El Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu y la titular del DIF estatal, Elena Cepeda; Martha Aguilar Tovar, titular del DIF Michoacán; el Presidente Municipal de Irapuato, Guanajuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez; la Diputada panista Rocío Aguilar Nava en Puebla; el Diputado perredista Mauricio Toledo en Coyoacán, Ciudad de México, y el Presidente Municipal en Atlautla, Estado de México, el priista Mauro Sánchez Marín, fueron señalados por la ciudadanía por el uso político-electoral de los víveres destinados a las víctimas del sismo del 19 de septiembre.
Además, la Presidente Municipal de Juchitán, Oaxaca, Gloria Sánchez López, también es acusada tras el terremoto del 7 de septiembre, así así como Rafael Jesús Abreu Ponce, Ricardo Cabrera Ferez y Mauro Sánchez Pola, funcionarios del Gobierno en Veracruz de Miguel Ángel Yunes, por las mismas prácticas después del huracán «Katia».
Ante esta serie de acusaciones contra los funcionarios públicos, algunas con videos o fotos que documentaron los posibles ilícitos, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha comenzado a investigar posibles delitos electorales. Pero a un mes del temblor que cimbró el centro del país, no se han emitido conclusiones.
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Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).– Hace un mes, a las 13:14 horas un sismo de 7.1 grados, con epicentro al sureste de Axochiapan, Morelos, estremeció al centro del país. Causó la muerte de 369 personas, dañó más de 180 mil viviendas y dejó más de 250 mil damnificados en seis estados. A 30 días de ocurrido el fuerte temblor, las autoridades calculan que la reconstrucción costará alrededor de 48 mil millones de pesos.
Los mexicanos, 32 años después del terremoto del 85, se volvieron a movilizar, solidarizar y donar víveres. Sin embargo, el Fiscal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, lamentó que pese a la tragedia se están investigando desde el martes 26 de septiembre seis casos por denuncias por la condición de ayuda con fines electorales por parte de funcionarios públicos en Morelos, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado y Ciudad de México.
Nieto detalló que investigan en Morelos al DIF Estatal, luego de que ciudadanos acusaron en redes sociales al Gobernador Graco Ramírez Abreu y a su esposa Elena Cepeda por el desvío de dos tráileres a una bodega de la institución gubernamental; en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, tras inculpar al DIF estatal por etiquetar apoyos; en Irapuato, Guanajuato, gestionado por el panista Ricardo Ortiz Gutiérrez; en Tehuitzingo, Puebla, por señalamientos contra la Diputada panista Rocío Aguilar Nava por entregar apoyos con su nombre y logo del partido; en la delegación Coyoacán de la capital gestionada por el perredista Víctor Maldonado, para determinar si el PRD reetiquetó los apoyos con su color; y en el municipio Atlautla, Estado de México, gobernado por Mauro Sánchez Marín.
«En Pátzcuaro, Puebla y Morelos se presentaron videos en donde aparece la retención de los vehículos y por otro lado en varias ocasiones el reetiquetamiento de los mismos”, afirmó el Fiscal. La indagatoria «se desarrolla respecto a la vinculación con los partidos políticos. En Pátzcuaro y Morelos, con el PRD; en Puebla, con el PAN, y en el Estado de México con el PRI».
La Fepade también se encuentra investigando en Juchitán, Oaxaca, por el posible desvío de víveres tras el terremoto de 8.2 grados que ocurrió la noche del 7 de septiembre, que también afectó municipios de Chiapas. El municipio es gobernado por Gloria Sánchez López.
Asimismo, la Fiscalía especializada indaga el caso en Veracruz. Tras el paso del huracán «Katia» por la entidad, Rafael Jesús Abreu Ponce, director de la Comisión del Agua estatal de Coatzacoalcos; Ricardo Cabrera Ferez, delegado de Patrimonio en Xalapa; y Mauro Sánchez Pola, Rector de la Universidad Tecnológica del Sureste en Nanchital, repartieron apoyos a damnificados en Coatzacoalcos utilizando el nombre del Gobernador Miguel Ángel Yunes y colores del Partido Acción Nacional (PAN). El partido político se deslindó.
El artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales expone que se impondrá prisión de dos a nueve años al funcionario público que utilice o permita emplear bienes que tenga a su disposición a favor de un partido político o candidato. Ante ello, y la presencia de denuncias ciudadanas –algunas mediante videos–, la Fepade se comprometió desde el 22 de septiembre a no permitir «que se lucre con la necesidad de aquellas personas que están sufriendo estos siniestros naturales».
Siete días después del temblor, cuando se seguía en labores de rescate, la Fepade informó que había comenzado a investigar posibles casos de condicionamiento de apoyo de programas sociales a damnificados con fines electorales o la reetiquetación con logos partidistas o de gobiernos, los cuales son delitos electorales de confinamiento, de programas sociales, peculado electoral y financiamiento con aportaciones en especia a un partido político.
Hasta este 19 de octubre, un mes después, no se han emitido conclusiones de las nueve indagaciones por posibles delitos electorales abiertas por los dos sismos de septiembre y por el huracán.
Protección Civil, luego de sacar el último cuerpo entre los escombros la primera semana de octubre, informó que 228 personas fallecieron en la Ciudad de México; 74 en Morelos; 45 en Puebla; 15 en Estado de México; seis en Guerrero, y uno en Oaxaca.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reportó –con datos preliminares porque no han concluido los censos– que en Oaxaca hubo 33 mil casas con daño total; en Chiapas 16 mil 803; en Morelos 349; en Puebla 3 mil 319; en el Estado de México mil 695; y 38 edificios se derrumbaron en la Ciudad de México. Además, desde el 9 de octubre comenzaron las demoliciones de inmuebles que presentan daños estructurales.
Al menos en el caso de la capital del país, la Procuraduría de Justicia local abrió 156 carpetas de investigación para determinar responsabilidades tanto del sector público como de los directores responsables de obra en el derrumbe de edificios habitacionales nuevos como el caso de dos inmuebles en la delegación Benito Juárez, una de las demarcaciones más afectadas por los movimientos telúricos.
En línea con la sospecha de corrupción en el sector de construcción durante la emisión de permisos y técnicas de edificación, organizaciones civiles y empresariales han llamado a la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la reconstrucción de las entidades afectadas. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso un fideicomiso público y la organización Nosotrxs un fondo único que aglutine todas las aportaciones público y privadas.
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DIF ESTATAL EN MORELOS
Usuarios de redes sociales acusaron mediante videos que la titular del DIF y esposa del Gobernador Graco Ramírez, Elena Cepeda, ordenó que las donaciones institucionales que llegaran de otros estados las enviaran a las bodegas del sistema estatal, que ella preside, para que supuestamente después fuera distribuida con su logotipo. Sin embargo, la funcionaria lo negó en diversas entrevistas con la prensa al asegurar que su intención era juntarla y distribuirla.
La agencia española EFE reportó que en calles de Cuernavaca, capital de Morelos, se vieron personas sacando paquetes de camiones con asistencia procedentes de otros estados y poniéndolos en autos particulares. Una mujer que trabaja en un centro civil de acopio denunció que llegaron a llevarse los víveres y la ropa a bodegas del DIF.
El Gobierno de Morelos emitió un comunicado en que lamentó la difusión a través de redes sociales de información «que no corresponde con la realidad», ya que los víveres se están canalizando a las poblaciones afectadas por el sismo. Llamó a la ciudadanía a no dejarse llevar por falsos rumores.
Además, el perredista Graco Ramírez emitió una conferencia de prensa para desmentirlo y el DIF estatal publicó un video que mostraba los apoyos con bolsas de plástico sin etiqueta. «Toda la gente que tiene dudas o que está dejándose llevar por las redes sociales podrá venir tal vez un día o mediodía a constatar si realmente se está haciendo algo malo y poder informar a la gente», dijo en entrevista el voluntario Francisco Alcántara.
Casi un mes después, el Gobernador informó que hay un acuerdo entre Morelos y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) para la inversión de 6 mil millones de pesos para la construcción de 9 mil viviendas y la generación de 60 mil empleos.
“No vamos a reconstruir a partir de los viejos conceptos depredadores, vamos a construir con los nuevos principios de la sustentabilidad”, declaró Ramírez Abreu.
DIF EN MICHOACÁN
El ciudadano Aníbal Ponce denunció en un video subido a sus redes sociales que durante un evento musical en una plaza pública de Pátzcuaro, Michoacán –para recolectar donaciones y enviarlas a los estados afectados por los sismos– trabajadores del DIF estatal, en compañía de la titular Martha Aguilar Tovar, acudieron a etiquetar con plumón negro los apoyos para meterlos en bolsas y cajas.
Sin embargo, el Alcalde perredista municipal y esposo de Martha Aguilar, Víctor Manuel Báez Ceja, aseguró en una rueda de prensa que se trataba de «un hecho teatral» con fines políticos ya que, afirmó, el autor del video pertenece al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Existe una foto donde se ve a Ponce afuera de una instalación del partido político, pero no hay una versión oficial de su militancia.
Posteriormente, a nombre del Ayuntamiento, el regidor de Pátzcuaro, Égdar Alberto Pérez, puntualizó a Aristegui Noticias que los trabajadores del DIF sí separaron los víveres de acuerdo con el protocolo, pero no fueron destinados para otro fin que el de ayudar a los damnificados; que el concierto se realizó en coordinación con el DIF municipal; que el denunciante no fue amenazado y pertenece al Partido Verde de acuerdo con una nota informativa de un diario local.
En el concierto y en otros centros de acopio se recaudaron siete toneladas para damnificados de Morelos, precisó.
DIPUTADA DEL PAN EN PUEBLA
Ciudadanos de Tehuizitngo, Puebla, rechazaron la ayuda de la Diputada panista Rocío Aguilar Nava, quien entregó despensas transportadas en una camioneta con el logo del Partido Acción Nacional (PAN), de acuerdo con la prensa local.
Los mismos reportes señalan que los víveres primero se habían repartido solo entre los militantes del blanquiazul. Asimismo, a pesar de que los afectados le solicitaron a la panista que intermediara para que Protección Civil acudiera a inspeccionar la zona, hasta el momento no habían recibido apoyo.
La legisladora por Acatlán de Osorio no se ha pronunciado al respecto. Pero el diario local Región Mixteca agregó que su hermana, la directora de una escuela, retuvo las donaciones de su comunidad estudiantil.
EN CDMX Y EDOMEX
Ciudadanos acusaron en redes sociales que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se estuvo promocionando en lugares del desastre, entre ellos, el multifamiliar Tlalpan en la delegación Coyoacán gestionada por el del Sol Azteca, Víctor Maldonado.
De acuerdo con fotos, el partido colocó lonas con su logo y funcionarios auxiliaron a los damnificados con chalecos amarillos con el nombre del Diputado perredista Mauricio Toledo.
Además, habitantes de Atlauta, uno de los municipios del Estado de México más afectados junto con Ecatzingo, denunciaron que las despensas que han llegado se han desviado y almacenado en domicilios particulares. El Presidente Municipal es el priista Mauro Sánchez Marín.
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