El perredista y ex legislador Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán desde octubre de 2015, busca postularse a la Presidencia abanderado por el Frente Ciudadano de México (PRD-PAN-MC).
Sin embargo, durante sus dos años de gubernatura ha elevado la deuda pública estatal a 4.6 por ciento del PIB –colocándolo entre los diez estados más endeudados– lo que le ha arrebatado el acceso a becas a estudiantes de bajos recursos y a normalistas de Tiripetío, la primera Escuela Rural en América Latina.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación le observó irregularidades en el uso de mil 388 millones de pesos de los recursos para un fondo, así como otros miles de millones en el sector salud.
Ciudad de México, 22 octubre (SinEmbargo).– El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien busca ser Presidente en 2018, aumentó la deuda pública de su estado a alrededor de 33 mil millones de pesos, el 4.6 por ciento del PIB, por lo que estudiantes de bajos recursos y normalistas de una de las entidades más violentas del país no han podido acceder a sus becas. Además, su gestión tiene una serie de pendientes por aclarar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El perredista Aureoles Conejo tomó protesta para Gobernador de Michoacán para el periodo 2015-2021, luego de no lograrlo en 2011. A la mitad de su gestión ha manifestado su interés en solicitar licencia para postularse como el candidato presidencial del Frente Ciudadano por México integrado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC). Sin embargo, durante sus dos años de gobierno ha atacado a esos jóvenes a los que prometió un «respaldo total» al no dar las becas que les corresponden y al reprimir protestas de los normalistas.
El Gobierno federal transfiere recursos públicos para que el estatal brinde becas de manutención a estudiantes de bajos recursos. No obstante, la gubernatura de Aureoles Cornejo no tiene acceso a ese dinero al no haber cubierto sus adeudos millonarios desde hace dos años, por lo que 849 estudiantes del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) no han recibido ese apoyo económico, dijo el Director del Instituto, Paulino Rivas Martínez, al diario local Provincia.
El ex Presidente Municipal de Zitácuaro y ex Senador recibió una deuda pública por casi 33 mil millones de pesos en octubre de 2015, el 4.3 por ciento del PIB. Al segundo trimestre de 2017, se encuentra en 4.6 por ciento del PIB lo que la coloca en el semáforo rojo de la organización México, ¿Cómo Vamos?, ya que el promedio nacional es de 2.9 por ciento.
Con una tasa de interés de 8 por ciento, el 98 por ciento de la deuda pública de Michoacán está contratada por el Gobierno estatal y el resto por los gobiernos municipales. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados la ha medido por cápita, respecto al PIB y con base en sus ingresos.
En un estado que creció 4.7 por ciento en el segundo trimestre del año, por cápita, es el décimo más endeudado del país por lo que cada michoacano «debe» 4 mil 500 pesos; es el octavo más endeudado al representar su deuda el 4.6 por ciento del PIB; y respecto a ingresos –que incluye participaciones federales, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y transferencias federales– es el noveno más endeudado por equivaler el 30 por ciento en comparación con el promedio de 25.7 por ciento.
Solo considerando las participaciones enviadas por el gobierno federal, es la novena entidad más endeudada al representar el 95 por ciento frente al 77 por ciento del promedio nacional.
Asimismo, la fuerza pública del gobierno de Silvano Aureoles ha reprimido las protestas de los estudiantes de la Escuela Normal Rural en Tiripetío, al sur de Morelia, la primera en la historia de América Latina y que alberga a 560 jóvenes que buscan ser maestros.
En una entidad donde el 62 por ciento de sus trabajadores labora en la informalidad, los normalistas han exigido, entre otras necesidades, el pago total de sus becas. La Federación de Estudiantes Campesinos de México documenta que esa ayuda va de 45 a 70 pesos diarios.
El 21 de junio, el normalista Gael Solorio recibió un balazo cerca de la boca durante un enfrentamiento con agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Estuvo semanas en terapia intensiva. A ese choque con armas de fuego se suma el del sábado 14 de octubre, en el que –en medio de gas lacrimógeno– 74 normalistas fueron detenidos y otros más golpeados mientras pedían la liberación de uno de sus compañeros quien fue trasladado a la cárcel preventiva de Morelia, acusado de secuestrar camiones en Tiripetío.
En la autopista Siglo XXI en el tramo Morelia-Pátzcuaro los normalistas piden dinero a los vehículos como apoyo y a las camionetas con alimento y bebidas las vacían para su manutención.
OBSERVACIONES DE LA ASF
ADEMÁS
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en su cuenta pública de 2016 una serie de irregularidades en los recursos federales transferidos al Gobierno de Michoacán por ahora bajo la administración del perredista Silvano Aureoles Conejo.
Mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), el estado recibió mil 388 millones 721 mil pesos, pero en el ejercicio de los recursos registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de destino, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe del 100 por ciento de los recursos por falta de documentación comprobatoria.
A través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud el estado recibió 3 mil 086 millones de pesos, pero se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia al no publicar determinados documentos y en el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de transferencia y destino de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 569 millones 867 mil pesos.
También obtuvo 2 mil 764 millones de pesos como parte del acuerdo con la Secretaría de Salud, pero no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo lo que generó un daño al erario por 683 millones 390 mil pesos, el 37.7 por ciento de la muestra auditada. Entre las irregularidades hubo préstamos realizados a otros programas, pagos realizados a personal eventual sin contrato, y salidas de banco sin documentación que justifique y compruebe el gasto.
Para PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud), Michoacán obtuvo 124 millones 133 mil pesos. No obstante, por inobservancias en materia de transferencia de recursos, rendimientos financieros y destino, hubo un probable daño al erario por 63 millones 725 mil pesos. Además, la información proporcionada por Michoacán no es coincidente con la de la Secretaría de Hacienda en los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.
