En Juchitán, Oaxaca, recién devastada por el sismo de 8.2, ya operan más de 20 parques eólicos, pero la mayoría de las compañías y el Gobierno estatal no los han consultado de manera libre, previa e informada, tal y como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– «Vulnerables y lastimados» luego del terremoto del 7 de septiembre que arrasó con el 70 por ciento de sus casas, la comunidad indígena de Unión Hidalgo en Juchitán, Oaxaca, se está preparando para luchar contra Eólica de Oaxaca, la filial de la empresa francesa EDF que en junio ya obtuvo el permiso de instalar un parque eólico sin haberles consultado antes su consentimiento, ha narrado Rosalva Fuentes, oaxaqueña vestida con blusa floreada, falda roja y arracadas doradas.
En Juchitán, por sus fuertes vientos, ya operan más de 20 parques eólicos, pero la mayoría de las compañías y gobierno estatal no los han consultado de manera libre, previa e informada como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este instrumento está en 22 países, de los cuales 14 son de América Latina incluyendo México.
Hace seis años, la empresa DEMEX instaló otro parque eólico en su territorio comunal y ahora les impiden caminar por el río al norte de Unión Hidalgo, acusó Fuentes, integrante de Mujeres Indígenas en Defensa de la Vida.
Ahora que la filial de EDF instalará un parque en la zona de «Mujer Bonita», los comuneros se ampararon en julio con el acompañamiento de la organización ProDESC.
A cuatro meses de obtener el permiso gubernamental, no han empezado a operar la instalación del proyecto de energía eólica «por prudencia», contó Rosalva.
«No sabemos qué va a pasar, pero nos estamos preparando», advirtió en rueda de prensa.
Al igual que otras comunidades indígenas bajo el mismo sino, Rosalva resaltó que no están en contra del desarrollo y progreso, pero piden que se aplique con una perspectiva con derecho a la vida.
Este martes se celebró un foro internacional sobre el derecho a consulta libre, previa e informada al cual acudieron 110 integrantes de comunidades indígenas y organizaciones civiles de México, Guatemala, Perú, Honduras, Ecuador y Bolivia.
Rodrigo Galindo, de Oxfam México, afirmó que no se requiere una ley más sobre consulta a comunidades ante la diversidad cultural, sino la voluntad política de aplicar el convenio 169 de la OIT.
Además, aseguró, «por la captura política del Estado», el marco normativo existente en materia de instalación de proyectos da certeza jurídica a las empresas extractivas, no a los pueblos indígenas que habitan el territorio.
Al foro también acudió desde Honduras la activista Olivia Zúñiga, hija de Berta Cáceres, defensora ambiental que asesinaron en marzo de 2016 por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que afectaría el río Gualcarque, un lugar sagrado para su etnia Lenca.
Olivia ha señalado las prácticas «de destrucción, ilícitas e irresponsables» de las empresas cobijadas por «la alianza» con los gobiernos locales que hacen del instrumento de consulta sólo una simulación para legitimar la operación de los proyectos que pueden culminar en asesinatos de los opositores. Eso sucedió con su madre.
«Es indispensable la movilización, lucha y acompañamiento de los pueblos indígenas para desmantelar la red de corrupción detrás de estos proyectos extractivos», ha dicho la hondureña.
Daniel Cerqueira, de la Fundación para el Debido Proceso con sede en Washington, Estados Unidos, ha dicho que la «relación turbia» entre empresas y gobiernos continúa ante la ausencia de voluntad política para combatir la presión de la iniciativa privada sobre la ley existente.
«Es contradictorio que en América Latina donde más hay desarrollo normativo en la materia, el derecho a la consulta no ha sido consagrado para las comunidades indígenas», concluyó.
El foro ha sido convocado por ProDESC, Oxfam México, PODER, SERAPAZ y otras organizaciones civiles.
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