en la fundación de atención a los menores porque su dolor era profundo. Ahora es secretaria, pero la labor que la llena es el que hace en la campaña Rompiendo el Silencio, la cual le ha permitido reconstruirse.
Para Italia, la reparación de su insomnio y dolor consiste en el acceso a la justicia y a la verdad, por lo que solicitó a la Corte exigir una investigación que logre sancionar a los actores materiales de nivel estatal y federal.
«Para mí es importante transformar el horror que vivimos en capacidad de afrontamiento. Por eso queremos seguir acompañando a las mujeres que sobreviven la tortura sexual», dijo.
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«EL TRAYECTO FUE DE GOLPES»: ANGÉLICA
Angélica Patricia Torres Linares, del pueblo Milpa Alta, contó que el 4 de mayo de 2006 acudió a San Salvador Atenco para documentar lo que sucedió un día antes en el enfrentamiento, pero le agarró la noche y ya no pudo regresarse a su casa. Tenía 23 años. Aunque en la mañana planeaba partir, el operativo había comenzado.
En la carretera vio bastantes granaderos y gas lacrimógeno. Se espantó y corrió entre los policías. Se metió a una casa, donde también se refugiaron otros. El ruido de las botas pasar seguía.
Horas posteriores bajó un helicóptero cerca de donde estaba. Los policías, uniformados de negro o azul, ingresaron a la casa. Uno de ellos, alto, traía cámaras. Los obligaron a pegarse contra la pared, arrodillarse con las manos en la nuca y les pidieron sus datos personales mientras los grababan.
«Ya sabemos dónde vives, te vamos a matar a ti y a tu familia», les gritaban.
Ella, Angélica, inventó su nombre por miedo. La golpearon en la cabeza y la amenazaron con violarla. «¿Qué haces aquí? Las mujeres solo sirven para hacer tortillas», le dijeron.
Luego los sacaron de la vivienda y los sentaron en la banqueta. Los golpes continuaban. Olía a sangre. Ya en el autobús un policía manoseó su pecho. Otro la golpeó y la aventaron al pasillo de la unidad encima de más personas.
«Todo el trayecto fue de golpes y de amenazas», narró. Lo recuerda como un recorrido muy largo. Ya no aguantaba.
Al bajar un policía la jaló del pantalón y la puso contra la pared, donde le metió sus dedos en la vagina. Su cuerpo ya estaba lleno de moretones.
«Creo que era menos el dolor físico que todo lo que me habían dicho», declaró llorando.
No sabía dónde estaba. Era el penal de Almoloya de Juárez, el de máxima seguridad. No sabía qué delito había cometido. La acusaban de ataques a las vías de comunicación.
Ahora es comerciante y exige a la Corte que se diga la verdad sobre lo que sucedió, y que se castigue a toda la cadena de mando que tuvo participación aquellos días de mayo de 2006. Sin embargo, «¿cómo me reparan once años de mi vida? No saben los impactos que tiene la tortura. Todas las mujeres son guapas menos yo».
***
Hace once años, en mayo de 2006, luego de los operativos de policías municipales, estatales y federales en Atenco y Texcoco, Estado de México, al menos 31 de las mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales por parte de las fuerzas de seguridad tanto al momento de la detención como en su traslado al penal durante la gestión de Enrique Peña Nieto en la entidad mexiquense.
Las violaciones a sus derechos humanos se mantuvieron impunes y, además, ellas enfrentaron por años procesos penales acusadas de ultrajes a la autoridad, portación de arma, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado.
Entre las detenidas se encontraban las once denunciantes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que acusaron acoso sexual y tortura: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
La CIDH recomendó en 2015 al Estado mexicano investigar de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad e implementar medidas estructurales encaminadas a prevenir la repetición de hechos similares.
Nueve meses después, la CIDH valoró que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente en las recomendaciones y remitió el caso a la Corte Interamericana, facultada para emitir sentencias vinculatorias.
