El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ha sido el hombre encargado de la obra pública del llamado Grupo Atlacomulco durante más de una década. Primero a nivel estatal y luego en el federal. El escándalo de corrupción de la constructora OHL México lo salpicó en 2015 y en verano de este año se le exigió su renuncia luego de la formación de un socavón en el Paso Exprés en la Autopista México-Cuernavaca que provocó dos fallecimientos. La revelación de fallas en su gestión continúa.
La Auditoría Superior de la Federación, en la segunda entrega del informe de Cuenta Pública 2016, encontró más irregularidades de la instancia pública en los megaproyectos el Tren Interurbano México-Toluca, en el sobrecosto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el polémico Paso Exprés.
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Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).– El sector de la construcción es uno de los más propensos a los negocios sucios, han advertido diversas organizaciones civiles.
En la segunda entrega de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más irregularidades en megaproyectos implementados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), particularmente en el Tren Interurbano México-Toluca, en el costo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el Paso Exprés, donde en verano se formó un socavón donde murieron dos hombres y que puso en duda la calidad de la gestión de Gerardo Ruiz Esparza, a quien se le pidió renunciar y someterse a una investigación, pero que nunca pasó.
La organización México Evalúa expuso en un estudio que la construcción de obra pública es “altamente proclive a la corrupción” y, dados los altos montos de los contratos así como la complejidad técnica, se dificulta el monitoreo y seguimiento de los mismos, “lo cual facilita ocultar o inflar los costos reales de las obras”. Eso implica costos económicos y, añadió, pone en riesgo vidas humanas.
En este marco, la ASF encontró «pagos indebidos» por un monto de mil 775 millones 319 mil 600 pesos de los recursos federales canalizados al proyecto Tren Interurbano México-Toluca, por lo que concluyó que la SCT y el Gobierno de la Ciudad de México «no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia». Además, se hallaron importes por aclarar de mil 102 millones 29 mil 500 pesos por la falta de liberación del derecho de vía.
Este tren tiene el objetivo de transportar a alrededor de 230 mil pasajeros diarios en 39 minutos del Valle de Toluca a la zona poniente de la capital del país para que -mediante sus 58 kilómetros de recorrido y seis estaciones que atraviesan nueve comunidades- se reduzca el tiempo de traslado 90 minutos en viaje redondo.
A diferencia de la cancelación del Tren México-Querétaro y el Transpeninsular que uniría a Yucatán y Quintana Roo, éste sobrevivió al recorte del gasto público. Sin embargo, esta semana integrantes de la comunidad indígena de Santa María la Asunción Tepexoyuca, en Ocoyoacac, Estado de México, denunciaron que la SCT y la Procuraduría Agraria estatal no han respetado la suspensión de la construcción determinada por un juez federal por el recurso de queja de los habitantes, ya que los trabajos continúan noche y día.
La comunidad náhuatl afectada considera que las autoridades pretenden “desaparecer” un pueblo mexiquense que data de hace ocho siglos, donde los indígenas han luchado por brindar protección a los recursos naturales extendidos a lo largo de sus mil 735 hectáreas de territorio comunal. «El Gobierno estatal ha formado autoridades a modo para negociar», acusó el habitante Francisco Montes.
En informes pasados, la ASF también reportó irregularidades en este proyecto en el proceso de licitación, la rendición de cuentas del proyecto y la calidad de la obra. En la reciente entrega, entre los más de mil millones de pagos indebidos destaca que:
Cuando los proyectos de obra pública “no son manejados adecuadamente”, explicó México Evalúa, hay tres principales consecuencias: obras públicas innecesarias, proyectos con problemas de factibilidad o baja rentabilidad económica que sólo satisfacen los objetivos de ciertos grupos de interés; obras a precios excesivamente elevados; y edificaciones de mala calidad que comprometen su potencial impacto positivo en la productividad de la economía y en el desarrollo social.
En esa misma línea, la plataforma Construcción sin Corrupción del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México determinó que la lentitud para la obtención de una licencia de construcción promueve utilizar la corrupción “como un atajo”.
“En la construcción el tiempo es dinero y resulta más conveniente realizar actos de corrupción para agilizar trámites burocráticos. Aunque muchas veces lo que sucede es mayores precios de venta, incertidumbre en la calidad de materiales y no hay certeza de que el inmueble cumpla con las reglas existentes», expuso el Colegio.
SOBRECOSTO DEL NAICM
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) reporta que el costo total del Nuevo Aeropuerto Internacional se ha elevado a 186 mil 92 millones de pesos, un 10 por ciento más de los 169 mil millones de pesos calculados en un inicio. Aunque una parte del aumento se atribuye al comportamiento del dólar y la tasa de inflación en 6 por ciento, la ASF concluyó que el Gobierno Federal «no ha actualizado ni lleva el control del costo» de la construcción del gran proyecto de infraestructura de este sexenio.
El NAICM se construye en un terreno donado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 4 mil 960 hectáreas. Para octubre de 2020 se estima tener tres pistas donde se realizarán 540 mil 500 operaciones simultáneas por año, un Edificio Terminal para 68 millones de pasajeros anuales y una Torre de Control del Tráfico Aéreo. Tan solo el actual Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” cabe seis veces en el proyecto.
«Se advierte que el esquema de financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, si bien permite al Gobierno Federal captar recursos para atender necesidades que no pueden ser cubiertas presupuestalmente, también origina que la captación del financiamiento no se refleje como un pasivo, ni se reconozca como deuda y tampoco se registre en las finanzas públicas», observó la instancia fiscalizadora.
Diversas voces del sector político y social se han pronunciado en contra del sobrecosto del proyecto y han cuestionado su viabilidad porque es contruido sobre el antiguo Lago de Texcoco, por lo que incluso han pedido cancelarlo. Pero ingenieros encargados de la obra descartan que exista un riesgo de inundación por las labores de extracción de agua mediante drenajes.
Además, rechazan la alternativa de los ingenieros José María Riobóo, fundador del Grupo Riobóo, y Sergio Samaniego Huerta, quienes sugirieron utilizar las dos terminales del actual aeropuerto, así como la base militar de Santa Lucía, ubicada en Zumpango, Estado de México. Se tendría el mismo problema de sobretráfico al no permitir despegues y aterrizajes simultáneos, argumentan.
En la Cuenta 2016 la ASF ha observado que los recursos obtenidos por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México del esquema de financiamiento (58 mil 851 millones de pesos de 2014 a 2016) se han destinado a un fideicomiso para la construcción de la obra, sin embargo, «no existe alguna instancia responsable de la consolidación, registro y seguimiento de las erogaciones realizadas para ese fin por otras dependencias, entidades y figuras jurídicas», resaltó.
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Ante esta situación, el órgano determinó un costo por 22 mil 010 millones de pesos pagado de 2011 a 2016, con cuatro fuentes de financiamiento. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México controla y registra los recursos erogados por el fideicomiso no paraestatal 80726 y el Fondo Nacional de Infraestructura (12 mil 717 millones de pesos), el 57.8 por ciento del total de recursos erogados para la construcción del proyecto.
El Senador y arquitecto Víctor Hermosillo declaró que se trata de un proyecto transexenal y, dado que «tiende a complicarse» por la transición de una administración a otra, «seguir los costos será difícil», pero por ahora es un hecho que el costo del NAICM va subiendo.
Antes, la Auditoría Superior de la Federación ya había detectado irregularidades por un monto de 234 millones 722 mil pesos en los contratos firmados entre 2014, 2015 y 2016, para la construcción del NAICM particularmente en la barda perimetral que rodea la obra y en el diseño arquitectónico.
A dos años de comenzar la construcción, los avances están en las obras preliminares y la cimentación del suelo, donde la ASF también detectó irregularidades en una auditoría. En esta segunda entrega de su informe determinó que aunque en términos generales el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México cumplió con las disposiciones legales y normativas, hubo excepciones.
La instancia resaltó que un contrato se adjudicó directamente a la contratista que en un primer procedimiento ocupó el cuarto lugar, con una propuesta en 61.4 por ciento más cara con respecto a la más baja, se duplicó el impuesto sobre nómina tanto en el análisis del factor de salario real como en los cargos adicionales por 101 mil 200 miles pesos, y se pagaron 6 millones 193 mil pesos en seis conceptos referentes a la conformación de tezontle –piedra usada en el terreno– con precios unitarios fuera de mercado.
FALLAS EN EL PASO EXPRESS
En agosto, un hombre y su hijo murieron al caer a un socavón que se abrió en la carretera el Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca, una obra pública que presentó un retraso de cuatro meses y que costó el doble del precio acordado al pasar de mil 045 millones de pesos a 2 mil 200 millones de pesos. En 2015, la ASF detectó en su revisión de la Cuenta Pública de 2015 irregularidades por cerca de 300 millones de pesos. En la de 2016 salieron más.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Morelos, «no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia», entre cuyos aspectos observados la ASF destaca:
–Señalamiento no encontrado en almacén por 7 millones 992 mil pesos.
–Se pagó de más un monto de un millón 299 mil 300 pesos, ya que se omitió incluir en indirectos la renta, el montaje y desmontaje de andamios.
–Se observó mala calidad en la carpeta de concreto hidráulico y bases estabilizadas así como incumplimiento de espesores, índices de perfil y de rugosidad.
–No se acreditó la ejecución de los trabajos por un importe de 3 millones 310 mil pesos.
–Pago de 383 millones 518 mil pesos por la incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios, y la diferencia de volúmenes de obra por un importe de 184 millones 453 mil pesos.
–Incumplimiento a los términos de referencia y las especificaciones particulares en los servicios de obra por 18 millones 746 mil pesos.
En medio del escándalo del socavón en el Paso Exprés, legisladores de los partidos de oposición exigieron la renuncia e investigación del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. El Diputado federal por Morelos, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) “por ejercicio ilícito del servicio público”. El hombre cercano al Presidente también está envuelto en la presunta corrupción de la constructora OHL México, y en la cancelación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, cuya concesión era de una filial de Grupo Higa, recordada por la “casa blanca”.
Sin embargo, y luego de una comparecencia en el Senado donde negó que dejaría el cargo, solo fue destituido el director general del Centro SCT-Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, por no atender la advertencia de los vecinos y autoridades locales sobre el estado de la obra pública.
El Diputado Vidal Llerenas acusó que la ASF desde la cuenta de 2015 evidenció pagos de 31 millones de pesos dados antes de que se hubieran realizado y alrededor de 260 millones de pesos se pagaron sin ser debidamente comprobados. Pese a las advertencias, la SCT de Ruiz Esparza no actuó.
Gerardo Ruiz Esparza ha sido el hombre encargado de la obra pública del Grupo Atlacomulco durante más de una década. Ha llevado la relación c0n las constructoras bajo sospecha como Grupo Higa, enlodada por la casa blanca, y OHL México, sede de corrupción entre directivos y funcionarios públicos, entre ellos, él mismo. El 8 de julio de 2015 audios filtrados lo involucraron en una presunta entrega de información privilegiada a la constructora para que ganara licitaciones públicas. Otros sugirieron que la empresa le pagó estancias en un hotel de lujo Fairmont Mayakoba, propiedad del grupo constructor.
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