El despido de Santiago Nieto Castillo de la titularidad de la Fepade generó una ola de críticas que no ha cesado por parte de empresarios, académicos, grupos civiles y políticos de la oposición. Todos coinciden en la importancia de que se esclarezca la posible intervención de la empresa Odebrecht en favor de la campaña del entonces candidato Presidencial Enrique Peña Nieto a cambio de futuros contratos para obras.
Ante una PGR desarmada y sin Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ni la designación del Fiscal Anticorrupción, las voces inconformes resaltan que este tipo de decisiones dañan la confianza en las instituciones ante un proceso electoral iniciado, en el que se competirá por la Presidencia de la República, los mandatarios de 9 entidades y la renovación del Congreso de la Unión.
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– México, a nueve meses de las elecciones presidenciales y en medio de una crisis de impunidad, no cuenta con un Procurador oficial, ni con un Fiscal Especializado en Delitos Electorales ni se ha asignado al Fiscal Anticorrupción por falta de voluntad política, lo que abona a la desconfianza en las instituciones y, ante ello, el Congreso debe ser contrapeso y no jugar a la complicidad, aseguraron voces del sector político, empresarial y civil el mismo día en que una investigación reveló que una filial «acompañó “de tiempo completo” la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht acusada de sobornos millonarios, habría intervenido durante la campaña de Enrique Peña Nieto con al menos tres transferencias por 1.5 millones de dólares enviados a Latin America Asia Capital, reportó este lunes Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La cuenta ubicada en las Islas Vírgenes ha sido relacionada por testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, quien en 2012 era coordinador de Vinculación Internacional del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Esta mañana, senadores de partidos de la oposición advirtieron en conferencia de prensa que, dado que las elecciones de 2018 «están en juego», objetarán la destitución del Fiscal Especial de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, quien investigaba si una parte del millonario soborno de Odebrecht a México fue destinado a la campaña del ahora Presidente de la República. Llamarán a comparecer al encargado de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, ya que es posible que entre sus atribuciones no esté la de remover al titular de la Fepade como lo hizo el viernes.
Los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) e independientes anunciaron que el día de mañana buscarán la ruta para echar para atrás la remoción de Nieto Castillo. Este lunes, Nieto envió una misiva al Senado para que objeten su destitución.
En entrevista, el Diputado Vidal Llerenas dijo que ante la actual falta de fiscales, el Congreso tiene una Comisión de Investigación que –aunque el PRI no quiere– se tiene que activar.
«Evidentemente lo de Odebrecht coincide con despedir al Fiscal [Santiago Nieto] porque ahora nadie lo puede investigar [a Emilio Lozoya]. No sé si está relacionado con la renuncia del Procurador [Raúl Cervantes]. Es un hecho de la mayor gravedad y un asunto muy serio. En otros países hay Presidentes encarcelados por esto», aseguró Llerenas.
El cese del Fiscal Santiago Nieto «rompe todo acuerdo político», ya que el Procurador emergente ha removido a alguien nombrado por el Senado, por lo que debe ser rechazado en el Pleno a menos que el PRI cuente con mayoría, dijo el morenista. En efecto, en el Senado hay 55 senadores tricolor de los 128 curules.
Mariana Niembro, directora de Borde Político y experta en poder legislativo, destacó en entrevista que no se han hecho los cambios necesarios dentro de la Procuraduría General de la República para la implementación de todo el Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual se suma a la falta de titular de la Fepade.
«Todos estos fenómenos lo que nos indican es que no hay voluntad política para atender lo más urgente. Es un jaloneo frente al proceso electoral que tenemos enfrente. Esta falta de voluntad está dejándonos sin autoridades, huecos importantes ante la necesidad de seguir apostando a una democracia institucional», afirmó Niembro. «Esto ya rebasó los límites y si bien la participación ciudadana no es permanente, la gente ya está muy desencantada».
Ante ello, también llamó al Senado a que haga su parte como su papel de oposición, para «no jugar a cómplices» ya que el contrapeso mediático no es suficiente.
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EVITAR LA INVESTIGACIÓN ODEBRECHT-PEÑA
En el marco de este caso de corrupción que vincula a Odebrecht con la campaña presidencial priista de Enrique Peña Nieto coordinada por Emilio Lozoya Austin, el titular de la Fepade Santiago Nieto Castillo dijo la semana pasada durante una entrevista que recibió una carta de Lozoya «diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia», en la cual en su currículum destacaba quién es su papá, su mamá y en dónde estudió.
“Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave”, declaró el miércoles pasado al diario Reforma .
El sábado el mismo Lozoya Austin publicó la carta en su cuenta de Twitter. En el documento, fechado en agosto, Lozoya le solicitó al Fiscal Especial ser informado si existía alguna imputación en su contra en la investigación abierta por el caso Odebrecht. También pidió a la Fepede ser citado para declarar para aportar, de ser el caso, cualquier información. Ante ello, el ex titular de Pemex, pidió encontrar «cualquier intento de intimidación, amenaza o petición fuera de la ley».
Dos días después de la declaración del Fiscal Nieto y dos días después de que el Procurador Raúl Cervantes Andrade renunció al cargo, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, cesó al Fiscal Santiago Nieto por violar el código de conducta de la dependencia al hacer pública información clasificada.
Nieto además investigaba si los ex Gobernadores Javier Duarte de Ochoa (Veracruz) y César Duarte Jáquez (Chihuahua) habían enviado dinero desviado a la campaña de Peña, así como el uso electoral en recursos y bienes destinados para los damnificados de los sismos y el huracán «Katia».
Hoy, Alberto Alías en diversas entrevistas reiteró la acusación contra Nieto Castillo y negó que la orden de cesar al funcionario viniera de Los Pinos.
El portavoz del PAN, Fernando Rodríguez Doval, aseguró durante la conferencia de prensa de los legisladores que la destitución del Fiscal tiene de fondo «evitar» que se conozca la presunta corrupción en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Manuel Bartlett Díaz, coordinador de los senadores del PT, no dudó en asegurar que el cese se relaciona con la investigación a Emilio Lozoya sobre el uso del soborno de Odebrecht.
El sector empresarial aseguró que en medio de los altos índices de impunidad la discusión sobre el Fiscal General y la demora en el nombramiento de un Fiscal Anticorrupción han abonado a la crisis de confianza de los ciudadanos en las instituciones responsables de la impartición de justicia en el país.
«Enrarece y ensombrece un proceso electoral ya en marcha, y daña a las propias instituciones que deben de brindar certeza», declaró el dirigente del CCE, Juan Pablo Castañón. «Es indispensable que la PGR presente una explicación completa a la sociedad», pidió.
México debe llegar a las elecciones federales de 2018 con una fiscalía electoral «fortalecida, independiente y capaz de brindar certeza y confiabilidad» sobre los procesos electorales. Esta fiscalía es la responsable de inhibir y perseguir la comisión de delitos electorales y por su participación independiente es fundamental para garantizar elecciones limpias y justas en el país, desarrolló el líder empresarial.
«Necesitamos contar con fiscales que garanticen el cumplimiento de la ley y un diseño institucional que asegure la autonomía en la procuración de justicia, sin tintes políticos», urgió.
Previamente, en su mensaje semanal, el CCE expuso durante su mensaje semanal lo «delicado» de la reciente destitución del titular de la Fepade con una justificación «vaga» y sobre la modernización de la PGR tras la renuncia de Raúl Cervantes Andrade el lunes pasado.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) describió el despido como “un atentado al Estado de Derecho, la justicia y la democracia en México”. Y llamó al al Senado para que «dé marcha atrás a la decisión unilateral”.
Mariana Niembro, politóloga y fundadora de Borde Político, destacó que la asignación del Fiscal Anticorrupción, parte del Sistema Nacional Anticorrupción, lo han estado pateando. Los senadores y diputados que quieran contender en las elecciones deben dejar su cargo en unos meses y tienen poco tiempo para aprobarlo, por lo que se sumará al montón de rezagos del Congreso.
El sábado que pasó decenas de organizaciones de la sociedad civil y personalidades emitieron un comunicado en el que lamentaban la decisión del encargado de la PGR y laertaron sobre el peligro de una decisión de este tipo en medio de un proceso electoral como el 2018, en el se competirá por la Presidencia de la República, los mandatarios de 9 entidades y la renovación del Congreso de la Unión.
«Preocupa que la remoción del titular de la FEPADE sea constitucionalmente cuestionable, se dé en un contexto de desconfianza profunda hacia las instituciones y a las autoridades y en un ambiente político enrarecido por ataques a la libertad de expresión y embates a las organizaciones de la sociedad civil que han venido exigiendo transparencia y rendición de cuentas», indicaron en un comunicado.
