La segunda entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2016, realizada por la ASF, reprueba a casi todas las entidades en el manejo que dio a los recursos del Fortamun-DF, que entre otros rubros es usado para la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. Solo 10 entidades tuvieron tuvieron una distribución de los recursos suministrados apegada a la Ley.
El informe de órgano fiscalizador también exhibe que la Policía Federal tiene un papel reactivo en el combate al lavado de dinero, pues sólo 5.6 por ciento de sus productos sobre el tema son para la prevención, además de que la efectividad de sus acciones en contra blanqueo de activos tampoco pude ser comprobada.
Respecto a la la Secretaría de Gobernación –encargada de la estrategia de seguridad interior del país–, la ASF señala que “se identificaron deficiencias en las capacidades institucionales para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, y aquellos casos en los que se denuncia y persigue el delito, no se castiga a los responsables, lo que denota altos índices de impunidad”.
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Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reprobó a entidades federativas en el manejo de subsidios en materia de seguridad pública y señaló «deficiencias en las capacidades institucionales para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita».
Uno de lo subsidios es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF) de 62 millones 218 mil 480 pesos para todo el país, del que sólo 10 entidades de las 32 han salido bien libradas de la revisión de la auditoría.
Aguascalientes, Guerrero, Campeche, Chiapas, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz tuvieron una distribución de los recursos suministrados apegada a la ley. Más de las otras dos terceras partes del país presentaron deficiencias, particularmente en este punto, de acuerdo con la ASF en su último informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2016.
En los deficientes manejos del Fortamun-DF destaca el caso de Oaxaca. La ASF constató que en tiempos en que fue Gobernador Gabino Cué Monteagudo “no se realizó una gestión eficiente y transparente en la distribución de los recursos”.
Coahuila, bajo la administración de Rubén Moreira Valdés es otro ejemplo. Al 31 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado recibió 1 millón 506 mil pesos del Fortamun-DF, los cuales transfirió a los municipios.
«Sin embargo, la distribución de los recursos no se hizo conforme a la normativa, en virtud de que 7 municipios dejaron de recibir recursos, por lo que incurrió en inobservancias de la normativa al distribuir la totalidad de los recursos del fondo», citó la segunda entrega del Informe 2016 de la ASF.
En otro subsidio, llamado Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) la ASF hizo 14 observaciones, de las cuales sólo una fue solventada durante la realización del informe; y 11 terminaron en promociones de responsabilidades administrativas a funcionarios.
La ASF señala al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad Pública de caer irregularidades sobre el Fortaseg en el 2017.
Las observaciones recaen sobre compras utilizadas por otros niveles de gobierno más allá del municipal, falta de entrega y documentos en las adquisidores, falta de acuses de recibo por parte de los beneficiarios, incumplimientos no notificados, etcétera.
En cuanto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del ejercicio 2016, la Auditoría revisó muestras de 285 mil y 272 mil pesos, de forma correspondiente, en Chiapas y Jalisco.
Aunque con reportaron un buen grado de transparencia en el manejo de los recursos, ninguno de los dos estados, al 31 de diciembre, cumplió con las metas programadas.
“Llevamos un buen número de años incrementando el dinero del presupuesto público para acciones de seguridad, en acciones contra la delincuencia, en fortalecer a las fuerzas armadas, pero todo eso, no se traduce en torno de una mejora en torno de la seguridad a los ciudadanos”, señaló al respecto el investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia Edgar Cortez Morales.
Y lamentó que las irregularidades “en muchos de los casos se da, en la mejor situación, alguna sanción administrativa, pero luego no se completa con la parte penal por estos hechos”.
SIN COMBATIR BLANQUEO
El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio cuenta de los problemas de opacidad y de control sobre las acciones que la Policía Federal emprende en contra del lavado de dinero y recursos mal habidos.
La eficacia de la Policía Federal en el combate a los delitos financieros y aquellos relaciones con recursos de procedencia ilícita parece imposible de medir.
“Aun cuando la Policía Federal tiene como ámbito de competencia anticiparse a la ocurrencia de los delitos mencionados, así como de investigarlos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, careció de mecanismos de retroalimentación que permitan conocer su eficacia”, rezó la segunda entrega del informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2016.
Cortez Morales apuntó que la falta de indicadores ha permitido que la ejecución de los presupuestos para seguridad pública baste para que los políticos afirmen que están emprendiendo acciones “y eso basta para decir que necesitas más, sin que esté basado en los términos de qué resultados se consiguieron”.
De 522 productos de inteligencia para el combate de delitos financieros (fichas delictivas con redes de personas involucradas, cruces de información, etcétera) en el 2016, la institución privilegió 94.4 por ciento al combate de los delitos financieros, y sólo el 5.6 por ciento a la prevención.
La Policía Federal elaboró 186 productos de inteligencia en el caso específico de la lucha contra el manejo de recursos de procedencia ilícita, delitos de falsificación y alternación de monedas.
No obstante, los resultados del 75 por ciento no pudieron ser conocidos por la ASF debido a la falta de un sistema de registro.
“No hay una estrategia o plan de persecución criminal que diga estos son los delitos a los que les vamos a dar prioridad, y estas son nuestras metas. ¿Por qué no lo hacen?, porque dificulta el discurso político de que están haciendo por la seguridad”, dijo Cortez.
Seis años atrás, la Organización de Naciones Unidas (ONU) estimaba que el negocio de las drogas genera 320 mil millones de dólares anuales.
Los problemas de la Policía Federal impiden un complemento de las acciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera reportó 122 denuncias por delitos financieros que derivaron en el mismo número de averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República (PGR).
La ASF revisó los avances en esta materia teniendo en consideración el contexto en el que se haya México.
“Se identificaron deficiencias en las capacidades institucionales para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, y aquellos casos en los que se denuncia y persigue el delito, no se castiga a los responsables, lo que denota altos índices de impunidad”, expuso el informe de Gobernación de la segunda entrega de la ASF.
Recientemente, la DEA afirmó que son los cárteles mexicanos las organizaciones del crimen organizado más influyentes en el tráfico de drogas en los Estados Unidos.
