Funcionarios encargados de velar por la transparencia y organizaciones civiles urgieron a transparentar el destino de los recursos que se emplearán para resarcir los daños de los sismos de septiembre pasado.
Los expertos llamaron a que se dé a conocer los detalles sobre contratación y empresas contratadas por parte de los gobiernos estatales y locales, así como el destino del dinero que se recibió desde otros países. «Sería vergonzoso que apareciera el mal uso de recursos del extranjero cuando ya existe desconfianza hacia nuestras instituciones», señaló el Comisionado de InfoDF, Alejandro Torres Rogelio.
A su vez, el comisionado del INAI, Enrique Guerra Ford, criticó que el portal Fuerza México – perteneciente a la SHCP y con el que se pretende exhibir el uso del dinero para los sismos- carece de padrones de damnificados, montos o proyectos.
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Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Ante la desconfianza en las instituciones, la publicación de datos sobre cómo va el proceso de reconstrucción del país y los montos de los recursos públicos o privados no son el problema luego de los sismos de septiembre, sino la falta de justificación en su destino, por ejemplo, en los programas de asistencia «deficientes y con uso electoral», coincidieron autoridades y organizaciones de la sociedad civil en el foro «Retos de la reconstrucción en México, transparencia y rendición de cuentas».
Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México (InfoDF) aseguraron que la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México – compuesta por 27 instancias y recursos de la Secretaría de Finanzas- ya es un sujeto obligado a transparentar en una plataforma de datos para generar confianza entre la ciudadanía e impulsar el ejercicio de otros derechos como el acceso a la verdad y justicia tras los sismos de septiembre.
Sin embargo, Ricardo Joel Jiménez González, del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), observó que en este órgano falta interacción con la ciudadanía e integrantes de la sociedad civil expertos en transparencia para un esfuerzo conjunto en el seguimiento y control del proceso, y abonar precisiones sobre el despliegue de estrategias.
«Propongo una plataforma alimentada entre actores sociales y gobierno bajo un fondo único de reconstrucción», expuso ante el Foro, cuya mayoría de los asistentes eran funcionarios públicos.
Los miembros de la organización civil y autoridades llamaron a los gobiernos locales y Secretarías a no sólo publicar datos sobre los recursos públicos, también a profundizar en detalles sobre contratación y empresas para rendir cuentas, luego de que el empleo del Fonden ya ha registrado irregularidades en desastres naturales anteriores detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De lo contrario, exigieron sanciones contra los funcionarios públicos que cometan desvíos de recursos o condicionen su entrega.
Alejandro González Arreola, director de Gestión Social y Cooperación, A. C. (Gesoc), resaltó que el problema no es la fuente de dinero, sino en qué programas presupuestarios se destinará ya que tienen antecedentes de ineficacia y falta de rendición de cuentas.
La protección social, a donde irán los recursos, está fragmentada ya que hay 150 programas federales y mil 227 estatales, pero el 80 por ciento de los programas federales no están en condiciones de cumplir sus metas y, a nivel estatal, solo la Ciudad de México y Jalisco tienen un nivel óptimo de desempeño, documentó González basado en los índices de su organización.
Para las siete entidades golpeadas por los sismos del pasado mes se necesitan alrededor de 48 mil 150 millones de pesos, según estimaciones oficiales.
Hasta el momento, además del Fonden, se cuenta con ayuda de la Unión Europea y la Organización de la Naciones Unidas (ONU) de 2 millones 600 mil pesos, 500 mil dólares canadienses, 10 mil euros, además de 3 millones de dólares de ocho países como China, Francia y Estados Unidos.
«Sería vergonzoso que apareciera el mal uso de recursos del extranjero cuando ya existe desconfianza hacia nuestras instituciones», advirtió Ángel Trinidad Zaldívar de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
También se tienen 170 millones de pesos en el Fideicomiso del sector empresarial, así como 2 mil 373 millones de pesos de la Fundación del empresario Carlos Slim Helú.
El Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Óscar Guerra Ford, destacó que el portal de la Secretaría de Hacienda «Fuerza México» ha publicado información generalizada que «deja mucho qué desear».
Acusó que falta transparencia presupuestaria y detalles por rubros. Hacienda publica que ha destinado 6 mil 844 millones de pesos a siete entidades, de los cuales el 60 por ciento ha ido a Oaxaca y Chiapas, solo para invertir en albergues, casas de campaña o despensas.
No obstante, dijo Guerra, faltan los padrones de damnificados, montos o proyectos.
Asimismo, destacó que el INAI se ha comprometido a impulsar contrataciones abiertas en gobiernos que usarán los recursos para la reconstrucción, así como cuidar los datos personales y facilitar el acceso a documentos oficiales extraviados durante los temblores.
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Con la Secretaría de la Función Pública (SFP) se creó un sistema de denuncias anónimas contra funcionarios públicos que cometan actos de corrupción durante las acciones de reconstrucción.
El Comisionado de InfoDF, Alejandro Torres Rogelio, dijo que uno de los retos ante la actual contingencia es que funcionen las instituciones y las leyes que no existían durante el terremoto de 1985.
«A través del derecho a la información se permite ejercer el derecho a la verdad sobre lo que pasó con los inmuebles dañados y colapsados, el derecho a la justicia, a la vivienda, a la educación, al trabajo y a la salud afectados por los sismos», declaró Torres.
La Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández afirmó que abrir los datos permite tanto establecer una base para no repetir «los mismos errores» que agrandaron la catástrofe, como reconstruir la confianza en las instituciones.
«Este tipo de eventos pone en evidencia que a veces actuamos con negligencia y mala fe», aseguró Peralta.
El Comisionado Luis Fernando Sánchez Nava prometió que «la opacidad y la burocracia no tendrán cabida» en la apertura de información sobre los directores responsables de obra y modificaciones a las obras, ya que el InfoDF supervisará el cumplimiento de las solicitudes garantizando el acceso a la información luego de que «los temblores de septiembre reabrieron las heridas cicatrizadas de 1985».
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