El gasto en comunicación social por parte de los estados se ha vuelto «innecesario» porque termina destinándose más a la promoción de los gobernadores y funcionarios que a la difusión de campañas sobre salud u otros rubros que beneficien a la sociedad, aseguró el investigador de IMCO, Diego Díaz. El think tank reveló que las entidades han gastado durante 2016 un 139 por ciento más en publicidad oficial que lo aprobado por sus congresos. El sobregasto ilegal también ocurre con el gasto en la burocracia que promedio es 16 por ciento más de lo establecido.
En contraste, 19 entidades gastaron menos en infraestructura que lo aprobado. Juan Pardinas, director general de IMCO, matizó al asegurar que hay gastos corriente «fundamentales» y otros en inversión física que resultan un «desperdicio» como, ejemplificó, el Tren Interurbano México-Toluca, pues existen carreteras que ya conectan ambos puntos.
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Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) refleja las particulares prioridades de los gobiernos estatales respecto al destino de su presupuesto. La constante es que gastan más de lo aprobado en comunicación social y en burocracia, pero 19 entidades ejercieron menos en infraestructura de lo planteado pese a sus beneficios en el desarrollo económico.
El Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2017 documentó que las entidades federativas gastaron, en todo 2016, 5 mil 534 millones de pesos más de lo presupuestado en comunicación social, esto es, un 139 por ciento adicional.
Tenían presupuestados 3 mil 994 millones 216 mil pesos para ese año. Se gastaron 9 mil 528 millones 760 mil pesos, cifra que duplica el financiamiento de los partidos políticos este año, por 4 mil 059 millones de pesos.
«El gasto en comunicación social en principio no debería de ser innecesario. Lo que pasa es que termina utilizándose como mecanismo para promoción política de gobernadores o de funcionarios estatales cuando en principio debería destinarse a conceptos básicos como campañas orientadas a temas de salud que realmente ameritan que el gobierno difunda esa información», dijo en entrevista el investigador de IMCO, Diego Díaz.
Juan Pablo Guerrero, director de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, calificó como «un insulto» que se gaste más de lo aprobado por los Congresos estatales, lo cual es una práctica generalizada también en el Gobierno federal.
Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el amparo para que el Congreso de la Unión expida la ley sobre la regulación de publicidad antes del 30 de abril de 2018.
Entre los 32 estados, el economista Díaz destacó el caso de Tamaulipas, epicentro de violencia generada por el crimen organizado. El gasto ejercido en comunicación social de esta entidad norteña por mil 073 millones de pesos equivale al 38 por ciento de su gasto en seguridad pública, que es de dos mil 802 millones de pesos.
«Claramente podemos ver ahí las prioridades de los gobernadores que no van necesariamente acordes a lo que la sociedad demanda», dijo Díaz.
Bajo esa misma premisa, Quintana Roo gastó un 21 por ciento menos de lo presupuestado para seguridad pública; Nuevo León un 20 por ciento menos y Jalisco un 15 por ciento menos.
Otro caso de sobregasto es Puebla con 8 mil 684 por ciento más de los 693 mil 700 pesos presupuestados para publicidad oficial, pues usó 60 millones 900 mil pesos para este rubro; Zacatecas asignó 2 mil 818 por ciento más de los 7 millones 500 mil pesos presupuestados, lo que derivó en 218 millones 400 mil pesos en publicidad, y Sinaloa con un mil 706 por ciento más de los 25 millones 500 mil presupuestados, al final pagó 460 millones 100 mil pesos.
Juan Pardinas, director de IMCO, prevé que en 2018 el gasto en comunicación social aumente aún más para promoción de los candidatos durante el año electoral que se avecina. «Si no lo controlamos será una semilla envenenada para la democracia», sentenció.
En gasto burocrático, los estados ejercieron 84 mil 124 millones de pesos más de lo aprobado, esto es un 16 por ciento adicional. Díaz enfatizó que el gobierno de Jalisco duplicó su gasto en esta área durante el año pasado ya que presupuestó 18 mil 712 millones de pesos, pero gastó 37 mil 260 millones de pesos sin control alguno por parte de su Congreso, lo cual es «inaceptable».
Por su parte, Guerrero gastó 107 por ciento más frente a los 4 mil 176 millones de pesos que presupuestó y Morelos un 79 por ciento más de los mil 914 millones de pesos planteados.
«El gasto burocrático es fundamental para que opere la estructura estatal para que pueda proveer bienes y servicios, sin embargo debe estar limitado a lo necesario. Hay estados que literalmente duplican su gasto en lo administrativo, salarios de funcionarios públicos, materiales y suministros, o viáticos. Esto distrae para otros gastos como seguridad pública, educación y salud que tienen un impacto claro en la sociedad como no lo tiene el burocrático», lamentó.
NO INVIERTEN EN INFRAESTRUCTURA
En contraste, los estados gastaron 10 mil 606 millones de pesos en infraestructura, un 9 por ciento menos de lo presupuestado, pues a pesar de que establecieron 113 mil 777 millones de pesos, solo gastaron 103 mil 171 millones de pesos.
En un caso extremo, al norte del país, Nuevo León presupuestó 788 millones de pesos, pero ejerció 72 millones de pesos, un 91 por ciento menos.
Sin embargo, Juan Pardinas, director de IMCO, expuso que hay casos, como el destinado a enfermeras o maestros, en que el gasto corriente «es fundamental» y otros en que el de infraestructura resulta «redundante e innecesario; un desperdicio», como los 59 mil millones de pesos proyectados para el Tren Interurbano México-Toluca pues ya existen diversas carreteras que conectan ambas zonas.
«Esta barbaridad de proyecto tiene una mucho mayor intencionalidad política que de crecimiento económico», consideró Pardinas.
Juan Pablo Guerrero, director de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, destacó que mientras se gasta más del doble en promoverse, en infraestructura se gasta menos a pesar de los ingresos excedentes. No obstante, destacó que Colima gastó 569 por ciento más de lo presupuestado en infraestructura, Guanajuato un 272 por ciento más y Jalisco un 200 por ciento más.
Guerrero también documentó que México gasta menos en salud o educación pública frente a países relativamente equivalentes como Argentina, Chile o Brasil. «El impacto de ese gasto es menor en bajar la pobreza e impulsar el desarrollo», declaró.
Dentro del IIEG 2017 de IMCO se expone que Coahuila gastó en educación 5 por ciento menos de lo presupuestado y Quintan Roo destinó un 3 por ciento menos. Para salud, Yucatán gastó un 27 por ciento menos de lo presupuestado y Veracruz un 9 por ciento menos.
En días pasados la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que la falta de inversión por parte del Gobierno mexicano en salud provoca que los mexicanos gasten hasta el 41 por ciento de sus ingresos para atender enfermedades de alto costo como el cáncer, lo que empobrece a las familias.
CANDADO A APORTACIONES PARA ESTADOS
El IMCO destacó durante la presentación del Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2017 que las entidades violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental al no publicar de manera armonizada y homogénea su información financiera sobre ingresos, gastos y deuda pública.
Para el economista Diego Díaz una opción para sancionar esta indisciplina financiera estatal es meter un candado a las participaciones federales –el mayor origen de financiamiento de los estados– con base en su nivel de transparencia u opacidad.
«Desafortunadamente lo que se refiere a los temas de transparencia, tanto general como fiscal, no existen sanciones en los marcos jurídicos existentes en el país. No se le da esa importancia y es muy difícil establecer controles al gasto. Si no cumplen con sus obligaciones básicas de transparencia (generación de información financiera como lo dice la Ley), se debería castigar con las aportaciones o participaciones enviadas», aseguró.
Aunque eso podría tener una incidencia en su comportamiento opaco, Díaz reconoció la complejidad ya que demanda un cambio en la Ley de Coordinación Fiscal que es «prácticamente inamovible» precisamente por los intereses que existen en los gobiernos estatales.
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