La misma semana en que el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que «cualquier cosa» que ocurre es visto como corrupción, en el 6 Seminario Internacional «Poder, corrupción e impunidad», Arely Gómez, Secretaria de la Función Pública, dijo que en las repercusiones en el respeto y garantía de los derechos humanos «se cristaliza la peor cara de la corrupción».
Organizaciones civiles lograron frenar el pause automático del ahora ex Procurador, Raúl Cervantes, a la Fiscalía General, una propuesta hecha por el mismo Presidente Peña Nieto, lo que fue considerado por la sociedad civil y la oposición como una garantía para que miembros del partido gobernante tuvieran nueve años más de impunidad ante actos de corrupción.
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Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- Funcionarios públicos y académicos reconocieron que la corrupción e impunidad aumentan la desigualdad, afectan a los derechos humanos, a la democracia y a la relación entre el gobierno y la sociedad, por lo que llamaron a «estar en guardia» para que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no sea capturado por otros intereses.
La misma semana en que el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que «cualquier cosa» que ocurre es visto como corrupción, en el 6 Seminario Internacional «Poder, corrupción e impunidad», Arely Gómez, Secretaria de la Función Pública, dijo que en las repercusiones en el respeto y garantía de los derechos humanos «se cristaliza la peor cara de la corrupción», por lo que advirtió el riesgo de desarrollar «estrategias cosméticas» que no abonan a su combate.
A la prensa, la ex Procuradora informó que desde diciembre del año pasado la SFP abrió una investigación transversal a raíz de los señalamientos contra Pemex y la constructora brasileña Odebrecht, acusada de dar sobornos millonarios a cambio de contratos. Por ahora hay ocho procedimientos administrativos abiertos.
Juan Manuel Portal, de la Auditoría Superior de la Federación, pidió durante la ponencia que ahora que la corrupción se «concibe» más allá de la ética, se esté «en guardia para que el SNA no sea cooptado a favor de intereses personales o de grupo».
Para el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, la corrupción asociada al ejercicio del poder y la impunidad han dañado la confianza en la democracia.
Combatirlo requiere de la concurrencia de múltiples instituciones como el Sistema Nacional de Transparencia, Anticorrupción y el de Fiscalización. Pero, destacó Córdova, «son una respuesta tardía» respecto a la implementación del sistema democrático construido durante dos décadas.
Respecto a la democracia, el académico del CIDE, Mauricio Merino, aseguró que nos costó entender la diferencia entre el voto y la construcción democrática del poder, ya que en los cargos públicos debe haber honestidad y transparencia.
Para evitar la opacidad, desarrolló, no basta construir un círculo autónomo externo al Estado al que hemos apostado.
«La corrupción sigue presente en el corazón del régimen político. Las prácticas de captura y sometimiento han tenido éxito. Aún no tenemos Fiscal Anticorrupción ni magistrados especializados, no hemos logrado que los precandidatos cumplan con transparencia ni evitado presiones electorales», afirmó Merino.
«No podemos permitir que el SNA y los órganos autónomos se aparten de su objetivo por presión y captura por viejas prácticas autoritarias, opacidad y corrupción», remató.
Francisco Javier Acuña, Comisionado Presidente del INAI, acusó que la corrupción «anula la legitimidad» del sector público, pero la transparencia no la erradica, solo la previene al exhibirla ante la sociedad.
José Luis Caballero, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, sostuvo que los derechos humanos se traducen en rendición de cuentas, acabar con la impunidad y la justicia.
En esa línea, Hans Mathieu, director de la Fundación Friedrich Ebert, dijo que la corrupción e impunidad impide a los ciudadanos que vivan sus derechos y es una de las causas del aumento de la desigualdad.
Benjamín Temkin, investigador de FLACSO, coincidió en que las asimetrías sociales y económicas profundas presentes en México también se entienden por la corrupción e impunidad.
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