En el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, México ignoró la crisis de derechos humanos en comunidades indígenas causada por las empresas, coincidieron especialistas y líderes sociales.
Dijeron que en el país hay una «gran oleada» de concesiones asociadas con temas extractivos, donde el factor común es un enfrentamiento entre comunidades e industrias, sin que exista una política de Estado que brinde protección a las comunidades afectadas, situación que las deja indefensas ante los poderes económicos y políticos.
Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- En la República Mexicana falta voluntad política para poner fin a las violaciones a los derechos humanos de comunidades indígenas y defensores ambientales, frente a los intereses económicos, coincidieron especialistas, en el marco del Foro «Biodiversidad y Derechos Humanos: Retos y desafíos para los Estados».
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh), sostuvo que durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto ha existido una «disputa grave» provocada por una crisis de derechos humanos que, además, no es aceptada por el Gobierno mexicano.
«No ha habido voluntad política por parte del Gobierno federal para aceptar esa grave crisis, lo cual es muy serio. Es una crisis de realidad porque cuando no se asume el problema, no se asumen las estrategias y por lo tanto no se asumen compromisos para trabajar alternativas en términos de marcos normativos, políticas públicas y programas de Gobierno», señaló.
Patrón subrayó que en el país hay una «gran oleada» de concesiones asociadas con temas extractivos, donde el factor común es un enfrentamiento entre comunidades e industrias, sin que exista una política de Estado que brinde protección a las comunidades afectadas, situación que las deja indefensas ante los poderes económicos y políticos.
En su oportunidad, Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), hizo un llamado a las autoridades, a fin de que los derechos ambientales no sean ignorados ni pisoteados, situación que, lamentó, ocurre con frecuencia hacia pueblos indígenas, principalmente.
«Que el Estado mexicano trabaje en asegurar y garantizar los derechos a lo largo y ancho del territorio nacional», urgió.
Garantizar el respeto a los derechos mencionados, aseguró, permite, además, asegurar condiciones ambientales óptimas y con ello buena calidad de vida, ya que evita poner en riesgo la salud e incluso la propia vida.
«Si el planeta, del cual dependemos al 100 por ciento, no está bien, nosotros en consecuencia tampoco lo estaremos», dijo.
Ante el panorama, planteó cuestionamientos a tomar en cuenta por actores políticos y sociales, entre ellos, cómo balancear los intereses económicos de los intereses ambientales, cuando los económicos parecen estar por encima de los ambientales y cuáles son los riesgos y desafíos por atender y entender en materia ambiental y de derechos humanos.
Leticia Bonifaz, de la Dirección General de Estuduos y Promoción de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), externó su preocupación porque dichos asuntos se judicialicen, cuando debiera ser la última instancia a la que las comunidades buscaran acercarse, por lo que dijo esperaría más voluntad política para solucionar la problemática.
DEFENSORES ASESINADOS
Existe un problema grave para los defensores del medio ambiente, quienes están siendo asesinados alrededor del mundo, principalmente en países latinoamericanos, incluido México, alertó John Knox, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Medio Ambiente y Derechos Humanos, durante la visita no oficial que lleva a cabo en el país.
Knox aseguró que durante los últimos años han sucedido dos asesinatos de activistas cada día alrededor del mundo en promedio y los activistas indígenas que defienden sus territorios han sido el blanco principal.
Recordó los casos de los activistas Isidro Baldenegro y Berta Cáceres, asesinados a consecuencia de su labor en la defensa del territorio y el medio ambiente.
Isidro Baldenegro, condecorado con el Premio Ambiental Goldman, fue asesinado a inicios de este año. El defensor tarahumara encabezó una campaña contra la tala ilegal en las montañas de la Sierra Madre, en Chihuahua.
La líder indígena lenca y defensora de derechos humanos Berta Cáceres, de origen hondureño, fue asesinada el 3 de marzo de 2016.
Además, el Relator subrayó la necesidad de salvaguardar los derechos humanos que incluyen la libertad de expresión, a la salud, a un medio ambiente sano, a la educación, etcétera; así como el reconocimiento de los derechos de grupos indígenas a la consulta y a la información.
Por ello, manifestó que las entidades gubernamentales se encuentran obligadas a proteger a la sociedad contra daños ambientales, ya que mantener un ecosistema saludable ayuda al bienestar del mundo.
Otro punto que Knox remarcó fue que en todo el planeta, durante las últimas décadas, la extinción de las especies se ha acelerado sin que exista un progreso para proteger especialmente a las que se encuentran en peligro de extinción.
«Las especies se están extinguiendo y no ha habido progreso en proteger a las especies en peligro de extinción. Incluso actualmente hay un peor trabajo que en 2010», criticó.
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La pérdida de animales, ejemplificó, provocará progresivamente la pérdida de ecosistemas que a su vez dará pie a la extinción de otras especies de flora y fauna en todo el mundo.
Aunque Knox evitó emitir recomendaciones al Estado mexicano, debido a que su visita no es oficial, comentó que el trabajo en la protección del derecho ambiental por parte de dependencias gubernamentales «podría ser mejor».
Por otro lado, lamentó que el muro entre México y Estados Unidos, promovido por Donald Trump, Presidente del país vecino del norte, sería un «desastre» desde diferentes puntos de vista, incluyendo el de medio ambiente y los derechos humanos, por lo que espera que «no se haga».
«A los ecosistemas no les interesan las fronteras políticas que pueden interferir con las especies […] Provocará problemas ambientales muy importantes y violación a los derechos humanos», expuso.
