Más de la mitad de los mexicanos no cree que la pobreza y desigualdad extendidas en el país disminuyan en 10 años, ni siquiera en 2030, como lo propuso Naciones Unidas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Percepción sobre Ejercicio de Derechos –en la que casi el 90 por ciento afirma que el Gobierno no respeta los derechos de la ciudadanía– el 99 por ciento de los consultados ve al salario mínimo de 80.04 pesos como «insuficiente». Además, el 54 por ciento asegura que los programas sociales “sirven para conseguir votos y apoyo político a los gobernantes”.
Ante ello, la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza llamó a un nuevo modelo de desarrollo económico y social que incluye desaparecer las políticas de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), «una fábrica de pobres».
Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– El 95 por ciento de los mexicanos está preocupado por la dimensión de la pobreza, pero un 66 por ciento se mostró «pesimista» respecto a la posibilidad de superarla en los próximos 10 años, pues el salario mínimo de 80.04 pesos «es insuficiente» y los programas sociales, dijo el 54 por ciento, sirven para apoyo electoral y político, reveló la Encuesta Nacional de Percepción sobre Ejercicio de Derechos presentada por la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Además, el 41 por ciento considera que es «poco factible» y otro 24.4 por ciento «no factible» que disminuya la pobreza y con ello se alcance la meta propuesta por Naciones Unidas como parte de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó con datos de 2016 que en el país hay 53 millones 418 mil personas en situación de pobreza debido a sus carencias sociales, 1.9 millones menos que en 2014.
La pobreza se concentra en el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca, y desde hace 25 años afecta a más de la mitad de la población, principalmente a las comunidades indígenas y a las zonas rurales.
En el marco del Día Internacional de Erradicación de la Pobreza, la encuesta mostró que para el 66.8 por ciento de los mexicanos el problema de la pobreza es “muy grave”, mientras que el 27.9 dice que “es grave”. El 84 por ciento culpa al Gobierno del nivel salarial más que a los empleadores.
Acción Ciudadana destacó que es un mito que los pobres estén así por porque no trabajan: los datos de la Encuesta Nacional de Gasto e Ingreso de los Hogares indican que el 79 por ciento de los hogares más pobres del país tienen ingresos por trabajo. Las transferencias de programas gubernamentales representan un 17 por ciento de su ingreso y las remesas del exterior representan sólo el 2 por ciento del ingreso por hogar, que en el caso de los más pobres del país es de apenas mil 350 pesos al mes.
Respecto a la desigualdad, el 44.1 por ciento la consideró “grave” y 41.5 por ciento “muy grave”. Pero, al igual que con la pobreza, un 42 por ciento ve «poco factible» y un 17 por ciento «no factible» que se reduzca.
Ante estos resultados, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza llamó a un nuevo modelo de desarrollo económico y social para construir una economía incluyente, derechos sociales, instituciones efectivas y transparentes y una nueva cultura ciudadana de corresponsabilidad. La propuesta incluye:
–Desaparecer: instituciones y normas legales que generan pobreza. Por ejemplo, las políticas de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).
Rogelio Gómez, miembro de Acción Ciudadana, dijo en entrevista para SinEmbargo que la CONASAMI es «una fábrica de pobres». Las decisiones de esta institución, aseguró, generan pobreza al poner el salario mínimo por debajo de la línea de bienestar, es decir, no alcanza para la canasta alimentaria y de servicios.
«No hay forma de que la Secretaría de Desarrollo Social resuelva el problema si la CONASAMI hace que la gente que trabaja quede en pobreza», afirmó.
–Transformar: la actual dispersión de mini programas sociales para integrar un solo fondo de becas, una red integrada de salud y un fondo de pensiones para formar un Sistema Nacional de Protección Social con un ingreso mínimo garantizado y acceso universal a servicios de salud.
Seis de cada 10 hogares reciben transferencias de programas gubernamentales y representan el 17 por ciento del ingreso total de estos. Rogelio Gómez destacó que se han multiplicado sin reglas o información en el presupuesto a nivel estatal y federal. Destacó que se necesitan integrar mediante un sistema que garantice que se cubra a la población que lo requiere.
–Crear: el Registro Nacional Ciudadano con enfoque de derechos que se convierta en la puerta de acceso única a los programas sociales (padrón único), una contraloría social “ciudadanizada” vinculada al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y desarrollar nuevos sistemas de conversión y alianza público-privada-sociedad civil para crear opciones de segunda oportunidad para jóvenes en rezago educativo y sin empleo.
–Mejorar: Priorizar la atención preventiva en la salud y la detección oportuna de riesgo de enfermedades crónicas, el protocolo de atención al desarrollo del cerebro en los primeros mil día de vida (desarrollo infantil temprano) y mejorar la calidad educativa en las zonas con mayor pobreza en un esquema de calidad con equidad.
LA FALTA DE DERECHOS
Esta es la primera vez que en México se dispone de una encuesta nacional específica sobre el ejercicio de derechos, que comprende la percepción ciudadana sobre pobreza, desigualdad, economía incluyente, salario mínimo y respeto a los derechos humanos.
«La percepción es importante porque confirma que el ejercicio de derechos se acota con la pobreza y la desigualdad que reducen las oportunidades para que quienes la padecen puedan salir de esa condición», explicó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, compuesta por más de 60 organizaciones civiles.
La Encuesta Nacional de Percepción sobre Ejercicio de Derechos también mostró que el 87.7 por ciento de los mexicanos considera que las instituciones de gobierno “no” respetan los derechos de todas las personas.
Un 71.1 por ciento de los encuestados dijo también que “no” considera que en México las instituciones y servicios públicos de salud (Seguro Popular, IMSS o ISSSTE) garanticen el derechos a la salud de todos los mexicanos.
«El alto nivel de la respuesta negativa confirma que en México el acceso a la salud aún no es efectivo, a pesar de que haya aumentado en los registros el número de los derechohabientes. El acceso sigue afectado por la insuficiencia de la infraestructura, de personal médico y paramédico y de medicinas», expuso Acción Ciudadana.
La encuesta fue levantada por la empresa Data Opinión Pública y Mercados en una muestra representativa de los adultos de todo el país, mediante mil 200 encuestas personales a domicilio practicadas en localidades de las 32 entidades.
